Tribuna
“Reindustrialización” en tiempos de emergencia ecosocial: rearmes, tecnocracia y urgencia climática

La industria es un sector clave para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y  cumplir con el Acuerdo de París. Actualmente se encuentra en un momento histórico, con una posición central en la legislación europea y global y anuncios de nuevas medidas que se suceden a gran velocidad. Este movimiento, que nace de una necesaria transformación motivada por la crisis climática, abre la puerta a la posibilidad de una nueva industria que deje atrás errores del pasado y se transforme en una más justa en lo social, lo ecológico, lo laboral… Sin embargo, los últimos desarrollos legislativos y políticos en Europa y el Estado español están configurando una nueva “reindustrialización” bajo viejos paradigmas, donde los intereses corporativos, el rearme militar y la competitividad global están por encima de los principios ecológicos y democráticos. 

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Militarismo

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Este investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria denuncia que el rearme ya está teniendo lugar y que el Ejecutivo escamotea información sobre las relaciones comerciales de la industria con Israel.

Desde las organizaciones ecologistas llevamos años reclamando una transformación industrial ecosocial coherente con los límites del planeta y centrada en la justicia social. Por ello, estamos haciendo un estrecho seguimiento a las legislaciones en torno a la industria que se van sucediendo y, frente a estas, proponemos algunos cambios y alternativas.

El Informe Draghi y el Pacto por una Industria Limpia: más industria, pero ¿para qué?

La industria lleva un tiempo siendo un tema central en Europa. En 2024, el esperado Informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea planteó la necesidad de una estrategia industrial común europea que aunase competitividad y sostenibilidad e hiciese frente a China y Estados Unidos. Se basa en tres pilares: la innovación, la descarbonización y la reducción de la dependencia. Sin embargo, su enfoque se orienta a la competencia global, no a la sostenibilidad ni el bienestar colectivo, y prioriza la productividad y el crecimiento, que considera necesarios para no poner en riesgo “el modelo de vida europeo”. Un modelo basado en el consumo que sabemos que no es ni sostenible, ni universalizable, ni común siquiera a todos los habitantes de Europa. El informe, además, señala la “excesiva regulación” en cuanto a normativas a la que están sujetas las empresas, muchas relacionadas con el medioambiente, como un lastre para la competitividad, lo que ha sentado las bases para que a nivel europeo cada vez se den más pasos atrás en cuanto a normativas ambientales. 

Varias medidas de la UE ya han reducido los requisitos para las empresas y resultado en una desvalorización de los derechos humanos y laborales, eliminación de compromisos climáticos y menos participación social

El enfoque de este informe ha marcado las políticas industriales posteriores, haciendo de la competitividad el valor principal a perseguir. En enero de 2025, basado en el Informe Draghi, se publicó la Brújula de la competitividad, el marco que guía el trabajo de la Comisión Europea hasta 2029 y que busca identificar las acciones necesarias para hacer a Europa competitiva a nivel global. Una de las principales medidas que propone es la simplificación, es decir, reducir los requisitos para las empresas a la hora de rendir cuentas de su actividad. El objetivo que se plantea es disminuir la carga burocrática, pero también abre la puerta a que se eliminen medidas sociales y ambientales. Ya ha ocurrido con el Paquete Ómnibus de Simplificación, que ha eliminado y modificado directivas europeas dirigidas a asegurar prácticas responsables de las empresas, resultando en una desvalorización de los derechos humanos y laborales, eliminación de acciones reales para los compromisos climáticos y reducción de la participación social.

