Sanidad
Sanidad en La Rioja: un ejemplo de reversión de las privatizaciones

La Rioja fue la comunidad que encabezó a nivel nacional el volumen de privatizaciones sanitarias entre los años 2002 y 2011. El informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad así lo ponía de manifiesto con una tasa media de crecimiento anual en este período del 20,3% en la comunidad, siendo con ello la más alta de todo el país. En el mismo sentido lo corroboran las tres Declaraciones Conjuntas (la cuarta está prevista para octubre-noviembre de este año) de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, destacando especialmente el incremento de dinero público que se destinó a la sanidad privada entre los años 2009 y 2012. 

Trasladándonos a la actualidad, el octavo informe La privatización sanitaria en las Comunidades Autónomas, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, sitúa a La Rioja en la parte baja del grado intermedio de privatización con 19 puntos, siendo únicamente superada por Extremadura (13), Castilla-La Mancha (12) y Cantabria (11) como comunidades con menor presencia de lo privado en la sanidad pública. La pregunta que cabe hacerse es qué ha sucedido durante este tiempo para entender los pasos hacia tal cambio.

La Rioja fue la comunidad que encabezó a nivel nacional el volumen de privatizaciones sanitarias entre los años 2002 y 2011

Tras 24 años en el poder del Partido Popular, tenía lugar en 2019 un cambio en el Ejecutivo riojano por el que el Partido Socialista junto con Podemos-Equo formaban el nuevo Gobierno además del acuerdo programático firmado con Izquierda Unida. Desde entonces hasta hoy se han llevado a cabo una serie de reversiones de privatizaciones a la sanidad pública que han supuesto la recuperación de servicios que se habían externalizado. 

En orden cronológico, como hitos fundamentales durante estos tres años, cabe destacar el rescate para la gestión pública del parking del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (recurrido judicialmente por la empresa adjudicataria tras una concesión a cuarenta años por 25 millones), la asunción por parte del Hospital San Pedro de la asistencia sanitaria de las personas que necesitan atención médica tras sufrir un accidente de tráfico (220 casos al año que antes se desviaban al ámbito privado), el fin de la derivación a la sanidad privada de las intervenciones de cataratas (450 pacientes anuales), la recuperación de los servicios de Radiología realizados por empresas privadas desde 2013 (suponiendo un ahorro de 2,3 millones y subrogando al personal laboral), la recuperación también de los servicios quirúrgicos de Cardiología firmando un acuerdo de cooperación con la Comunidad Foral de Navarra, la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el sistema público y el paso a la gestión desde una empresa pública del servicio de transporte sanitario.

“En estos tres años se han reinternalizado servicios de carácter estratégico a un gran ritmo a pesar de la pandemia. Se hacen con voluntad firme porque toda aquella acción que implique licitaciones y contratos es complicada”

Tras el cese de Sara Alba a principios de este año por la pérdida de confianza aducida desde la presidenta en la gestión realizada, María Somalo es la actual consejera de Salud de La Rioja: “En estos tres años se han reinternalizado servicios de carácter estratégico a un gran ritmo a pesar de la pandemia. Se hacen con voluntad firme porque toda aquella acción que implique licitaciones y contratos es complicada, como, por ejemplo, la del parking del CIBIR, que se hizo estando vigente el contrato y eso supone a veces riesgos que hemos asumido. En otras finalizaba el servicio correspondiente y lo que hemos hecho ha sido poner en marcha una empresa pública, la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, que es una herramienta de gestión de servicios esenciales sanitarios. En el momento en el que se revierte a lo público, la razón de ser ya no es el beneficio económico que se pueda generar. Eso, sin duda, redunda posteriormente en la calidad del servicio porque el criterio es diferente”.

