El Salvador
¿Democracia o autocracia en El Salvador?

ADES Santa Marta como un punto de inflexión

Ante la situación de deterioro democrático y de criminalización de la sociedad civil que vive El Salvador, es urgente y necesario que desde la sociedad civil salvadoreña y las organizaciones internacionales se denuncie públicamente la vulneración de los derechos de las personas detenidas y las irregularidades cometidas en el proceso judicial, se destruya la narrativa oficial de criminalización y estigmatización contra la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) y los líderes de Santa Marta, así como de otras organizaciones del país y se evidencie los trasfondos políticos, en este caso ante el intento del gobierno de reactivar la minería metálica.

ADES y la Comunidad de Santa Marta

Santa Marta es una comunidad histórica de El Salvador reconocida por su lucha y resistencia en el contexto del conflicto armado que se vivió en país entre 1979 y 1992, y por erigirse como emblema de la resistencia antiminera que posibilitó la adopción de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador 2017.

Situada en el departamento de Cabañas, al norte del país, Santa Marta fue víctima de varias masacres en contra de la población civil perpetradas por miembros del Ejército y grupos paramilitares a inicios de conflicto armado y que obligaron a su población a huir masivamente hacia Honduras para escapar de la violencia. Tras el fin de la guerra, muchos de los refugiados de la zona regresaron a sus comunidades y junto a excombatientes de la guerra civil refundaron sus comunidades devastadas.

En ese contexto, en 1993 se estableció la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) con el objetivo de responder a las necesidades de las comunidades repatriadas y extender un modelo de trabajo educativo y organizativo a las nuevas comunidades de Cabañas y de otros departamentos. 30 años después, ADES se ha convertido en una de las organizaciones referentes del país a través su trabajo de acompañamiento en procesos de formación y comunicación popular, la promoción de agricultura orgánica y sostenible, y la reivindicación de los Derechos Humanos como la base fundamental para el desarrollo humano.

ADES, asimismo tiene una larga trayectoria en la defensa del medio ambiente, desde que en 2004 empezaran a acompañar a las comunidades afectadas por el proyecto minero que la empresa Pacific Rim, actualmente Oceana Gold[1], pretendía instalar para la extracción de oro y plata de la mina el Dorado, ubicada en el municipio de San Isidro, al norte del departamento de Cabañas.

Desde entonces, ADES y la comunidad de Santa Marta lideraron un proceso de sensibilización y concienciación ciudadana alertando de los riesgos que la actividad minera tenía para la salud y el medio ambiente, establecieron alianzas para la incidencia a nivel internacional y generaron espacios de confluencia y articulación local a través de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica que facilitaron el consenso para la aprobación Ley de Prohibición de la Minería Metálica en 2017.

Actualmente, a pesar de la prohibición formal de la minería metálica en el país, ADES continúa ejerciendo una labor de educación y sensibilización sobre los riesgos de la minería metálica y lidera espacios de articulación nacional para la protección del medio ambiente como la Mesa frente a la Minería, el Foro de la Salud y la Alianza contra la Privatización del Agua y forma parte de espacios internacionales de organizaciones y movimientos sociales como la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN).

Detención de líderes comunitarios y miembros de ADES en Santa Marta

En la madrugada del 11 de enero de 2023, en un operativo dirigido por la fiscalía general de la República y ejecutado por miembros de la Policía Nacional, tres líderes comunitarios de la comunidad de Santa Marta, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, junto al director ejecutivo ADES, Teodoro Antonio Pacheco y el asesor legal de la organización Saúl Agustín Rivas Ortega fueron detenidos y encarcelados, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga en agosto de 1989.

Desde entonces, los cinco líderes comunitarios han estado privados de libertad y aislados de cualquier contacto con sus familiares o miembros de la organización como consecuencia de un proceso judicial, que, hasta el momento, presenta varias irregularidades y no ofrece las garantías de que se siga el debido proceso ni de que se respeten los derechos de los acusados.

El 19 de enero, tras un cambio de última hora, la audiencia inicial cuya celebración estaba prevista en el municipio de Victoria, fue trasladada a San Salvador para impedir que la comunidad de Santa Marta acudiera los juzgados para manifestarse y ofrecer muestras de apoyo a sus líderes. En la audiencia, la jueza de Paz de Victoria, ordenó la instrucción del caso, y a petición de la fiscalía, decretó medida preventiva de prisión para los cinco detenidos y declaró en reserva total el proceso judicial. Los cargos a los que se enfrentan los acusados son los de asociación ilícita, privación de libertad y asesinato.

