Colombia
El pueblo colombiano entre la guerra, la defensa de la vida y la lucha por la paz

Pasados más de dos años de la firma del acuerdo de paz en Colombia, el pueblo colombiano sigue esforzándose en poner fin a los más de 60 años de guerra. Tras la firma del acuerdo de paz entre las Farc-Ep durante el gobierno de Santos, la llegada de Iván Duque ha supuesto un gran golpe para la paz. Desde su posesión, el presidente heredero de las políticas uribistas, mantuvo una postura contraria a lo pactado el 24 de noviembre de 2016.

Las elecciones de mayo del pasado año cambiaron el rumbo del país, la esperanza de la gente que vive el conflicto cada día, decayó ante un gobierno que no solo desconoce el acuerdo, sino que pretende reducirlo hasta que no quede nada de él. También sufrieron aquellos que trabajan por y para defender los derechos sociales de un país que se mantiene junto con Brasil entre los más altos de la región en cuanto a desigualdad y cuyas cifras relativas a pobreza extrema aumentan desde 2016, siendo las mujeres, la población indígena y afro las más afectadas.

Sin embargo, las elecciones de 2018 iniciaron un movimiento que parece imparable, ante la posibilidad de la victoria de un gobierno uribista miles de personas salieron a las calles para mostrar su apoyo a Petro (el candidato izquierdista) y frenar lo que al final acabó sucediendo, la victoria del fascismo en las urnas. A partir de mayo del año pasado el movimiento social comenzó una estrategia de resistencia que se refleja en el paro nacional del 25 de abril al que convocan indígenas, el sector minero, maestros/as, estudiantes y diferentes organizaciones sociales, entre otros. Desde que en octubre los estudiantes lograran parar las principales ciudades del país, las movilizaciones sociales han ido en aumento, acompañadas de una fuerte oposición en el congreso y una comunidad internacional preocupada por el incremento de las violaciones a los derechos humanos y el conflicto armado.

Aun así, 2019 empezó con un movimiento social más preocupado que organizado, se planeaban diferentes fechas para la movilización por sectores, pero no había una articulación sólida. Sin embargo, la minga indígena del pasado mes supuso un punto de inflexión. Tras 28 días de protestas en las carreteras del suroccidente colombiano para exigir el cumplimiento de los derechos de la población indígena en términos de buen vivir de los pueblos, las personas indígenas del Cauca han conseguido reavivar los ánimos y unir fuerzas para frenar los recortes en políticas sociales y denunciar la persecución a las organizaciones y personas líderes. A su llamado se han ido sumando las comunidades campesinas, afros, sectores populares y organizaciones sociales, que construyen paz desde los territorios.

Según nos comparten los compañeros y compañeras del CRIC (Consejo Regional Indígena de Cauca), durante el periodo de conflicto armado entre gobierno y Farc, hay mas de 38.000 víctimas indígenas que hacen parte del CRIC. Ante esto el movimiento indígena genera estrategias de protección y autoprotección. Desde el año 1999 el gobierno se ha comprometido en sacar nuevas políticas para garantizar el futuro y los planes de vida construidos desde las comunidades y pueblos indígenas, esta última minga se posiciona frente al incumplimiento por mas de 20 años de lo acordado. Pero también plantea un debate político frente al tema legislativo y al Plan Nacional de Desarrollo que perjudica a los territorios que son los que sufren la violencia. Y denuncia la regresión en los derechos sociales y económicos de las familias colombianas. 

Alentados por la minga, pero también como parte de una estrategia nacional del movimiento social para hacer frente a las políticas guerreristas de Duque, Las organizaciones sociales han hecho un llamado a Paro Nacional este 25 de abril, que tiene un doble objetivo: el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo (2018- 2022) presentado por el presidente para ser aprobado por el Congreso de la república y al que se le olvidó incluir recursos para la implementación del Acuerdo de Paz, Y exigir el cese de la violencia y persecución a las personas líderes y defensoras de derechos humanos.  

Y desde el próximo domingo 28 de abril y hasta el jueves 2 de mayo, miles de líderes y defensores de derechos humanos de todo el país estarán en la capital para exigir el cese de la violencia y persecución a las personas líderes y defensoras de derechos humanos, en un refugio humanitario para líderes sociales en el centro de la ciudad.

