Securitización
Mucha policía en Madrid

Es miércoles por la tarde y la imagen cotidiana que luce la plaza de Lavapiés ya no sorprende a nadie. Solo algunos de los que esperan en la boca del metro echan una esquiva mirada. Cuatro policías al lado de su furgoneta observan cómo otros dos agentes identifican a unos jóvenes magrebíes. Les hacen vaciar los bolsillos en el escalón de un portal. Un agente habla por radio con su documentación en la mano. Cruza la calle un coche de Policía Nacional que acelera encendiendo luces y sirena. Una mujer mayor con el carro se queja de las motos de la policía mal aparcadas.

Agentes de seguridad privada tomando café a las puertas del supermercado, cámaras de seguridad en casi todas las esquinas del barrio. Policías en cada plaza, con la boina calada, mirando el móvil, fumando un cigarro, hablando en grupo. Su presencia desde principios de septiembre es constante. Cien agentes más patrullan el distrito Centro. Es la orden del nuevo director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez. Lleva en el cuerpo desde 1986 y ha ido ascendiendo hasta el rango de comisario.

PRESTIGIO

Al mando de unos 5.800 agentes, Pablo Enrique Rodríguez fue nombrado a principios de julio por la concejala de Seguridad y Emergencias del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz. Rodríguez ha declarado numerosas veces que quiere devolver el prestigio al cuerpo y quiere recuperar el cupo del 20% de las plazas en las oposiciones reservado para soldados, eliminadas por el anterior gobierno municipal. El comité de ética de la Policía Municipal del anterior ayuntamiento también pasa a la historia. Lo eliminó Rodríguez nada más llegar al cargo. También ha archivado el expediente disciplinario a los tres agentes que fueron suspendidos por amenazas a Manuela Carmena. Aquellos agentes municipales que en 2017 deseaban la muerte de la alcaldesa en un chat de WhatsApp llamado Diez años y turno de noche, en el que escribían cosas como: “Hay que comenzar con las cacerías de guarros. Panda de hijos de la gran puta, los moros y los que los defienden”. Rodríguez cierra el expediente “por no resultar reprochable la conducta que se imputaba”, basándose en la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, y les devuelve la placa y la pistola.

Durante la Comisión de Seguridad de julio, Inmaculada Sánz expuso las líneas de acción que dirigirán su trabajo durante los próximos años. Recuperar aquellos antidisturbios que Gallardón mandó al 15M, licitación de cámaras de vigilancia e incremento de la presencia policial, de momento, en tres zonas de la ciudad: Lavapiés, Puente de Vallecas y Bellas Vistas, en Tetuán. El anuncio fue bien recibido por los portavoces de todos los grupos municipales y coincide con lo pactado entre el PP y Vox antes de la investidura de José Luis Martínez-Almeida. En septiembre, el Ayuntamiento anunció que destinará casi medio millón de euros a la compra de más de 200 pistolas táser con cámara incorporada, unos 2.000 euros por cada uno de estos dispositivos eléctricos que “permitirán abortar situaciones operativas en las que se deba hacer uso de la fuerza sin emplear armas de fuego, ofreciendo una alternativa moderna es situaciones de crisis”, decía el alcalde, que en su acuerdo de gobierno prometió “recuperar aquellos barrios cuya degradación ha llevado a las más altas cotas de inseguridad” y aprobar un Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Recuperación del entorno de Lavapiés y en otros barrios especialmente degradados”.

No definen ‘especialmente degradados’ ni detallan por qué Lavapiés, Puente de Vallecas o Bellas Vistas son las zonas más inseguras de Madrid. Las cuentas no responden a este incremento de vigilancia en barrios de Tetuán y Puente de Vallecas, aprobadas en Junta de Gobierno. Según los datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, el distrito con mayor número de intervenciones policiales en los últimos cuatro meses es Centro, con un total de 1.767. Le siguen Villa de Vallecas (574) y Carabanchel (510). Puente de Vallecas ha registrado 420 intervenciones desde el 1 de abril y Tetuán 373, dos menos que el distrito Salamanca.

PERSEGUIR MANTEROS

El nuevo gobierno del PP y Ciudadanos anula el protocolo de actuación policial ante la venta ambulante no autorizada, aprobado en 2018 por la Policía Municipal con el Gobierno de Ahora Madrid. Esa instrucción impedía a un agente intervenir si había riesgo para los viandantes o para el propio funcionario, y limitaba sus funciones en la calle. El nuevo protocolo de actuación “contra la expedición de productos fraudulentos” permite a los agentes perseguir a los ‘manteros’ en Gran Vía, Preciados, Carmen y Arenal, y también, aseguran, combatir a las mafias que utilizan pisos lanzadera en Lavapiés para la venta de los productos clandestinos.

También va a crear una nueva unidad de antidisturbios de la Policía Municipal, aunque la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no da competencias de orden público a las policías municipales. El nuevo director de la Policía Municipal asegura que es esencial para dar apoyo a los distritos y mayor cobertura a los eventos, coordinándolos con los antidisturbios de la la policía Nacional (UIP) y con las Unidades de Prevención y Reacciono (UPR).

