Tribuna
La Lotte en Mont-roig del Camp: ¿Todo vale en nombre de la transición verde?

Un nuevo macroproyecto industrial amenaza al Camp de Tarragona. Defendido por políticos de colores variopintos, se ha topado con la resistencia de grupos locales. Se trata de un proyecto de componentes de baterías de la empresa surcoreana Lotte Chemical Corporation. Sus defensores plantean que el proyecto atraerá inversiones millonarias, creará puestos de trabajo, utilizará energías verdes y servirá para recuperar la autonomía industrial. Pero ¿qué consecuencias va a tener realmente semejante proyecto? ¿Es este el modelo industrial que queremos?

Se habla de una inversión privada de más de 400 millones de euros acompañada de cerca de 70 millones de fondos públicos. El objetivo: construir una fábrica para producir láminas de cobre, uno de los componentes imprescindibles para las baterías de vehículos eléctricos. Como explican en la Directa, se trata de una industria química considerada de nivel de riesgo cinco —en una escala sobre seis— en relación a la protección civil. Además, los posibles impactos de la fábrica deben contemplarse considerando las condiciones de contaminación que ya afectan a toda la zona, ya que la acumulación y la interacción entre los contaminantes de diferentes industrias pueden generar unas afectaciones que no se han contemplado en los estudios ambientales previos.

El proyecto seguirá expandiendo la pérdida de suelos agrarios y la huella industrial en una zona, el Camp de Tarragona, que históricamente se ha convertido en un territorio de sacrificio

La fábrica proyectada ocupará 44 hectáreas, a las que se tienen que sumar 96 hectáreas de suelo agrícola y rústico destinadas a la planta de energía fotovoltaica que se construirá para su abastecimiento. Estamos hablando de un proyecto que seguirá expandiendo la pérdida de suelos agrarios y la huella industrial en una zona, el Camp de Tarragona, que históricamente se ha convertido en un territorio de sacrificio donde se han ubicado las industrias más contaminantes, como la industria petroquímica; y las más nocivas socialmente, como el turismo.

¿Quién está detrás de este macroproyecto?

La empresa que hay detrás de esta gran inversión es Lotte Energy Materials, filial de Lotte Chemical Corporation, un gran conglomerado coreano con unos ingresos anuales de 14,3 mil millones de euros que cuenta con inversiones en sectores tan diversos como la alimentación, la química, la construcción, el turismo o las finanzas. Entre sus accionistas se encuentran grandes fondos de inversión globales como Goldman Sachs y Vanguard.

Tras la gran inversión está Lotte Energy Materials, filial de Lotte Chemical Corporation, cuya falta de escrúpulos queda demostrada en sus negocios internacionales

Este tipo de multinacionales busca aumentar su rentabilidad a cualquier precio. Una falta de escrúpulos que en el caso de Lotte queda demostrada si echamos un vistazo a sus negocios internacionales. El observatorio coreano Korean TNCs Watch ha denunciado, por ejemplo, que la filial turística de Lotte (Lotte Hotels and Resorts) contribuye a financiar al ejército de Myanmar a través de uno de sus hoteles en el país. Se trata de un grave ejemplo de vulneración de derechos humanos por parte de la empresa, puesto que el ejército de la nación del sudeste asiático está acusado de perpetrar el genocidio de la población Rohingya. La existencia de estos precedentes de implicación en crímenes internacionales debería ser suficiente para impedir que la empresa siguiera recibiendo fondos públicos. Un criterio que lleva tiempo reivindicando el grupo catalán de empresa y derechos humanos.

Otro ejemplo de vulneraciones de derechos humanos lo encontramos en la implicación de una de las socias de Lotte Energy Materials —la encargada de construir la planta de baterías— en el desplazamiento de pueblos indígenas en Argentina. Se trata de la empresa transnacional POSCO, con la que Lotte Energy Materials ha firmado un memorando de entendimiento para asegurarse el suministro de cobre por sus proyectos de expansión en Europa. POSCO es una gran empresa global que ahora ha puesto el foco en los materiales estratégicos para la transición energética. En Argentina, organizaciones locales denuncian que ha instalado una mina de litio sin garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, además de poner en riesgo el abastecimiento de agua en un ecosistema que ya de por sí es muy frágil.

