Sáhara
Seis empresas gallegas, partícipes del expolio pesquero en el Sáhara Occidental

Corea del Sur, Italia y España constituyen el top tres en la importación de pulpo a nivel mundial. Ya en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estimaba una demanda de 400 mil toneladas de pulpo, diez veces más que en 1950. Una tendencia en alza que choca de bruces con los límites planetarios y las consecuencias de la emergencia climática. “Conocer los datos exactos en cuanto a las poblaciones de pulpo es muy difícil, pero sí sabemos que en España hay pocos ejemplares”, explica Celia Ojeda, responsable de Biodiversidad en Greenpeace España.

Por este motivo, los principales caladeros atlánticos de los que se obtiene este famoso cefalópodo, oficialmente, son Mauritania y Marruecos. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas (ODHE), Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) y NOVACT deja al descubierto toda una trama de expolio continuado en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, denunciado en múltiples ocasiones por el derecho internacional pero no lo suficientemente perseguido por una Unión Europea que se lava las manos dejando que la responsabilidad caiga en las empresas cómplices de dicho saqueo.

“Territorio pendiente de descolonización”, el ingrediente mágico para obtener una escala de grises desde la que actuar con total impunidad

El capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas denomina al Sáhara Occidental “Territorio No Autónomo pendiente de descolonización”. Ya en el año 1966, la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecían que “todos los pueblos deben, por sus propios medios, libremente disponer de los recursos naturales de todo tipo encontrados en su territorio, incluyendo el espacio marítimo”. Por otro lado, la Resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2008) describe “la soberanía permanente sobre las riquezas y los recursos naturales como un elemento básico del derecho de autodeterminación”. Es decir, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, como es el Sáhara Occidental, tiene derecho a gestionar sus recursos, así como los beneficios generados por la explotación de los mismos.

Sin embargo, el conflicto en el territorio saharaui comprende múltiples niveles (político, económico, social y ético) y es el caldo de cultivo perfecto para generar una escala de grises en la que las empresas pueden actuar en la alegalidad con total impunidad. “No es obligatorio decir dónde fue capturada una especie, sino el puerto del que salió”, explica Ojeda, experta en Biodiversidad. La Unión Europea, siguiendo el principio de protección ecosistémica dado el riesgo en el que se encuentra el pulpo actualmente, ha limitado la pesca de esta especie. Pero las dificultades en la trazabilidad de los productos pesqueros hace imposible el control de esta limitación, ya que las empresas siguen capturando pulpo uniendo a la cuota de la UE otros convenios bilaterales con el Reino de Marruecos, quien captura el 90% de los pescados y cefalópodos en aguas reconocidas como saharauis, según una investigación realizada por el ODHE, ACAPS y varios colectivos de activistas saharauis, como la Asociación para la Vigilancia de los Recursos y para la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental (AREN).

Los tentáculos del expolio: bajo la lupa

“La situación amenaza con peligro en los próximos años a menos que la comunidad internacional intervenga para imponer el descanso biológico y un control estricto de la sobrepesca contra los recursos marinos saharauis”, advierte Lahcen Dalil, activista saharaui integrante de AREN.

En 2018, tras la conferencia sobre resistencia civil noviolenta “Sahara Rise”, surge “El Sáhara Occidental no está en venta” (WSNS, por sus siglas en inglés), una campaña internacional contra el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental formada por activistas y asociaciones del pueblo saharaui. En su manifiesto, establecen el objetivo de poner fin a la actividad de las empresas extranjeras en cuanto a la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ocupado. Esta campaña advierte de cómo en los últimos años la exportación de productos pesqueros, en especial sardinas y pulpo, del Sáhara Occidental está en aumento constante. Algunas de las empresas exportadoras más importantes se encuentran en el España y, más concretamente, en Galicia.

Las empresas gallegas Discefa, Frigoríficos Camariñas (Canosa), Profand, Salgado Congelados S.L, Fesba Seafood y Gilmar Mariscos anuncian en sus páginas web “pulpo de Dakhla”, una región perteneciente al Sáhara Occidental ocupado

Las empresas gallegas Discefa, Frigoríficos Camariñas (Canosa), Profand, Salgado Congelados S.L, Fesba Seafood y Gilmar Mariscos anuncian en sus páginas web “pulpo de Dakhla”, una región perteneciente al Sáhara Occidental ocupado. Todas ellas han rechazado la oportunidad de responder preguntas para este reportaje. “La normalización y complicidad con la anexión ilegal de un territorio no autónomo pendiente de descolonizar se está realizando sin ningún tipo de pudor”, denuncian desde ACAPS, la Asociación Catalana de Amigas del Pueblo Saharaui. 