Esa transformación de calado en contratos que afectaban fundamentalmente al ámbito hospitalario ha generado una valoración positiva por parte de los colectivos sanitarios. Para Javier Granda, portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, “después de 24 años donde se ha tenido un trato sanitario con servicios que se han ido privatizando, se han devuelto al sistema público sanitario aquello que nunca se debió sacar. A partir de ahora está el reto de gestionar y adaptar mejor estos servicios que se han desprivatizado, lo cual implica serias dificultades”. Para ello cita el ejemplo de Radiología, enfatizando que, si bien se ha revertido el servicio a lo público, los análisis, en lugar de hacerse por especialistas de la plantilla del sistema público, se mantienen contratados con empresas externas.

Por su parte, Raquel Ramírez, portavoz de la Marea Blanca, se pronuncia en el mismo sentido reconociendo la labor del Gobierno en este aspecto así como el acuerdo programático firmado por haberse atrevido a hacer estas reversiones: “Esta ha sido una de las reivindicaciones fundamentales de Marea Blanca por una sanidad pública, universal y de calidad. Haber recuperado estos servicios, que habían salido de la gestión pública derivando un montón de dinero a la sanidad privada, es algo muy satisfactorio, pero seguimos con la intención de que se amplíen otros más adelante”, afirma.

Entre esos otros que quedan están los servicios de asistencia de corta o larga estancia como Viamed-Valvanera en Logroño (44,2 millones), Viamed-Los Jazmines en Haro (26,9 millones) o Viamed-El Carmen en Calahorra (83 millones), que son los contratos de mayor entidad. El grupo Viamed Salud fue adquirido en 2020 por 152 millones de euros por la firma Macquarie Infrastructure and Real Assets a través del fondo de inversión Macquarie European Infrastructure Fund 6. Anteriormente, en mayo de 2014, la periodista Mariela Rubio publicó el libro Tu salud, nuestro negocio señalando los vínculos de varios miembros directivos con el partido Alternativa Española y la ultraderecha.

A estos hay que añadir también el servicio de lavandería hospitalaria con la empresa Indusal, los servicios de mantenimiento integral del Hospital San Pedro, el mantenimiento del CIBIR, las camas de convalecencia, el servicio de citas y digitalización de datos de Atención Primaria o los análisis de Radiología mencionados anteriormente.

Mientras, Jesús Ángel Garrido, portavoz parlamentario del Partido Popular de La Rioja, declara no compartir el marco sobre las privatizaciones: “Es algo que se da en todas las comunidades autónomas con gobiernos distintos. Nadie en La Rioja ha pagado más allá de sus impuestos por tener una asistencia sanitaria, que siempre ha sido gratuita. Ahora, sin embargo, es cuando más se están incrementando los seguros privados ante el aumento de las listas de espera”.

“Fue algo que no pudimos entender. Mientras se hace un hospital público nuevo, en paralelo, se empieza a sacar a la sanidad privada todas las actividades que podían hacerse en nuestro hospital”

Ante ello, Ramírez manifiesta la incomprensión en Marea Blanca: “Fue algo que no pudimos entender. Mientras se hace un hospital público nuevo, en paralelo, se empieza a sacar a la sanidad privada todas las actividades que podían hacerse en nuestro hospital. Son cosas que dicen mucho de una gestión que en ese momento va a la privatización de manera desbocada”. Desde la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, compuesta en la actualidad por 29 colectivos sindicales, vecinales, ciudadanos y partidos, cifran en torno a los 300 millones la cantidad que se ha derivado a la sanidad privada a lo largo del tiempo.

Somalo expresa que en lo que queda de legislatura tienen el reto de llevar a cabo dos reinternalizaciones íntegras: el servicio de hemodiálisis y el servicio de teleasistencia del SOS Rioja. En caso de la próxima legislatura, se plantearían otros como el de la lavandería teniendo en cuenta la previsión y progresión correspondientes.

El refuerzo de la Atención Primaria

Las impresiones se vuelven diferentes, sin embargo, en lo relativo a la Atención Primaria. A pesar de que La Rioja es la comunidad en la que más se ha incrementado la partida destinada a ello alcanzando una subida interanual del 22% entre la inversión de 2021 y este año, según el informe publicado recientemente por Amnistía Internacional, ni en términos generales se ha aumentado el presupuesto sanitario global ni se llega a los porcentajes reclamados por el conjunto de organizaciones.

