Sanidad pública
Mecanismos para acabar con el maquillaje en las listas de espera

La última memoria anual de Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) recoge que en diciembre de 2025 había 965.548 pacientes a la espera de una consulta en el hospital. Sin embargo, en la web donde se muestra la información de las listas de espera de la Comunidad, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), en diciembre de 2025 había 711.810 pacientes esperando esta consulta. Para encontrar una explicación a esta elipsis de pacientes, hay que acudir a una casilla de la memoria del SERMAS, donde se recoge el número de pacientes sin fecha asignada: 253.738. Es decir, en la web de la Comunidad de Madrid esta no incluye a los pacientes que se encuentran esperando pero que aún no tienen cita médica.

“Esta es una manera de maquillar los datos”, relata Sergio Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), quien advierte de que el escándalo destapado en el Hospital Ramón y Cajal es solo una muestra que ha salido a la luz de lo que se lleva cocinando años en la sombra. En Madrid y en otras Comunidades Autónomas.

Fernández explica que desde hace muchos años desde su federación se lleva denunciando el maquillaje de listas de espera. Y celebran que Ministerio de Sanidad esté trabajando en un Real Decreto para poner freno a la situación, con mecanismos para la transparencia y la trazabilidad de los pacientes desde el primer minuto que contactan con el sistema sanitario. "Hay un tema de fondo que sucede en todos los centros de la Comunidad de Madrid y que no sucede solo en la Comunidad de Madrid, y es el poner los indicadores al servicio de ocultar la realidad de las listas de espera que sufrimos todos como pacientes”, expresaba este jueves Ángela Hernández Puente, secretaria general de Amyts, durante una concentración por lo sucedido en el Ramón y Cajal.

Desde los tiempos de Aguirre

El pasado 15 de septiembre El País destapaba que entre febrero y marzo de 2025, 57 pacientes del hospital Ramón y Cajal pasaron de la categoría de preferentes a normales en la lista de espera quirúrgica, sin haberse realizado una revisión médica de cada caso, lo que duplicaba el plazo previsto para su operación: de 90 a 180 días.

El cirujano Luis Martos ha anunciado que va a tomar acciones legales contra la Consejería de Sanidad y contra la Consejera Fátima Matute, quien descargó la responsabilidad de los sucedido en su persona

Una situación denunciada por el cirujano Luis Martos, quien, y anunciaba el pasado jueves 24, en una nutrida concentración de apoyo que va a tomar acciones legales contra la Consejería de Sanidad y contra la Consejera Fátima Matute, quien descargó la responsabilidad de los sucedido en su persona. “El mismo denunciante es el que ha manipulado las listas de espera. Es un trabajador del Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y para operar casos menos complejos”, aseguraba Matute en una comparecencia pública el 16 de septiembre.

La Comunidad de Madrid establece en su propia normativa que los pacientes con prioridad 2 deben de ser operados antes de que pasen 90 días. Para los pacientes con prioridad 3 establece un tope de 180. En ese sentido, y tal y como denuncia Marcos con pruebas documentales, se realizaron cambios de prioridad a algunos pacientes sin criterio médico que así justificara dicho cambio. Tal y como demuestra la información destapada por El País, los jefes de servicio estarían siendo presionados por las altas instancias de la Comunidad de Madrid para cumplir con la normativa. Entre los casos hay una niña de tres años que la ampliación de plazo para ser intervenida pudiera haber conducido a la pérdida de una pierna.

Sergio Fernández, de FADSP, explica que, aunque ahora se conozca, esto no es nuevo. Se retrotrae a la época de Esperanza Aguirre cuando públicamente manifestó que ninguna madrileña iba a esperar a intervenidas más de 30 días.

Sergio Fernández, de FADSP, explica que, aunque ahora se conozca, esto no es nuevo. Se retrotrae a la época de Esperanza Aguirre cuando públicamente manifestó que ninguna madrileña iba a esperar a intervenidas más de 30 días. “Si en dos años, después de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, después de que el médico le prescriba la operación, yo dimito de la presidencia de la Comunidad de Madrid”, lanzó como promesa durante un debate electoral contra Simancas en 2005. De prometer 30 días, luego pasó a 45. Y, finalmente, se vio atragantada por la promesa. “Eso supuso que a la lista de espera no entrabas hasta que no te veía el anestesista. También supuso que el Ministerio de Sanidad expulsara a la Comunidad de Madrid del sistema de evaluación de listas de espera en 2005, porque los datos que traía no eran reales ni transparentes", relata el portavoz de FADSP.

