Minería
Crónica de una ecologista en la junta de una multinacional minera

El 27 de junio, a las once de la mañana, asistí a la junta general de accionistas de la minera ‘junior’ Atalaya Mining. Hace tiempo que las grandes mineras se han desprendido del legado de violencia que dejan en muchos territorios. Delegan en empresas más pequeñas el trabajo sucio de comprar voluntades políticas para conseguir los permisos y así invisibilizar los conflictos sociales que sus proyectos fantasma generan. Compré diez acciones para presentarme ante los accionistas de esta minera y contar una realidad distinta a la de los resultados contables de la empresa.

Para ese día, invité a Luis Gallardo, de la Plataforma Vecinal Mina Touro-O Pino Non, y a dos ONG inglesas dedicadas a denunciar abusos en las juntas de las multinacionales mineras que cotizan en la bolsa de Londres. Richard Solly, de London Mining Network, me aconsejó cómo comprar las acciones y nominar a mis acompañantes. Todavía recuerdo la sorpresa de Richard cuando nos conocimos protestando a las puertas del congreso Minería y Dinero, en Londres, y le hablé de la fiebre de las minas en España.

La tarde anterior a la junta la pasé en casa con mis hijos haciendo pancartas y redactando mi intervención. Consciente de la distancia que los inversores tienen sobre los territorios afectados de ‘sus proyectos’ decidí enfocar mis preguntas para que en el acta de la junta quedara claro el aviso de riesgo que supone para los accionistas las operaciones de Atalaya Mining en España.

Esa noche recibí un email del secretario de la junta que me decía que no podría ir acompañada a esta reunión de accionistas. Cuando Luis llegó del aeropuerto unos minutos después, no tuve valor para decirle que había hecho el viaje a Londres en balde.

“Esta gente de Atalaya –me decía– se pensaban que éramos cuatro gatos en Galicia. Pero nos hemos organizado”. Y siguió: “Esta es la pregunta de mañana sobre Touro, ¿qué te parece”, me preguntó. Luis me pidió unas zapatillas, se puso el pijama y se quedó dormido en el salón viendo la televisión. Mientras tanto, yo intentaba memorizar angustiada en la cocina el texto que él había escrito. Esa noche no pude dormir y resolví que de alguna manera metería a Luis en la junta de accionistas, a pesar de las advertencias.

A las puertas de la junta

Media hora antes de la junta de la minera, ya estábamos todos reunidos, incluidos mis hijos y sus amigos, que accedieron a hacer media hora de activismo. Allí estábamos en la acera, al pie de una torre de oficina en una zona financiera de Londres donde se iba a celebrar la junta, en el piso ocho. Luis y yo nos metimos en el edificio y pasamos sin más controles a la octava planta. Luego bajé a recoger a otro activista, Hal Rhoades, de Gaia Foundation, que llevaba preparada una segunda intervención y me esperaba sujetando una pancarta.

Cuando los agentes de seguridad se dieron cuenta de que éramos parte de la protesta, nos impidieron el paso. Pero yo me giré y, rápidamente, me colé por la puerta giratoria donde el portero de seguridad no me pudo alcanzar.

Una vez dentro fui detenida por otro guarda de seguridad que me gritó que debía abandonar el edificio. Como me negué a salir, llamaron a la policía. Le expliqué al agente lo ocurrido y mostré mi certificado de accionista, a lo que este indicó que tenían que dejarme subir. Ese día, confieso, cambió mi perspectiva de la policía inglesa.

Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la octava planta, empecé a caminar con paso firme junto a los dos individuos que me escoltaban y, de pronto, me puse a correr e, ignorando el control de la entrada, accedí abriendo bruscamente la puerta de la sala. Todas las cabezas se volvieron. Puse la vista en Luis, que estaba de pie leyendo sus cartulinas con sus preguntas, ya al final de su intervención.

“Atalaya Mining afirma ser un ciudadano corporativo responsable con la ambición de mejorar la vida de las Comunidades”, dijo Luis en inglés con una voz firme y alta. “Pero ¿por qué, entonces, la compañía está reabriendo una mina en Touro sin licencia social y poniendo en peligro los medios de subsistencia de los habitantes, el agua y los ecosistemas?”.

“Señor Lavandeira: ¿Sabe que la mina de Touro está a menos de 200 metros de las viviendas? ¿Han tenido en cuenta los costes de la reubicación de estas personas?

‘Traer prosperidad’

El presidente de la empresa minera, Roger Davey, también consejero de la australiana ‘junior’ Highfield Resources, que tiene un proyecto de potasas en Aragón y Navarra, respondió con un acento inglés refinado: “Señor Gallardo estamos orgullosos de trabajar para una compañía que trae prosperidad a los pueblos. En el caso de Touro, con la creación de 400 puestos de trabajo. Entendemos que la minería no es del gusto de todos, pero es una industria necesaria. Le sugiero que espere al turno de preguntas. Ahora procederemos a la presentación de Alberto Lavandeira, nuestro director de operaciones”. Lavandeira, es un viejo conocido de la minería especulativa en España, promotor de proyectos como la mina de oro de Salave, en Asturias.

