Opinión
Sáhara Occidental: cuando la influencia política prevalece sobre el derecho internacional
El Sáhara Occidental pone de manifiesto una contradicción fundamental del orden internacional contemporáneo: los gobiernos que se presentan como defensores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho parecen, en ocasiones, dispuestos a subordinar estos principios a sus intereses estratégicos.
Durante más de medio siglo, el pueblo saharaui ha esperado una oportunidad para decidir su futuro político. Los gobiernos se han sucedido, las alianzas han cambiado y las promesas diplomáticas se han multiplicado. Sin embargo, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿cómo puede una comunidad internacional que ha fracasado a la hora de garantizar el derecho de un pueblo a elegir su futuro atribuirse la legitimidad de proponer una solución en su nombre?
Marruecos ha ampliado el apoyo internacional a su posición mediante asociaciones económicas, cooperación en materia de seguridad, actividades de presión política y alianzas diplomáticas. Estas actividades no son ilegales por sí mismas. Sin embargo, las acusaciones de corrupción, las supuestas operaciones de vigilancia documentadas, las presiones relacionadas con la migración y los acuerdos diplomáticos que vinculan el Sáhara Occidental con intereses geopolíticos más amplios plantean serias preguntas sobre cómo se adoptan las decisiones internacionales. Estas preocupaciones se han visto reforzadas por documentos oficiales europeos, investigaciones periodísticas internacionales y estudios académicos que han revelado acusaciones sobre presuntos intentos de influir en instituciones europeas y de las Naciones Unidas mediante incentivos económicos, relaciones personales, presiones diplomáticas y acceso a información confidencial.
Influencia política e integridad institucional
En febrero de 2023, el Parlamento Europeo abordó graves sospechas surgidas de investigaciones belgas sobre corrupción, blanqueo de capitales e injerencia extranjera que implicaban a Marruecos, en lo que llegó a conocerse como el escándalo Moroccogate. No se trataba simplemente de una discrepancia política, sino de una investigación penal que afectaba a eurodiputados en ejercicio y antiguos miembros del Parlamento Europeo, así como a personas vinculadas a las instituciones europeas, en medio de acusaciones sobre el intercambio de dinero y beneficios a cambio de influir en posiciones y decisiones políticas favorables a Marruecos en relación con el Sáhara Occidental.
Estas investigaciones pusieron de manifiesto vulnerabilidades dentro de una institución legislativa cuya misión debería ser defender la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, aunque algunas acusaciones seguían pendientes de una resolución judicial definitiva. Y estas preocupaciones no se limitaron al Parlamento Europeo.
En 2015, el periódico The Guardian publicó una investigación basada en un análisis filtrado de las Naciones Unidas sobre correspondencia diplomática marroquí divulgada a través de las filtraciones de Chris Coleman. Los documentos apuntaban a una posible interceptación de comunicaciones internas confidenciales de la ONU, a intentos de influir en organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y a esfuerzos diplomáticos para impedir la ampliación del mandato de la Minurso con el fin de incluir la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
Cuando existe la posibilidad de que intereses privados o privilegios económicos influyan en las decisiones públicas, la confianza en las instituciones democráticas e internacionales se deteriora
Otros documentos filtrados suscitaron acusaciones sobre la supuesta prestación de apoyo financiero a personas que comparecieron ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque estas afirmaciones requieren una verificación independiente, plantean importantes interrogantes sobre la independencia de las instituciones internacionales y su protección frente a presiones externas. Cuando existe la posibilidad de que intereses privados o privilegios económicos influyan en las decisiones públicas, la confianza en las instituciones democráticas e internacionales se deteriora.
En el caso del Sáhara Occidental, surge una pregunta fundamental: ¿pueden seguir siendo creíbles las posiciones políticas relativas al futuro de todo un pueblo cuando algunas de las instituciones que las adoptan se enfrentan a acusaciones todavía no resueltas de injerencia extranjera e influencia indebida?