Hace menos de un año, concretamente el 17 de julio del 2023, pasados los cuatro años establecidos en su publicación en 2019, finalizó el protocolo creado dentro del acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Dicho acuerdo permitía a las flotas pesqueras de la UE faenar en las aguas bajo la jurisdicción de Marruecos, a cambio de una contrapartida económica de 208,7 millones de euros. El Frente Polisario denunció ante el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGJUE) en 2021 que al menos el 90% de estas capturas se estaban realizando en el espacio marítimo saharaui, sin beneficiar de forma alguna al pueblo originario de dicho territorio. Tras esta denuncia, y la sentencia dictada por el TGJUE en septiembre de ese mismo año, se decidió no prorrogar este acuerdo, dictaminando así que la UE tiene la obligación de respetar los intereses del pueblo saharaui, solicitando el permiso previo al Frente Polisario, que cuenta con el reconocimiento internacional como representante del pueblo saharaui. Un toque de atención histórico para la comunidad europea, pero no el primero: los acuerdos anteriores entre la UE y el Reino de Marruecos ya contaban con la advertencia del Tribunal de Justicia de que no eran aplicables al Sáhara Occidental.

La marroquinización de los recursos saharauis

Tesh Sidi

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Sáhara Occidental

Sahara Occidental La marroquinización de los recursos saharauis

Tesh Sidi

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Marruecos tiene toda una maquinaria funcionando para conseguir marroquinizar los productos saharauis que venden, tanto en España como en el resto de los países de la Unión Europea.

Si bien la no prorrogación del último acuerdo es clave, no es impedimento para que las empresas antes mencionadas, y otras, sigan distribuyendo pulpo procedente del Sáhara. “Existe por un lado la política pesquera común de la UE, que se aplica a todos los estados miembro; y por otro, los acuerdos bilaterales entre países o entre países y empresas, que permiten faenar fuera de las aguas y cuotas comunitarias. Se trata de una trampa muy extendida en el sector, pero no es ilegal en sí misma”, explica Ojeda desde Greenpeace España. No obstante, la ley exige que dichas actividades en terceros países sean mutuamente beneficiosas para los países implicados y su población, así como contar con el consentimiento de todas las partes, y el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente de las zonas explotadas. Puntos que no se cumplen cuando se trata del pulpo y del Sáhara Occidental.

Desde la ocupación militar del Sáhara Occidental por parte de Marruecos el 31 de octubre de 1975, las personas saharauis, y en especial las mujeres, sufren constantemente crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Entre dichos crímenes, el activista Lahcen Dalil, denuncia “el desplazamiento forzado de la patria, secuestro, violación y tortura física y psicológica acompañadas de diversas prácticas racistas y humillantes que degradan la dignidad humana”. Firmando acuerdos bilaterales con el Reino de Marruecos para faenar en aguas del Sáhara, más ricas en las especies que necesitan, las empresas transnacionales apoyan al régimen marroquí y legitiman y financian la ocupación del Sáhara Occidental, con todo lo que conlleva. “Cualquier participación de empresas en el saqueo de los recursos naturales del pueblo saharaui se convierte en una violación del derecho internacional, especialmente porque la ocupación marroquí usa las ganancias del saqueo para fomentar los asentamientos y el empobrecimiento y el hambre del pueblo saharaui”, resalta el activista.

Además de la vulneración de los derechos humanos, la actividad pesquera en aguas saharauis incumple normativas en materia medioambiental, siendo la pesca de arrastre el arte de pesca utilizada en la mayoría de los casos

Además de la vulneración de los derechos humanos, la actividad pesquera en esta zona incumple también normativas en materia medioambiental, siendo la pesca de arrastre el arte de pesca utilizada en la mayoría de los casos. “Esta técnica de pesca tiene un gran impacto medioambiental porque los arrastreros no distinguen las capturas y se acaba arrastrando gran cantidad de fauna que a menudo no es devuelta al mar, por no hablar de la destrucción de los fondos marinos que son hábitat de muchas especies”, denuncian desde Greenpeace. La pesca tradicional en los caladeros de Mauritania y del Sáhara Occidental comprende artes menos invasivas, pero no pueden competir con la técnica del arrastre en tiempos y precios. En cuanto a la pesca ilegal, la Oficina Nacional de Pesca Marroquí estima en un 30% la pesca no declarada en Marruecos, incluído el Sáhara Occidental. Según el Informe para el consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas relativo al examen periódico universal de Marruecos realizado en 2022, en Dakhla este tipo de pesca afecta principalmente a la especie del pulpo. Las asociaciones de pesca saharauis denuncian que esta pesca clandestina no respeta las treguas naturales y biológicas de la especie, afectando a la salud de los ecosistemas marinos.