El director de operaciones hizo entonces una presentación de los planes de expansión de Atalaya Mining. Contó las bondades de una compañía “en rápido crecimiento” y “respetuosa con el medioambiente y las personas” y aseguró que los impactos de los proyectos en España son de “bajo riesgo” y tanto la Xunta de Galicia, en Touro, como la Junta de Andalucía, en Riotinto, dan su visto bueno.

Mi turno

Después llegó mi turno. La culminación de semanas de trabajo en colaboración con el grupo de Sevilla, con Isidoro Albarreal y Antonio Ramos preparando informes técnicos y documentación para dar argumentos ante los accionistas

“Señor Lavandeira, como director de operaciones y responsable de sus accionistas: Ecologistas en Acción ha anunciado en muchas ocasiones que las balsas de Riotinto están en riesgo. Su colapso causaría una avalancha de residuos tóxicos diez veces mayor que la ocasionada por la rotura de la balsa de Aznalcóllar, hace veinte años. La estimación del derrame es de más de 65 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos. Esto afectaría al Parque Nacional de Doñana y a las localidades de Gibraleón y Huelva, poniendo en peligro a las personas”.

Y continué con mi discurso: “Mi pregunta es: señor Lavandeira ¿por qué no se ha construido la planta de espesamiento de lodos requerida por la autorización ambiental que evitaría el riesgo de rotura de las balsas por exceso de liquidez de los lodos?”. Y añadí: “Dado que su seguro no cubre este riesgo, sus accionistas serían responsables del daño y de las vidas humanas”.

Lavandeira echó el peso de su cuerpo hacia atrás y empezó a hacer gestos de indignación, hasta tal punto que Davey le dijo: “Alberto, cálmate”. Lavandeira tardó unos segundos en recomponerse y balbuceó: “Elena, estoy muy decepcionado con tus palabras. Es triste que te hayan engañado sobre los riesgos de las balsas”. Y dijo: “Por favor, ven a visitar nuestros trabajos allí este verano”, dijo abriendo los brazos.

Pero yo no me callé: “Señor Lavandeira, no le conozco de nada y le agradecería que no me tutee. Si invitarme a ver las balsas en la época seca, cuando no hay riesgo de exceso de lluvia y, por lo tanto, de rotura, es todo lo que se le ocurre… Los accionistas podrán sacar sus conclusiones”. Y protesté por el trato recibido a la entrada del edificio por los ‘gorilas’ de Atalaya Mining. Además, reclamé mi derecho a una segunda intervención, esta vez sobre el proyecto de Yuso, del que me habían puesto al día los compañeros de Ecologistas en Acción de Cantabria.

Alcé la voz de nuevo: “Señor Lavandeira, en la documentación del proyecto de la mina de zinc, cerca de Santillana del Mar, no cuenta con un plano de ubicación de la galería subterránea de cinco kilómetros prevista. Por las enormes proporciones para un proyecto de exploración, ¿debería tener en cuenta que es una zona densamente poblada y de gran valor y que contiene la Cueva de Altamira, Patrimonio de la Humanidad?

Por una fracción de segundo, distinguí en los ojos del director general un destello de alarma. Lavandeira y Davey cruzaron sus miradas y dieron una respuesta negativa con la cabeza. Entonces, observé como los socios mayoritarios de Atalaya Mining, Trafigura, dos fondos estadounidenses y uno árabe, tomaban notas a toda velocidad.

Nada más salir de la junta, llamé a Antonio Ramos, que esperaba con ansiedad noticias en Sevilla: “¡Así me gusta mi niña, con dos ovarios!”, dijo al escuchar mi relato. Después telefoneé a Isidoro Albarreal, que estaba visitando la mina de Touro esa tarde con un grupo de personas opuestas al proyecto. “Espera, repite lo que acabas de contar, que pongo el altavoz ”, me dijo. Y mientras recordaba los gestos y la cara de descomposición de Lavandeira, una explosión de risas y gritos me llegaban a través del móvil.

Entonces sentí a más de dos mil kilómetros, la emoción de un momento único e irrepetible: la embriaguez de una pequeña batalla ganada, fruto de la cooperación entre Ecologistas en Acción y la ciudadanía de Galicia. Al día siguiente me metí en el chat de inversores de Atalaya Mining y, según el relato de uno de los accionistas, “ha habido mucho ruido en la junta con dos ecologistas, una de ellas, una abogada que está como una regadera”.

Artículo publicado originalmente en la revista Ecologista nº97