Residencias de mayores
Se constituye la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid

Las puertas de la justicia se cerraban y las de las instituciones también para los familiares que han querido saber por qué fallecieron en las residencias sin traslados a hospitales o sin la ayuda médica que necesitaban en pleno estallido por covid 19. Por eso, como ha ocurrido con las víctimas de la represión franquista, una comisión de la verdad ha sido su única salida. Se trata de un mecanismo que busca la verdad, pero también la reparación y la no repetición, que se empezó a usar en los años 70 y 80 para conocer qué había pasado en Uganda o en conflictos armados de América Latina. Se trata de una comisión de expertos encargada de revelar las acciones de un gobierno o un agente externo que ha cometido una violación de derechos humanos.

Esto es lo que consideran que ha ocurrido desde la asociación Marea de Residencias y la plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid. Ambas organizaciones llevan desde la pandemia luchando porque se conozcan las causas de las 7.291 muertes que hubo en las residencias madrileñas por ausencia de la ayuda médica precisa. Ya sea porque no fueron trasladados a hospitales por la saturación, a causa de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ (órdenes que impidieron el traslado no por prioridad médica si no por lugar de residencia) o porque no se medicalizó las residencias. Muertes que se extraen de las 9.468 que hubo en las residencias solo entre marzo y abril de 2020 y que solo unas pocas tuvieron la asistencia que necesitaron, estuvieran enfermos de covid o con otras afecciones diferentes.

"No queremos pasar página, queremos justicia, queremos reparación y sobre todo cambio para no repetición. Por eso seguiremos trabajando para paliar la falta de interés de nuestras instituciones”

Carmen López, de Marea de Residencias, indica a El Salto que “han pasado ya más de tres años y el dolor que provocó la muerte de nuestros familiares, privados de sus derechos más básicos, solo se ve superado por la falta de justicia, por la ausencia de reparación y sobre todo por las declaraciones de algunos políticos que en su empeño propio por tapar esta debacle”. “No -prosigue-, no queremos pasar página, queremos justicia, queremos reparación y sobre todo cambio para no repetición. Por eso seguiremos trabajando para paliar la falta de interés de nuestras instituciones”. En esa misma línea lo percibe María Mercedes Huertas, quien sufrió la pérdida de su padre en esos meses de pandemia. “Es algo fundamental porque las familias necesitamos cerrar un duelo, saber que se ha hecho todo lo posible y, sobre todo, para que no se repita”, comenta e insiste en que si en España no ven reacción acudirán a Europa a pedir amparo.

Reyero, Carlos Mur o Díaz Ayuso entre los invitados

En esta comisión de la verdad, que se inicia este viernes 15 y se espera concluir el sábado 16, participan un notorio número de expertos en su composición. Desde José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, que lo preside; hasta la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui Pastor; el médico experto en Gestión y Administración Sanitaria con experiencia en la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata Cotanda; la escritora expera en edadismo y feminismo Anna Freixas Farré; el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional, Fernando Flores Giménez; la socióloga y politóloga Cristina Monge Lasierra y el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz Alonso. “Estas personas llevan meses trabajando para recabar toda la información y ahora van a recoger los testimonios tantos de trabajadores como de familiares que vivieron esos meses de la pandemia y también de expertos”, explican desde la plataforma.

"Si esto sirve para señalar que lo que ocurrió está mal y muchos murieron de forma indigna, es positivo”

Entre estos expertos destacan geriatras, gestores sanitarios o políticos implicados como el ex consejero de Políticas Sociales y Familias, Alberto Reyero, o el socialista José Ángel Chamorro, presidente de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que fue cerrada por Ayuso de forma precipitada con la convocatoria de elecciones anticipada. También participan periodistas que cubrieron el día a día de la pandemia en las residencias como Manuel Rico por Infolibre, Elena Jiménez de la Ser o Fernando Peinado de El País. Este periodista coautor del podcast ‘La teoría del paréntesis’ explica que ve importante esta acción ya que en los tribunales los familiares han logrado poco. “Incluso -explica-algunos juristas dicen que no tiene encaje judicial para sorpresa de todos, pero lo que es indiscutible es que moralmente hay un reproche. Si esto sirve para señalar que lo que ocurrió está mal y muchos murieron de forma indigna, es positivo”. Peinado espera que las conclusiones de esta comisión sirvan también para influir en los pocos procesos que se mantienen abiertos y destaca que la sociedad tiene que cambiar su actitud hacia las personas mayores. “Hay que explicar cómo se pudo poner al final de la fila a los que más lo necesitaban. Tiene que ver con el edadismo y tenemos que preguntarnos cómo hubiera sido la respuesta de la sociedad y de los jueces si los abandonados hubieran sido los niños”.

Desde la plataforma Verdad y Justicia inciden en que se ha invitado a la parte implicada del Gobierno madrileño, desde la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a los consejeros Enrique Ruiz Escudero o Enrique López y al responsable de los protocolos excluyentes, Carlos Mur. “Lo más previsible es que no vengan, pero tienen la oportunidad de exponer su postura”, explica Martin Pallín, cuya experiencia en el Tribunal Russell (donde se ha juzgado entre otros asuntos la violación de los Derechos Humanos por parte de Israel en Palestina) sirve de marco en este asunto.

“Es público y notorio que se produce porque no lo niegan, un número de fallecimientos en la residencia que supera, según los expertos, la media europea. Con mucho. Esto obligaba a que los poderes públicos tomasen cartas en este asunto, con una comisión de investigación y el poder judicial, por otro lado, comenzaran las investigaciones para ver si hay una causa entre las medias que se tomaron y las muertes. Esto en cualquier país democrático es normal, pero aquí no. Los familiares se han estrellado contra un muro”. Así explica el magistrado que aceptara la presidencia de la comisión en cuanto se lo ofrecieron.

“Esperamos que este informe ponga de manifiesto la urgencia de tener una investigación oficial que va más allá de lo que podemos hacer los ciudadanos en la investigación de lo que ocurrió”

Fallecieron el 20% de los residentes

Una reunión de los siete representantes de la comisión después del sábado permitirá llegar a unas conclusiones que quieren que sean conocidas por la sociedad civil y por todas las autoridades. “Esperamos que este informe ponga de manifiesto la urgencia de tener una investigación oficial que va más allá de lo que podemos hacer los ciudadanos en la investigación de lo que ocurrió”, explica Victoria Zunzunegui, que asegura que debería servir para abrir una “investigación oficial que revise los historiales de todas las personas fallecidas, los casi 10.000, además de visitar los hospitales y las 470 residencias que estaban en funcionamiento esos meses en Madrid”. “Es inexplicable que después de tres años la Comunidad de Madrid no haya explicado nada ni han tenido intención de hacerlo”, comenta, en referencia a cómo el PP con el apoyo de Vox bloqueó la reapertura de una nueva comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

“No puede quedar sin saber por qué en dos meses murieron casi el 20% de las personas que estaban en residencias en Madrid y que las muertes supusieran la mitad de las que hubo en toda España”, comenta Javier Cordón, miembro de la plataforma Verdad y Justicia. “Pensamos que desde la sociedad civil no puede quedar sin reparación o responsabilidades con algo tan grave. Si las instituciones no han sido capaces, creemos que la sociedad civil tiene recursos y conocimientos para poder hacerlo”, indica a El Salto.