Vigilancia y represión de las voces disidentes
En marzo de 2022, Amnistía Internacional publicó los resultados de investigaciones forenses que demostraban que dos teléfonos pertenecientes a la destacada defensora saharaui de los derechos humanos Aminetu Haidar habían sido objeto de ataques e infectados con el programa espía Pegasus.
Este tipo de vigilancia amenaza la privacidad, la confidencialidad de las fuentes periodísticas, la libertad de expresión y la independencia de los defensores de los derechos humanos. Determinar si la información de inteligencia obtenida mediante vigilancia ha sido utilizada para chantajear a funcionarios extranjeros requiere pruebas independientes. No obstante, los casos documentados de vigilancia contra activistas plantean preocupantes interrogantes sobre las asociaciones de seguridad con gobiernos vinculados a acusaciones de represión digital.
Las democracias occidentales no pueden defender de manera coherente las libertades civiles mientras tratan como asuntos secundarios las presuntas violaciones cometidas por socios de importancia estratégica.
La migración como instrumento de presión diplomática
La crisis migratoria entre Marruecos y España de mayo de 2021 ofreció un ejemplo revelador. Miles de personas entraron en la ciudad de Ceuta, bajo administración española, en medio de tensiones diplomáticas posteriores a la decisión de España de proporcionar tratamiento médico al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
En junio de 2021, el Parlamento Europeo condenó la utilización por parte de Marruecos del control fronterizo, la migración y los menores no acompañados como instrumentos de presión política contra España. En marzo de 2022, Madrid respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
Esta secuencia de acontecimientos no demuestra que la presión migratoria fuera la única causa del cambio de posición española. Sin embargo, justifica examinar cómo la dependencia europea de la cooperación marroquí en materia de control de fronteras influye en los cálculos diplomáticos.
Los últimos acontecimientos refuerzan la preocupación de que la migración pueda utilizarse como instrumento de presión política en las relaciones entre Marruecos, España y el conjunto de Europa para obtener concesiones económicas y políticas
Ceuta volvió a ocupar el centro de la actualidad a finales de julio de 2026, cuando aproximadamente 72.000 personas habrían entrado irregularmente en la ciudad desde Marruecos durante una oleada masiva de cruces fronterizos, dando lugar a una crisis humanitaria sin precedentes por su magnitud.
Estos acontecimientos refuerzan la preocupación de que la migración pueda utilizarse como instrumento de presión política en las relaciones entre Marruecos, España y el conjunto de Europa para obtener concesiones económicas y políticas. También ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las fronteras europeas y la conexión entre migración, tensiones diplomáticas e intereses estratégicos.
Los migrantes son seres humanos, no instrumentos de negociación. La cooperación en materia de seguridad fronteriza nunca debería sustituir una valoración jurídica independiente de los derechos políticos de otro pueblo.
La normalización y la política del reconocimiento
En diciembre de 2020, la Administración del presidente Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en paralelo a un acuerdo, mediado por Estados Unidos, para normalizar públicamente las relaciones entre Marruecos e Israel, aunque los contactos y la cooperación entre ambos países, especialmente en materia de seguridad e inteligencia, se remontaban varias décadas atrás, al reinado del difunto rey Hasán II. La vinculación política entre el reconocimiento estadounidense y el acuerdo de normalización pública fue evidente.
Un pacto entre gobiernos no puede conferir automáticamente legitimidad para decidir el futuro de un pueblo excluido de ese acuerdo
Los Estados tienen derecho a establecer relaciones diplomáticas y asociaciones de seguridad. Sin embargo, el reconocimiento por parte de un gobierno poderoso no puede, por sí solo, determinar el estatuto jurídico internacional de un territorio ni sustituir la voluntad libremente expresada de su pueblo. El Sáhara Occidental no debería convertirse en moneda de cambio diplomática en acuerdos condicionados por los cálculos de seguridad de Oriente Próximo. Un pacto entre gobiernos no puede conferir automáticamente legitimidad para decidir el futuro de un pueblo excluido de ese acuerdo.