El Gobierno ha dicho que este es un Plan con enfoque en el gasto social, mientras que víctimas, analistas y senadores de la oposición afirman que es un plan que ignora la implementación del Acuerdo de Paz entre otros asuntos, ya que no destina recursos concretos para la implementación del Acuerdo de Paz, a pesar de que la Corte Constitucional determinó que esos recursos debían garantizarse por 20 años.

En menos de un año de gobierno ya se ha reducido y condicionado el presupuesto que reciben las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), se ha reducido también un 40% del presupuesto para la Comisión de la Verdad y cada vez disminuyen más los recursos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que según cifras del Centro de Memoria Histórica, alcanzan las 80.000 personas. Siguiendo esta línea, la Ley de Víctimas el Plan de Desarrollo de Duque, desconoce a las víctimas como parte del conflicto y reduce el presupuesto para su reparación. En ese sentido, trata de asimilar ambas instituciones para disminuir los recursos a la Ley 1448, así como recortar la autonomía de la JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda. A esta disputa se suma la ocurrida recientemente, con respecto a la Ley Estatutaria de la JEP, en la que un trámite de firma tuvo que ser verificado para que se aprobara este importante Proyecto Legislativo. Otros aspectos desfinanciados en dicho plan son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o la política de desarrollo rural y la Reforma Rural Integral (RRI). Otro punto oscuro del Plan de Desarrollo es la Política de Defensa y Seguridad, que de aprobarse consolidaría redes de informantes similares a las de la época uribista que concluyó con más de 5.000 personas asesinadas extrajudicialmente y conocidas como falsos positivos.

Respecto a la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) uno de los principales problemas que atraviesa el país es la persecución y asesinato a personas líderes sociales. Lo que se entiende como violencia política hacia personas líderes son los hechos victimizantes, como amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, atentados y asesinatos, originados por sus actividades comunitarias en los territorios. En este sentido los datos son devastadores, entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de enero de 2019 han sido afectadas por violencia política 330 personas líderes, de las cuales 153 han sido asesinadas. En agosto de 2018 la Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018 fueron asesinados 311 personas líderes sociales. Los hechos de violencia política hacia líderes sociales en el Cauca son de 50 víctimas y 33 asesinatos.

Los casos más graves son Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (23 asesinatos) y Alto Patía- Norte del Cauca (23 asesinatos). De los 153 asesinatos de personas líderes, 113 (73.9%) se registraron en municipios con presencia de cultivos para uso ilícito. Asimismo, la organización Somos Defensores señaló por esta misma época que, de todos estos casos, se evidencian avances en investigaciones tan solo en el 13 por ciento de las personas asesinadas.
En paralelo aumenta la persecución judicial a personas líderes y organizaciones que se ven atrapadas en procesos judiciales, los cuales acaban la mayoría de veces en las cárceles sin pruebas ni evidencias sobre lo que se les acusa. Esto es parte de una estrategia para desgastar y reducir el movimiento social que hace frente a las políticas extractivistas y de las grandes empresas que quieren controlar la tierra y los recursos.

La estrategia del heredero de Uribe es ignorar el conflicto social y armado y sus raíces en la disputa por la tierra y sus bienes naturales. Omitiendo el lenguaje belicista, Duque opta por militarizar los territorios y perseguir a los campesinos y campesinas que defienden la tierra con la excusa de pertenecer o colaborar con la guerrilla. Para el gobierno, el proceso de paz es algo del pasado, aunque según el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Christoph Heusgen, el proceso se encuentra hoy en un momento crítico. Lo dice en una carta publicada el 17 de abril de 2019, donde se refiere a los múltiples obstáculos por parte del gobierno a la implementación del acuerdo de paz y a la demora en la firma de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. También advierte la ONU del aumento de asesinato de excombatientes, un total de 126 han sido asesinados , y de la necesidad de mantener e implementar los Espacios Territoriales para Capacitación y Reintegración y asegurar los programas para los y las excombatientes/as. El no cumplimiento de los puntos básicos del acuerdo niega la posibilidad de una paz completa y abre el escenario a un ciclo de violencia o de confrontación que no sabemos cuántos muertos más ha de poner el pueblo colombiano.