La acusación estaría sustentada en declaraciones recientes obtenidas por la fiscalía de parte de un testigo de referencia, cuya identidad se desconoce. Según el equipo legal que representa a los detenidos, ¨no existen evidencias que sustenten el relato presentado por el testigo y, además, al tratarse unos hechos ocurridos en 1989, puede que no sea sólido, ni lineal y difiera sustancialmente en elementos como fecha, lugar y circunstancias¨. Asimismo, ¨no existe una autopsia ni un cadáver y tampoco existe un análisis de osamenta o huesos como en otros casos donde ha existido una exhumación¨[2].

Ante la debilidad de los indicios presentados por la parte acusatoria, la decisión de la jueza de ordenar la instrucción del caso y de negar la posibilidad de que los acusados se defiendan en libertad, se considera, cuánto menos desproporcionada. Por ello, a petición de la defensa, el 8 de febrero se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas ante el juzgado de instrucción de Sensuntepeque en la que se solicitó la inmediata puesta en libertad de los acusados. Se argumentó que los detenidos tienen un fuerte arraigo en sus comunidades, donde llevan realizando labores sociales durante años, y que por lo tanto no existe riesgo de fuga. Además, considerando la edad y la delicada situación de salud de algunos de los detenidos, con enfermedades crónicas, la permanencia en una prisión de forma preventiva, que se prevé prolongada, y en un contexto de saturación de los centros penitenciarios[3] a raíz de la entrada en vigor del régimen de excepción, limitando su acceso a medicamentos, controles médicos y alimentación adecuada, podría agravar todavía más su condición física. Sin embargo, a pesar de que la defensa presentó arraigos y constancias médicas, la petición fue desestimada.

Ante esta situación, el 16 de febrero de 2023 se presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque solicitando resolver la denegatoria de medidas alternas a la detención provisional que fue decretada por el juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque. La resolución, que estaba prevista que se dictara en un plazo máximo de 14 días, se encuentra paralizada más de un mes después. El motivo, la Fiscalía solicitó la recusación de uno de los magistrados que tenían que resolver sobre la apelación, Martín Rogel Zepeda, argumentando que se tenía la sospecha de que pudiera ser familiar de la ex diputada del FMLN Ileana Rogel y, por tanto, que existía riesgo de que la resolución pudiera parcializarse en favor de los detenidos, ya que éstos pertenecieron a la ex guerrilla del FMLN. Aunque la fiscalía no presentó ninguna prueba de ello, y el propio magistrado Rogel negó tener parentesco con la ex diputada, la sala de lo penal de Cojutepeque ha paralizado el proceso mientras investiga y resuelve la petición de recusación del magistrado.

Desde ADES, esta maniobra de la Fiscalía se percibe como una forma de apartar al juez Rogel de la causa y dilatar el proceso judicial ante la falta de pruebas y solidez de la acusación. Es importante señalar el Juez Rogel ha sido uno de los pocos miembros del poder judicial que se han mostrado contrarios a la aplicación del régimen de excepción por la falta de garantías judiciales que implica, y ha criticado públicamente las sucesivas modificaciones legales que la Asamblea legislativa ha emprendido en menoscabo de la independencia judicial, desde que, a partir de mayo de 2021, el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, pasara a controlar la cámara legislativa. Como consecuencia, Rogel Zepeda fue degradado de su cargo en 2021. Luego de ser presidente de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, pasó a ser vocal de la Cámara de la Segunda sección del centro de Cojutepeque, en Cuscatlán.

Como resultado, actualmente los cinco líderes comunitarios siguen privados de libertad y se desconoce el plazo que se va a tomar la sala de lo penal de Cojutepeque para resolver la recusación del magistrado Rogel, dejando en un limbo legal a los acusados por tiempo indeterminado.

Irregularidades en el proceso judicial

Algunos elementos sobre la forma en cómo se está manejando el caso por parte de la fiscalía y del poder judicial invitan a pensar que, en realidad, la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES responde a motivaciones políticas.

