Régimen del 78
De “juicio político” a “golpe al Gobierno”: las reacciones a la condena exprés del fiscal general

“Debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado”. Así comienza el fallo que el Tribunal Supremo dio a conocer el pasado jueves 20 de noviembre a la espera de la redacción formal de la sentencia. El Alto Tribunal considera que García Ortiz es “autor de un delito de revelación de datos reservados” —aunque el Consejo General del Poder Judicial lo anunciaba como “revelación de secretos”, un delito distinto—, y que por ello debe pagar una multa de 7.200 euros, y cumplir una inhabilitación de dos años.

El Supremo también obliga al fiscal general a indemnizar con 10.000 euros “por daños morales” a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al entender que es el damnificado por la difusión del correo electrónico donde éste admite que cometió varios delitos fiscales.

El fallo llega antes que la sentencia

No es habitual que el fallo aparezca antes que la sentencia completa redactada. Para Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, se trata de una mala práctica: “Si tienes el fallo, pero no la argumentación, das a entender que la argumentación es lo de menos. Has decidido cómo resolver el caso y luego has buscado alguien que redacte una justificación. Actuando así queda claro que lo importante era decidir algo, y que esa decisión no es jurídica porque no está basada en argumentos”.

Edmundo Rodríguez, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) asegura que “al no haberse informado del razonamiento jurídico o de los votos particulares, nadie sabe a qué atenerse. Hay una condena y no se conocen los motivos, lo que sume a la sociedad en la perplejidad”. Rodríguez explica que esto únicamente se hace cuando el acusado se encuentra en prisión y, como la sentencia es absolutoria, queda inmediatamente en libertad, aunque la motivación tarde más tiempo en elaborarse. Según el portavoz, “el fiscal general es el gran perjudicado, porque ha sido condenado, pero no puede rebatir los argumentos de la condena porque no se han escrito. Ni él ni la sociedad merecen que las cosas se hayan hecho así”.

En el ámbito judicial también ha habido reacciones divididas. Desde la esfera progresista se ha calificado la condena como un “golpe blando” al Ministerio Fiscal, y se ha hecho hincapié en la anomalía de adelantar el fallo a la publicación del texto completo, algo que puede haber dejado a García Ortiz “en absoluta indefensión”.

“Negativa es la idea de que un fiscal general haya podido cometer un delito, pero es peor todavía el hecho de que una persona haya sido condenada sin pruebas en un proceso político”, afirma el profesor Urías, que asegura que la filtración es grave, “pero más grave es que, sin saber quién lo ha hecho, se utilice como excusa para perjudicar el funcionamiento democrático de un país”.

Juan Ramón Berdugo formó parte del tribunal que condenó en 2017 al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo

En JyJpd consideran que esta actuación perjudica y daña la imagen del Poder Judicial. “Lo que más perjudica es que no se expliquen las razones de una condena, que además se acuerda sin apoyo unánime. Este era un asunto complejo en el que varios magistrados del Tribunal Supremo no aprecian delito”.

Sin embargo, en el espectro conservador se justifica la actuación del tribunal que ha condenado al fiscal general. Por ejemplo, el Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerció como acusación particular, sostuvo desde el principio que existían “indicios más que concurrentes” contra García Ortiz, y tras la sentencia emitió un comunicado subrayando que la decisión refuerza el principio de que la ley se aplica a todos, incluso a los cargos más altos del Estado, y que la garantía del derecho de defensa es un pilar fundamental del Estado de derecho.

Los jueces conservadores que han condenado a García Ortiz

A pesar del fallo contra el fiscal general, la sentencia no es unánime. La mayoría conservadora que ha declarado culpable a García Ortiz está integrada por cinco magistrados conocidos por sus posicionamientos ideológicos y sus decisiones en casos anteriores como el Procés catalán.

Uno de ellos es el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta. En 2012 se encontraba en el tribunal que inhabilitó al juez Baltasar Garzón en el contexto de la trama Gürtel, y también fue miembro del tribunal que juzgó a los líderes independentistas en 2019.

Otro de los jueces es Juan Ramón Berdugo. En 2017 formó parte del tribunal que condenó al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo —el Constitucional anuló la condena—, y fue ponente en el auto que procesó al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic —no prosperó y la investigación se archivó sin llegar a juicio—.

Antonio del Moral pertenece a la organización ultracatólica Opus Dei y es otra de las caras reconocibles del ala más conservadora de la judicatura en el Supremo. En 2016, y contra el criterio de la Fiscalía, fue ponente el auto que archivó la causa contra una diputada del PP investigada por la Gürtel. En 2014, integró el tribunal que absolvió a un policía involucrado en asuntos de narcotráfico y vinculado a Schola Iuris, un centro educativo donde Del Moral era profesor. Este magistrado también ha mostrado su postura contraria a algunas reformas progresistas del Gobierno, y fue el único juez del Supremo que secundó la huelga de jueces y fiscales de junio de 2023.

Manuel Marchena quizá sea el magistrado más conocido por la opinión pública. En su día estuvo al frente de los juicios a los líderes independentistas y en varias piezas de la Gürtel. Propuesto por el PP en 2013 y por el PSOE en 2018 para presidir el CGPJ, fue el protagonista del famoso WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde se jactaba de que “con Marchena al frente, el PP controlaría por detrás la Sala Segunda”.

