Tortura
Estrasburgo vuelve a condenar a España por torturas bajo la instrucción del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska

“Nunca supe quién era ese abogado de oficio, pero siempre le agradeceré que delante del juez Grande-Marlaska volviera a decir que dudaba del trato que recibí de parte de los guardia civiles”, recuerda Iñigo González, quien ayer conoció la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que por décimo primera vez vuelve a condenar a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas. De las once condenas, es la sexta cuyos torturados dependían del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De los seis resarcidos que dependían del actual ministro del Interior, tres fueron arrestados en la misma operación judicial desarrollada en Navarra. Hoy acudirán a las puertas del Ministerio para entregarle a su responsable las sentencias en un acto simbólico y para exigir públicamente al Gobierno español que reconozca que utiliza la tortura, a pesar de estar prohibida.

“La tortura empezó en el coche policial, de camino a Madrid”, explica González, “y continuó durante cinco días en los que aplicaron la ley antiterrorista”, que permite incomunicar a los arrestados hasta cinco jornadas seguidas. En ese periodo solo se permite una vista, la del abogado de oficio. En ese encuentro, delante de los agentes de la Guardia Civil que le estaban torturando, el letrado indicó que dudaba del trato que estaba recibiendo su defendido, ya que de motu proprio iba a firmar su condena a través de la declaración recabada en los calabozos. González pensó: “Calla, calla, que luego me torturarán más”, rememoró ayer. 

“Fernando Grande-Marlaska es una persona que, como juez de instrucción, ha recibido a cientos de independentistas vascos y, por un motivo u otro, no ha querido hacer caso de sus denuncias”, indica Iñigo González

Tras la incomunicación y aquella visita, el abogado con el que González no guarda relación alguna, compareció ante el juez instructor del caso y volvió a insistir en la posibilidad de torturas. Grande-Marlaska optó por no incoar una investigación. Estrasburgo obliga ahora a España a indemnizar a González con 20.000 euros por no haber investigado de forma “exhaustiva y eficaz” su denuncia de torturas, en un relato que considera “preciso y circunstancial de los malos tratos” recibidos. 

Ante la pregunta de qué piensa sobre el exmagistrado y actual ministro del Interior, González afirma que “es una persona que, como juez de instrucción, ha recibido a cientos de independentistas vascos y, por un motivo u otro, no ha querido hacer caso de sus denuncias”. “No sé si lo ha llegado a saber o no, pero cuando estás incomunicado, el juez instructor es el responsable de tu integridad física y psicológica”, añade. 

Iñigo González pasó un año y medio en prisión preventiva acusado de pertenecer a la organización independentista Ekin, que el juez Baltasar Garzón ilegalizó en 2001. El 18 de enero de 2011, seis personas fueron detenidas por pertenecer a ella. Estrasburgo ya había condenado a España por torturar a dos de ellas, Jon Patxi Arratibel y Xabier Beortegi, que respaldaron en la tarde ayer en la librería de Iruñea Katakrak, a Iñigo González, junto con Gorka Mayo e Iker Moreno. En la mañana de hoy comparecerán delante del Ministerio del Interior, en Madrid, para entregarle las tres sentencias a Fernando Grande-Marlaska, junto con una carta.

Patxi Arratibel, uno de los torturados en la misma redada, firmó su declaración policial con la palabra Aztnugal, que significa ayuda en euskera, escrita del revés

Dos peticiones

En su comparecencia de ayer, los torturados solicitaron dos cosas: que el Gobierno español reconozca que utiliza la tortura y que el Gobierno de Navarra realice un informe similar al que el Gobierno vasco encomendó al forense Paco Etxeberria. En su investigación descubrió que entre 1960 y 2014 al menos 4.113 personas fueron sido torturadas, en más de 5.000 casos. 

Patxi Arratibel, uno de los torturados junto con Iñigo González, firmó su declaración policial con la palabra Aztnugal, que significa ayuda en euskera, escrita del revés. Sobre la indemnización de 20.000 euros que recibirá, González indica que es “un plus, pero no me resarcirá, lo que queremos es que se reconozca que se ha torturado impune y sistemáticamente a militantes vascos”.

La reparación emocional la ha obtenido a través de la asistencia psicológica, donde le aplicaron el protocolo del Convenio de Estambul. “Hoy tengo muchos sentimientos entremezclados. Por un lado me siento feliz, es una buena noticia que se nos dé la razón pero, por otro, me siento enfadado al pensar que nosotros nos somos casos aislados, sino que miles de personas han sufrido torturas y ni siquiera han recibido ese reconocimiento que supone una sentencia para resarcir parte del daño que les causaron”.