Palestina
La pandemia del covid-19 ha allanado el camino a más castigos y condiciones crueles para las personas prisioneras palestinas

Cada año, el 17 de abril, el pueblo palestino conmemora de manera pesimista, el Día de las personas Prisioneras Políticas en homenaje a los miles de palestinos y palestinas encarcelados por Israel bajo su sistema de ocupación y régimen colonial.

Imagen de una campaña contra las torturas a personas prisioneras
Imagen de una campaña contra las torturas a personas prisioneras Paz con Dignidad
Doctoranda en Antropología por la Universidad de Harvard y colaboradora de la Unidad de Incidencia Política en Addameer
17 abr 2020 09:15

El 17 de abril se trata de un día para venerar a todas las personas que han sacrificado sus vidas y su libertad por el movimiento de liberación nacional, y también un día para apoyar y honrar a sus familias, cuyas vidas han sido destrozadas por el encarcelamiento de un ser querido. En el marco de la actual pandemia del covid-19 (coronavirus), el Día de las Personas Prisioneras este año tendrá aún más significado, una oportunidad para mostrar apoyo y solidaridad en la lucha por la liberación de los prisioneros y prisioneras. La actual paralización de la vida y medidas de confinamiento globales que pretende parar el contagio de este virus mortal han puesto sobre la mesa las numerosas desigualdades sociales en todos los países del mundo: el capitalismo, falta de vivienda y desalojos; inseguridad alimentaria; falta de recursos médicos; y la lista de desigualdades sigue y sigue. Sin embargo, para las y los prisioneros palestinos, que ya de por sí están en el punto de mira del aparato militar del Estado de Israel, ser inmediatamente liberados durante la pandemia del covid-19 es una cuestión de vida o muerte.

Mientras el mundo entero toma medidas preventivas para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos, el Servicio de Prisiones de Israel ha intensificado las restricciones sobre las personas prisioneras palestinas, provocando que la propagación del covid-19 sea aún más inminente y peligrosa. Por esta razón, las organizaciones de Derechos Humanos y activistas están pidiendo la liberación de todos y todas las prisioneras. En estas líneas encontraréis los últimos acontecimientos relativos a la situación desde la crisis del covid-19, en concreto para aportar información sobre cómo se implementan medidas de emergencia y urgentes como parte de las políticas punitivas que se estaban desarrollando.

LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN: ¿MEDIDAS PREVENTIVAS O MEDIDAS PUNITIVAS? 

En enero de 2019, el Ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, dio a conocer un plan que venía a empeorar la situación de las personas prisioneras palestinas, afirmando que “la fiesta terminó” y que era su “deber moral” hacerlo. El plan describía una serie de restricciones severas contra los y las prisioneras, como el racionamiento del suministro de agua, la eliminación de duchas de los bloques de las celdas, la reducción de las visitas de familiares, la revocación de los derechos de uso de la cocina, la limitación en el acceso a la television, la denegación de visitas de miembros de la Knesset, parlamento israelí y la ruptura de cualquier tipo de asociación entre estas personas con medidas de separación entre las mismas. De hecho, tal y como se describe en el llamado Plan Erdan, las condiciones de encarcelamiento en las prisiones se ha deteriorado considerablemente desde entonces. Además de todo ello, cinco palestinos murieron por negligencia médica en las prisiones durante el año pasado y hubo docenas de redadas violentas en las celdas durante las cuales se les confiscaron sus pertenencias y bienes de primera necesidad.

