Trata
Varapalo de la jueza a la Fiscalía por exculpar a tres policías en la investigación por trata en los clubs Queens y La Colina

El 10 de mayo de 2001 Javier Reguera y Manuel Santiso, investigados en el caso Pokémon, adquirieron una propiedad en Lugo. Esta contenía unos terrenos y edificaciones que anteriormente habían pertenecido a un empresario quesero, y se vendió a un precio muy por debajo de su valor real, según habría declarado este, debido a las presiones recibidas, entre ellas un aluvión de multas impuestas por la Policía Local.

Javier Reguera era entonces funcionario municipal del Ayuntamiento de Lugo, prestaba servicio en las dependencias de la Policía Local y estaba encargado de la empresa gestora de la grúa y la del sistema de aparcamiento regulado (ORA). Manuel Santiso administraba la empresa Construcciones SANLE. Los dos compartirían la titularidad sobre esta propiedad con Sagrario Vázquez, pareja de Javier Reguera y auxiliar administrativa en el departamento de sanciones de la Policía Local.

El 30 de julio de 2001 se constituía la sociedad Inmobiliaria Rivamar Lugo SL, compartida por Juan Carlos Pumares, el constructor Javier Río Vidal y el inspector de la Policía Local José Ramón Vázquez Río. Su objeto social era el servicio e intermediación en las actividades inmobiliarias, a pesar de que la única actividad que realiza en el ámbito inmobiliario es el arrendamiento de esta propiedad a Javier Reguera, Sagrario Vázquez y Manuel Santiso. En octubre, Vázquez Río comunica a Javier Río Vidal la intención de abrir un prostíbulo. Javier Río Vidal se encargaría, entre enero y septiembre de 2002, de las obras de acondicionamiento del local, que comenzaría su actividad aquel mismo mes de septiembre, pese a no contar con licencia para hacerlo.

Se trata del club Queens, epicentro del caso Carioca, alquilado a Rivamar Lugo por José Manuel García Adán, proxeneta que también explotaría el club La Colina, situado en Outeiro de Rei. Así consta en el auto firmado por Pilar de Lara que concluye la instrucción de la pieza relativa a estos dos prostíbulos incluida en el caso Carioca.

PROSTITUCIÓN COACTIVA

En los locales explotados por García Adán, “las mujeres trabajaban en un clima absoluto de presión, sometimiento, miedo, intimidación y terror”, señala el auto, 12 horas diarias por semana y hasta 14 en los fines de semana, con un único día de descanso (lunes, martes o miércoles). Muchas de ellas fueron insultadas, humilladas e incluso agredidas con brutalidad por García Adán. Otras amenazadas, y le tenían “auténtico pavor”, tal como recoge el texto, ya que Adán exhibía una pistola (sin licencia para tenencia de armas) con la que llegó a encañonar a varias de ellas advirtiéndolas de lo que les podía pasar, por ejemplo, si pretendían abandonar el club.

Una de las prostitutas trató de denunciar la situación en Comisaría y los agentes, según declaró, se negaron a recoger la denuncia

Arrastrándolas de los pelos, a patadas, a puñetazos... Así describen el trato recibido por el proxeneta varias de las mujeres explotadas sexualmente por él. Algunas de ellas también declararon haber sido agredidas por su mano derecha, José Manuel Pulleiro Núñez, y por José Unay Gómez Vila, recepcionista de La Colina encargado del cobro a las prostitutas. Alguna fue forzada a abortar sin anestesia, algo que se juzga en otra pieza separada. Para soportar estas condiciones extremas de vida algunas accedían a consumir la cocaína que el propio García Adán les suministraba, algo que a él le permitía engancharlas a la droga y garantizar su permanencia.

García Adán manifestaba ganar unos 6.000 euros semanales. Le retenía 43 euros diarios a cada una de las numerosas prostitutas que trabajaban para él y cualquier falta o retraso era susceptible de conllevar multas abusivas, incluso por enfermedad o menstruación. Algunas de las mujeres eran captadas para servir también como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social en las “fiestas blancas” (cocaína y prostitución) organizadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empresarios de gran poder adquisitivo, muchos de los cuales frecuentaban el local. Algunos empresarios llegaron a gastar más de 4.000 euros en una sola noche.

