Racismo
El uso policial del perfil racial: “un problema endémico”

Diferentes sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles cargaron contra una campaña en contra de la discriminación por motivos racistas, lanzada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica dependiente del Ministerio de Igualdad, al considerar que ésta cuestionaba su “profesionalidad”. La respuesta por parte de quienes son objeto del perfilamiento racial no se hizo esperar y desde diferentes ámbitos de la sociedad se compartieron en redes sociales experiencias al respecto, a través del hashtag #NoSomosUnCasoAislado.

En concreto, lo que ha levantado la indignación de los sindicatos mayoritarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), entre los que se encuentran la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión de Guardias Civiles (Unión GC), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o Justicia Policial (Jupol), son los carteles de la campaña en los que aparece, entre otros, un chico negro con un escrito que dice: “me han identificado por mi color de piel u otros rasgos físicos sin una razón objetiva”.

@Sup_Policia y @JupolNacional ya que negáis las identificaciones policiales por perfil racial en España, deciros que todavía recuerdo cuando un coche de secreta nos paro a mi hermano y a mi cuando estábamos echando una carrera, teníamos 12/13 años.

[ Hilo 👇🏾]

— Yeison García (@garcialopezyei1) December 23, 2020

En la normalidad, tanto la vieja como la nueva, los cuerpos policiales son la forma de gestionar la diversidad racial en el Estado español. Hablamos de raza, para hablar de racismo, como primer paso del reconocimiento necesario para poder confrontarlo. Como ya escribí antes, el racismo no es un virus, sino una construcción histórica que condiciona todos los aspectos de la vida de las personas no blancas tanto a nivel social, como económico y político.

Desde estos sindicatos, se argumenta que el uso policial del perfil racial no existe, negando así las experiencias, quejas y denuncias de quienes lo sufrimos o lo hemos sufrido, porque según justifican, no está reflejado en cifras de denuncias al respecto. Un argumento tramposo, debido a que implica que quienes sufren una identificación racista, acudan a la misma policía que los ha identificado para denunciar que han actuado bajo parámetros racistas. Omitiendo que si no se hace, es por la escasa confianza en las instituciones, en parte debido a este tipo de controles.

La denuncia es además, un recurso más que improbable para quienes no poseen una situación administrativa regular, porque acudir a denunciar puede suponer una multa administrativa y una orden de expulsión del país. Lo que nos invita a cuestionarnos, por qué desde el Gobierno e instituciones, no se recoge información en este sentido, introduciendo herramientas que arrojen datos desglosados en raza y etnia, anonimizados para preservar la identidad de las personas afectadas. Que el Ministerio de Interior niegue constantemente la existencia del uso policial del perfil racial, nos aporta algunas respuestas.

Resulta paradójico que estos sindicatos que hoy niegan lo evidente y con frecuencia piden datos, sean los mismos que usaron todas sus herramientas e influencias para acabar, en 2019, con un proyecto de Ciudad Lineal, que pretendía estudiar cómo se estaban dando las identificaciones y cacheos en este distrito madrileño. Se trata de una herramienta demandada por diferentes organismos de protección de los derechos humanos, incluido el Defensor del Pueblo. En este sentido, el anterior consistorio implementó en su forma piloto unos Formularios de Inscripción Policial (FIP) que el agente municipal debía rellenar tras cada actuación, indicando entre otros aspectos, la nacionalidad de la persona controlada. El protocolo finalizó con la llegada del nuevo gobierno municipal, ya que eliminarlo fue la primera medida que se tomó, tal y como prometió en campaña el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a estos mismos sindicatos.

En 2018, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes concluyó que el uso de los perfiles raciales es un problema endémico. Mientras que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia afirmó que la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden es un problema continuo

Los datos, si están ahí es gracias a los diferentes organismos y organizaciones independientes que los han recogido durante los últimos años para visibilizar y denunciar el uso de perfiles raciales por parte de la policía. “Un problema endémico”, tal y como concluyó el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes tras su visita a España en 2018. Ese mismo año, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) fue contundente al afirmar que “la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden es un problema continuo”. Así mismo, el pasado mes, la Comisión de Igualdad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa presentó una resolución e informe sobre el perfil étnico, según el cual, la práctica discriminatoria de la elaboración de perfiles étnicos, es “generalizada” en toda Europa.

