Sanidad pública
La ciudadanía presiona para garantizar el fin del modelo Alzira en el hospital de Torrevieja

En medio de la pandemia, el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hacía unas polémicas declaraciones a las que se apresuraron a contestar colectivos en defensa de la sanidad pública. El socialista se refería a la reversión de concesiones hospitalarias como una cuestión “a analizar” y reconocía la paralización de las conversaciones en ese momento. “La situación de crisis sanitaria, social y económica no puede ser una excusa para abandonar la reversión a la sanidad pública del modelo Alzira”, advertía días más tarde la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano (ACDESA-PV). No fue la única respuesta: también se empezó a constituir la Plataforma por la Sanidad 100x100 Pública y de calidad en el Departamento 22 Torrevieja, que fue presentada públicamente el pasado martes 23 de junio.

Las dudas que suscitó la poca consistencia del President acerca de la reversión del modelo Alzira en Torrevieja invitó a que un grupo de vecinos y vecinas de la zona se organizaran. “El Gobierno valenciano ha dicho siempre, y está en el programa electoral, que iba a recuperar la gestión directa de este y otros departamentos, así que nos extrañaron esas declaraciones”, arranca Manuel Gómez, portavoz de la Plataforma por la Sanidad pública en Torrevieja de reciente creación y miembro de la Asociación de Vecinos San Miguel de Arcángel. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, sí avanzó semanas después de la polémica que “la hoja de ruta del Gobierno valenciano” no había cambiado y que no se prorrogaría el contrato del hospital de Torrevieja con el grupo Ribera Salud, concesionaria que lleva la gestión del complejo desde 2006.

Si embargo, el vecindario mantiene cautela: “Vamos a estar ahí para recordarle al Botànic que tiene que hacerlo, porque es un compromiso y es lo que toca”, sostiene Eva De la Fuente, vecina de Torrevieja y miembro de la Plataforma para la defensa de las pensiones de la Vega Baja. “Queremos que de las declaraciones se pase a los hechos, y la respuesta la vamos a tener bien pronto”, advierte Gómez.

Colectivos por la sanidad pública piden a la Generalitat que acabe con las concesiones del modelo Alzira

El Salto País Valencià

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Colectivos por la sanidad pública piden a la Generalitat que acabe con las concesiones del modelo Alzira

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Ximo Puig planteó recientemente en una entrevista que la reversión del modelo de privatización del hospital de Torrevieja es una cuestión “a analizar” y reconoció que las conversaciones se han “paralizado” por la pandemia. Colectivos en defensa de la sanidad responden a las declaraciones del President exigiendo la supresión de las concesiones y reclamando que se cumpla el pacto electoral. 

solución en tres meses a una historia de 20 años

Gómez se refiere al próximo mes de octubre, momento en el que la Generalitat debería comunicar oficialmente a Ribera Salud que no se prorrogará el contrato, que concluye el 21 de octubre de 2021. Cabe la opción, sin embargo, de que la concesión pudiera alargarse cinco años más si ambas partes (la Generalitat y el grupo Ribera) llegaran a un acuerdo. “El contrato está hecho de tal manera que puede haber una prórroga si no se pide esa reversión”, adelanta Eduardo Zafra, “por eso las plataformas están tratando de forzar a que se comunique a la empresa que no se va a ampliar el acuerdo”. 

Cabe la opción, no obstante, de que la concesión pudiera alargarse cinco años más si la Generalitat y el grupo Ribera llegaran a un acuerdo, por lo que defensores de la sanidad pública se están movilizando

Y es que pocos días después de la concentración por la sanidad pública en el hospital de Torrevieja, el pasado 20 de junio, cuando la consellera ya había reiterado que no se prolongaría la concesión, dirigentes del PP visitaron el hospital y mostraron su apoyo al mantenimiento del modelo actual, que repitieron exitoso y eficiente, al tiempo que criticaron la vuelta a lo público del hospital de Alzira, el primer centro al que se cedió la gestión a cambio de un canon y cuyo concierto terminó en 2018.

“Los estudios que han revelado la mayor eficiencia de la sanidad privada con respecto a la pública no son concluyentes, muchos de ellos están contaminados por conflictos de interés a favor de la empresa y en los más serios la conclusión es que no existe una diferencia significativa, y las que pudiera haber tienen más que ver con la autonomía de gestión de los centros sanitarios que con que el modelo sea público o privado”, argumenta Zafra al respecto. 