Siempre según el auto, las mujeres “estaban claramente limitadas en su capacidad para dejar de acudir a los locales”, además de por las condiciones de trabajo impuestas, “por la pobreza” y “por la situación de necesidad en la que se encontraban” al tener también familiares a cargo, “condiciones y circunstancias que eran perfectamente conocidas” por los proxenetas.

Todo esto fue posible también con la connivencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo usuarios habituales del local numerosos miembros, a los que las prostitutas veían relacionarse con García Adán, que patrocinaba el club de fútbol de la Policía Nacional. Una de ellas, de hecho, trató de denunciar la situación en Comisaría y los agentes, según declaró, se negaron a recoger la denuncia. En alguna ocasión los funcionarios policiales se presentaban en el club en los vehículos oficiales y uniformados con el afán de intimidar a las prostitutas.

Las mujeres eran captadas mayoritariamente en Brasil. La organización dirigida por García Adán organizaba el viaje, facilitaba el billete de vuelo y una cantidad de dinero en efectivo que debían mostrar en el control de entrada para pasar como turistas. De este modo contraían una deuda que debían devolver prostituyéndose en los clubs Queens -donde fueron identificadas 20 mujeres con deuda- y La Colina -22 mujeres identificadas-. En algunos casos estas mujeres podían reducir esta deuda si hacían ellas mismas de captadoras. Se han identificado hasta ocho mujeres prostituidas para pagar la deuda contraída por familiares (mayoritariamente hermanas) o amigas.

PROSTITUCIÓN DE MENORES

La investigación localizó a una menor de edad ejerciendo la prostitución en el club Liverpool –algo que fue investigado en la pieza separada correspondiente a este club de O Corgo (Lugo)– que anteriormente había sido identificada en el club Queens, donde ejercía la madre de ella. En la pieza correspondiente al Liverpool se juzgaba por prostitución de menores al dueño del local y a varios agentes de la Guardia Civil, entre ellos Armando Lorenzo Torre, a quien se le atribuyen en la pieza principal del caso Carioca más de 70 delitos como presunto cerebro de la trama.

El pasaporte de la entonces menor de edad fue falsificado a bolígrafo azul sobre la tinta negra del documento oficial, cambiando así el año de su fecha de nacimiento, 1991, por 1990. Para Pilar de Lara resulta “inexplicable” que los funcionarios policiales dedicados al control documental de ciudadanos extranjeros no advirtiesen la edad de la prostituta cuando, precisamente, la identificación efectuada tenía el objetivo de comprobarla, y en sus bases de datos, que fueron consultadas por diversos funcionarios policiales en varias ocasiones, figuraba la fecha real. No obstante, en el atestado hicieron constar la de 1990. Tras mirar su pasaporte, en palabras de la menor, quedaron “extrañados” y le dijeron “que no pasaba nada”, dejándola en libertad.

Un cabo de la Guardia Civil de Lugo habría regalado servicios de prostitución al alcalde de Siguero

Fran Pérez

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Un cabo de la Guardia Civil de Lugo habría regalado servicios de prostitución al alcalde de Siguero

Fran Pérez

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Enrique Calvete compartía varios negocios con el hijo del cabo, Pedro Lorenzo, a los que adjudicaría contratos públicos como alcalde de Siguero.

En la pieza relativa al Liverpool, la Fiscalía concluyó que, si “los propios funcionarios de policía” no se percataron de alteración alguna, “no se puede exigir al imputado una diligencia y celo mayor en la comprobación de los datos de nacimiento”, solicitando así el archivo tanto para los agentes como para el dueño del Liverpool.