Tras estos documentos marco en torno a la competitividad, se han ido sucediendo diversas legislaciones europeas centradas en la reindustrialización. La Ley sobre la industria de cero emisiones netas, junto a la Ley Europea de Materias Primas, forman el núcleo del Pacto por una Industria Limpia, la hoja de ruta de la política industrial europea. En teoría, el objetivo es fomentar la industria “cero emisiones netas” y alcanzar la descarbonización en 2050 siguiendo la narrativa europea de que la sostenibilidad es un valor añadido que mejora la competitividad. Sin embargo, en la práctica se está traduciendo en una carrera por asegurarse cadenas de suministro de minerales críticos y tecnologías estratégicas con enormes impactos sociales y ambientales en el Sur Global y con la “simplificación” de regulaciones ambientales y sociales en Europa. Todo esto con apoyo a los intereses de las grandes empresas industriales, sin garantizar mecanismos de participación social y de las trabajadoras, y con las organizaciones de la sociedad civil cada vez más en el punto de mira acusadas de actuar como lobby en Europa. Además, con un enfoque de “neutralidad tecnológica” bajo el cual se alimentan burbujas como la del hidrógeno, sin ni siquiera asegurar que se base en fuentes de energía renovables, o volviendo a apostar por la energía nuclear, a pesar de sus riesgos e impactos.

Del Pacto por una Industria Limpia derivan legislaciones más específicas, algunas aún por anunciar en los próximos meses, y marcos para la aplicación en los Estados miembros, que son quienes finalmente deben poner en marcha las medidas anunciadas desde Europa.

Un Proyecto de Ley de Industria sin ambición ecosocial

En el Estado Español, la Ley de Industria vigente data de 1992. Hay legislación más reciente que también afecta a este sector, como la Ley de Cambio Climático de 2021, pero es insuficiente frente a la urgencia climática y no cuenta con los compromisos necesarios para descarbonizar con rapidez sectores altamente emisores y contaminantes como acero y cemento. El Real Decreto 214/2025, que establece nuevas obligaciones para las empresas en relación con la huella de carbono, marca un paso necesario hacia una mayor responsabilidad empresarial frente al cambio climático, pero su alcance excluye a numerosas pymes y no contempla sanciones claras para quienes incumplan.

El proyecto de ley de industria podría ser una oportunidad para plantear cuáles son las industrias necesarias, pero la ley se basa en la inversión y no en garantizar que esas empresas reviertan en beneficios en los territorios donde se asienten

Para renovar la legislación que ha quedado obsoleta se ha presentado un Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada el 10 de diciembre del año pasado por el Consejo de Ministros y en proceso de enmiendas, que busca modernizar el tejido industrial, digitalizar procesos y mejorar la autonomía impulsando proyectos e industrias que se consideren “estratégicas”. Podría ser una oportunidad para plantear cuáles son las industrias necesarias, y sin embargo, la selección de qué es “estratégico” no contempla participación social y se basará principalmente en la inversión y la innovación, sin que la ley recoja en qué o para qué, ni garantice que estas industrias reviertan en beneficios sociales, ambientales, laborales o económicos en el territorio donde se asienten.

A lo largo del texto se repite el mantra del crecimiento y la competitividad unidas a la sostenibilidad, sin cuestionar el modelo de producción y consumo que nos ha llevado a la crisis ecosocial. Aparte de la retórica verde, el texto no ofrece una hoja de ruta clara hacia la descarbonización ni establece límites ecológicos concretos, más allá de promover  la “neutralidad climática para 2050”, una fecha demasiado tardía. Además, se silencia cualquier mención al necesario decrecimiento de sectores insostenibles como el del automóvil o la aviación, mientras se da apoyo a la industria armamentística y se sigue contemplando el uso de la energía nuclear.

Rearme, autonomía estratégica y la sombra de la guerra

El concepto de autonomía estratégica, que se está volviendo central en la política industrial europea, está cada vez más vinculado al rearme militar. La Comisión Europea ha  lanzado recientemente la propuesta ReArm Europe para financiar de forma masiva la industria bélica, bajo el argumento de reforzar la defensa común tras la invasión de Ucrania. En el Estado español, se presentó recientemente el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que busca alcanzar el objetivo comprometido con la OTAN de aumentar al 2% del PIB el gasto en estos sectores. Un gasto que desde 2014 ya ha aumentado un 67%. 