La influencia económica y los límites del desarrollo
Marruecos ha desarrollado en toda África una extensa red de asociaciones bancarias, comerciales y diplomáticas, junto con importantes proyectos de infraestructuras. Sin embargo, esta expansión, pese a los desafíos económicos y sociales que afronta Marruecos dentro de sus propias fronteras, plantea interrogantes sobre el origen último del capital invertido. ¿Hasta qué punto los proyectos presentados como inversiones marroquíes están financiados mediante asociaciones con instituciones financieras del Golfo, entidades europeas u otros actores internacionales?
Esta cooperación es legítima en principio, y sería engañoso sugerir que toda inversión pretende comprar apoyos políticos. No obstante, la relación entre los intereses económicos y los cambios de posición diplomática de determinados países africanos, especialmente aquellos que carecen de instituciones democráticas sólidas y de mecanismos eficaces de rendición de cuentas y transparencia, merece un examen independiente y exhaustivo.
El desplazamiento no borra los derechos colectivos, y el desarrollo económico no puede sustituir el consentimiento político.
En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los acuerdos agrícolas y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos, cuya aplicación se extendía al Sáhara Occidental, no cumplían el requisito jurídico relativo al consentimiento de su pueblo. El Tribunal también distinguió entre el pueblo saharaui, como titular del derecho a la libre determinación, y los habitantes actuales del territorio, al tiempo que subrayó la importancia de los saharauis que viven fuera de él. Esta distinción plantea interrogantes sobre las transformaciones demográficas, incluidas las políticas que fomentan el traslado y asentamiento de ciudadanos marroquíes en el territorio y los posibles cambios resultantes en su composición poblacional. ¿Pueden los cambios demográficos producidos durante un conflicto todavía no resuelto redefinir al pueblo jurídicamente titular del derecho a la libre determinación? El Tribunal no estableció los motivos que subyacen a estos cambios demográficos, pero reafirmó la necesidad de distinguir entre los habitantes del territorio y el pueblo que tiene derecho a decidir su futuro. El desplazamiento no borra los derechos colectivos, y el desarrollo económico no puede sustituir el consentimiento político.
El veto ruso y los cambios en los cálculos internacionales
El enfrentamiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 30 de octubre de 2026 demostró que el apoyo diplomático occidental no puede determinar automáticamente el desenlace del conflicto.
Rusia vetó un proyecto de resolución estadounidense que habría renovado el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, y modificado su denominación, situando la autonomía marroquí en el centro del marco político propuesto. El proyecto obtuvo once votos a favor, mientras que China, Pakistán y Somalia se abstuvieron. Una propuesta rusa posterior para renovar el mandato de la misión sin introducir esos cambios tampoco consiguió los votos suficientes. Rusia argumentó que la iniciativa estadounidense prejuzgaba cuestiones de soberanía, mientras que China se opuso a ejercer presión sobre una de las partes para conducirla hacia un resultado negociador predeterminado.
En este caso, Moscú y Pekín situaron los principios del derecho internacional por encima de sus intereses estratégicos. Esto plantea una pregunta: ¿por qué Rusia y China adoptaron precisamente esta posición, a diferencia de las demás grandes potencias? Sus objeciones pusieron de manifiesto un desacuerdo fundamental sobre si las negociaciones deberían comenzar sobre la base de un resultado decidido de antemano.
Surge entonces otra pregunta: ¿por qué Rusia y China invocaron los principios del derecho internacional mientras las potencias occidentales respaldaban un marco centrado en la autonomía marroquí que vulnera el derecho internacional? ¿Qué intereses económicos, de seguridad o estratégicos podría ofrecer Marruecos a miembros influyentes del Consejo de Seguridad, particularmente al Reino Unido y Francia, para explicar la adopción de posiciones aparentemente incompatibles con los principios jurídicos y éticos que estos países afirman defender, especialmente el derecho de los pueblos a la libre determinación?