Gregorio Martín, portavoz de Amnistía Internacional La Rioja, valora positivamente el aumento de la partida de Atención Primaria, pero reivindica que el esfuerzo debe ser sostenido hasta llegar al 25% y cumplir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de destinar al menos ese porcentaje de la inversión sanitaria a la Atención Primaria al cubrir un alto grado de las necesidades de salud de las personas.

“En 2020 el presupuesto de La Rioja para Atención Primaria era de 61,6 millones, mientras que en 2022 es de 93,5 millones. No hay ninguna comunidad autónoma que esté en estos porcentajes de incremento”

“En 2020 el presupuesto de La Rioja para Atención Primaria (excluido el producto farmacéutico) era de 61,6 millones, mientras que en 2022 es de 93,5 millones. Para hacernos una idea comparativa, en 2009 el presupuesto era de 63 millones. Por lo tanto, ha crecido muchísimo en dos años, a falta de ver la ejecución, pero la voluntad es obvia. No hay ninguna comunidad autónoma que esté en estos porcentajes de incremento”, explica.

De manera específica, Martín indica que se ha pasado del 13,29% al 17,34% e incluso incluyendo algunas partidas más de personal imputables, probablemente La Rioja se sitúe en el 18%, un escalón superior a la media del país, que dedica el 14% de gasto sanitario a Atención Primaria. Sin embargo, cuenta que no se acaba de ver cómo se trasladan estos incrementos presupuestarios a situaciones tales como la espera con el médico de cabecera, a la atención en los centros de salud o al número de profesionales sanitarios.

El objetivo que se marcan en Amnistía Internacional al respecto es conseguir que el aumento de inversión permita atender en menos de 48 horas las demandas de atención no urgente y reducir el nivel de temporalidad del personal sanitario a un 8%, siguiendo el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, de tal manera que esto sirva para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, la accesibilidad a la misma y las perspectivas de estabilidad del personal.

Por su parte, Ramírez pone el acento en el esfuerzo de alcanzar ese porcentaje para partir de unos presupuestos que tengan una lógica acorde a lo que se necesita: “Eso hará que muchas menos personas lleguen a los servicios de Urgencias y que haya menos ingresos hospitalarios con el consiguiente beneficio para la ciudadanía y para el sistema sanitario. Además, si no recuperamos los tiempos habituales de espera en Atención Primaria, es decir entre 24 y 48 horas, proliferarán los seguros privados buscando que te reciban en ese tiempo. Si lo privado crece porque lo público no está dando respuesta, nos lo tenemos que hacer mirar”.

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria, considera que la Atención Primaria tiene un porcentaje histórico de infradotación

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria, considera que la Atención Primaria tiene un porcentaje histórico de infradotación: “El aumento es un avance, pero no llega a ser lo que necesitamos porque el volumen de pacientes es tan elevado que no les podemos dar todo lo que necesitan y todo lo que estamos preparados para ofrecer”. Es por ello que expone la necesidad de un proyecto concreto que sustente el sistema sanitario en la Atención Primaria y la consideración de la frustración existente entre el personal porque ha habido más carga de trabajo ya que el personal no ha crecido al ritmo que lo han hecho las necesidades asistenciales”, afirma.

Ante esta situación, la consejera de Salud aclara que la intención es seguir elevando el presupuesto de Atención Primaria al máximo posible, pero advierte de la complejidad de determinar exactamente qué porcentaje concreto del gasto sanitario se dedica a ello: “Por ejemplo, la Consejería de Salud no solamente comprende una parte sanitaria, sino que incluye también las competencias de Emergencias, Protección Civil y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). También hay compras que se realizan de manera centralizada, como las jeringuillas. Si atendemos al gasto que se dedica en su totalidad a Atención Primaria, creo que superamos el 25% del SERIS, sin incluir la parte de la receta farmacéutica, que es de 81 millones al año y que aquí no está imputado a Atención Primaria, sino que corresponde a la Dirección General de Farmacia y Prestaciones. Aún así, la voluntad es incrementar progresivamente la cantidad destinada a Atención Primaria”, recalca.

