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Personas refugiadas
Denuncian el hacinamiento de solicitantes de protección internacional en las salas del aeropuerto de Barajas
Una vulneración de los derechos fundamentales, así califica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) el hacinamiento al que se ven enfrentadas las miles de personas que solicitan protección internacional en su llegada al país a través del principal aeropuerto de la capital. La situación, que mantiene colapsada las salas de asilo e inadmitidos, se perpetúa desde hace meses.
Ya en el verano pasado, apunta la organización, comenzaba el rápido crecimiento en el número de solicitantes de asilo que, tras aterrizar en Barajas, eran atendidos en las terminales 1 y 4 del aeropuerto, que cuentan con salas para gestionar la entrada de quienes piden refugio. Como consecuencia de la sobreocupación de estos espacios, explican desde CEAR, la formalización de las solicitudes fue objeto de retrasos cada vez más dilatados, por lo que la organización ya habría presentado una queja ante el Juzgado de Instrucción en funciones de control de la sala de inadmitidos del aeropuerto. También denunció la situación ante el Defensor del Pueblo, el pasado 15 de diciembre de 2023.
CEAR ha asegurado que son más de 390 personas las que actualmente se encuentran en las salas de protección internacional del aeropuerto, con unas 182 personas retenidas sin poder formalizar sus solicitudes de asilo
Pese a que tanto el Juzgado responsable como la defensoría del pueblo han exigido medidas urgentes para aliviar la situación que se vive en estas salas, logrando que el Ministerio de Interior habilitara nuevos espacios en Terminal 2 e incrementando el personal responsable de realizar las entrevistas de asilo, la aglomeración de personas no se ha detenido. Acumulación de basura, chinches y falta de productos suficientes para el aseo, están entre las consecuencias de dicho hacinamiento. La falta de camas suficientes, obliga a muchas personas a dormir sobre colchones inflables, o a compartir cama, un tratamiento que la coordinadora estatal del Área Jurídica de CEAR, Elena Muñoz,, ha denunciado como un menoscabo de “sus derechos a la intimidad y a la vida familiar, así como a su dignidad humana”.
La organización ha asegurado durante la jornada de hoy que son más de 390 personas las que actualmente se encuentran en las salas de protección internacional, con unas 182 personas retenidas sin poder formalizar sus solicitudes de asilo. Senegal, Somalia, Marruecos, Venezuela y Colombia, son los principales países de origen de las personas afectadas. Si bien la organización reconoce que las dilaciones para tramitar la solicitud se alejan del máximo que alcanzaron en diciembre, con hasta 18 días de espera, consideran que los ocho días de espera que aún se dan, dificultan la identificación de situaciones de especial vulnerabilidad, imposibilitando que se responda a las necesidades de estos colectivos como corresponde.
Asimismo, desde CEAR recuerdan que el hacinamiento y las esperas implican la vulneración de la Directivas europeas, que establecen un plazo de 3 a 10 días para el registro de la solicitud de asilo; y determina la no prolongación de internamientos por causas que no se pueden imputar al solicitante. El marco comunitario también exige la garantía de condiciones materiales de acogida dignas, junto a la protección a la salud física y mental; e insta a que se evalúe de manera temprana las necesidades específicas de acogida y de garantías que aplican para personas en situación de vulnerabilidad. La organización también denuncia el traslado de personas del aeropuerto al CIE de Aluche el pasado 16 de enero, cuando 50 personas fueran llevadas a este centro de internamiento, aunque solo se retuviera finalmente a cuatro, una medida recurrida por la Fiscalía y CEAR, que se revocó tres días después.
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Para hacer frente a esta situación de vulneración de los derechos humanos que sucede en este gran aeropuerto, oculta a los miles de pasajeros que aterrizan y despegan desde allí cada día, CEAR exige que se autorice la salida excepcional de solicitantes de asilo por razones humanitarias, asignándoles cita para que puedan tramitar sus solicitudes en la administración provincial donde corresponda.
Al refuerzo de los recursos materiales y humanos que se necesitarían para aligerar la gestión, alcanzando el número mínimo que se establece en la Directiva europea, añade la mejora en la coordinación de la Dirección General de la Policía, la Oficina de Asilo y Refugio y AENA, abogados y abogadas e intérpretes, con el fin de “garantizar las condiciones mínimas de acogida y la rápida tramitación de las solicitudes”.
CEAR exigen también a la administración que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las disposiciones de los jueces de control hechas públicas tras su denuncia de la situación en Barajas, por último, propone eliminar el requisito de tener un visado de tránsito introducido recientemente a las personas que provienen de Kenia, una novedad que se ha traducido en mayores dificultades para estas personas a la hora de acceder a asilo.