¿A qué intereses sirve la construcción de esta fábrica?

Responde, en primer lugar, a un modelo que busca mantener el crecimiento económico infinito intocable, haciendo frente a todas las tensiones que esto genera. Ahora mismo, una de las urgencias del capital europeo es responder a un contexto geopolítico de tensión creciente y carrera por los recursos clave para la transición verde y la industria militar, para recuperar la competitividad frente a China y EEUU. Para ello, apuesta por la reindustrialización de Europa para hacer avanzar la transición verde y, al mismo tiempo, garantizar el crecimiento. En este nuevo escenario, empresas transnacionales como Lotte, atraídas por suculentos incentivos en forma de subvenciones públicas y préstamos favorables, buscan aprovecharse de esta oportunidad para hacer negocio y seguir acumulando beneficios. En concreto, Lotte Energy Materials inicia su aterrizaje en Europa apoyada por las administraciones públicas, que la han ayudado a instalarse y han aportado una parte de la financiación. La Generalitat de Catalunya le ha otorgado una ayuda de 2 millones de euros a través de la agencia Acció y el Ministerio de Industria, a través de los planes estratégicos de los fondos de recuperación europeos Next Generation, le otorgó 61,59 millones y un préstamo de 5,85 millones.

La destinación de fondos públicos a esta multinacional es muy beneficioso para los intereses privados, pero plantea muchas carencias desde una perspectiva de justicia y democracia

El hecho de que se destinen fondos públicos a una empresa multinacional de estas características responde a una concepción de las políticas industriales que se basa en un modelo de colaboración público-privada. Un modelo muy beneficioso para los intereses privados, pero que plantea muchas carencias desde una perspectiva de justicia y democracia. Bajo el mantra de que la atracción de inversiones es buena a toda costa, se derivan fondos públicos a manos privadas con escasos controles y condicionalidades. Mientras, se pierde capacidad de planificación económica y soberanía.

¿Qué problemas tiene este modelo? ¿Es así como resolveremos la crisis climática?

En primer lugar, este modelo no contempla que los recursos necesarios para abastecer la industria de los vehículos eléctricos son limitados y generan graves impactos en su obtención; un claro ejemplo es el del litio, como comentábamos antes. En segundo lugar, su objetivo es ampliar la rentabilidad, por lo que minimizar impactos no será su prioridad; en vez de ocupar nuevas tierras, las fábricas se podrían ubicar en espacios antropizados, por ejemplo, donde ya existen edificios, o plantear proyectos de reconversión industrial y así no expandir los impactos a nuevos territorios. En tercer lugar, falta una planificación de los usos y necesidades reales de la población para garantizar vidas dignas. El modelo de crecimiento económico infinito prioriza, ante todo, la obtención de beneficio. En cambio, un replanteamiento que estableciera las prioridades industriales en base a los usos necesarios reduciría la demanda energética e industrial. Por tanto, haría falta menos energía y, en última instancia, menos proyectos.

La emergencia climática es un reto sin precedentes, pero no puede remar en contra de la justicia social. Una transición justa real transformará los sistemas de movilidad

Es evidente que la emergencia climática es un reto sin precedentes, y que es necesario abordarla con urgencia. Pero esto no puede remar en contra de la justicia social. Como se ha puesto de manifiesto con el reciente apagón, la transición a fuentes de energía renovable requerirá el uso de baterías. Ahora bien, será necesario plantear qué tipo de baterías, de qué tamaño y para qué usos. Por ejemplo, la demanda de baterías por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos debe reducirse. La sustitución de los vehículos de combustión por eléctricos 1x1 es indeseable desde el punto de vista ambiental y social: una transición justa real comportará transformar los sistemas de movilidad hacia la reducción de los desplazamientos, el incremento del transporte público y el uso colectivo de los vehículos.

Por otra parte, la ubicación de plantas de fabricación de baterías para usos socialmente necesarios requerirá un diálogo entre el máximo de actores afectados, minimizar los impactos de la producción, reutilizar infraestructuras existentes y excluir intereses corporativos. Conflictos como el que plantea la fábrica de Lotte demuestran que es necesario abrir el debate sobre qué futuro industrial queremos y necesitamos. ¿Cómo queremos realizar esta transición? ¿Cuál es el modelo energético que queremos?