Por último, Elisa Elías, presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja, muestra su pesar respecto a la saturación del personal sanitario, dado que la atención a las operaciones que han pasado de lo privado a lo público, es decir del Hospital Los Manzanos al Hospital San Pedro, está desplazando los cuidados y la atención de otra serie de patologías que ya con la pandemia se perdieron y ahora se están perdiendo de nuevo. De cara a poner los datos en perspectiva, explica que existen 648 enfermeras por cada 100.000 habitantes en La Rioja cuando en Europa la ratio es de 820.

“No acabo de ver en qué se traduce ese aumento porque seguimos con un gran hospitalocentrismo en esta comunidad. La foto final es la de inversión en salas híbridas, medios de transporte o salas de hemodiálisis. No sé si es que aún no ha llegado a la foto el diagnóstico de la Atención Primaria, en la cual sigue sin haber un refuerzo del personal en el sentido de cuidar a quienes estamos cuidando. Es muy importante que la población y las instituciones se den cuenta de que hemos vivido una situación de tristeza, dolor y sufrimiento porque los pacientes se nos morían durante lo más duro de la pandemia. Lo que eran aplausos se han transformado a veces luego en alguna bofetada que otra. Por eso necesitamos sobre todo que nos mimen y cuiden. La Atención Primaria es la infantería. Es la puerta de entrada donde primero acuden los ciudadanos cuando tienen un problema de salud”, expone Elías.

La necesidad de personal y de cubrir plazas

Además de la Atención Primaria, otra de las reivindicaciones es el incremento del personal sanitario en su conjunto en La Rioja. Así lo han puesto de manifiesto diferentes sindicatos, como la sección de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores urgiendo a la Consejería de Salud a contratar a más de 200 profesionales sanitarios en todas las categorías deficitarias en el Hospital San Pedro de Logroño, Comisiones Obreras criticando la desorganización de Atención Primaria o la Central Sindical Independiente y de Funcionarios reclamando que se cubran las plazas de Médico Interno Residente (MIR).

En el documento Bases para la mejora de la Atención Primaria en La Rioja, elaborado por diversas organizaciones y colegios profesionales, se puede observar cómo en la década 2010-2020 las plantillas se mantienen sin variaciones año tras año o, incluso, descienden, como, por ejemplo, en el caso de Medicina de Familia, que se pasa 301 a 292 especialistas. Esto entra en contradicción con el número de atenciones y consultas que, con altibajos y la excepción del 2020, ha aumentado de manera progresiva: un 14,03% más de consultas y un 10,44% más de visitas a domicilio en el caso de la Medicina de Familia o un 31,62% más de consultas y un 11,07% más de visitas a domicilio respecto a Enfermería.

“El déficit de personal que hay en el Servicio Riojano de Salud es palmario. Es una necesidad que hay que abordar lo antes posible. Si bien el procedimiento administrativo no es sencillo, al Gobierno le está costando resolverlo. A la vista están los problemas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria y las repercusiones que estos tienen con las listas de espera”, indica Granda sobre la repercusión directa que esto tiene en la atención a los pacientes.

Mientras, Ramírez razona la importancia de cubrir todas las plazas MIR debido a la formación que supone y a la facilidad de contar posteriormente con ese/a profesional, así como de que las plazas que se han formado se queden después en La Rioja, para lo cual destaca que hay que incentivar las condiciones laborales.