El médico achaca las declaraciones de Puig a una especie de conjunción de “globo sonda, presión de los lobbys sanitarios privados y análisis de lo que costó a la sanidad pública la reversión de Alzira”, que no suponía gasto al finalizar el contrato, pero con cuya reversión a lo pública hubo que aumentar la plantilla en 461 profesionales, según datos de la Generalitat, ya que algunos servicios no estaban lo suficientemente cubiertos. 

“El personal de Torrevieja se quedaría en la pública, como sucedió en Alzira. Y aunque aquí el PP, Ribera Salud y algunos medios digan que la situación actual de Alzira es totalmente nefasta, hay datos que demuestran lo contrario, en el tema de la plantilla, aparataje que metieron, mejora de la atención primaria...”, argumenta De la Fuente. En La batalla per la sanitat pública (Alfons el Magnànim, 2019), el periodista Sergi Castillo calcula que las concesiones valencianas, muchas de ellas controladas por el grupo Ribera Salud, han costado alrededor de 7.500 millones de euros en 15 años —de 2003 a 2018—, y presenta cuestiones como el menor al número de camas por habitantes en centros privatizados o la falta de control hacia las empresas.

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El periodista alicantino Sergi Castillo revela en su investigación La batalla per la sanitat valenciana los entramados de una corrupción sistémica que, durante veinte años, hizo de un derecho un negocio.

“Se empieza a vislumbrar la crisis económica tras la sanitaria, e imagino que los lobbys le estarán diciendo al Gobierno de Puig que salen más baratos”, opina Zafra. Es difícil, concuerdan los portavoces, saber qué va a pasar: por una parte, “la no reversión comportaría un descalabro para la ciudadanía y un desprestigio para el Govern del Botànic, que ha llevado este punto como estrella de su programa en dos convocatorias electorales, aparte de una inequidad para el conjunto de la ciudadanía”, apunta Zafra; pero por otra, no obvian los antecedentes ni el contexto.

El antecedente de la desconfianza y el contexto de vega baja

“En Torrevieja no hay una presión social como había en Alzira”, introduce Eduardo Zafra, que recuerda que hace años el hospital Vega Baja —“un centro pequeño”— cubría toda la zona de Orihuela y Torrevieja. Cuando al PP se le ocurrió hacer una concesión administrativa y partir entre dos el departamento de Orihuela para llevar una parte al de Torrevieja, los ciudadanos lo recibieron bien: “Con todas las posibles carencias que tuviera y tenga, ofrece un servicio a la población, que no se tiene que desplazar a Orihuela”. Esto hizo, argumenta el portavoz de ACDESA-PV, que las reivindicaciones no fueran tan fuertes como en el caso de Dénia.

En este municipio alicantino, la protesta fue sonada, especialmente en los primeros años, ya que tenían un centro público y privatizaron el departamento: “La plataforma de Dénia ha sido de las más beligerantes hasta empujar a Ximo Puig a decir que la recuperaría antes del concierto [termina en 2025], y esto es algo que pesa al Govern, que la ciudadanía sigue pidiendo, y que sí costaría dinero”, apunta Zafra. En contra de otras posiciones que piden reversión inmediata, ACDESA-PV apuesta decididamente por la gestión pública, pero cuando las concesiones finalicen y no supongan un coste extra: por eso el momento de revertir Torrevieja, exponen, es ahora.

“Cuando voy a la privada y no pago, el sentir es que me están atendiendo por la pública, pero la ciudadanía debe saber que detrás de la misma está el negocio, y eso redunda en peor asistencia para el ciudadano”, apunta De la Fuente

A estas circunstancias se suma el contexto de la zona. “Vivimos en una comarca con unas características determinadas, fue la última en tener un hospital propio hasta que se consiguió el de la Vega Baja después de mucha lucha”, introduce Gómez, que hace también mención a una larga tradición de gobiernos conservadores “que han apostado por la privatización de muchos servicios”. Cuando el hospital se construyó, cuenta De la Fuente, ella vivía en València, pero se trasladó al recién construido centro, que “se quedó pequeño en pocos años”.

