Trabajo sexual
Trabajadoras sexuales ante las leyes abolicionistas: “Necesitamos derechos tanto si queremos abandonar como si queremos quedarnos”

“Cuando me preguntan si hay algo que me haga daño por estar ejerciendo el trabajo sexual siempre digo los mismo, que sí: pero no es el trabajo sexual en sí mismo sino el estigma que la gente que no es conocedora de la realidad de la prostitución suele volcar sobre mí”. Así se expresa Verónika Wolf, trabajadora sexual desde hace tres años. Se encontraba en una situación laboral precaria y había probado “de todo” —un conjunto que incluye cortar quesos, limpiar campanas extractoras o un trabajo de camarera—. Hoy compagina el trabajo sexual con otros trabajos. No tiene intención de dejar el primero porque, explica, aunque fue la precariedad lo que la empujó a dar el paso, hoy le encuentra algunas ventajas. Ella organiza su agenda, selecciona previamente a quién va a atender en su casa y siente que tiene el control sobre lo que hace. “Gano dinero, me lo paso bien y me siento deseada”, dice, para acto seguido advertir de que no quiere romantizar este ni ningún otro trabajo. 

Pero eso, añade, es su posición. En la lucha por el reconocimiento de derechos para las trabajadoras sexuales, el eje no es si una quiere abandonarlo o no. “Necesitamos derechos en cualquiera de los casos”, dice María José Barrera, activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Su experiencia como trabajadora sexual ha sido en clubs, un entorno donde solo organizadas pueden hacer fuerza para plantar cara a los abusos de la patronal, explica. 

Séfora Jiménez es trabajadora sexual en Ponferrada. Ofrece servicios online, tanto  de videollamadas como a través de plataformas. También tiene un perfil en Onlyfans. “Marco mis citas, mis horarios, me gestiono todo... soy como una empresaria, pero sin derechos”, explica. Conoce el coste de dar la cara cuando una se dedica al trabajo sexual, pero lo hace para que las que vengan detrás no tengan que soportar lo que soportó ella cuando una situación de violencia de género y precariedad la dejó en manos de lo que llama “la industria del rescate”, los recursos que las instituciones reservan para casos como el suyo y donde ha pasado por situaciones de racismo, violencia y discriminación.

A la entrevista llega con un poco de retraso una cuarta compañera, Ninfa, portavoz de la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (Afemtras), que agrupa a trabajadoras del polígono de Villaverde (Madrid). Viene de lo que llama con sorna su “trabajo digno”, que compagina con el otro, “el indigno”, dice también con retintín.

Las cuatro activistas han visto con preocupación cómo los argumentos supuestamente abolicionista de la prostitución han ido permeando el debate social y las leyes. El Pleno del Congreso aprobaba el 7 de junio una propuesta de ley del PSOE consistente en  una reforma de varios artículos del Código Penal para castigar el lucro de la prostitución ajena (medie o no explotación), volver a penalizar la tercería locativa e imponer multas a clientes. La propuesta aún tiene camino por delante antes de hacerse efectiva.

Pero este gesto no es el único. Las activistas señalan también el intento de introducir la tercería locativa en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Además, el abolicionismo, existe ya en forma de ordenanzas municipales y se impone de facto a través de la Ley Mordaza. Estas trabajadoras sexuales denuncian que tras cualquier medida que se diga abolicionista, lo que viene es una persecución a mujeres en situaciones precarias. 

Ni abolición ni regulación: derechos

Las cuatro activistas advierten sobre lo que consideran un debate en falso entre dos modelos: el que pretende abolir la prostitución y el que pretende regularla. “El primero criminaliza todo nuestro entorno y el segundo solo da derecho y poder a la patronal”, lamenta Séfora Jiménez. 

Verónika Wolf cree que mostrar el debate como un espectro de dos polos donde hay que estar a favor o en contra de la prostitución es un error. “La prostitución va a seguir existiendo, la pregunta es si nos quieres clandestinas y, por lo tanto, vulnerables a sufrir violencias, o si nos quieres con derechos”, explica. El modelo que ella entiende como válido no es regulacionista ni abolicionista sino proderechos. En el mismo sentido se pronuncia Barrera: lo primero, derechos, porque sin ellos “no se puede pelear absolutamente nada”.

En ese camino, las trabajadoras piden, en primer lugar, una despenalización de su trabajo. Porque da igual que no exista aun una ley como la que propone el PSOE. “Al no existir una ley de ámbito estatal, lo que hacen en perseguirnos con leyes pequeñitas”, dice Barrera, refiriéndose a las ordenanzas municipales que han proliferado en la última década. Un estudio de la Universidad Autónoma concluyó en 2017 que estas ordenanzas, que muchas veces se presentan como herramientas para perseguir a los clientes de la prostitución, acaban siendo utilizadas sobre todo para sancionar a las mujeres. 

Algunas, como la de Barcelona, se plantean como ordenanzas de civismo y penalizan la prostitución como conducta incívica. Hay también ordenanzas específicas sobre prostitución, como la de Sevilla, que persigue y sanciona al cliente con multas de entre 750 y 1.500 euros. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla pone como ejemplo el caso de Málaga, donde el Ayuntamiento multa tres veces más a las mujeres que a los clientes mediante sus ordenanzas.

La integrante del colectivo sevillano explica también cómo la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se ha utilizado para multar a prostitutas, aunque en los últimos años no se han dado a conocer datos desagregados. El problema, explica, no son solo las multas sino que estas crean un historial que puede dificultar el acceso a servicios o derechos. 