Debido a que las condiciones de encarcelamiento ya habían empeorado deliberadamente para las personas prisioneros, el Servicio Israelí de Prisiones, las ha enmascarado e intensificado bajo la apariencia de medidas de protección frente al covid-19. A principios de marzo de 2020, el Servicio Israelí de Prisiones,  impuso una serie de medidas de emergencia en el marco de esta pandemia. Estas medidas reflejan y amplían las medidas punitivas ya implementadas por el Plan Erdan; mostrando cómo el Servicio Israelí de Prisiones está utilizando la crisis de salud pública del covid-19 como una manera más de negar derechos humanos básicos para las prisioneras palestinas. La Piedra angular de estas medidas de emergencia es la interrupción de todas las visitas y la comunicación con sus familias y abogados. Además, el Servicio Israelí de Prisiones ha limitado las compras en las tiendas de las prisiones, de las que dependen para comprar elementos básicos como frutas, verduras, ropa, productos de higiene personal o productos de limpieza. Y al tiempo que ha hecho esto, no les ha provisto de productos de limpieza o higiene personal, abandonándolos a su suerte. No es solo una oscura ironía el hecho de que se restrinja el acceso a productos de limpieza e higiene personal cuando hay un movimiento global que llama a la población a lavarse las manos y desinfectar los espacios y superficies con mayor frecuencia como medida preventiva contra el covid-19. Está claro que esto es una continuación de las medidas punitivas implantadas por Erdan en 2019 y que inciden en que los y las prisioneras palestinas se sientan en todo momento infrahumanos, vulnerables y bajo ataque.

Mientras por un lado los prisioneros y prisioneras están poniendo sobre la mesa que están temiendo por sus vidas durante esta pandemia, especialmente por la falta de cuidados que se les brinda, la más tortuosa de las medidas desde el punto de vista psicológico se está llevando a cabo por el Servicio Israelí de Prisiones, que es la completa falta de comunicación con sus familias y abogados. De hecho, las visitas de familiares ya estaban duramente restringidas ya solo tenían permitido una visita de 45 minutos cada dos semanas con familiares de primer grado de consaguinidad. Otras formas de comunicación como cartas y llamadas de teléfono no estaban permitidas, así pues las familias y sus visitas son la única Ventana al mundo exterior[1]. Muy frecuentemente los prisioneros y prisioneras se han enterado de los principales acontecimientos sociales de la vida de sus seres queridos como matrimonios, nacimientos, muertes, graduaciones, nuevos trabajos, mudanza a nuevos hogares, mucho tiempo después de que éstos hayan ocurrido, algo que les hace sentirse alienados y lejos de sus familias. Ahora, con el covid-19 fuera de control a nivel internacional y particularmente en Palestina con un sistema sanitario insuficiente, la comunicación y el contacto con la familia es más importante que las personas prisioneras y sus familias para que se tenga una sensación de cuidados entre unas y otras en un momento tan preocupante. Sin embargo, en lugar de aplicar este sentido básico de la humanidad durante esta crisis global, el Servicio Israelí de Prisiones, ha respondido ampliando las restricciones y prohibiendo todas las visitas familiares, una medida que seguramente se seguirá implementando después de que el covid-19 esté bajo control. Teniendo en cuenta el histórico del empeoramiento de las condiciones contra los y las prisioneras, estas últimas decisiones solo pueden considerarse como medidas punitivas deliberadas que se esconden tras las recomendaciones para la prevención del covid-19. 

Todas estas medidas también se aplican a sectores de población vulnerables, como menores, mujeres, personas mayores y personas con enfermedades crónicas. Actualmente, 180 menores están en prisiones israelíes, de los que 26 tienen menos de 16 años. Al igual que los presos adultos, estos niños y niñas no tienen comunicación con sus familias o abogados desde que el Servicio Israelí de Prisiones puso en marcha estas medidas restrictivias por el covid-19 a principios de marzo. El 2 de abril, después de una serie de apelaciones al Tribunal Supremo por parte de organizaciones de Derechos Humanos, las autoridades israelíes permitieron que los menores encarcelados hablen con sus familias una vez cada dos semanas durante diez minutos. Para que estas llamadas puedan producirse, el Shin Bet, Unidad de Inteligencia Israelí debe dar su consentimiento y debe haber un funcionario de prisiones que hable perfectamente árabe quien además está autorizado para finalizar la llamada en cualquier momento. Las organizaciones de Derechos Humanos promotoras de esta petición, han señalado que esto no es suficiente o adecuado para los menores y que este aislamiento y trato degradante contraviene la legislación internacional humanitaria y de Derechos Humanos, como la Convención de los Derechos de la Infancia. Es más, el monitoreo exhaustivo de las llamadas telefónicas ilustra la intensa vigilancia bajo la que se encuentran las personas presas palestinas.

