Racismo
SOS Racismo exige al Gobierno Vasco que retire la acusación de la mujer migrante detenida irregularmente por la Ertzaintza

La abogada de la víctima sugiere que el cuerpo policial tergiversó los hechos y les acusa de no incluir las lesiones sufridas grabadas por las cámaras
Manifestación contra el racismo institucional 2
Manifestación contra el racismo institucional Manu Navarro
3 mar 2022 06:00

SOS Racismo Bizkaia compareció ayer miércoles 2 de marzo en el Parlamento vasco para pedir la retirada de la acusación de Silvia, la mujer proveniente de Bolivia agredida por dos agentes de la Ertzaintza en 2018, que se enfrenta a 7 años de cárcel. Allí acudieron la portavoz de la plataforma, Alba García; la abogada de la defendida, Agatha Líbano; y el cónsul de Bolivia en Bilbao, Henry Vargas para denunciar lo que definieron como “una violación de los derechos humanos”.

La abogada de oficio Líbano explicó que había una falta de investigación de los hechos por parte del Departamento de Seguridad. “El atestado de Silvia – documento que recoge todo lo averiguado por la policía– fue redactado por la propia comisaría donde ocurrieron los hechos”, expuso la letrada.

Además, añadió que el documento tan solo recogía las declaraciones de los dos ertzainas involucrados y no incluía las lesiones sufridas por Silvia, ni las videograbaciones de las cámaras de la comisaría que tuvo que solicitar ella misma.

La abogada afirmó que llegará donde sea necesario para defender a Silvia, “iré al Parlamento europeo en bicicleta si es necesario”, sentenció. El caso está ya en manos del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, Alba García, portavoz de la plataforma, recacló que Silvia es “víctima de la brutalidad policial” y que así lo evidencian las imágenes difundidas por el diario El Correo en mayo de 2019. “Estas brutales agresiones no son aisladas”, reiteró García, “es un patrón”.

Además, trató de aportar luz sobre estos hechos alegando que el 40% de las personas asistidas en 2021 en la oficina de SOS Racismo Bizkaia lo fueron como consecuencia de agresiones policiales. Estas víctimas, explicaba, son después “revictimizadas” en el proceso judicial, donde se les ponen trabas.

Finalmente, intervino el cónsul de Bolivia en Bilbao, que fue como apoyo a su compatriota, y concluyó definiendo el caso como “una violación de los derechos humanos”.

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