Somalo, por su parte, subraya que las Ofertas de Empleo Público en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) durante el Gobierno actual llegan a las 489 plazas suponiendo un aumento de plantilla algo más de la mitad (280) y que parte del problema reside en que hay plazas que son poco atractivas porque durante la pandemia la Atención Primaria y la Medicina Familiar han sido la barrera de choque que se ha llevado la peor parte: “Eso no anima a elegir esa especialidad, la cual es muy vocacional. Por otro lado, influyen las posibilidades que tu especialidad te ofrece de cara a compatibilizar en un futuro el trabajo en el ámbito sanitario público con el privado. Por ejemplo, en la Medicina Familiar no hay consultas por la tarde, pero con Cirugía Estética se puede trabajar por la mañana en el ámbito público y por la tarde tener consulta privada”.

Listas de espera y Plan de Atención Continuada

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al 31 de diciembre de 2021, el tiempo medio de lista de espera quirúrgica se sitúa en 95 días en La Rioja frente a los 123 del conjunto de España. De este modo, factores como la pandemia y la reinternalización de servicios en el sistema público se dejan notar en el incremento de las listas de espera, el cual es interpretado de diferente manera.

Desde el PP señalan que durante esta legislatura se han duplicado las listas de espera quirúrgicas y lo achacan a la gestión del Gobierno de Concha Andreu: “La política de internalizar servicios sin poder contratar más personal sanitario propicia un incremento de las listas de espera. Lo importante es el aumento de más medios humanos y materiales y que el gasto sea eficaz y eficiente, ya que, si no, lo que se está realizando es una reestructuración mientras aumentan las carencias en la atención”, afirma Garrido.

Por otra parte, desde la Marea Blanca el balance es distinto: “Si derivas una serie de servicios fuera y los reviertes, vas a tener durante un espacio de tiempo algo más de presión. Entre tanto, se han tomado medidas para abordar esta situación como haber negociado con la sanidad pública cercana posibilidades para especialidades que nos cuesta tener en La Rioja por el tamaño poblacional aquí. Son medidas que han servido para acompañar la decisión de esas reversiones, pero habrá que tomar otras igualmente necesarias”, declara Ramírez.

Una de las cuestiones que más rechazo social ha generado durante la legislatura ha sido el Plan de Atención Continuada por el cierre de puntos de atención sanitaria y recorte de profesionales que preveía, especialmente en el ámbito rural y en los servicios de Urgencias. De hecho, su presentación fue respondida con una manifestación convocada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja. El plan fue revisado posteriormente, pero se ha quedado a medias a ojos de la plataforma, cuyo portavoz detalla cómo repusieron a algunos de los profesionales que se pretendían suprimir, pero el déficit de personal continúa generando complicaciones, como en el caso del Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales (CARPA), donde ha habido organizaciones sindicales que han denunciado de manera exhaustiva la falta de personal y de cobertura de plazas.

Ante ello, Somalo expone la existencia en la actualidad de treinta puntos de Atención Continuada en La Rioja, los cuales se van a mantener durante todo el período de verano tanto en Logroño como, sobre todo, en el ámbito rural: “Somos conscientes de las listas de espera quirúrgicas y de los tiempos de consultas para la Atención Primaria que, desde luego, no son los deseables. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que ha habido un incremento de la demanda y que ahora se están haciendo operaciones que estaban suspendidas durante la parte más dura de la pandemia”.

Con el fin de abordar esta situación, el Gobierno ha aprobado un plan de choque en aquellas especialidades que tenían más lista de espera ampliando a su vez el horario para minorar esta cantidad y han llegado a un acuerdo a su vez con los anestesistas para poder abrir los quirófanos de lunes a viernes por la tarde. El objetivo es reducir un 24-25% las listas de espera antes de finales de julio. “Tuvimos la mala suerte de que surgió la pandemia cuando decidimos rescatar servicios externalizados para revertirlos a la sanidad pública. Esto ha obligado a cerrar quirófanos para utilizarlos como plantas de Unidad de Cuidados Intensivos por la COVID-19. Nos hemos dedicado a salvar vidas y a realizar aquellas operaciones de carácter más urgente, como los procesos oncológicos”, concluye la consejera.