Además de que estas condiciones de encarcelamiento empeoran cada día, los derechos legales de los y las prisioneras palestinas también han sido denegados en nombre de las medidas de protección y medidas de emergencia contra el covid-19. En la actualidad, a los prisioneros se les niegan las visitas de sus abogados y solo aquellos que están en fase de detención previa al juicio son autorizados a tener llamadas de teléfono cortas y monitoreadas. Hay cientos de personas detenidas esperando juicio y cuyas detenciones se están extendiendo de manera indefinida por el momento. Es importante señalar que muchos de estos detenidos y detenidas permanecen en esta situación hasta que se presentan cargos contra ellos y ellas. Estas nuevas medidas de emergencia del Servicio Israelí de Prisiones son especialmente peligrosas porque puede sentar precedentes de cara al futuro, negando aún más a las personas detenidas palestinas los derechos básicos de acceso a representación legal y juicios justos y rápidos.

PERSONAS PrisionerAs expuestAs al COVID-19

El ejército israelí y el Servicio de Prisiones han expuesto a las personas detenidas palestinas al covid-19 durante las incursiones militares pero no han puesto en marcha ninguna medida para protegerlos del virus. Las condiciones de detención son nefastas y han empeorado en el marco de esta pandemia, suponiendo que tampoco los prisioneros y prisioneras pueden protegerse a o prevenir la expansión del coronavirus. Además, y lo más alarmante, es que el Servicio de Prisiones ha permitido que interrogadores que dieron positivo del covid-19 hayan estado en contacto con  personas prisioneras y personas detenidas palestinas y que por otro lado no hayan tomado las medidas sanitarias adecuadas ni haber realizado un seguimiento medico correcto a quiénes estuvieron en contacto con el interrogador contagiado, por lo tanto han consentido, deliberadamente, que el covid-19 se propague dentro de las prisiones. El 18 de marzo, Addameer fue informada de que cuatro detenidos bajo su representación legal que estaban bajo interrogatorio en el centro de Petah Tikvah fueron interrogados por un oficial que había dado positivo en la prueba del covid-19. Dos de los detenidos fueron puestos en libertad en Cisjordania antes de cumplir el periodo de 14 días de cuarentena y sin haberle hecho el test por lo que potencialmente si fueran positivos podrían contagiar a mucha más gente de su comunidad. Los otros dos fueron puestos en cuarentena en un hospital penitenciario. En este contexto, Addameer solicitó formalmente en diversas ocasiones poder tener acceso a estos detenidos para comprobar las condiciones de la cuarentena que estaban llevando y su estado de salud. Hay que señalar que las personas prisioneras y detenidas palestinas normalmente recelan de ser llevadas a hospitales penitenciarios, que son frecuentemente utilizados como puntos de tortura o de presión para colaborar con la inteligencia israelí y donde los y las detenidas son encadenadas de pies y manos en condiciones humillantes a la cama del hospital durante días. La falta de capacidad para comunicarse, las pésimas condiciones y las medidas punitivas que Israel está tomando, hace que este tipo de traslados a hospitales penitenciarios sea un momento aún más aterrador.

Mientras el mundo se para, la ocupación militar continúa. Palestinas y palestinos son detenidos en sus propias casas de manera diaria por soldados que llevan mascarillas y guantes para evitar contraer el covid-19. Sin embargo, niños, niñas y jóvenes, como Mahmoud Attah de 18 años, continúan siendo detenidos y encarcelados directamente en centros penitenciarios de cuarentena, donde no tienen comunicación ni con sus familias ni con sus abogados. Mahmoud Attah, por ejemplo, fue encarcelado en aislamiento en una celda para la cuarentena sin baño, ducha, ropa limpia ni ningún otro elemento para cubrir sus necesidades básicas. Así estuvo desde su arresto el 22 de marzo de 2020 y solo después de un intenso trabajo de presión legal por parte de sus abogados y Addameer en las sesiones judiciales de extensión de su detención, fue cuando se le proveyó de materiales básicos. Esto ocurrió diez días después de su arresto. Cabe señalar que las condiciones en las que Mahmoud Attah fue puesto en cuarentena no difieren mucho de las condiciones habituales de detención antes del juicio. Tras el arresto, las personas detenidas palestinas sufren condiciones de detención inhumanas y durante su interrogatorio casi todas y todas son sometidas a tratos humillantes y a tortura física y/o psicológica. Las condiciones de cuarentena, por lo tanto, son similares a las medidas punitivas ya en curso que buscan humillar y desmoralizar a los detenidos tras el arresto, incluidos niños, niñas y jóvenes, como en el caso de Mahmoud Attah.