Ante la solución del PP expuesta por Zafra, De La Fuente achaca la falta de respuesta ciudadana a la confusión que general la relación público-privado entre el vecindario: “Cuando yo voy a la privada y no pago, el sentir es que me están atendiendo por la pública, pero la ciudadanía tiene que saber que, a pesar de que es una asistencia pública, detrás de la misma está el negocio, y eso redunda en peor asistencia para el ciudadano”. Los portavoces de la recién constituida plataforma aseguran, en cambio, que palpan que el sentimiento de la comarca, especialmente tras la pandemia, es “de una apuesta decidida por lo público”.

¿REVERTIR EL MODELO ALZIRA?

“Lo que está pasando es una situación que no deberíamos estar viviendo, pero en los 80 se fraguó una política en la que el País Valencià fue pionero al privatizar Alzira”, recuerda De La Fuente, quien hace mención a la expansión del modelo en la Comunidad de Madrid en al época de Esperanza Aguirre. “En el caso de València, las empresas escribían prácticamente los concursos a los que luego optaban, y les han obligado a adjudicarles unidades de referencia que no tiene ningún sentido que tengan, o a no invertir en los departamentos de al lado”, introduce Zafra.

“En el caso de València, las empresas escribían prácticamente los concursos a los que luego optaban, y les han obligado a adjudicarles unidades de referencia que no tiene ningún sentido que tengan, o a no invertir en los departamentos de al lado”, introduce Zafra

El portavoz de ACDESA-PV detalla que, durante dos décadas, el modelo Alzira fue alimentado mientras las inversiones, la modernización y cobertura de personal en departamentos públicos vecinos “se mantenía congelada”, lo que llevaba a un flujo de pacientes constante a la privada, “que sobre todo al principio ofrecía habitaciones individuales y epidural para parturientas, o hacerse cargo de lista de espera de procesos menos complejos de departamentos de la pública... Una especie de competencia desleal con la paradoja de que el dueño de todo el negocio, la Generalitat Valenciana, la alimentaba en beneficio de su modelo privatizado”. 

Dos meses más de espera para operarse que hace 10 años

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El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha incrementado en 54 días en la última década. Todavía no hay datos a nivel estatal de cómo ha afectado la pandemia al engrosamiento de las listas, pero el colectivo médico no duda en mostrar su preocupación al respecto. 

En este punto, el médico opina que aun siendo “la gestión pública la mejor forma”, sí requeriría “darle una vuelta” para garantizar una mejor atención. Hace referencia, por ejemplo, a los incentivos al personal, aunque critica algunas prácticas de la privada, como la falta de personal y sobrecarga del existente, que se probó con la necesidad de incrementar la plantilla del hospital Alzira cuando la gestión del mismo volvió a la pública.

Participación como solución

Desde la Plataforma torrevejense tienen claro cuál es el camino: “Creemos que el hecho de que exista una presión y movilización pública pueden ayudar a que el Gobierno tome las determinaciones”, define Gómez. Dentro de las propuestas que ha elaborado ACDESA-PV para la mejora de la situación sanitaria se reseña, de hecho, el tema de la implicación del vecindario: “La ley general ya habla de participación ciudadana y los Consejos de Salud están reconocidos en la mayoría de las leyes que generaron los servicios autonómicos de salud, pero son cuestiones más formales de reales”, explica el portavoz de la asociación, por lo que apuestan también a la normalización de los consejos en los centros de salud, donde la relación ciudadanía-personal sanitario es más cercana.

A esto se ha de sumar, reiteran desde la Plataforma, la reivindicación de la ciudadanía por una sanidad pública, y para ello adelantan que se seguirán movilizando. “No queremos que una empresa privada se esté lucrando de un derecho público; no es un capricho, es necesario y lógico”, subraya De La Fuente. “A la sociedad no nos interesa, porque el objetivo de una empresa es ganar dinero, lo vendan como lo vendan”, apoya Zafra. El sábado se conocía que los hospitales privados reclaman 246 millones de euros por el covid-19, un anuncio que se suma a un contexto de pandemia que ha puesto en evidencia, opinan desde la plataforma, la necesidad de una sanidad pública. Tienen, reiteran, suficientes argumentos para convencer a la ciudadanía torrevejense para seguir movilizándose con una fecha en el horizonte: el mes de octubre.