Salario mínimo
La patronal obligará a vivir con el SMI congelado a más de dos millones de personas

El rechazo de la patronal a negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha obligado al Ministerio de Trabajo a prorrogar a 2026 la actual cifra. Así se ha acordado en el último Consejo de Ministros donde aún se tenía la esperanza de que la CEOE, principal organización de la patronal, diese su brazo a torcer y se uniera al acuerdo de aumentar el SMI un 3,1%. Cifra que sí acordaron Trabajo y los principales sindicatos, CCOO y UGT. Esto deja en el limbo a 2,3 millones de trabajadores que cobran directamente el SMI pero que se extiende a casi siete millones los afectados, ya que hay que sumar a los trabajadores que tienen jornadas parciales. Y el efecto subida se extiende a los trabajadores cuyo convenio fija el aumento de salario en la revisión del SMI o que directamente no cuentan con convenio colectivo.  

Una incertidumbre para muchas familias especialmente en un año en el que el coste de la vida no ha dejado de crecer. Por este motivo y por el aumento del coste de la vida, especialmente de la vivienda, desde el Ministerio de Trabajo y desde los sindicatos mayoritarios llegaron al acuerdo de aumentar un 3,1% el SMI exento de tributación —hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas— y un 4,7% con tributación —hasta los 1.240 euros brutos al mes en 14 pagas—. Algo rechazado por la patronal. Para la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, “la subida del Salario Mínimo le sienta bien a nuestro país, especialmente a las familias trabajadoras. Es la herramienta más poderosa para reducir la desigualdad". 

Algo en lo que están de acuerdo los sindicatos mayoritarios, aunque CCOO y UGT tenían marcada una crecida del 7,5% para 2026 (1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas) para “alinearlo con la Carta Social Europea”. La propuesta de subida de la CEOE se quedó en un 1,5%. Una propuesta calificada de “ridícula” por CCOO, que aseguró que era la oportunidad para el presidente de la CEOE y líder de la patronal, Antonio Garamendi, para demostrar su compromiso por el diálogo social. El resultado es que Trabajo no ha podido confirmar esta subida anunciada y ha tenido que prorrogar el actual SMI en el último Consejo de Ministros del año. Este frenazo rompe la racha de subidas pero no la tradición de la patronal, que solo en 2020 apoyó la subida marcada por Trabajo del SMI. 

Desde 2018, el esfuerzo por aumentar los salarios mínimos ha sido grande: ha aumentado un 60,8% en estos siete años. Ha pasado de 736 euros al mes en 14 pagas a los actuales 1.184 euros, en un esfuerzo por compensar los desequilibrios de renta que crecen cada vez más. El problema es que esta crecida del SMI no ha logrado reducir la brecha ya que otros elementos no han parado de crecer en el coste de la vida como los alimentos, la energía y, sobre todo, la vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística, el coste de compra una vivienda en esos siete años ha crecido un 51%, casi un 12% el alquiler, un 38,7% los alimentos o un 18,5% los suministros como la energía. Un suma y sigue insostenible para cada vez más hogares. 

Unai Sordo advierte de la “trampa” anti impuestos del SMI y pide que se garantice que todos los hogares tengan al menos el 60% de la media salarial española

Pero la discusión no está solo en el porcentaje en el que debe aumentar el SMI si no en si este debe estar exento de tributar en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Un debate que se extiende a Hacienda y que muchos empresarios quieren utilizar para reducir el coste de los salarios y compensarlo con la retención. Una “trampa” que el propio Unai Sordo, secretario general de CCOO, denunciaba en una tribuna. “De lo que se trata es de que a todas las personas que perciben el SMI se les garantice que el salario neto que se llevan a su casa sea al menos del 60% de la media salarial española”, explicaba mientras que insistía en que un trabajador que cobra 10.000 euros al mes también se vería beneficiado de la subida del umbral exento ya que se descontaría esa cantidad de su salario. “Elevar el mínimo exento indefinidamente detrae recursos públicos, y no es una posición defendible desde un punto de vista progresista”, insistía. 

Un punto que se unió a las tensiones del PSOE con su principal socio de Gobierno este 2025, donde María Jesús Montero, titular del Ministerio de Hacienda, se enfrentó a Díaz en marzo. El acuerdo se alcanzó en que las personas que cobraran el SMI no tendrían que tributar, pero solo durante 2025. Esto significa que en 2026 se vivirá un debate similar, lo que ha obligado a Trabajo y a los sindicatos a tener un 'plan A' y 'un plan B' en la cifra se subida de salarios vinculada a una posible tributación o no tributación. 

Otros dos asuntos sobre el SMI están sobre la mesa en estos últimos días del 2025. Por un lado, ese coste de la vivienda que ha azotado a las principales ciudades en un principio pero que su onda expansiva está llegando a todos lados, ha hecho que se pida que el SMI y la subida de salarios también esté ajustada a los territorios. Esto se ha plasmado en Euskal Herria donde en verano se hizo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para tener un SMI propio y que en marzo se materializará en una huelga general para lograrlo, convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde. 

La precariedad no solo afecta a los asalariados que cobran el SMI o tienen jornadas parciales, ya que muchos de los autónomos en España tienen muy menguada su capacidad de consumo. Por eso, la propuesta de aumentar el SMI en un 1,5% de la CEOE también ha indignado a asociaciones de autónomos pensando en los trabajadores a su cargo. “Hay 400.000 autónomos que cuentan con 800.000 empleados, por eso nos parece indigna la propuesta de la CEOE”, explica Eduardo Abad, presidente de la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

“Las grandes empresas deberían empezar a tener responsabilidad proporcionando viviendas a sus trabajadores”, piden desde la UPTA

Para Abad, existe un “récord de beneficios de las empresas grandes de España”, lo que hace que no pueda estar por debajo del 2,5% de subida. “Nos podemos encontrar ante una situación en la que sea más caro ir a trabajar que trabajar: tengo 1.250 euros, pagas un alquiler de 600 euros, comida, gastos, transportes, no te dan las cuentas”, indica Abad, sobre todo si representa moverse por una oportunidad laboral a las ciudades donde más ha aumentado el coste de vivienda. “Las grandes empresas deberían empezar a tener responsabilidad proporcionando viviendas a sus trabajadores, que luego se quejan de que no encuentran empleados, algo que pasa en otros países”, concluye, poniendo de ejemplo a empresas que retienen el talento de esta manera.