Transporte
La Ley de Movilidad Sostenible corre el riesgo de ser “una simple expresión de buenas intenciones” para una docena de organizaciones

Organizaciones sociales y ecologistas denuncian que la ley adolece de objetivos concretos para descarbonizar el transporte, un sector que supone el 29% de las emisiones en España. También que se catalogue al gas natural como “combustible alternativo”.
Bus EMT Vallecas
En España, el transporte por carretera es reponsable del 26,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. David F. Sabadell

Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @pablorcebo.bsky.social, pablo.rivas@elsaltodiario.com

8 abr 2022 13:45

“Están planteando una Ley de Movilidad Sostenible que quiere descarbonizar y reducir las emisiones, pero no contiene ningún número ni objetivo de reducción de emisiones”. Así resume Ismael Morales, responsable de Política Energética de la Fundación Renovables, la que es considerada como la principal carencia del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que prepara el Gobierno.

Una docena de organizaciones sociales y ecologistas ha puesto el grito el cielo tras estudiar el anteproyecto de ley, actualmente en fase de información pública y formulación de alegaciones, tras comprobar que el texto no contiene ningún tipo de objetivo concreto y cuantificable respecto a las emisiones del sector del transporte.

“Estamos creando una ley que se va a quedar en agua de borrajas”, lamenta el portavoz de la Fundación Renovables

En un comunicado emitido este viernes, temen que la ley —clave para la lucha contra la crisis climática, pues el sector del transporte es responsable del 29,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, según datos relativos a 2019 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), un 26,8% de ellas emitidas por el transporte por carretera— quede en “una simple expresión de buenas intenciones”. En concreto, la ley, en su artículo 1, que fija el “objeto y finalidad” de la nueva legislación, solo habla de forma genérica de “alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y calidad del aire”.

“Agua de borrajas”

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta —junto a la Ley de Cambio Climático— para la transición energética y la descarbonización en España, sí establece una reducción del 33% en las emisiones del sector para 2030. Sin embargo, como denuncia Morales, “no hay ninguna vinculación legal que vincule la Ley de Movilidad Sostenible con el PNIEC”, como sí existe en la Ley de Cambio Climático, con objetivos similares: un 23% de reducción de emisiones para el total estatal respecto a 1990.

“Estamos creando una ley que se va a quedar en agua de borrajas”, lamenta el portavoz de la Fundación Renovables. “Si no tenemos objetivos concretos vamos a dejar al mercado del automóvil que haga lo que quiera. De hecho, en nuestra opinión, eso es lo que parece que quiere la ley: que el mercado del automóvil vaya con sus propias reglas y que marquen ellos el ritmo”.

“No existe una fiscalidad activa como herramienta de cambio para la movilidad sostenible”, incide Ismael Morales, “y eso es grave”

Morales remarca además que los objetivos de la Ley de Cambio Climático y del PNIEC quedan lejos de los objetivos que debería marcarse el Estado español para luchar de forma contundente contra la crisis climática. “Desde la Fundación Renovables apostamos al menos por una reducción del 50% del sector del transporte para 2030”.

Así, mientras que el PNIEC funciona como guía genérica para la reducción de las emisiones en el sector, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, tal como está redactado actualmente, no desgrana cómo deben rebajarse las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores concretos dentro del transporte: “No sectoriza el transporte por carretera de utilitarios, de vehículos pesados, del transporte marítimo olvídate, tampoco del aéreo…”, denuncia Morales.

Más fósiles como alternativa

La docena de organizaciones preocupadas por el devenir de la ley lamentan asimismo que el gas natural sea considerado en la misma “energía alternativa” cuyo uso se fomenta explícitamente para el transporte marítimo. “Esto hará aumentar la dependencia energética del exterior, porque España no es productor”, señala el repsonsable de la Fundación Renovables. “Nos pone contra la espada y la pared de nuevo con el gas”, continúa, “porque va a seguir incidiendo en que sigamos contaminando, cuando no tenemos que hacerlo porque hay alternativas, como es el hidrógeno verde o el amoniaco”.

La coalición de colectivos sociales recuerda que el gas natural, mayoritariamente compuesto de metano, tiene un impacto climático incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos y es un causante de la dependencia externa energética de terceros países. “El metano emite en su combustión CO2, pero además es un gas de efecto invernadero en sí mismo 87 veces más potente que el CO2 en una perspectiva de 20 años”, señalan.

El sector del transporte es responsable del 29,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, según datos relativos a 2019 del Miterd

“En lugar de apostar por el gas natural, el Gobierno debería fijar en la Ley de Movilidad Sostenible un objetivo obligatorio de suministro de combustibles verdes cero emisiones (hidrógeno verde y otros obtenidos a partir de él, como el amoniaco verde) mínimo del 6% para 2030 para los barcos”, manifiestan las organizaciones.

Cambio de título

Por último lamentan que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) haya eliminado la parte de la financiación del transporte público del título de esta ley, cuyo nombre en la fase de consultas previas, en 2020, era Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público. “La mayoría de países europeos tienen leyes dirigidas a tal fin”, denuncian.

Además, en este sentido, aunque el anteproyecto de ley actual “incluye mecanismos de financiación del transporte, deja de lado la fiscalidad, todo lo relativo a fiscalidad verde y activa”, añade Morales. Con todo ello, concluye el portavoz de la Fundación Renovables, se olvidan posibilidades como aumentar el impuesto de hidrocarburos o poner una tasa ‘Amazon’ para la distribución en ciudad de pequeño alcance, como es el caso de los paquetes de mensajería.

“No existe una fiscalidad activa como herramienta de cambio para la movilidad sostenible”, incide, “y eso es grave”. Son fondos que podrían, para Morales, ir destinados a fomentar  y subvencionar la movilidad eléctrica, la peatonalización de las ciudades o los carriles bici, entre otras formas de movilidad sostenible.

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