Pilar de Lara, manifiestamente contraria al criterio de la Fiscalía, tuvo que archivar el caso en la pieza del Liverpool. Sin embargo, en la pieza del Queens y La Colina a quien se juzga es a García Adán y al encargado de los clubs, José Manuel Pulleiro, sobre quienes la magistrada incide en que de las conversaciones telefónicas intervenidas se extrae que ambos tienen conocimiento de la minoría de edad y se anticipa a las conclusiones de la Fiscalía: “Que los agentes policiales no hubieran realizado reseña alguna a la minoría de edad”, señala el auto, no significa que García Adán y José Manuel Pulleiro la desconociesen, sino que pudieron cometer un delito de falsedad documental. Basta, según el auto, escuchar las fluidas conversaciones telefónicas, intervenidas en la semana de la identificación, de García Adán con su encargado José Manuel Pulleiro, con el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre y con el propio jefe de servicio de extranjería de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo, Evaristo Rodríguez.

CONCLUSIONES DE LAS FISCALÍA INCOMPRENSIBLES E INADMISIBLES

La jueza dedica una tercera parte del auto, de más de cien páginas, a contradecir las sorprendentes conclusiones de la Fiscalía, que en diciembre de 2018 solicitó, en un escrito al que O Salto también tuvo acceso, que la pieza del Queens y La Colina continuase exclusivamente contra tres personas de las 21 imputadas. Exculpó a todos los agentes policiales implicados y limitó la investigación al proxeneta García Adán, al encargado de los locales José Manuel Pulleiro y a su expareja. Esta última actuaría como captadora, pero cuenta a su vez con la condición de víctima de trata y, a criterio de De Lara, “podría haber actuado bajo la presión de José Manuel Pulleiro”, por quien hay indicios de que sería maltratada y quien, además, “aportó datos muy relevantes para la investigación” prestando una “colaboración esencial con la Administración de Justicia”.

Francisco Javier Fernández Becerra, yerno de un camarero del Queens, ejercía como agente policial destinado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. El caso investiga si colaboró con la organización permitiendo el acceso y tránsito de las mujeres que serían explotadas sexualmente por García Adán, así como la falsificación de pasaportes para hacer constar que las mujeres salieron y volvieron a España, prolongando así sucesivamente su estancia como turistas por periodos de tres meses. Para la Fiscalía, su participación no queda acreditada al no existir registro oficial de las cabinas en las que desempeñó su trabajo.

Arrastrándolas de los pelos, a patadas, a puñetazos... Así describen el trato recibido por el proxeneta varias de las mujeres explotadas sexualmente por él

Según el auto, constan dos envíos a nombre de García Adán, con quien también se vería frecuentemente en Madrid, en ocasiones para entregarle pasaportes en mano, según varios testimonios (entre ellos el de exparejas del propio García Adán que identifican fotográficamente al funcionario), además de reunirse con José Manuel Pulleiro en Lugo. Mantenían un contacto fluido, llegando a intervenirse más de 60 conversaciones telefónicas, en las que se referían al agente como “Paco”.

“Numerosísimos” testigos, indica el texto, avalan que su puesto era la cabina 16 del Aeropuerto de Barajas, por la que García Adán y José Manuel Pulleiro indicaban a las mujeres que debían pasar. Varias de ellas lo describen físicamente y lo identifican fotográficamente. Algunas lo vieron varias veces en el Queens con José Manuel Pulleiro. Pero, “por si fuera poco”, dice el auto, la Fiscalía obvió una prueba “revelantísima” [sic]: en el armario de Becerra se encontró una nota con los nombres de tres mujeres que contrajeron deuda con García Adán y el vuelo correspondiente. Teniendo en cuenta todos estos datos la instructora entiende que, “cuando menos, existen indicios serios, racionales y más que suficientes como para que sea en el acto del juicio oral donde pueda resolverse sobre su responsabilidad”.

Al agente de la Policía Local Manuel Álvarez Castro Pilar de Lara le atribuye delitos de tráfico de munición y cohecho, también en contra del criterio de la Fiscalía. A García Adán le fueron incautadas varias armas, algunas modificadas, y una gran cantidad de cartuchos de diferentes marcas y calibres. Varias testigos identifican a Manolo, 'el Coletas', como el agente que le proporcionaba la munición y una de las exparejas de García Adán, que lo identifica fotográficamente, declaró que lo vio llevándole balas “pequeñas y grandes”. Este agente era cliente habitual del Queens y no pagaba nunca las consumiciones.

