Recortes
Recortes: un misil contra la Escuela Pública extremeña

El jueves 28 de mayo, la Junta de Extremadura entregaba a los sindicatos con representación en la Mesa sectorial de Educación una propuesta de recorte de la plantilla de profesorado de la escuela pública: 540 plazas docentes deben desaparecer. El curso 2020-2021 comenzará con 186 maestros de primaria y 354 maestros de secundaria menos.

Ha sido un misil lanzado contra la Escuela Pública de Extremadura que, me temo, no será el último. Pero este recorte de docentes tiene una segunda y letal dimensión trágica: ¿cómo abordar un nuevo curso en mitad de una de las pandemias más graves en 100 años (hay que retrotraerse a 1918 para contemplar un momento similar) y ante la cual todas las autoridades sanitarias piden reducir las ratios de alumnos a 15 por clase con una reducción tan drástica y brutal de docentes?

Un curso donde no se garantice la asistencia del 100% del alumnado a sus clases presenciales, (…) con los mismos medios que sus compañeros y compañeras, las mismas posibilidades, los mismos recursos, será un curso perdido que ahondará todavía más la brecha educativa entre familias extremeñas.

La lógica parece indicar que se debería contratar a más profesorado pues, en la actualidad, nuestras ratios están más cerca de 30 alumnos por aula que de 15. No es posible iniciar un nuevo curso con 15 alumnos. No solo no es posible, sino que se ha pedido expresamente a los centros que lleven las ratios al máximo.

Y si no es posible, la única alternativa que pondrá el gobierno de Guillermo Fernández Vara será la de desdoblar a los alumnos: 15 en clase y 15 en casa, alternando entre ellos las horas lectivas. Ahí radica la tremenda potencia destructora de este misil que se ha lanzado contra nuestra Escuela Pública: un curso donde no se garantice la asistencia del 100% del alumnado a sus clases presenciales, en el instituto, guiados por su profesor y contando con los mismos medios que sus compañeros y compañeras, las mismas posibilidades, los mismos recursos, será un curso perdido que ahondará todavía más la brecha educativa entre familias extremeñas.

No nos engañemos: la Escuela Pública ha sido siempre un ascensor social. El único disponible para los hijos de las familias trabajadores y humildes de lograr un mejor futuro. La formación que adquieren, una formación humanística y académica, les permitirá adentrarse en esa selva que es nuestra sociedad capitalista, donde todo son obstáculos para quien en su arsenal de apellidos solo cuenta con los dos básicos.

No nos engañemos: la Escuela Pública ha sido siempre un ascensor social. El único disponible para los hijos de las familias trabajadores y humildes de lograr un mejor futuro

Fue la Escuela Pública la que permitió, a quien escribe este artículo, hijo de una limpiadora y de un conductor, en cuya casa la renta media nunca superó los 1000 euros, lograr una licenciatura y obtener un puesto de trabajo digno. La Escuela Pública. Y una Escuela que aportaba unos medios que ni mi familia ni mi entorno me podían ofrecer.

ETAPAS DE UNA TRAGEDIA

El 13 de marzo de 2020 el Gobierno de España anunciaba la suspensión de las clases lectivas. Se nos anunció una amplia gama de recursos informáticos, cual maná caído del cielo, que nos permitirían continuar el curso. Un mes después podíamos comprobar los estragos de una suspensión necesaria, sí, pero nefastamente gestionada por nuestra administración regional: buena parte de nuestros alumnos y alumnas carecían de acceso a internet o a ordenadores.

¿Acaso pensamos que en las familias extremeñas todos sus miembros tienen a su disposición portátiles o tablets y conexiones ilimitadas a una red WI-FI? ¿Acaso no podíamos suponer que muchos debían compartir los escasos y caros recursos con sus hermanos y sus padres? ¿No es capaz de entender la Junta de Extremadura que, con familias que subsisten con el salario mínimo -y muchas con los 400 euros de la Renta Básica- sus hijos ni tienen cuarto o sala de estar adecuada para seguir con su curso escolar, ni medios ni recursos para afrontarlo? La Escuela, siempre la Escuela Pública, es quien le ha ofrecido posibilidades. Pero fuera de ella, eso no es posible.