¿Cómo atajar la situación?

Jesús Cayuso, asesor de secretaría de Estado de Sanidad, relata a El Salto que la raíz del problema es que desde el Real Decreto 605/2003, que tiene ya 23 años, cada comunidad autónoma ha ido desarrollando normativa interna que hace que el reloj de cada paciente no cuente igual. Y pone un ejemplo: En algunas Comunidades si existe una huelga de médicos o un problema grave, el reloj se detiene, en otras no. Y otro: Hay comunidades en las que si un paciente rechaza hasta cinco centros alternativos le sacan de la lista de espera. “Estas diferencias hacen que al final los tiempos hayan dejado de ser comparables. Y queremos establecer criterios de cómputos más cerradas”, afirma. También para frenar esas “bolsas paralelas” de pacientes que no han recibido cita y que algunas comunidades no incluyen en las listas de espera.

Para ello, y desde el inicio de la legislatura, Cayuso explica que se creo un grupo de trabajo dentro del Consejo Interterritorial, formado por Ministerio y Comunidades Autónomas, para ir reflexionando sobre la necesidad de adaptar el real secreto. Ya tienen una propuesta. A la vuelta del verano, la comisión delegada del Consejo Interterritorial, formada por viceconsejeros, hizo algunos apuntes técnicos “muy pequeños”, que ya han añadido. “Lo llevaremos al pleno el 2 de octubre. La ley exige que haya un acuerdo previo del Consejo Interterritorial. Si las comunidades autónomas no votan favorablemente no podemos tramitar el real decreto”, explica.

Pero, ¿qué incluye esta real decreto? Entre sus novedades en cuanto al registro de pacientes “indicamos que la incorporación del paciente debe de ser en un tiempo máximo de cinco días desde que el médico indica la necesidad de esa consulta, prueba u operación. Evitamos así esa bolsa paralela donde se meten a los pacientes que aún no tienen cita, que sospechamos que se maneja en varias comunidades con el argumento de que todavía no tienen la cita o de que no han superado trámites administrativos como la anestesia”, explica Cayuso.

Hasta ahora se medía la demora en atención hospitalaria, pero con la propuesta se incluirá también la primaria. Medida pertinente, teniendo en cuenta que en la actualidad la espera media para ver al médico o médica de familia es de más de 10 días

La nueva normativa también obligaría a las comunidades a que entregaran todos los microdatos de los pacientes que atiende cada servicio de salud, esto es, los datos individuales de cada paciente “y los cálculos los haremos nosotros de manera homogénea para el total de cada comunidad”, explica el representante del ministerio. Prometen también la creación de una web donde se localicen los datos en abierto anonimizados “para que cualquiera puede bajarse esos datos y hacer sus cálculos por su cuenta”. Por otro lado, los pacientes permanecerán en el registro sea cual sea su circunstancia. “Tenemos que trazar todo el recorrido del paciente, desde la primera consulta hasta el alta”, explica Cayuso.

Además, aumenta el ámbito: Hasta ahora se medía la demora en atención hospitalaria, pero ahora, si se aprueba el real decreto, se incluirá también la primaria. Medida pertinente, teniendo en cuenta que en la actualidad y según la última ola del Barómetro Sanitario la espera media para ver al médico o médica de familia es de más de 10 días. Hace una década, esta espera era de 3,3 días de media.

Desde FADSP consideran necesaria la reforma anunciada por el Ministerio de Sanidad: “La normativa vigente ya establece la indicación médica como inicio del cómputo, por lo que es necesario garantizar su cumplimiento para que ninguna solicitud quede pendiente de tramitar mientras hay personas esperando sin aparecer en los datos oficiales”. Además, piden que se mida “todo el tiempo” desde que se solicita atención en el centro de salud hasta que se recibe el tratamiento necesario.

Si todo esto llega a cumplirse, explica Sergio Fernández, “un aumento de las cifras oficiales no supondría que el problema hubiese aparecido de repente, confirmaría que las listas de espera están maquilladas, y en la Comunidad de Madrid más aún”, zanja.