Carmen Lamela emitió el quinto voto a favor del fallo que condena al fiscal general. Conocida por su especial ímpetu en causas sobre terrorismo e independentismo, en 2017 recibió la medalla al mérito policial tan solo unos días antes de asumir las primeras diligencias contra el Govern catalán cesado. Más tarde fue ella quien ordenó la prisión preventiva para “los Jordis” (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart), y quien también envió a la cárcel a los siete jóvenes de Alsasua acusándolos de terrorismo por la agresión contra dos guardias civiles y sus parejas —la Audiencia Nacional descartó que se tratase de terrorismo y rebajó la condena a cargos por delitos comunes—.

Por el contrario, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo emitieron votos particulares para discrepar del fallo. Ambas proceden de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, y tienen un enfoque progresista.

La derecha se jacta del ‘golpe a Sánchez’

Tras conocerse el fallo no tardaron en aparecer las primeras reacciones. La del Gobierno ha sido prudente. Desde el Ejecutivo han subrayado que respetan la sentencia del Supremo, aunque no la comparten. En una declaración institucional, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que acatar la resolución es un deber legal, pero también añadió que existe un deber moral de expresar el desacuerdo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cree que la sentencia es una “auténtica vergüenza”, aunque ha asegurado que su partido la acata.

Tampoco ha pasado inadvertida la fecha del fallo: el 20 de noviembre, cuando se cumplieron justo 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. El diputado de Sumar/Compromís, Alberto Ibáñez, aludió a la efeméride, y apuntó que la condena tiene ecos de politización judicial. Por su parte, Gabriel Rufián (ERC) calificó la sentencia como parte de una “guerra contra unas ideas y contra unos partidos”.

Joaquín Urías: “Se trata de una sentencia política, y lo que diga el Constitucional también va a ser una decisión política”

Esa prudencia que han mostrado desde el Ejecutivo contrasta con la dureza con la que ha reaccionado la oposición, que no ha tardado en difundir una interpretación centrada en que el fallo es un golpe a Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a García Ortiz de haber sido “un peón” del Gobierno y calificó la condena como prueba de que “quien debía perseguir el delito, lo cometió”. Para Feijóo, el fallo marca “un antes y un después” y exige restablecer la separación de poderes, a pesar de que su partido participa activamente en la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial.

En el mismo tono se ha expresado Isabel Díaz Ayuso. En X ha asegurado que “no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular”.

En el juicio no se pudo demostrar la filtración

El proceso, celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, concluyó sin que hubiese pruebas concluyentes que demostrasen que García Ortiz había filtrado el correo incriminatorio de González Amador. Antes de eso, la Abogacía del Estado cuestionó la instrucción inicial, calificándola de “inquisitiva” y señalando posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

En las vistas de los testigos, numerosos periodistas declararon ante el tribunal que habían tenido acceso al contenido del correo electrónico antes de que este llegase a manos del fiscal general. Sin embargo, y a pesar de estos testimonios, la Sala no duda de la culpabilidad de García Ortiz en la filtración, aunque considera que, si bien se ha producido una revelación indebida, no se ha alcanzado un “grave daño” que justifique una pena de prisión.

Nada más conocerse el fallo del Tribunal Supremo el Gobierno anunció que en los próximos días iniciará el procedimiento para relevar a García Ortiz de su cargo como fiscal general. Desde el punto de vista procesal, únicamente cuenta con la vía del incidente de nulidad, un mecanismo excepcional con el que se pueden intentar impugnar resoluciones judiciales antes de que estas sean firmes y siempre que se haya producido una vulneración de derechos fundamentales en el proceso.

Con todo, si este incidente fuese desestimado, el fiscal general todavía podría recurrir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque primero debe agotar las vías ordinarias.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías va más allá, y cree que si finalmente García Ortiz presenta amparo ante el Constitucional, “si la composición del tribunal no ha cambiado va a anular esta sentencia”. Sin embargo, si García Ortiz acude al Constitucional cuando la mayoría es conservadora “el tribunal ratificará la sentencia. Se trata de una sentencia política, y lo que diga el Constitucional también va a ser una decisión política”.

En términos profesionales, la inhabilitación de García Ortiz es únicamente para ejercer como fiscal general del Estado, pero no equivale a la expulsión de la carrera fiscal, por lo que García Ortiz podría seguir teniendo un cargo dentro de la Fiscalía. “Parece que la intención [de la condena] es que mientras dure la legislatura, mientras que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno, no lo vuelvan a nombrar fiscal general”, aclara Urías, que cree que García Ortiz volverá a su puesto de fiscal si en las próximas elecciones generales vuelve a formarse un ejecutivo progresista.

El debate sobre su continuidad también afecta al funcionamiento institucional del Ministerio Fiscal. La Fiscalía General depende jerárquicamente de su titular para designaciones, supervisión de fiscales y ejecución de políticas procesales. La inhabilitación deja un vacío temporal que el Gobierno debe cubrir mediante nombramiento de un fiscal interino o sustituto hasta que se resuelvan las vías judiciales. Entre los nombres que suenan como posibles candidatos figuran fiscales de Sala con experiencia en coordinación de unidades especializadas, aunque hasta el momento ningún órgano oficial ha confirmado lista alguna.