En primer lugar, cómo se ha explicado, la debilidad de los hechos que han sustentado la acusación y la detención de los acusados por parte de un testigo anónimo. Resulta irónico, que mientras que la comunidad de Santa Marta lleva años reclamando que se investiguen las masacres cometidas por la fuerza pública y grupos paramilitares en las comunidades de Cabañas en el marco del Conflicto Armado, para las que, además, existen multitud de testimonios y archivos históricos, no se hayan presentado todavía ni órdenes de captura ni requerimientos fiscales para sus responsables.

En segundo lugar, la inclusión del delito de asociaciones ilícitas en el escrito de acusación de la fiscalía, posteriormente avalado por la jueza de paz de Victoria y el juez de instrucción de Sensuntepeque, contraviene las disposiciones establecidas en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, todavía vigente, donde se exime expresamente a los exguerrilleros del FMLN de diversos delitos, entre ellos el de asociación ilícita.

Por otro lado, la prisión preventiva a la que los acusados de Santa Marta están siendo sometidos, constituye el primer y único caso por el que acusados de ¨delitos de guerra¨ cometidos en el marco del conflicto armado no se estarían defendiendo en libertad, otorgándoles así, por parte del poder judicial, un trato discriminatorio y atentatorio contra el principio de igualdad en los procesos judiciales.

En la misma línea, la declaración en reserva de la causa, constituye el primer y único caso por el que a procesos judiciales relacionados a ¨crímenes de guerra¨ se les aplica esta figura. Este hecho, aparte de dificultar el ejercicio de la defensa de los acusados, y de negarle la información sobre la causa a sus familiares y compañeros, representa una restricción al ejercicio periodístico, ya que impide a comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación, informar sobre el caso, así como una violación al derecho a la información de la ciudadanía. Más si cabe, en procesos judiciales sobre delitos cometidos durante el conflicto armado, ya que estos deben ser objeto de debate abierto, transparente y plural por parte de la ciudadanía, pues tienen que ver con la memoria histórica, el conocimiento de la verdad, la aplicación de justicia, la reparación moral de las víctimas y la reconciliación nacional.

Por último, desde ADES se ha denunciado públicamente las condiciones inhumanas en las que se encuentran los detenidos, bajo un régimen de incomunicación que no les permite el contacto con sus familiares y en el que no se garantiza que dispongan de los medicamentos, la alimentación y la atención sanitaria que requieren. Asimismo, a través del abogado que los representa, los detenidos habrían reportado actos intimidatorios y vejatorios por parte de las fuerzas de seguridad que los custodian en prisión y que podrían constituir prácticas de tortura.

A pesar de que a los lideres comunitarios se les acusa sin pruebas de un delito cometido hace más de 30 años en el contexto de un conflicto armado y de que llevan más de 25 años ejerciendo trabajo en beneficio de sus comunidades, la inclusión del delito de asociación ilícita por parte de la fiscalía en el escrito de acusación, ha permitido al poder judicial ampararse en la figura del régimen de excepción para ignorar el debido proceso, limitar los derechos de defensa de los acusados y mantenerlos en un régimen de aislamiento e incomunicación. Este hecho, en el que se evidencia la voluntad de un poder del estado en acomodar una causa judicial a los supuestos establecidos en el decreto del régimen de excepción, representa un precedente extremadamente peligroso para las organizaciones y movimientos sociales que legítimamente ejercen su derecho a criticar y controlar la acción del gobierno.

Contexto de reactivación de la minería metálica y cierre del espacio democrático en El Salvador

La captura y judicialización de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES se produce en un ambiente de creciente criminalización y estigmatización en contra de las organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, y en un contexto, en el que el presidente Bukele, estaría dando señales claras de querer reactivar la minería metálica en el país.

Aunque en El Salvador está prohibida la actividad de la minería metálica desde 2017, diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra ADES, han alertado de los pasos que el actual gobierno estaría tomando para permitir de nuevo la minería en el país. Como ejemplo de ello, en mayo de 2021, El Salvador se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, y poco después, la Asamblea legislativa aprobó la Ley de Creación de la Dirección General de Energía Hidrocarburos y Minas, a la que en los presupuestos generales de 2023 se le asignó una partida de $4.5 millones, para que revise la Ley de Prohibición de Minería Metálica.

A todo ello se suma el actual proceso de negociación para la adopción de un tratado de libre comercio entre El Salvador y China, por el que el país asiático estaría interesado en la explotación de los recursos mineros del país. Asimismo, desde diversas comunidades del departamento de Cabañas se ha alertado de la creciente presencia de personas desconocidas interesadas en la compra de terrenos con potencial minero.