Los datos que no interesan a los sindicatos policiales 

El uso del perfil étnico está muy extendido en toda la Unión Europea. Según las conclusiones del informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE “Ser negro en la UE”, publicado en 2018, el 24% de las personas encuestadas afirmó que había sido detenido en los cinco años anteriores a la encuesta; entre ellas, el 41% consideró que la parada fue por perfilación racial.

En España, a partir de 2007 se implementó en la Policía Municipal de Fuenlabrada el Protocolo de Identificaciones Policiales Eficaces (PIPE), una herramienta que se ha hecho extensible a unos cuantos (pocos) municipios en todo el Estado español, que recoge datos que incluyen nacionalidad y número de controles con resultados positivos en términos policiales, como una detención o una multa. Descubrieron que las personas marroquíes tenían 6,3 veces más posibilidades de sufrir un control policial frente a un español, pero la tasa de acierto en el segundo caso era más elevada que en los primeros. Y eso que los datos recogidos no hablan de raza o étnia, sino de nacionalidad.

Si tomamos en cuenta los datos ofrecidos por el informe Identificación policiales por perfil étnico en España, elaborado en Valencia en el 2013, las personas gitanas fueron identificadas hasta 10 veces más que los blancos europeos, las personas magrebíes 7,5 veces más y las Afro-latinoamericanos hasta un 6,5 más. Si nos vamos a Andalucía, en concreto a Granada, en el año 2016, la Asociación Pro Derechos Humanos realizó un estudio de observación directa de los controles policiales en la principal estación de autobuses. Los resultados ofrecieron las siguientes tasas de riesgo, siendo 1 el total de paradas policiales que puede sufrir una persona blanca: negro 42:1, gitano 12:1, árabe (magrebí) 10:1, latinoamericano 8:1. Por su parte, SOS Racisme Catalunya publicó en 2019 un informe sobre las identificaciones policiales por perfil racial, según el cual por cada persona con nacionalidad española que se identifica son 7,4 los extranjeros a los que la policía requiere la documentación.

Durante el primer Estado de alarma en España, el 70% de las personas que denunciaron identificaciones por perfil racial (33 de un total de 47), además fueron objeto de brutalidad policial tras ser identificadas

Este mismo año, desde el Equipo de implementación Afrodescendiente y Rights International Spain publicamos el informe “La crisis sanitaria del Covid-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España” para visibilizar el racismo estructural e institucional en las medidas de confinamiento. En él se resalta que más del 70% de las personas que denunciaron identificaciones por perfil racial (33 de un total de 47), además fueron objeto de brutalidad policial tras ser identificadas. En este informe, se dan además algunas directrices desde las que abordar la problemática: la creación de un mecanismo de supervisión policial independiente, especializado y accesible, la prohibición explícita por ley del uso de perfiles raciales y el establecimiento de límites claros para parar y registrar, así como la implantación en todo el territorio español de programas PIPE.

El Estado español siempre de perfil 

En el año 2009, después de décadas en las que la justicia española no vio vulneración alguna y el Tribunal Constitucional (TC) defendiera que parar a una persona en virtud de su apariencia racial, era razonable, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a España por el control de identidad a Rosalind Williams, una mujer afroamericana, identificada en 1992 “únicamente en razón de sus características raciales”. Además, el Comité dictaminó en contra del órgano español, que no se pueden efectuar controles basados en características físicas o étnicas, al no considerarse indicios de su situación administrativa en el país, por lo que estas prácticas no se justifican tampoco en materia de control migratorio. 

En la actualidad, el Estado español se encuentra a la espera de la resolución sobre una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la detención arbitraria de Zeshan Muhammad, un joven pakistaní al que un agente de la Policía Nacional paró en el año 2013, “por ser negro y punto”, tal y como le contestó tras solicitar este explicaciones sobre la razón del control. La justicia española miró de nuevo hacia otro lado, por lo que Zeshan tuvo que acudir a la máxima autoridad judicial en Europa.

Es hora de que las instituciones dejen de mirar a otro lado cuando se acude a ellas para denunciar controles racistas, es hora de que la sociedad en general no mire para otro lado, ni se justifique en el estereotipo racista cuando observa a un agente identificar y cachear a una persona no blanca únicamente en sospecha de unas características étnicas o raciales. Es hora de que nos posicionemos de forma clara y contundente contra el perfilamiento racial. Una práctica que genera enormes consecuencias en la vida de quienes la sufren. El Estado español debe dejar de mirar de perfil.