El planteamiento de que la industria de guerra pueda ser un estímulo económico y fuente de avances para usos civiles puede resultar en que el “modo de vida europeo” se mantenga mediante la guerra y la muerte

Este giro militarista no es neutro y cuenta con oposición ciudadana: está absorbiendo recursos públicos que podrían destinarse a la transición ecológica y necesidades sociales, y está normalizando una lógica de confrontación geopolítica en lugar de cooperación y desarme. Además, este impulso bélico se enfoca no solo como una necesidad frente a una amenaza, sino como una oportunidad para revitalizar la industria europea y mejorar la competitividad. Como dijo Pedro Sánchez en la presentación del plan estatal, “el objetivo es convertir esta crisis securitaria en un nuevo estímulo económico para España”. La investigación e innovación en la industria de la guerra se muestra como una fuente también de avances para usos civiles. Un planteamiento que puede resultar en mantener “el modo de vida europeo” mediante una reindustrialización basada en la guerra y la muerte.

Trump, aranceles y proteccionismo 

A este complejo escenario hay que sumarle, además, el giro proteccionista de Estados Unidos con Donald Trump imponiendo aranceles generalizados y una política industrial nacionalista. Europa responde ahora intentando proteger su industria con contramedidas y negociaciones más visibles, aunque lleva tiempo tratando de disminuir la brecha de competitividad económica frente a EEUU y China. Sus actuaciones se han enfocado en rebajar el precio de la energía, mucho más alto en Europa debido en gran parte a la dependencia del gas, mejorar la competitividad de las energías renovables, que cuentan con medidas proteccionistas en EEUU desde la Ley IRA de 2022, e igualar el coste de las emisiones de carbono entre los productos fabricados en la Unión Europea y los importados, para lo cual entrará en vigor en 2026 el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés).

El enfoque reduccionista y extractivista de la Unión Europea impide articular una política industrial justa y ecológica

En los últimos meses, las medidas anunciadas por la Comisión Europea se han tomado observando de cerca los acontecimientos en Estados Unidos. Las políticas adoptadas por Trump han derivado hacia un conservadurismo extremo, bajo el argumento de que mantener medidas sociales y ambientales como las promovidas en Europa podría comprometer la competitividad económica. Mientras tanto, en Europa, la transición energética, la sostenibilidad y la resiliencia se presentan como factores de ventaja competitiva, aunque su implementación sigue un enfoque reduccionista y extractivista, sin articular una verdadera política industrial que sea justa y ecológica. Y ante esta carrera por la competitividad industrial, incluso este reducido enfoque está en riesgo de perderse.

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Transformación industrial ecosocial

Si la tendencia que muestran todas estas políticas continúa, volveremos a revivir errores del pasado, esta vez además en un contexto de múltiples crisis simultáneas, donde no solo no se solucionarán sino que se multiplicarán los problemas provocados por el modelo industrial actual. La reducción de emisiones de CO2 o el aumento de puestos de trabajo industriales en Europa no son positivos per se si no se contemplan los demás impactos, tanto aquí como en otros lugares, las vidas perdidas en la guerra y la acumulación de beneficio económico en manos de unos pocos.

Desde el ecologismo social reclamamos que la transformación industrial no debe pasar por el crecimiento ilimitado, los intereses económicos de las grandes empresas y las guerras, sino por repensar las necesidades sociales dentro de los límites ecológicos y crear una industria enfocada en la vida. Así pues, proponemos otra hoja de ruta para la industria:

• Una reconversión ecosocial planificada democráticamente, que priorice los sectores y productos realmente necesarios para una vida digna para todas. Por ejemplo, los orientados al cuidado, la eficiencia energética y la reparación, rechazando la industria armamentística o la petroquímica.
• Un uso racional y justo de los recursos, con una disminución de la demanda y la producción ajustada a la planificación, límites ambientales firmes hacia el residuo 0, circularidad real y mecanismos de reparto del trabajo y la riqueza.
• Un sistema productivo descentralizado, arraigado en los territorios y controlado por las trabajadoras y la ciudadanía, que reoriente la economía hacia el bien común y no hacia la competición global.

No basta con relocalizar fábricas o construir baterías “verdes”. Es necesario aplicar una visión ecofeminista y decolonial a la industria para que su transformación esté orientada al bienestar de las personas y el planeta sin dejar a nadie atrás. Debemos transformar nuestro modelo de vida: responder a las cuestiones qué, cuánto, cómo y para qué se produce es indispensable para romper con la lógica del crecimiento sin fin y apostar por una política industrial que tenga como eje central la vida digna en un planeta habitable. Esa será la verdadera transformación industrial.