Por otro lado, pese a que los puertos de Dakhla y El Aaiún, donde son capturados la mayoría de los pulpos y sardinas, pertenecen al Sáhara Occidental, AREN denuncia que el porcentaje de personas saharauis empleadas en este sector no supera el 5%. A mayores, el Sindicato de Promoción Nacional Saharaui afirmó en 2021 que estas trabajadoras y trabajadores saharauis en las zonas ocupadas no están recibiendo el mismo trato que las marroquíes, destacando como necesidades básicas incumplidas la aplicación del salario mínimo, la cobertura sanitaria, la igualdad de salarios entre mujeres y hombres, la determinación de la edad de jubilación, el acceso a la vivienda social, indemnizaciones por accidentes de trabajo, y el derecho a vacaciones. En cuanto a la propiedad de las empresas y las licencias de pesca otorgadas “en 2019 documentamos que de 216 barcos de arrastre tan solo 30 pertenecían a saharauis”, informan desde AREN.

De esta manera, la actividad pesquera llevada a cabo por empresas españolas y gallegas en el puerto de Dakhla no cumple ni con la defensa esencial de los derechos humanos y el medio ambiente, ni con el beneficio mutuo junto con la zona en la que se desarrolla la actividad. Los tres puntos clave que dicta la sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea.

“Desde AREN instamos a todas las empresas extranjeras a respetar sus obligaciones éticas y principios de responsabilidad social corporativa, y les recordamos el estatus especial del Sáhara Occidental como territorio en el que el proceso de descolonización no ha concluído todavía”, pide el activista Lahcen Dalil.

Greenwashing, blanqueando la ocupación del Sahara Occidental

Lahcen Dalil

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Sáhara Occidental

Greenwashing, blanqueando la ocupación del Sahara Occidental

Lahcen Dalil

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En el Sáhara Occidental, el greenwashing ha ido en aumento debido al interés global en la sostenibilidad y al atractivo que el territorio ocupado por Marruecos ofrece a las empresas extranjeras en términos de recursos naturales y mano de obra.

9J: una nueva oportunidad para defender los derechos fundamentales

“El papel de la Unión Europea para asegurar la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizar así los derechos del pueblo saharaui es esencial”, afirman desde ACAPS. Por eso, en el marco de las próximas elecciones europeas, las activistas saharauis piden que las distintas candidatas al Parlamento Europeo incluyan en los mandatos el “establecimiento de los mecanismos necesarios para implementar una regulación que garantice que las empresas europeas no están involucradas en la explotación ilegal de recursos naturales saharauis y que permitan identificar y sancionar a las empresas que vulneren los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado”.

En cuanto a la parte que atañe al medio natural, desde Greenpeace exigen la creación de un 30% de reservas marinas para 2030 y la transición hacia un modelo de pesca sostenible a nivel internacional, diciendo adiós a la pesca de arrastre, revalorizando la pesca artesanal y de proximidad, y promoviendo una reducción en el consumo de proteína de pescado en el norte global. “El poder debe estar en la Unión Europea para que se respeten los acuerdos, y no dejar esta responsabilidad en manos de las empresas”, afirma la responsable de Biodiversidad de Greenpeace España.

Ante la creciente demanda de pulpo y la cada vez más menguada población de esta especie, algunas empresas proponen como solución la creación de macrogranjas de pulpos. Una propuesta que no convence a las organizaciones ecologistas que, como Greenpeace, están denunciando estos proyectos en España. “Estas granjas no solo atentan contra el bienestar animal, ya que está científicamente demostrado que el pulpo es un animal muy sensible, sino que necesitan una cantidad ingente de proteína de pescado para funcionar y generan mucha contaminación directa en los océanos”, concluye Ojeda. De llevarse a cabo proyectos de este tipo, el sector de la pesca contaría con aún más obstáculos para los pequeños pescadores de las comunidades locales, que difícilmente pueden competir con un producto que se vende en cualquier momento del año y mucho más barato.