“Recuperar a los antidisturbios es recuperar el lado ultramasculino de la policía, un símbolo de la autoridad, complacer a los sindicatos más derechistas y lanzar un mensaje de ‘orden’ a la ciudadanía”, declara a El SaltoMadrid Débora Ávila, que junto a Sergio García forma parte del grupo de Investigación de las Prisiones y las Instituciones Punitivas y del colectivo Carabancheleando, plataforma dedicada al estudio sociológico y urbanístico de Carabanchel. Para Ávila, el continuismo predomina en materia policial.

“Venimos de cuatro años en los que se ha intentado disimular el poder coercitivo de la policía, pero disimular no es lo mismo que eliminar. Barbero y su equipo acabaron con los antidisturbios por representar lo mas cercano al polo militar del cual querían huir para acercarse al polo ‘trabajador social’ de la policía”, afirma Ávila, quien apunta que “eso no implicó, ni mucho menos, un decrecimiento del poder policial, sino la desviación de la atención a funciones aparentemente más ‘blandas’, ‘amables’ y cercanas a las demandas vecinales y el desarrollo de roles menos reactivos y mas preventivos, basados en el manejo de la información y en la comunicación directa con la ciudadanía”.

“La presión vecinal en estas zonas, que ha venido de sectores conservadores pero también de algunas asociaciones de vecinos progresistas e incluso de algún concejal de distrito de Ahora Madrid, ha sido la que ha impulsado estas medidas con apoyo de los medios de comunicación”, explica Ávila. “No por casualidad, esa presión vecinal siempre se correlaciona con la presión inmobiliaria en esas zonas: Lavapiés primero, y Bellas Vistas y Monte Igueldo después, son precisamente zonas en las que convive una extrema precariedad residual o procedente de otras zonas sometidas a presión policial, como la Cañada, con un aumento de la demanda de vivienda, la llegada de clases medias y la permanencia de viejos vecinos autóctonos deseosos de que, por fin, se dignifique su barrio ante el abandono histórico”, añade, por su parte, Sergio García.

El resto de objetivos nunca han estado ocultos en los discursos de PP o Ciudadanos: guerra a la venta en la manta y a los ‘okupas’. Débora Ávila opina que “están hablando a los sindicatos policiales y a su clientela electoral: apretarán y sobreactuarán el apretón”. Pero también piensa que “es previsible que, más allá de lo simbólico, se actúe con mayor contundencia en desahucios, manifestaciones, venta ambulante y congregaciones en el espacio público”.

Para Sergio García, “parece que en el fragor de las guerras culturales y el revanchismo se presenta a la policía en lo que tiene del otro polo, el militar. Es una deuda con los sindicatos de ultraderecha que hicieron el trabajo de desgaste en la legislatura de Ahora Madrid y un mensaje para inversores grandes y pequeños, así como para la ciudadanía afectada por los problemas indirectos de la pobreza”. Ambas coinciden en la conclusión, y es que con la eliminación del Comité de Ética y del Protocolo para la Identificación Policial Eficaz (PIPE) “muy probablemente crezcan los controles racistas a personas migrantes y la impunidad policial”.

Jugadores del equipo los Dragones de Lavapiés ya han denunciado paradas racistas. “Hasta tres en un solo día”, denuncian en redes sociales. Desde esta escuela deportiva, que cuenta con unos 200 jugadores de 35 nacionalidades diferentes, se quejan de que les tratan como sospechosos y les confiscan el móvil por no poder demostrar la propiedad. “La convivencia vecinal necesita una policía que no haga paradas racistas y que no humille a chicos que no han hecho nada”, reclaman.

Ana Sánchez, filóloga, profesora y vicepresidenta de los Dragones de Lavapiés, reconoce que hay trapicheo de drogas y gente durmiendo en la calle, pero achaca estas paradas racistas a “una forma de criminalización, una forma de criminalización, como una equiparación a lo que dicen que pasa en Barcelona. Cuando hay redadas no se sabe en que quedan. Pero sí hay un aumento del miedo en el ambiente. No se valora lo positivo de la convivencia en el barrio”.

Es jueves por la mañana y las sirenas de un coche de policía despierta al indigente que duerme en la calle. Se despereza sobre el mismo escalón donde ayer la policía vaciaba los bolsillos a un grupo de chavales magrebíes. Una mujer mayor con el carrito de la compra le deja un paquete de galletas. Ahora no hay policías en la plaza, con la boina calada, mirando el móvil, fumando un cigarro. Pero ahí sigue el agente de seguridad privada tomando un café a la puerta del supermercado y las cámaras de seguridad en casi todas las esquinas del barrio. A algunos colectivos del barrio no les ha pasado desapercibida a vuelta al modelo de seguridad, y preparan unas respuesta con una movilización a mediados de octubre para denunciar la criminalización del barrio. Mientras, la imagen cotidiana que luce la plaza de Lavapiés ya no sorprende a nadie. Lo que sorprende es haberse acostumbrado.