Trabajo doméstico
Empleadas domésticas denuncian la vulnerabilidad que sufren ante la violencia sexual en el trabajo

Hoy, 13 de abril, estaba previsto el juicio por el caso de siete mujeres migrantes que fueron sometidas a abuso sexual, agresión sexual, detención ilegal, trata y explotación ilegal, por parte de quienes fueron sus empleadores, una pareja residente en Vigo. Los cargos los enfrentaba solo una mujer, pues el hombre implicado en los hechos se suicidó, saltando por la ventana, en el momento del registro de la vivienda. Ayer lunes el proceso se cerró con un acuerdo por el que la acusada acepta 9 años de prisión y 17.000 euros en indemnizaciones.

La pareja se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las mujeres que contactaba, con cargas familiares, sin red, o en situación irregular, sirviéndose de sus circunstancias para manipularlas

Los hechos, por los que la fiscalía pedía 37 años de cárcel y una indemnización de 5.000 euros para cada mujer, sucedieron entre marzo y octubre de 2019, periodo en el que la mujer y su pareja habrían embaucado a las mujeres para trabajar en su domicilio, captándolas a través de un portal de anuncios. Una vez en la vivienda, afirman las denunciantes, eran obligadas a trabajar en tanga o desnudas y acosadas para mantener relaciones sexuales. Los abusos, que recoge La voz de Galicia, incluyen golpes y tocamientos.

La pareja se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las mujeres que contactaba, con cargas familiares, sin red, o en situación irregular, sirviéndose de sus circunstancias para manipularlas, llegando a pedirles que se desnudasen para hacerles falsos reconocimientos médicos anales y vaginales, bajo la excusa de que era una práctica necesaria para regularizar su situación en España.

“Soy tu empleada de hogar, no tu esclava sexual”

Colectivos de empleadas domésticas han querido mostrar su solidaridad con las mujeres de Vigo en un comunicado, en el que denuncian que el desamparo que sufren hace que estas situaciones sean frecuentes y queden muy a menudo impunes. El estudio Violencia Sexual a las Mujeres inmigrantes del sector cuidados de la Asociación Por ti Mujer de Valencia, expone: “Aun cuando la legislación pena el acoso sexual por razón de género y establece procedimientos específicos para prevenir y denunciar estas situaciones, el trabajo doméstico en España presenta unas características por las que logra evadir toda regulación en la materia”.

La informalidad, la escasa regularización, la invisibilidad propia del espacio doméstico como lugar de trabajo están entre las razones enumeradas que dificultan el abordaje de la cuestión. Una situación que se traduce en que una de cada 10 mujeres afirmen haber sufrido acoso sexual. Cifras que —recuerda en el comunicado la presidenta de la organización, Lucy Polo— están muy por debajo de la realidad, pues la extrema vulnerabilidad que sufren estas mujeres dificulta que denuncien por miedo a perder su única fuente de ingresos.

La irregularidad juega un papel central en esta impunidad: “Hay que pensar que no existimos para el sistema, vivimos aquí, pero somos invisibles porque no somos ciudadanas de derecho. No se nos visibiliza como personas, como aquellas personas que cuidamos de lo más preciado que tiene la sociedad, que son los hijos, las personas que necesitan atención, los mayores”, denuncia desde Galicia Soledad Lucero, de la Asociación Movilidad Humana, en conversación con El Salto.

La activista recuerda que los tres años que median hasta que se puede optar a la regularización por arraigo abren la posibilidad de todo tipo de abusos contra las mujeres. Por ello considera que una condena en el caso de este juicio puede ayudar “a dar justicia a estas compañeras, daría la posibilidad de que se crea en que este sistema judicial nos protege y el resto de compañeras pueda vencer el miedo”, asevera.

“No es posible, en esta realidad, en este siglo, que persista el empleo como internas. Es ahí donde mejor se nos puede violentar sexual, física y emocionalmente”, dice Soledad Lucero, de la Asociación Movilidad Humana

Junto al efecto vulnerabilizador de la ley de extranjería, y la falta de firma del convenio 189 de la OIT que persigue homologar la situación de las empleadas domésticas con el resto de las y los trabajadores, las organizaciones impugnan el régimen de interna: “No es posible, en esta realidad, en este siglo, que persista el empleo como internas. Es ahí donde mejor se nos puede violentar sexual, física y emocionalmente”, denuncia Lucero.

En el mismo sentido se manifiesta la presidenta de SEDOAC, Carolina Elías, en el comunicado, en el que exige la eliminación del trabajo de interna “porque perpetúa la apropiación de las vidas de las mujeres, normalizando el aislamiento y la no construcción de redes de apoyo, lo que las coloca en una situación de máxima vulnerabilidad”.

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Para combatir la impunidad que encuentran ante este tipo de abusos, Lucero anima a las mujeres que pasen por situaciones similares a hablar y pedir ayuda a colectivos de mujeres como ellas, que han pasado por lo mismo: “es posible organizarnos, hay entidades que estamos para arroparnos para visibilizar sus derechos y que no sientan ese temor y ese miedo. Que se animen para no vivir en esta situación de esclavitud”.

Los colectivos exigen que se repare a todas las víctimas y demandan herramientas más eficaces que evitenque estos abusos se sigan perpetuando. También insta a las instituciones a proteger debidamente a las trabajadoras y recuerdan que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), es de obligado cumplimiento. Hacen una llamada a los movimientos feministas y antirracistas a acompañar su lucha, y, por último, interpelan a los medios de comunicación para dar visibilidad a este caso en particular, y a las violencias que contidianamente enfrentan.