Sanidad
2025, el año en que los efectos de la privatización sanitaria se hicieron evidentes

2025 acaba con una negativa del Partido Popular para crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, propuesta por la oposición, sobre los desmanes ocurridos dentro del Hospital público de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. El gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso se negaba a investigar semanas después de que El País revelara unos audios en los que se escuchaba al CEO de la empresa gestora, Pablo Gallart, pidiendo a varios jefes de servicio que priorizaran las ganancias por encima de la atención a pacientes cuyos tratamientos resultaban más costosos. En otras palabras, que rechazaran pacientes para ganar más dinero.

Audios que han levantado una polvareda y que han puesto en evidencia lo que muchas y muchos llevan tiempo denunciando: la privatización sanitaria va en detrimento de la calidad asistencial y así lo reflejan diversas investigaciones. Una revisión de la literatura publicada en The Lancet en 2024 encontró un aumento de la mortalidad evitable en aquellas regiones en las que se había pasado por una privatización de los servicios sanitarios. Además, un paper de 2021 publicado en Health Care Management Review, demuestra que los procesos de privatización conllevan una reducción de las plantillas que puede afectar a la calidad de la asistencia sanitaria.

El modelo de hospitales público gestionados por empresas privadas lleva instaurado en el Estado  desde hace algunas décadas, concretamente desde 1999, cuando se creó el Hospital de Alzira en Valencia

Todo esto se daba en la sombra hasta que el escándalo de Torrejón saltaba a las portadas. Pero el modelo público privado lleva instaurado en el Estado español desde hace algunas décadas, concretamente desde 1999, cuando se creó el Hospital de la Ribera en Valencia, conocido como Hospital de Alzira y que bautizaba este modelo, en el que la administración cede un terreno y la empresa construye y gestiona el centro. La adjudicataria, Ribera Salud, ha gestionado varios hospitales públicos bajo esta fórmula y mantiene la gestión de dos: el Hospital Universitario de Torrejón y el Hospital de Vinalopó. En este tiempo ha perdido la gestión de cuatro hospitales de la Generalitat Valenciana: el que inauguraba la saga, el Hospital de la Ribera, además del Hospital Universitario de Torrevieja, el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud (Denia). Concesiones que tocaron a su fin y que empezaron a ser revertidas por el gobierno saliente del pacto del Botànic (PSOE- Compromís). 

El modelo Alzira aterrizaba en la Comunidad de Madrid con fuerza de la mano de los gobiernos del PP de Esperanza Aguirre. El hospital de Torrejón, inaugurado en 2011, era el décimo que estrenaba la que era presidenta de la Comunidad de Madrid bajo el mantra de la colaboración público-privada.  

Rosa—nombre ficticio— extrabajadora de este hospital explicó a El Salto diversas estrategias utilizadas por este hospital para ganar más dinero. Entró a trabajar en este centro en Urgencias en 2019. “En el listado de pacientes por atender, junto a su nombre, aparecía un color. El color indicaba si era residente del área de salud o si venía de fuera. Me vinieron a decir que lo que nos interesaba era hacer más pruebas a las personas que estaban fuera de área”, explica. 

Vicente Losada, portavoz de la Auditaría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), calificaba las declaraciones del CEO de Torrejón como “esperables”. “A estas alturas de la película no creo que a nadie se le escape que la prioridad número uno de una empresa privada, que está gestionando un hospital, es la obtención de beneficio. En las declaraciones del CEO de Ribera Salud hay una coherencia máxima. Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio”, expresaba en un artículo para El Salto.

Una sanidad que camina hacia la privatización  

Mientras, el modelo de privatización sanitaria, asentado sobre las conocidas como “colaboraciones público-privadas”, crece a pasos agigantados en todo el Estado. Según un estudio presentado por el Ministerio de Sanidad tras el escándalo de Torrejón, uno de cada tres hospitales de los que operan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) están en manos privadas y su número ha aumentado un 36,8 % en la última década: de 106 en 2011 a 145 en 2023. Además, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023. 

En consecuencia, el gasto total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6 % entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 mil millones de euros y constituyendo la subida más importante de todo el sistema hospitalario en ese periodo.

La privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el último informe de FADSP Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades

Sin embargo, la privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el 11º Informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las Comunidades Autónomas Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades. El informe, que valora otros aspectos más allá de la colaboración público-privada, como la contratación de seguros privados o el gasto sanitario de bolsillo per cápita, y asigna una puntuación a cada comunidad, indica que otras como Andalucía o el País Valencià han incrementado sus puntos en un 30% desde 2019.

Desde FADSP valoran que el informe muestra una gran “desigualdad” entre autonomías, "lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural “ de evolución de los Sistemas Autonómicos de Salud sino que responde a políticas explicitas de privatización algunas de larga evolución, como Madrid, Cataluña o Baleares.

España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30 % del total y hasta un 3 % del PIB, frente al 21 % y 2,2 % de la OCDE respectivamente

Este mismo informe indica que según los últimos datos disponibles España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30 % del total y hasta un 3 % del PIB, frente al 21 % y 2,2 % de la OCDE respectivamente.

Las derogaciones pendientes

Pero, ¿cómo hacer frente a la situación? Tras el escándalo de Torrejón la Ministra de Sanidad, Mónica García anunció una norma para “limitar” la colaboración público-privada. Una propuesta de norma, llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no es nueva: en mayo de 2024 salía a consulta pública una escueta ficha con un esbozo de su contenido. 

La norma incluiría la derogación de la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la famosa Ley 15/1997, que abrió la puerta a la privatización de servicios y que fue refrendada en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el partido socialista), a excepción de IU y BNG.

Hoy se propone una nueva ley que debe ser más ambiciosa, tal y como explicaban expertas a El Salto. La norma no parte de la filosofía de acabar con la privatización sanitaria, sino de acotarla

Hoy se propone una nueva ley que debe ser más ambiciosa, tal y como explicaban expertas a El Salto. La norma no parte de la filosofía de acabar con la privatización sanitaria, sino de acotarla. Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, explicaba que si la ley no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio. 

En 2026, la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud deberá aprobarse en el Consejo de Ministros. Tras esto tendrá que atravesar diferentes obstáculos en el Congreso, ante la complicada aritmética parlamentaria. Desde el Ministerio de Sanidad trasladan a El Salto que harán todo lo posible para que esta ley sea aprobada y lo sea en esta legislatura. Se dejarán la piel en ello. Veremos qué depara el próximo año.