La expiración del mandato de la misión no extingue el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación
Si estos países consideran que la defensa de la democracia y los derechos humanos constituye uno de los fundamentos de sus políticas exteriores, ¿cómo concilian esos principios con el apoyo a una solución política sobre la cual el pueblo saharaui todavía no ha tenido la oportunidad de expresar libremente su voluntad? Estas preguntas no demuestran la existencia de influencias indebidas, pero exigen examinar cómo los intereses nacionales condicionan las interpretaciones del derecho internacional.El mandato de la Minurso expiró el 31 de octubre de 2026 sin que el Consejo de Seguridad lo renovara. Sin embargo, la expiración del mandato de la misión no extingue el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación.
El derecho internacional no debe depender de los vaivenes políticos
El derecho internacional se aplica cada vez más en función de intereses estratégicos, lealtades políticas e indignaciones morales selectivas. Cuando un adversario geopolítico vulnera los principios internacionales, los gobiernos exigen responsabilidades. Pero cuando un socio estratégico se enfrenta a acusaciones comparables, suelen prevalecer las consideraciones económicas y de seguridad.
El problema no es la ausencia de normas internacionales, sino la voluntad política selectiva de aplicarlas. El derecho debería poner límites a los impulsos políticos, no quedar subordinado a ellos. Los gobiernos occidentales no son simplemente actores sometidos a presiones externas. Toman decisiones deliberadas, establecen asociaciones y asumen la responsabilidad de sus consecuencias.
¿Qué clase de estabilidad se promueve más allá de las fronteras nacionales cuando decenas de miles de personas intentan cruzarlas en busca de otro futuro?
Marruecos y los partidarios de su iniciativa de autonomía sostienen que la propuesta ofrece una vía práctica hacia la estabilidad regional. Sin embargo, las imágenes de cruces masivos hacia Ceuta plantean preguntas incómodas sobre el significado y los límites de esa estabilidad. ¿Qué clase de estabilidad se promueve más allá de las fronteras nacionales cuando decenas de miles de personas intentan cruzarlas en busca de otro futuro? Si las políticas de desarrollo y estabilidad han producido los resultados proclamados por las autoridades marroquíes, ¿qué impulsa a tantas personas a arriesgar sus vidas para llegar al otro lado?
La pregunta más fundamental es esta: ¿cómo pueden los gobiernos occidentales presentar a Marruecos como garante del futuro del pueblo saharaui sin someter sus afirmaciones sobre estabilidad y desarrollo al mismo escrutinio que aplican a otros países? ¿Basta con ser un socio fiable de Europa en materia de seguridad para que un sistema político sea necesariamente capaz de garantizar los derechos de otro pueblo?
¿Quién otorgó a estos gobiernos la autoridad para determinar qué es lo mejor para el pueblo saharaui sin consultar su voluntad libremente expresada? Si la democracia significa el derecho de los pueblos a elegir quién los gobierna, ¿con qué lógica se convierte ese derecho, en el Sáhara Occidental, en una cuestión decidida mediante entendimientos diplomáticos e intereses de seguridad?
El apoyo diplomático y las promesas de estabilidad no demuestran automáticamente que un acuerdo político refleje la voluntad libre del pueblo afectado
En definitiva, si la estabilidad prometida por estos gobiernos no requiere el consentimiento del pueblo que vivirá bajo ella, ¿estamos hablando de estabilidad para los pueblos o de estabilidad para los intereses que unen a los gobiernos? El apoyo diplomático y las promesas de estabilidad no demuestran automáticamente que un acuerdo político refleje la voluntad libre del pueblo afectado.
Esto revela una paradoja histórica y jurídica que merece una reflexión. Mientras el pueblo saharaui y quienes defienden su derecho a la libre determinación invocan el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, Marruecos recurre, entre sus argumentos históricos para reclamar la soberanía sobre el Sáhara Occidental, a vínculos de pleitesía y lealtad que involucraban a determinadas tribus cuyas conexiones sociales y tribales se extienden entre el sur de la región de Ued Nun y el Sáhara Occidental. La paradoja es que algunos de los defensores más destacados de la propuesta marroquí de autonomía son democracias occidentales cuyos sistemas políticos se fundamentan en la soberanía popular y las instituciones constitucionales.