Especial atención de la magistrada recibe la figura de Vázquez Río, frente a las conclusiones de la Fiscalía “que ni se comparten ni se comprenden”, según la cual el sargento de la Policía Local desconocería que se estaba llevando a cabo prostitución coactiva y tráfico clandestino de personas, en contra de las pruebas practicadas, y que desliga la vida privada de la profesional.

Vázquez Río era un cliente habitual del Queens, donde no pagaba consumiciones (algo que, según la Fiscalía, no se debería a su condición de policía, sino a un trato de cortesía), y también accedió a servicios sexuales gratuitos o por más tiempo del estipulado y habría forzado a las prostitutas a actos y prácticas sexuales contra su voluntad bajo amenazas. No solo tendría conocimiento de los delitos infringidos por García Adán, sino que colaboraría en su comisión.

Tal como recoge el auto, el grado de implicación del sargento de la Policía Local sería tal que compartía la gestión del local con García Adán, según numerosos testigos. Entraba al local por la puerta de acceso de las mujeres (no de los clientes) y accedía a todas las dependencias del club, estuviera o no García Adán. También sacaba a las mujeres del club sin pedir permiso y se vio en bastantes ocasiones en la oficina con García Adán. De hecho, alguna mujer declaró que con quien habló para trabajar en el Queens fue con Vázquez Río y no con García Adán.

Para la jueza, “tampoco puede admitirse” que no supiese de la actividad de prostitución coactiva y tráfico clandestino porque todo apunta a que participó del negocio, pasaba el día y las horas en el interior del club y controlaba su actividad y rendimiento económico. Incluso acudió él mismo al aeropuerto de Santiago a recoger a mujeres de Brasil que venían con deudas.

Vázquez Río se encargó de las cuestiones relativas a las licencias del local, del suministro de la energía eléctrica y de contratar la pintura de la facha del club. También de la instalación de las rejas, persianas, ventanas, del revestimiento exterior, los rótulos, etc. Además, la sociedad Rivamar Lugo, cuya única actividad había sido interceder entre García Adán y los propietarios de la parcela y las edificaciones, no obtuvo ningún beneficio económico; es decir, actuó como una mera sociedad instrumental. Además, según sus socios de Rivamar, sus firmas fueron falsificadas y desconocían la actividad de arrendamiento y subarrendamiento de club, y cuando dejó de ser Rivamar la arrendataria de la propiedad siguió encargándose Vázquez Río personalmente de interceder entre García Adán y Javier Reguera.

Y es que, según se recoge en el auto, la amistad entre García Adán y Vázquez Río se remonta a años antes de abrirse el club, cuando García Adán se encargaba de otros prostíbulos. El sargento de la Policía Local había sido visto ayudando al proxeneta a ocultar pruebas tras apuñalar a una persona hasta dejarla con el pulmón a la vista, algo que corroboraron agentes policiales compañeros de Vázquez Río, que lo vieron pasándole la mano por el hombro a García Adán para tranquilizarlo.

Así, Pilar de Lara atribuye a García Adán y José Manuel Pulleiro delitos de prostitución coactiva (junto con Unay Gómez), contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, tráfico clandestino de personas con fines de explotación sexual (junto con la ex pareja de Pulleiro), prostitución de menores, amenazas y asociación ilícita. También constituirían asociación ilícita Unay Gómez, la expareja de Pulleiro y Francisco Fernández Becerra.

A García Adán le atribuye además los delitos de falsedad documental, tenencia ilícita de armas, depósito de munición, tráfico de drogas y cohecho; a Manuel Álvarez Castro tráfico de munición y cohecho continuado, y a Vázquez Río la omisión del deber de perseguir delitos y los delitos continuados de cohecho y de colaboración con el delito de prostitución coactiva.