Durante los 5 años que duró el proceso de negociación con las FARC, los niveles de violencia respecto a la confrontación armada disminuyeron en muchos lugares de Colombia. Sin embargo la situación ha cambiado en los últimos dos años, los vaivenes en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional desde febrero de 2017 que culminaron con su finalización tras el atentado del 17 de Enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de la Policía, sumado a la aparición de grupos paramilitares y grupos armados ligados al narcotráfico y economías extractivistas en las zonas dejadas de las Frac, y el abandono estatal ante las necesidades de la población rural, han colocado al país en una situación de crisis humanitaria. “En 2018 el número de masacres en Colombia aumentó en un 164% según informe de las Naciones Unidas. La oficina del alto comisionado y el secretario general de las Naciones Unidas también subrayaron con preocupación que en casi el 50% de los municipios aumentó la tasa de homicidios y 164 personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas locales fueron asesinadas en 2018, en razón de su labor en defensa de la paz” .

La disminución de la violencia por razón del conflicto social y armado tras el fin de la lucha armada por parte de las Farc, no ha sido acompañada por una estrategia de Estado capaz de acoger y acompañar las zonas donde hacía presencia, la consecuencia ha sido que en varias de las regiones de influencia de Farc la violencia aumentase por la aparición de diferentes grupos que se disputan el territorio ante la inacción del gobierno.

El conflicto de Colombia afecta a la región Latinoamericana, la consolidación del conflicto en las fronteras, hace que éste tome dimensiones de un conflicto internacional y la consolidación de la paz puede ser la alternativa para los países vecinos. Mientras la tragedia venezolana se agudiza cada día, Colombia desempeña un papel fundamental ofreciendo sus buenos oficios, dando refugio a centenares de militares que han desertado de las fuerzas armadas Bolivarianas, así como a reconocidos líderes de la oposición en Venezuela. Lo que pretenden tanto Duque, como Trump, y varios gobernantes de Europa y de América Latina, apoyar una intervención militar para dar un golpe de estado al presidente de la república de Venezuela Nicolás Maduro. Una guerra que la padecerá el pueblo colombiano y venezolano, para dar paso al despojo de los recursos naturales de ambos países.

Colombia tiene un lugar estratégico en la geopolítica internacional, aunque las consecuencias del abandono, la desigualdad y la guerra las vivan las campesinas y campesinos que tiene que dejar sus casas en medio de las bombas. Las decisiones políticas dependen de los intereses de las grandes corporaciones y países dominantes. Un ejemplo de ello es la injerencia de Estados Unidos que está comenzando a preocupar a algunos y a incomodar a otros, y es que la lupa de los Estados Unidos vuelve a apuntar a Colombia, la gran frontera con Venezuela. En la estrategia del neocapitalismo para acabar con el gobierno venezolano, Iván Duque se ha perfilado como el aliado estratégico de Estados Unidos en la región, pero los resultados de la lucha antidrogas han afectado la relación recientemente.

Duque mira a Venezuela y da la espalda a un país asfixiado por las políticas neoliberales que despojan a la gente de sus tierras para regalárselas a las grandes empresas. Aunque más agresivo, el camino de Duque en cuanto a políticas económicas y sociales sigue el rumbo de los últimos gobiernos al servicio de las multinacionales. La cada vez mayor privatización de la educación pública, las restricciones a los pequeños mineros para que pierdan sus licencias y la explotación se reduzca a unas cuantas empresas internacionales, o el incumplimiento de los acuerdos pactados con los maestros, son algunos de los motivos por los que el movimiento social y las organizaciones llevan meses tomándose las calles.

La sombra de los años más duros de la guerra colombiana está cada vez más cerca, los recortes en derechos sociales aumentan y el movimiento social está cada vez mas desgastado para hacerle frente. Aún así, desde el acuerdo de paz hay una esperanza que no se apaga en el pueblo colombiano y que va a luchar duro este 2019 por pararle los pies al monstruo de la guerra.