Verónika pide ser realista a la hora de tomar cualquier medida relacionada con el trabajo sexual. “Hay que ver las condiciones materiales que no llevan a esto: la Ley de Extranjería, la precariedad laboral, el patriarcado; si se ataca eso y se puede tener una sociedad más justa para todas las personas, va a haber muchas menos putas”, dice la activista, y con razón: un informe reciente indica que la Ley de Extranjería llevó a la prostitución al 76% de las trabajadoras sexuales.

Contexto histórico

“Puedo decir que yo sí viví los tiempos de la dignidad trabajando en prostitución”, explica Ninfa, rememorando la situación de mediados de los 90. Para entenderlo, pone sobre la mesa una imagen de la serie Veneno, donde varios hombres le ofrecen un precio y ella se va con el mejor postor. 

Ninfa pone la situación actual en contexto con un repaso histórico. En el año 1995, bajo la presidencia de Felipe González, cambia al Código Penal y se despenaliza la tercería locativa. Esta figura jurídica hace referencia al lugar donde se ejerce la prostitución. Hasta entonces, mediante esta figura se responsabilizada y multaba al dueño del local en el que se ejerciera la prostitución.

“Lo que hizo el PSOE fue despenalizar el trabajo sexual para que sus compadres, la patronal de la prostitución, que existe, se autoorganizara y pudiera ser reconocida”, lamenta. Frente a esa patronal organizada y que cuenta con asociaciones desde principios de los años 2000, a las trabajadoras se les impide organizarse. O se intenta impedirlo, como demuestra el revuelo causado por la inscripción del sindicato OTRAS. Pese a que sus estatutos fueron recurridos, el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que avaló su legalidad.

El modelo que se ha impuesto, explica María José Barrera, es un modelo en favor de la patronal donde las mujeres que trabajan en los clubes pagan por hospedaje, como si estuvieran en un hotel, haciendo la ganancia para el empresario segura mientras se borra la relación laboral con las trabajadoras.

Víctimas y criminales

Ninfa llama la atención sobre cómo a las trabajadoras sexuales se las considera víctimas a las que hay que rescatar a la vez que criminales a las que hay que perseguir y multar: “Eso da pie a que cualquier persona se levante contra nosotras, se nos ve como pura mierda, ante la policía somos una mierda y la gente puede ir de justiciera”.

En ese papel de justicieros rescatadores sitúan estas activistas al conglomerado de instituciones y organizaciones que tienen como objetivo ofrecer alternativas. La experiencia de Séfora Jiménez con ellas es “nefasta”. Tras denunciar una situación de violencia de género, tardaron cuatro meses en asignarle a ella y a su hijo un techo donde convivía con otros hombres y iba al baño con un palo, por miedo a una agresión. Después, las alternativas habitacionales a las que ha tenido acceso incluían “normas carcelarias” donde el racionamiento de la comida y unos horarios incompatibles con cualquier trabajo eran la norma. Antes de encontrar una salida en el trabajo sexual probó varios curros sin contrato con los que no le llegaba para poder comer, y ha vivido siempre con el miedo de que le quitaran a su hijo —que hoy es mayor de edad, hecho que le permite dar la cara por las que no pueden hacerlo—. A todo ello suma el antigitanismo que ha sufrido desde las instituciones. 

María José Barrera también reflexiona sobre el concepto de “víctima” que manejan las instituciones y se pregunta por qué la policía se lleva a mujeres en las redadas contra los clubs: “Supuestamente son víctimas pero se las llevan retenidas y salen con una orden de expulsión”. 

Hacia la despenalización

Las activistas recuerdan el trabajo que han hecho en el último año para trasladar a los partidos y a los medios de comunicación que la llamada abolición de la prostitución supone en la práctica medidas prohibicionistas que las llevan a la clandestinidad, a los abusos, la explotación con las mafias y la retirada de custodia de sus hijos. También han tratado de exponer esta situación en el espacio universitario, con sonados intentos de prohibición por parte de organizaciones feministas abolicionistas. Un trabajo que han hecho desde colectivos de trabajadoras autoorganizadas y que se han desmarcado de la recién creada Plataforma de Personas Afectadas por la Ley de Abolición, que integra a trabajadoras y empresarios, por entender que los derechos de las trabajadoras de ninguna manera pueden coincidir con los intereses de los empleadores.

“Nos expone a peligros y la muerte, una situación que pretende venderse con la idea de salvarnos”, dice Ninfa. La activista subraya que la respuesta de algunos partidos es que el cumplimiento de los tratados europeos les impide impulsar leyes proderechos, pese en Bruselas o Bélgica ya están apostando por la despenalización del trabajo sexual, un enfoque que recomiendas organimos internacionales como Global Alliance Against Traffic in Women

El modelo que proponen tiene como referencia Nueva Zelanda, un país que ha sacado la actividad del código penal para llevarla al código laboral.

Entre sus demandas incluyen derechos laborales para las que quieran ejercer el trabajo sexual, que se deje de penalizar a las compañeras que captan clientela en la calle y a sus clientes, una legislación para las que trabajan a terceros, epígrafe propio para las autónomas, alternativas laborales dignas para las que quieran abandonar y protección para las víctimas de trata.

Unas demandas que pasan por una condición, la de ser escuchadas sin paternalismo ni planes de salvación: “No somos un sujeto de estudio, somos un sujeto político”, advierte María José Barrera. En 2014, el INE estimaba que la prostitución aporta el 0,35% del PIB, lo que supone una cifra cercana a 4.100 millones de euros. “Se hartan de comer pan de coño sin darnos ni un solo derecho”, lamenta Barrera.