Racismo
El corta-pega del pacto de PP y Vox en Aragón y Extremadura en materia migratoria

Primero fue con Aragón, luego con Extremadura, pero el contenido es similar. Los pactos alcanzados para gobernar ambas comunidades entre PP y Vox comparten párrafos y espíritu especialmente en las medidas que atacan a la población migrante. “Prioridad nacional”, “no más menores no acompañados” o “prohibición del burka y el nicab” se repiten en los pactos para gobernar ambas comunidades con idénticos párrafos.

Hacemos un repaso a las medidas similares de ambos acuerdos para que gobiernen los populares María Guardiola y Jorge Azcón, en Extremadura y Aragón respectivamente, en las que el PP ha comprado todos los mantras racistas y xenófobos de Vox.

Prioridad nacional

El establecimiento de la “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos es algo que se repite en ambos pactos con idénticas palabras. Así, en ambos programas se lee: “Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas. El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Durante el debate de investidura de Guardiola, la portavoz socialista, Piedad Álvarez, avisó de que esta categorización “ni es legal ni es humana” ya que “no se puede dejar fuera a quien contribuye”. En este sentido, el artículo 14 de la Ley de Extranjería establece que “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”.

El artículo 14 de la Ley de Extranjería establece que “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”

Entre los idénticos puntos que comparte esta medida está “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Como explica el secretario general de Sanidad Javier Padilla en El Salto, “la ley es clarísima en materia de asistencia sanitaria a la población que tiene derecho a la misma. La ley establece que las personas migrantes en situación irregular, y las personas migrantes en situación regular, tienen exactamente los mismos derechos de asistencia sanitaria que aquellas personas con nacionalidad española que vivan en nuestro país”. En este sentido el artículo 14 de la Ley de Extranjería establece que “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”.

Fiel a este espíritu, en materia de vivienda repiten en ambos pactos y, en ambas ocasiones en negrita. “Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Bloquear la acogida de migrantes

Ambos programas se oponen también, con idéntico redactado, a la acogida de Menores Extranjeros No Acompañados, a los que, de manera deshumanizante llaman MENAS, y así lo plasman en ambos documentos. “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central”, se lee. Añaden que ambos gobiernos “no participarán en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia”.

La ministra de Infancia, Sira Rego, tildó este punto, que se recogió por primera vez en Extremadura, de “racista”, “papel mojado” y “prevaricador” porque “no es su competencia”. “Habrá que ver el alcance que tiene esta intención de no cumplir con la ley. La ley se cumple y las leyes se aprueban con una mayoría parlamentaria, están para cumplirlas y no para que un documento racista lo impida”, añadía en los micrófonos de la Cadena Ser.

Bloquear el acceso a servicios, bloquear la acogida, y también criminalizar a la población migrante. En ambos programas se comparten medidas que van en ese sentido

También copian y pegan el mismo párrafo para decir que suprimirán “el total de subvenciones a ONGs que favorezcan lo que ellos llaman ”inmigración ilegal“. ”Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno de Aragón no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", se replica en el pacto de Aragón, en el que se reemplaza solo el nombre de la comunidad.

Criminalización y disciplinamiento

Bloquear el acceso a servicios, bloquear la acogida, y también criminalizar a la población migrante. En ambos programas se comparten medidas que van en ese sentido, como la “creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva”, en Aragón llamado servicio en vez de unidad “para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”, con mención expresa al desmantelamiento de “pisos patera”.

También añaden una de las polémicas que Vox ha intentado espolear de manera repetida en los últimos tiempos, y que también ha comprado el PP: la “prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos”. En febrero, y después de que el Congreso tumbara la proposición de ley de Vox para prohibir estas prendas en espacios públicos, el PP registraba una iniciativa propia que, con la excusa de vetar el “velo integral”, planteaba una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”.

Vox se ha hecho en Extremadura con dos consejerías y en Aragón con tres. En ambas comunidades se han aferrado a la cartera de servicios sociales donde intentarán desplegar muchas de estas medidas

Tal y como explicaba Chaimaa Boukharsa en una opinión para El Salto “lo que está en juego no es una prenda. Es la potestad de hablar sobre nosotras sin nosotras”. "En invierno somos tendencia por el hiyab, el niqab o el burka y en verano el debate gira en torno a la longitud de nuestros trajes de baño. En invierno la excusa es la “seguridad” o la “liberación de la mujer” y en verano, la “higiene”. Siempre hay una excusa para regular el cuerpo de las mujeres musulmanas, siempre hay una nueva formulación para el mismo impulso disciplinario. Lo que estamos viendo no es simplemente una polémica cultural. Es un proceso de construcción política", explica.

Ambos pactos concluyen recopilando las posiciones de Vox en el Gobierno: en ambas comunidades ocuparán la vicepresidencia. Además, en Extremadura se ha hecho con dos consejerías y en Aragón con tres. En ambas comunidades se han aferrado a la cartera de servicios sociales donde intentarán desplegar muchas de estas medidas. Aunque la mayoría están bloqueadas por las leyes estatales.