Rescate bancario
40.000 millones entre mentiras y rescates

A nadie le costará recordar frases del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o del ministro de Economía, Luis de Guindos, negando que el rescate a las cajas y la banca fuera a costar un céntimo a los contribuyentes. Pues bien, lo que iba a salir gratis de momento ha costado 54.353 millones de euros, 861 euros a cada ciudadano del Estado español.

Esos son los cálculos que maneja el Banco de España (BdE), que el mes pasado actualizó sus datos. Tras la publicación de estas cifras, Rajoy afirmó que “la alternativa habría sido la quiebra”, lo que habría supuesto “ausencia de crédito” y que los depositantes “habrían perdido ahorros”. Aunque en ningún momento habló de pérdidas, Rajoy admitió que, cuando se venda la banca saneada, podrán recuperarse “algunos” de lo recursos empleados en su recapitalización.

La actualización del BdE da cuenta, no solo del dinero inyectado, sino de lo ya recuperado y lo que estima recuperar. Se da por perdido el 75% de las ayudas públicas recibidas por la banca.

En el repaso de las cantidades que recibieron las 14 entidades financieras socorridas desde 2009 suele diferenciarse entre lo aportado por dos instituciones, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Esta diferenciación responde al distinto origen de los capitales que las conforman. La primera se nutre fundamentalmente con capital público, mientras que el FGD está constituido por dinero que aporta la propia banca, es decir, con capital privado.

Una cuantía por determinar

De momento, el BdE cifra el rescate bancario en un total de 62.754 millones de euros, cifra de la que, eso sí, resta el importe ya recuperado más lo que estima recuperar con la futura venta de Bankia. El total de dinero público invertido en el rescate, entre inyecciones de capital, avales y garantías, es lo que suma esos 54.353 millones, según este organismo. A día de hoy el Estado solo ha sido capaz de recuperar un 7% del mismo. En el escenario más optimista, el BdE espera recuperar un total de 14.275 millones. La futura venta de Bankia, fusionada recientemente con Banco Mare Nostrum, es la clave que determinará cuánto se recupera finalmente.

Desde que comenzaron las ayudas a la banca escuchamos una sopa de cifras de la que es difícil sacar algo en claro. Los propios organismos oficiales publican cifras diferentes sin explicar claramente la razón de la desigualdad. En este sentido, el Tribunal de Cuentas aseguró en enero que, hasta 2015, el rescate había costado 122.122 millones de euros, cantidad muy distinta a los 62.754 millones que maneja el BdE. La diferencia estriba en que el primero incluye la totalidad de avales concedidos por el FROB en el proceso de reestructuración.

Gran parte de estos los otorga el Estado a los bancos que han comprado entidades con problemas, normalmente por un euro. Pero, según el consultor y analista financiero Alejandro Inurrieta, “los avales hay que computarlos porque tienen un coste financiero y de oportunidad. Técnicamente es un dinero que el Estado no podría gastar, que tendría que tener comprometido para el caso de que hubiera que ejecutarlo”.

Los rescates que no se cuentan. Al margen del baile de cifras publicado hasta ahora, lo cierto es que gran parte del rescate bancario nunca ha estado reflejado en las estadísticas oficiales. Tanto el Gobierno como la UE y el BCE han participado en el salvamento de un sector que disfrutó de unos beneficios récord en los años de bonanza e incurrió en “prácticas abusivas y de riesgo sistémico”.

El BdE cifra el rescate en un total de 62.754 millones de euros, cuantía de la que resta lo que estima recuperar con la venta de Bankia

Al estallar la crisis, mientras que en otros países, como Estados Unidos o Alemania, se inyectaban ingentes cantidades de dinero público a la banca, en España las ayudas públicas no se produjeron. Esto parecía una ventaja, y así lo vendieron políticos y supervisores, quienes aseguraban que el sistema bancario español estaba en mejores condiciones que el resto al no haber comercializado hipotecas subprime.

Pero uno de los motivos por los que se retrasó el empleo de dinero público es que el rescate comenzó por otra parte: por los pequeños ahorradores que habían sido engañados con las preferentes. “En España, el primer rescate a la banca recayó sobre las espaldas de los depositantes”, señala el periodista Andreu Missé en su libro La gran estafa de las preferentes. Gracias a ellas las entidades españolas pudieron aguantar un tiempo extra, hasta que llegó la segunda ola de la crisis.

El segundo rescate silencioso tiene un nombre menos conocido: los activos fiscales diferidos (DTA), un instrumento contable gracias al cual la banca puede apuntarse como activo un dinero que en realidad se ha dedicado a otros fines. Hacienda daba esta posibilidad si el banco en cuestión aseguraba que tendría beneficios para reponerlo en el plazo de pocos años, pero en el transcurso de la crisis, la UE consideró que podían ser una forma de ayuda de Estado encubierta y decidió restringir su uso.

En ese momento el Gobierno emitió un real decreto para que 30.000 millones de estos activos DTA fueran garantizados por el Estado y no tuvieran que reconocerse pérdidas en los libros contables de los bancos. Para el analista Inurrieta, esta legislación “favorece claramente a la banca al permitirle tener unos balances más saneados y mantener la estabilidad de su acción”.

Desgraciadamente no ha sido el único caso de regulación favorable, como atestigua el caso de las cláusulas suelo, “otro ejemplo de regulación sesgada hacia el que provee el crédito, en detrimento del consumidor”, afirma.
Unidos a estos rescates encubiertos, en los últimos meses hemos asistido a la quiebra del Banco Popular y al aumento de dudas sobre la solvencia de Liberbank y Unicaja. Se trata de los últimos coletazos de la crisis del sistema financiero español, que puede seguir generando costes. De hecho, tras la quiebra de Banco Popular, el Santander ha ejecutado 500 millones de las garantías de los activos fiscales que han salido directamente de las arcas del Estado.

Comparaciones odiosas

Pero no todos los países han perdido en sus rescates. Lo cierto es que, de las grandes economías europeas, España tiene el dudoso honor de ser la que más dinero público ha perdido en el rescate.

En 2013, la Casa Blanca publicó un informe con los resultados de las ayudas públicas. Se había recuperado hasta el último céntimo prestado, tanto inyecciones de capital como el programa de compra de activos tóxicos. Además, se habían cobrado 88.500 millones de dólares en intereses, ingresando un total de 700.000 millones.

En Europa, España es el país que más dinero lleva perdido, un 4,3% de su PIB. Esta tasa es la mayor de las grandes economías europeas, seguida de la alemana con un 1,3%. El rescate británico, que alcanzó los 23.000 millones de libras, se recuperó por completo y con intereses. El rescate de 10.000 millones de euros de Holanda a ING se recuperó también con intereses. La otra gran economía europea, Francia, incluso ha ganado dinero con el rescate.