La Corte Internacional de Justicia abordó esta cuestión en su opinión consultiva del 16 de octubre de 1975. Reconoció la existencia de vínculos históricos de pleitesía entre el sultán de Marruecos y determinadas tribus con conexiones sociales que se extendían al Sáhara Occidental, pero concluyó que esos vínculos no establecían soberanía territorial marroquí sobre el Sáhara Occidental ni impedían a su pueblo ejercer su derecho a la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de su voluntad.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo pueden Estados que derivan su legitimidad política de la voluntad popular respaldar una solución que concede prioridad a reivindicaciones históricas de soberanía sin garantizar primero la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo afectado? ¿Pueden los vínculos de pleitesía y lealtad, surgidos en contextos históricos y tribales diferentes, convertirse en la base para determinar el futuro político de un pueblo en el siglo XXI, mientras su derecho a la libre determinación, reconocido internacionalmente, sigue sin ejercerse?
Un día de democracia
El pueblo del Sáhara Occidental no contempla su patria como un simple mapa sobre el que negocian los diplomáticos, ni como una zona económica cuya identidad está definida por puertos, recursos naturales e inversiones. Es una patria, una tierra, una historia y un pueblo cuyas familias han sido separadas por décadas de desplazamiento, y que ha pagado un precio muy alto en sangre, lágrimas, encarcelamiento político, tortura y exilio durante cincuenta años. El pueblo saharaui no pide a los gobiernos poderosos que le concedan una identidad. Pide a la comunidad internacional que respete un derecho ya reconocido por el derecho internacional.
En 1975, la Corte Internacional de Justicia concluyó que no existían vínculos de soberanía territorial que impidieran la aplicación del principio de libre determinación. En 1991, las Naciones Unidas establecieron la MINURSO dentro de un marco de solución que contemplaba la celebración de un referéndum. Ese referéndum nunca se celebró.
Las negociaciones pueden ser necesarias, y las legítimas preocupaciones de seguridad no pueden descartarse sin más. Pero ni las negociaciones diplomáticas ni el reconocimiento internacional pueden sustituir el consentimiento efectivo del pueblo afectado. Si la democracia es un valor universal, no puede convertirse en algo opcional cada vez que sus posibles resultados incomodan a aliados poderosos. ¿Cómo puede una comunidad internacional que no ha conseguido garantizar al pueblo saharaui ni siquiera un solo día de libre elección política pedirle que confíe en un futuro negociado en su nombre? Esta pregunta sin respuesta trasciende el Sáhara Occidental y afecta a la credibilidad misma del derecho internacional.
El poder político puede conseguir reconocimiento, y los acuerdos diplomáticos pueden generar ventajas temporales. Pero la legitimidad duradera no puede fabricarse mediante la influencia, la dependencia económica o las alianzas estratégicas. Comienza con la voluntad libremente expresada del pueblo afectado.
Todos aquellos que contemplan el futuro del Sáhara Occidental desde la perspectiva de su potencial económico y su posición estratégica, especialmente en la era de la economía digital, las energías renovables y las infraestructuras transcontinentales, deberían reconocer que el verdadero valor del territorio no reside únicamente en sus recursos y su ubicación geográfica, sino también en la legitimidad sobre la que se construirá su futuro. Las grandes inversiones requieren algo más que garantías gubernamentales. Necesitan estabilidad jurídica, confianza a largo plazo y aceptación por parte del pueblo afectado.
En un mundo donde los datos, la energía, las cadenas de suministro y la seguridad económica están interconectados, los derechos del pueblo saharaui no deberían considerarse un obstáculo para el desarrollo, sino una base capaz de proporcionar legitimidad y sostenibilidad a los proyectos económicos. Desde esta perspectiva, invertir en un futuro configurado por la voluntad libremente expresada del pueblo saharaui no es únicamente una cuestión de justicia. Es una opción que merece ser considerada seriamente en cualquier cálculo económico y estratégico a largo plazo.
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