Han sido los profesores y tutores y directores de centros públicos los que han tenido que lidiar con los efectos de la suspensión abrupta del curso escolar, ante una Administración regional más preocupada en multiplicar los afanes burocráticos del profesorado

Tras Semana Santa, las anunciadas tarjetas y ordenadores que se iban a entregar a las familias que las necesitasen, seguían faltando. Un mes después, los tutores de los grupos intentaban sortear las carencias y buscar algún resquicio con el que ofrecer una mínima luz a nuestros alumnos. Porque han sido los profesores y tutores y directores de centros públicos los que han tenido que lidiar con los efectos de la suspensión abrupta del curso escolar, ante una Administración regional más preocupada en multiplicar los afanes burocráticos del profesorado o las directrices que se iban sucediendo sin remisión, las más recientes contradiciendo a las anteriores y todas ellas acumulando un lenguaje rebuscado, propio de las “preciosas ridículas” de Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, y un contenido indescifrable aún para el más ducho de los expertos en jeroglíficos.

Poca o ninguna ayuda ha prestado la Consejería de Educación. Ninguna ayuda, y sí muchas piedras en el camino.

La suspensión de clases lectivas ha aumentado la brecha social entre las familias con recursos para sortear la ausencia de clases y quienes carecen de esos medios. Pretender extender esa brecha durante todo un curso será lesivo para las familias trabajadoras de Extremadura. Pretender iniciar septiembre con la mitad de los alumnos en casa porque no hay profesores suficientes para garantizar 15 estudiantes por aula, es una de las mayores barbaridades que va a cometer el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara.

LA CONCERTADA, NI TOCARLA

En todo este despropósito, la Escuela Concertada sale indemne. Mientras se recorta profesorado en la Escuela Pública, en la Concertada ni se exige aumentar sus ratios ni se tocan sus líneas. Muy poca diferencia hay entre la apuesta pública que realiza la Presidenta de la Comunidad de Madrid por la enseñanza concertada y privada y la que realiza nuestro Presidente por la vía de los hechos.

Y esta apuesta también viene de lejos.

Hay un ejemplo ilustrativo: el 2 de julio de 2019, los padres y madres de 29 familias de Fuente de Cantos protestaron ante la Consejería de Educación porque se les obligaba a sus hijos a escolarizarse en el colegio concertado de su localidad, cuando todos querían estudiar en el CEIP Francisco de Zurbarán, su colegio público. Y cuatro de esos alumnos, finalmente, tuvieron que matricularse en el centro concertado porque, de no hacerlo, el colegio privado no tendría suficientes alumnos como para justificar su negocio. La administración regional actuó aquí al rescate del interés privado. No ha sido un caso aislado.

El gobierno de Guillermo Fernández Vara ha aumentado la jornada lectiva al profesorado, redundando con ello en una peor calidad de la enseñanza. Tampoco abona el dinero necesario a los centros para que éstos puedan desenvolverse en el día a día.

El gobierno de Guillermo Fernández Vara, incumpliendo un acuerdo sindical, nos ha negado una subida salarial del 2% al profesorado. Una subida acordada por el Gobierno de España, pero que aquí, han impedido. El gobierno de Guillermo Fernández Vara ha aumentado la jornada lectiva al profesorado, redundando con ello en una peor calidad de la enseñanza. Tampoco abona el dinero necesario a los centros para que éstos puedan desenvolverse en el día a día. Y, finalmente, opta por realizar uno de los mayores recortes educativos en nuestra historia reciente, reduciendo el número de docentes y elevando al máximo las ratios de las aulas, justamente cuando todas las autoridades sanitarias están reclamando lo contrario.

Podemos transigir con que nos bajen el salario porque siempre, al final, las crisis las pagamos los mismos, los trabajadores; podemos aceptar que nos suban las horas lectivas, porque siempre, en momentos de tragedia, debemos responder los mismos, los trabajadores, pero no vamos a aceptar, no vamos a permitir, no vamos a tolerar que se destruya nuestra escuela pública, que se ponga en riesgo la salud de nuestros alumnos, que se los condene a una peor enseñanza, que se les niegue el futuro.

No podemos permitirlo. No vamos a permitirlo.

Los docentes, los estudiantes, los padres y madres de alumnos de la Escuela Pública de Extremadura deben salir a la calle y decir ¡hasta aquí! ¡Ya basta! ¡Ni un recorte más! Es nuestro derecho a una Escuela Pública y de Calidad, y no vamos a renunciar a él. Debemos salir y manifestarnos y hacer un llamamiento claro y contundente a nuestro pueblo:

Extremeños, nuestra Escuela Pública está en peligro. ¡Defendámosla!