Gallardo, por otro lado, revela cómo en las zonas urbanas puede haber una demora de una semana y que en ocasiones esa cita es telefónica. “Este problema nos preocupa muchísimo porque contraviene la accesibilidad que debe regir en la Atención Primaria, el cual es el eje vertebrador del sistema”.

Igualmente, califica de despropósito la elaboración del Plan de Atención Continuada al no contar con todos los actores profesionales sanitarios y que, además, no se realizara pensando en que las Urgencias de Atención Primaria no dependieran de cada centro de salud de su zona básica respectiva. Por ello propone innovaciones organizativas para abordarlo: “Debemos llevar a todos los profesionales de los centros de salud al máximo nivel de competencias repartiéndolas de manera más efectiva para conseguir ofrecer el mejor servicio posible. El sistema sanitario español es maravilloso, pero debemos potenciarlo más contando con la población a nivel general y con las asociaciones a nivel particular a través de la conformación de una red social que debe servir como aliada”.

Las interrupciones voluntarias del embarazo

Otro de los asuntos que requiere una intervención institucional a demanda de las organizaciones sanitarias y colectivos sociales es el del aborto. En La Rioja, si bien sí que tienen lugar abortos terapéuticos como contempla la ley, no se practican interrupciones voluntarias del embarazo porque el servicio de Ginecología es objetor en su totalidad. Esto implica que una media anual de 300 mujeres sean derivadas a abortar a centros privados de otras comunidades cercanas, en concreto, Navarra y Aragón.

“Que una mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo tenga que hacerlo fuera de La Rioja supone una evidencia de la necesidad de actuar ante la institucionalización de la objeción de conciencia existente”

Desde Amnistía Internacional señalan la necesidad de hacer frente a esta situación: “Se debe poner freno a la discriminación y a la revictimización que están sufriendo las mujeres, sobre todo las más vulnerables para acceder a la prestación de servicios dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Que una mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo, más allá del aborto terapéutico, tenga que hacerlo fuera de La Rioja supone una evidencia de la necesidad de actuar ante la institucionalización de la objeción de conciencia existente y para que se garantice la prestación del servicio de atención de interrupción voluntaria del embarazo en los centros de salud públicos riojanos”, expone Martín.

La consejera diferencia entre las intervenciones que se hacen fuera del ámbito riojano de manera externa, que son aquellos supuestos que responden a la voluntariedad, mientras que en La Rioja se realizan en el ámbito público las que están contempladas en la ley. El problema, reconoce Somalo, es el hecho de compatibilizar el compromiso de servicio a la ciudadanía con el derecho a la objeción de conciencia, que han firmado todos los ginecólogos y ginecólogas del sistema público. Para ello, lo que están haciendo desde la Consejería de Salud es es trabajar fundamentalmente en el ámbito de la sensibilización, poniendo en marcha un Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, así como tratar de plantear fórmulas con las que encontrar una alternativa y la posibilidad de que el conjunto de profesionales de la sanidad riojana cambien de opinión.

La Fundación Rioja Salud como punto de debate

Las fundaciones sanitarias constituyen también un asunto a enfocar desde diversos prismas. En relación a este punto, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja considera que la Fundación Rioja Salud, de carácter privado y donde conviven actividades para la asistencia sanitaria con otras como la investigación, se debe integrar en el SERIS porque “en la actualidad funciona a su aire y sin un control efectivo sobre la misma ya que no está obligada a dar información ni al propio Parlamento de La Rioja. Esto siempre ha sido una válvula de escape, tal y como la creó el PP en el caso riojano”, afirma Granda.

En la misma línea se pronuncia Ramírez, portavoz de la Marea Blanca, afirmando que las fundaciones sanitarias deberían desaparecer y que el mantra de lo público-privado en servicios esenciales como la educación o la sanidad debería estar fuera totalmente porque a veces las fundaciones juegan un papel en el que no se sabe en qué terreno se mueven y pueden acabar en privatizaciones claras o encubiertas.