Desde que llegara al poder en 2019, el gobierno del presidente Bukele ha preparado una estructura política, legal e institucional, basada en la concentración del poder, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la falta de independencia judicial, que le permita llevar a cabo su agenda de gobierno sin oposición política y con los instrumentos legales necesarios para reprimir a las organizaciones de sociedad civil contrarias a sus intereses.

Esta tendencia autoritaria se ha intensificado todavía más a raíz del control de la Asamblea legislativa por parte de Nuevas Ideas desde mayo de 2021, lo que ha permitido, entre otras cosas, que el mismo día que la nueva cámara entró en funciones, se destituyera al fiscal general, que investigaba actos de corrupción de miembros del gobierno de alto nivel. Asimismo, la nueva Cámara se encargó de remover a magistrados de la Corte Suprema y sustituirlos por miembros afines al gobierno para que avalasen la reelección presidencial, así como de dotar la propia Corte de las facultades y la discrecionalidad para nombrar y transferir jueces.

Paralelamente al desmantelamiento de la independencia judicial, el gobierno de Bukele ha puesto en su mira a los medios de comunicación independientes y a las Organizaciones No Gubernamentales. Para ello, en 2020 se inició una campaña institucional para atacar a varios medios de comunicación independientes acusándolos de difundir noticias falsas e iniciando auditorias tributarias de forma selectiva y abusiva con el fin de clausurarlos y estigmatizarlos.

Con relación a las ONG, en noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa propuso la adopción de una Ley de Agentes extranjeros, que, de ser aprobada, permitiría al gobierno de Bukele tener un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto establece que esas personas o entidades, incluidas en la categoría de agentes extranjeros podrían incurrir en “responsabilidades penales” por actos que “amenacen la seguridad nacional”. Asimismo, prevé un impuesto del 40 % sobre “cada transacción financiera, desembolsos, transferencias…”, incluidas donaciones, que reciban del exterior las organizaciones consideradas “agentes extranjeros”.

Por último, como medida para responder a la escalada de violencia por parte de las pandillas, en marzo de 2022, la Asamblea legislativa aprobó un régimen de excepción que suspendía por 30 días los derechos constitucionales de libertad de asociación y de reunión, de privacidad de las comunicaciones, a no ser informado de los motivos de detención, a no ser obligado a declarar, a contar con representación legal y el requisito de llevar a cualquier persona detenida ante un juez en un plazo de 72 horas. Un año después, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 11 ocasiones. Sin embargo, desde agosto de 2022, la Asamblea legislativa acotó el alcance del régimen de excepción y se eliminaron las suspensiones a los derechos de libertad de asociación y reunión.

Como consecuencia de la aplicación del régimen de excepción, hasta la fecha han sido detenidas unas 60.000 personas y 90 habrían fallecido bajo custodia policial[4]. Organizaciones nacionales e internacionales que han monitoreado la aplicación del régimen de excepción han denunciado abusos por parte del estado que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en prisión, así como violaciones graves del debido proceso[5].

Por todo esto, es de vital urgencia que desde la sociedad civil salvadoreña y las organizaciones internacionales se denuncie públicamente la vulneración de los derechos de las personas detenidas y las irregularidades cometidas en los procesos judiciales, se destruya la narrativa oficial de criminalización y estigmatización contra las organizaciones sociales y se evidencie los trasfondos políticos del gobierno de Bukele.

[1] Empresa canadiese dedicada a la exploración, el desarrollo y la explotación de oro y otros minerales.

https://es.marketscreener.com/cotizacion/accion/OCEANAGOLD-CORPORATION-1411110/

[2] https://www.diariocolatino.com/los-lideres-comunitarios-de-santa-marta-y-ades-deben-ser-puestos-en-libertad1/

[3] Hacinamiento carcelario, alrededor del 247% según indica el Informe 100 días de Régimen de Exención en El Salvador 2022 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos.

https://drive.google.com/file/d/1f67PRhY7lu_z5TcCGtPY0yqYO-lH23vE/view?pli=1

[4] https://www.hrw.org/es/news/2022/05/02/el-salvador-evidencias-de-graves-abusos-durante-el-regimen-de-excepcion

[5] Más información: https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos/descontento-aumenta-manifestaciones-tambien