Sida
Una circular obliga a la asistencia sanitaria de todas las personas migrantes con VIH en Madrid

Las personas migrantes recién llegadas a nuestro país se encuentran con un sinfín de barreras, entre ellas la sanitaria. La mayoría de comunidades autónomas exigen un empadronamiento de más de 90 días para suministrar atención médica. También las personas con VIH se encuentran con esta barrera. Comunidades como Madrid se exhibían como las más restrictivas: las organizaciones en defensa de las personas con VIH comunicaban en julio de 2022 que desde noviembre de 2021 han atendido a más de 1.000 personas en esta situación.

Este jueves, cuando se celebra el Día Mundial contra el VIH, se puede celebrar también un cambio de tendencia. Según una circular emitida por la Gerencia Asistencial de Hospitales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado 28 de octubre, y a la que ha tenido acceso El Salto, se ha establecido un “procedimiento provisional” para el acceso al sistema sanitario de personas que carezcan de documento de asistencia y que “por su situación”, formen parte de la población incluida “en el marco de actuaciones y programas de Salud Pública”. Entre ellas, las personas con VIH y también las mujeres embarazadas.

Se ha establecido un procedimiento provisional para atender a las personas con VIH y también a las mujeres embarazadas

La vía de entrada será la atención hospitalaria a través de las urgencias del propio hospital o las derivaciones desde Atención Primaria. Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, valora que la presión ciudadana ha hecho efecto y que ya está dando sus frutos. “Un internista de un hospital me ha comentado que ellos ya están empezando a notar el efecto y a poder atender a las personas con VIH”, expresa.

En la circular se exige que la persona atendida comience a tramitar el Documento de Asistencia Sanitaria para Extranjeros (DASE) pero, independientemente de esto, si requieren atención urgente se les realizará un alta administrativa en el servicio de admisión de urgencias del hospital.

Además de la presión ciudadana con diferentes concentraciones frente a la Consejería de Sanidad y frente al Ministerio de Sanidad, en marzo de 2022, siete sociedades científicas, tres de ellas madrileñas, alertaban de la situación de migrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional sin asistencia sanitaria. Hablaban de casos de personas portadoras de VIH, hepatitis virales, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual (ITS), y otras enfermedades infecto-transmisibles sin tratar. “Las barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento profiláctico (la PrEP) o terapéutico (los antirretrovirales) impiden la consecución de unos objetivos clínicos, epidemiológicos, de economía de la salud y de salud pública que redundarán en beneficio no sólo de la persona atendida sino de toda la sociedad“, reiteraban.

“Conseguí que me atendieran cuatro meses después de haber llegado a España. ¿Qué hace esto? Que comience a estar inmunodeprimido y que pueda caer en la etapa sida. Mi vida corre un riesgo”

Esta es la situación a la que se enfrentó Maykol Noya, solicitante de asilo llegado desde Colombia en octubre de 2019, quien estuvo cuatro meses sin tratamiento antirretroviral. “Conseguí que me atendieran cuatro meses después de haber llegado a España. ¿Qué hace esto? Que comience a estar inmunodeprimido y que pueda caer en la etapa sida. Mi vida corre un riesgo”, explicaba Noya a El Salto en una concentración frente al Ministerio de Sanidad.

Origen de la exclusión

En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. Colectivos como los migrantes en situación irregular, esto es sin NIE, se quedaban fuera de las prestaciones, a excepción de embarazadas, menores y las personas atendidas por urgencias. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomar el libre acceso, pero aún no lo ha hecho al 100%. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal, quienes acaban de publicar el informe El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos que constata el “caos”, la “confusión” y la “inseguridad jurídica” existente en la actualidad.  

Caos e inseguridad jurídica en el acceso universal a la sanidad en todo el Estado

Sara Plaza Casares

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Exclusión sanitaria

Exclusión sanitaria Caos e inseguridad jurídica en el acceso universal a la sanidad en todo el Estado

Sara Plaza Casares

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Un nuevo informe detecta que la gran mayoría de comunidades excluye a las personas migrantes durante los primeros 90 días de estancia en el país, pese a que esto no está fijado por ley. Desde Yo Sí Sanidad Universal exigen al gobierno una nueva norma “sencilla y clara” que devuelva el libre acceso a este derecho.

La actual norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. En unas recomendaciones emitidas a posterioridad, sin rango de ley y, por tanto, no obligatorias, la estancia temporal se traducía en excluir de la atención a aquellas personas que lleven menos de 90 días en el país. Las comunidades compraron esta lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de tres meses para recibir asistencia.

Tal y como se refleja en este informe, la Comunidad de Madrid es de las regiones más restrictivas en cuanto al acceso a la sanidad. En ella, la posible vía de entrada a través de un informe de servicios sociales no existe y las personas recién llegadas pasan tres meses sin derecho a asistencia sanitaria. Tres meses que pueden ampliarse hasta a seis ya que, una vez superados los 90 días, deben pedir cita en las Unidades de Tramitación de Extranjeros, creadas hace un año. Con su nacimiento, las personas migrantes pasaban de tramitar sus altas por el circuito general, que incluye todos los centros de salud de la comunidad, a utilizar solo seis ventanillas que se han convertido en un cuello de botella, con esperas de hasta tres meses, según ha documentado Yo Sí Sanidad Universal.