Represión
Violencia e impunidad policial durante el 15M: España se enfrenta de nuevo al TEDH

El 25 de septiembre de 2012, en el contexto de las protestas del movimiento 15-M, una manifestación masiva conocida como “Rodea el Congreso” culminó con la detención de 35 personas. 26 de ellas presentaron una denuncia conjunta detallando los malos tratos sufridos mientras estaban bajo custodia policial, tanto durante el traslado como en el tiempo que estuvieron detenidas en la Comisaría de Moratalaz, sede de la Dirección General de la Policía. Tras más de 10 años de proceso judicial, y frente a la inacción de los órganos judiciales españoles, las denunciantes acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en busca de justicia.

En su denuncia, las personas detenidas, relatan “un uso excesivo y desproporcionado, y en ocasiones totalmente injustificado, de la fuerza por parte de los funcionarios de policía”. Además, denunciaron “haber sufrido malos tratos en los traslados”.  Explican que “fueron llevadas en furgonetas de Policía esposadas unas a otras, sin los cinturones de seguridad, y con constantes y bruscos volantazos, frenazos y burlas”. Lo que provocó que “fueran chocando unas con otras y contra los laterales del vehículo”, según cuentan. 

“Durante este tiempo fui testigo de cómo uno de los detenidos, que a pesar de no encontrarse bien no era atendido, se desmayó con los ojos en blanco”

A esto se suma la denuncia de una situación de “castigo físico, burlas y amenazas en la Comisaría de Moratalaz, en la que fueron forzadas a estar durante varias horas de pie, mirando a la pared con la cabeza agachada mirando al suelo y en silencio”. J., uno de los detenidos explica en su denuncia: “Durante este tiempo fui testigo de cómo uno de los detenidos, que a pesar de no encontrarse bien no era atendido, se desmayó con los ojos en blanco”.

Moratalaz es la comisaría a donde suelen trasladar a las personas detenidas en el marco de la protesta. Allí opera el Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información que lleva de manera especializada la represión policial de los movimientos sociales de izquierdas. 

La mayoría de los agentes de Policía ocultaban su rostro, con bragas o pasamontañas, mientras ridiculizaban y dirigían burlas y amenazas de muerte a las detenidas, según denuncian

La mayoría de los agentes de Policía ocultaban  su rostro, con bragas o pasamontañas, mientras ridiculizaban y dirigían burlas y amenazas de muerte a las detenidas, según denuncian. Cuando finalmente fueron trasladadas a las celdas, las personas detenidas denunciaron que apenas se les dio comida, no se les permitía ir al baño cuando lo solicitaban y, como expuso G. en su denuncia: “No nos dieron agua en ningún momento. Solo podíamos obtenerla cuando accedíamos al servicio”.

Además, relatan alteraciones ambientales intencionadas: “había varios agentes que cuando pedíamos que encendieran o apagaran la luz de la celda o los pasillos, hacían exactamente lo contrario. Si algún agente apagaba la luz por la noche, otro al rato volvía y la encendía. La temperatura de las celdas sufría fuertes variaciones a lo largo del día, pasando de notar frío a notar bastante calor”. 

Una de las personas denuncia haber sido tirada al suelo y detenida por el mero hecho de grabar con su teléfono móvil a unos agentes de Policía. También denunció que no le facilitaron la medicación que le habían prescrito en el Hospital.

“Tenía el lateral izquierdo de mi cara apoyado y me empujaron fuertemente contra el asfalto. Fue ahí cuando noté cómo el charco de sangre crecía bajo mi cara. Me habían abierto la cabeza”

Otro de los hoy demandantes ante el TEDH denunció haber recibido un fuerte impacto en el cráneo, propinado por los agentes de Policía Nacional que le detuvieron, que le produjo una herida sangrante en la cabeza, la cual tuvo que cerrarse mediante la colocación de grapas en el hospital. “Tenía el lateral izquierdo de mi cara apoyado y me empujaron fuertemente contra el asfalto. Fue ahí cuando noté cómo el charco de sangre crecía bajo mi cara. Me habían abierto la cabeza”, relató G. en la denuncia. Tampoco recibió la medicación que le fue indicada en el hospital, ni fue atendido cuando la herida le empezó a sangrar de nuevo por no estar bien colocadas las grapas.

De esta agresión fue testigo otra de las detenidas, que también denunció haber sido agredida por los agentes que la detuvieron.

Además, entre las personas detenidas que estaban de pie cuenta que había más personas con lesiones: “Había gente con moratones, ojos morados, varios hinchazones preocupantes en la cabeza…”

A pesar de que se adjuntaron diversas pruebas como partes médicos, fotografías y grabaciones de vídeo, entre otras, el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid nunca tomó declaración a ninguna de las personas denunciantes ni a los denunciados, ni realizó ningún tipo de diligencia de investigación. La misma actuación fue replicada por el Ministerio Fiscal, que solicitó en todo momento el sobreseimiento de la denuncia de malos tratos a pesar de no haberse realizado ninguna diligencia.

Tras 10 años de proceso judicial, alargado injustificadamente, el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid acordó el archivo de la denuncia por malos tratos alegando que no existían hechos objetivos ni indicios suficientes para imputar a personas concretas la conducta delictiva en cuestión. Resolución totalmente irregular si se tiene en cuenta que durante el proceso judicial no se realizó ninguna diligencia, ni siquiera la toma de declaración de las denunciantes ni de los denunciados. El Juzgado tampoco realizó ninguna actuación para identificar a los agentes policiales que realizaron el traslado y la custodia en los calabozos de Moratalaz. Ni siquiera se realizó ninguna diligencia respecto de aquellos agentes que algunas de las denunciantes sí que identificaron de manera concreta en su denuncia.

El recurso de apelación presentado contra la decisión del juzgado fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid y, posteriormente, el Tribunal Constitucional inadmitió la demanda de amparo. Ante esta inacción de los órganos judiciales españoles, que ha supuesto que los hechos denunciados prescriban y queden impunes legalmente, las denunciantes acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la intención de que la violencia, abusos y malos tratos policiales no queden olvidados y de combatir esa impunidad desde la condena social y la memoria colectiva.