Por su parte, Somalo no se plantea que la Fundación vaya a desaparecer, sino todo lo contrario al creer que se debe potenciar su labor, fundamentalmente en la parte investigativa, teniendo como objetivo que el CIBIR se convierta en un instituto de investigación sanitaria, de cara a aportar un valor añadido a lo que ya se está haciendo. Mientras, respecto a la parte asistencial, destaca que son servicios esenciales que se están prestando con un alto grado de calidad. “En su día ya hubo un intento de integración fallida, porque fue más decir que hacer, pero, como los ámbitos son tan específicos, no es estrictamente necesario que se integre en el SERIS porque tenemos previsto un plan para la estabilidad del personal investigador y la parte asistencial está totalmente integrada con los servicios del SERIS”, amplía.

Donde sí se está produciendo el proceso de integración es en el caso de la Fundación Hospital de Calahorra, donde falta completar la integración del personal y de la parte asistencial, que, según la consejera, va a dar a los ciudadanos y ciudadanas de la Rioja Baja una calidad extra en el servicio sanitario. “No se trata de voluntarismo, sino de actuar como marca la normativa nacional vigente de la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto Marco del Personal Sanitario. Entendemos que quienes hayan accedido a la función pública con un sistema de concurso-oposición al uso pueden tener sus recelos, pero hay que comprender que existe un mandato que nace desde la Unión Europea y que hay que ver, por otro lado, a quienes han estado soportando mucho tiempo la penalidad de la temporalidad”, recalca.

Blindar los servicios públicos

Tan importante como revertir los servicios privatizados a la sanidad pública es contar con el marco legal adecuado para asegurar su blindaje de cara al futuro. La actual Ley de Salud se elaboró en el año 2002 sin consenso, ya que en aquel momento el PP tenía mayoría absoluta en el Parlamento y no se contó tampoco con las organizaciones y colectivos sanitarios, como explican desde la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja.

“Estamos cerca de acabar la legislatura y se debe correr para impulsar una ley distinta que sea una Ley de Salud Pública, no una Ley de Salud”

“Eso fue el embrión para privatizar todos los servicios que se han privatizado. Por lo tanto, es clave no solamente para evitar que se continúen privatizando servicios, sino para proteger aquellos que se han devuelto al servicio público. Estamos cerca de acabar la legislatura y se debe correr para impulsar una ley distinta que sea una Ley de Salud Pública, no una Ley de Salud”, argumenta Granda.

Somalo expone que no van a disponer del tiempo suficiente para aprobar una nueva ley durante lo que queda de legislatura por lo que comprende la tramitación parlamentaria y la incorporación al Plan Normativo. A su vez, afirma que, aunque no era una cuestión que estuviera prevista, asume personalmente el compromiso de llevarla a cabo por lo necesaria que resulta y que para ello están trabajando en el borrador en dos aspectos fundamentalmente: cerrar la posibilidad de volver a privatizar aquellos servicios recuperados para lo público y revitalizar la participación comunitaria cambiando la composición y la dinámica de los Consejos de Salud.

Precisamente, los Consejos de Salud zonales de Logroño solamente se han convocado una sola vez en la legislatura cuando la obligación es cuatro veces al año. Desde la Marea Blanca citan como parte del problema la actual Ley de Salud al no contemplar un espíritu de participación real, para lo cual proponen cambiar su forma de concebirlos con la que dejar de verlos como algo consultivo y enfocarlos de manera preceptiva.

Además de ello, Ramírez señala que la ley en vigor abre todas las posibilidades a la privatización. “De ahí nuestro empeño en que se apruebe una nueva ley que sea la garantía para que lo revertido y lo que se siga revirtiendo no pueda ser otra vez privatizado, así como no se privaticen otros ámbitos. Hay que saber qué cosas son importantes y esta es una de ellas”, recalca reivindicando la tarea que queda por delante tanto a la parte de las instituciones como a la de los colectivos.