Mientras el ejército israelí toma medidas para protegerse durante las detenciones que practican en las casas de los palestinos y palestinas, dentro de las prisiones, las autoridades israelíes continúan realizando cinco conteos diarios, redadas y monitoreo de las celdas. Hasta la primera semana de abril, estos conteos y monitoreos de celda se estaban realizando sin ningún equipo de protección, y solo hace unos días han comenzado a utilizar guantes y mascarillas, pero no trajes protectores que puedan prevenir mejor la exposición al covid-19 de las personas detenidas. De hecho el miedo a la expansión del virus en la prisión de Ofer es latent puesto que Nouraldeen Sarsour, que fue encarcelado el 18 de marzo, dio positivo por coronavirus el 31 de marzo. A pesar de ello, los funcionarios de prisiones no han tomado ninguna medida de protección con respecto al resto de detenidos y detenidas. No se han realizado tests a los 36 detenidos que estuvieron en contacto con Nouraldeen o proveer alguna medida de seguridad para los mismos. El 1 de abril, el Movimiento de Prisioneros Palestinos hizo un llamamiento público para exigir acciones inmediatas para proteger sus vidas y la seguridad dentro de la cárcel de Ofer. Si el covid-19 entrase en cualquiera de las prisiones militares, se expandiría como un incendio forestal. Las condiciones anteriores a esta pandemia ya estaban bastante deterioradas dentro de las cárceles, con seis u ocho personas detenidas en la misma celda, sin acceso a productos de higiene o a una adecuada atención médica. Por ello es de máxima importancia y urgencia hacer una llamada a la liberación inmediata de todas las personas prisioneras palestinas.

Un mundo sin prisiones

Desde la Sociedad civil Palestina hacemos un llamamiento a la liberación de las personas prisioneras palestinas siendo conscientes de que prisioneros y prisioneras de otros puntos del mundo deberían también ser liberados. Desde Palestina reconocemos, con gran pesar, ciertas similitudes con las condiciones de las personas prisioneras vascas, que sufren las restricciones de visitas familiares y la negación deliberada de derechos, seguridad y humanidad. Creemos en un mundo sin fronteras, sin paredes y sin rejas, donde nuestras familias puedan vivir libremente en nuestra tierra natal, hablar nuestra lengua maternal y enseñar a nuestros hijos e hijas nuestra identidad y patrimonio sin la amenaza a ser detenidos. Por esta razón, abogamos por la libertad de los prisioneros palestinos, los prisioneros vascos y los prisioneros de todo el mundo. 

[1] Antes del covid-19, las visitas familiares estaban duramente restringidas por el Servicio Israelí de Prisiones, que tiene un complicado sistema de permisos para que los miembros de las familias puedan entrar en las prisiones. Un proceso que es autorizado por el Servicio de Inteligencia Israelí y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En la mayoría de los casos, los familiares de primer grado de consaguinidad de entre 16 y 45 años de edad no reciben permisos en base a razones de “seguridad”, por lo tanto se limita así la conexión del prisionero con su familia.


Randa Wahbe, doctoranda en Antropología por la Universidad de Harvard y colaboradora de la Unidad de Incidencia Política en Addameer. Randa también es miembro del think tank Al Shabaka: Red de Políticas Palestinas y miembro de la Junta Directiva de la Campaña estadounidense por los Derechos del Pueblo Palestino.

Sobre o blog
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