Fondos europeos
¿Qué ha sido de los fondos Next Generation?

Los fondos europeos Next Generation fueron concebidos y presentados en un momento de profundo impacto sobre la economía y las sociedades europeas por la covid-19. Tres años después, la guerra de Ucrania y la agudización de la crisis económica han modificado sustancialmente tanto el contexto nacional e internacional como el relato y las estrategias de la propia Unión Europea. Muchos de los interrogantes sobre los objetivos, el funcionamiento, la finalidad, los beneficiarios y las consecuencias del despliegue de estos fondos cobran si cabe más relevancia en esta coyuntura compleja y dinámica. Aún mayor en el caso del Estado español, uno de los principales destinatarios de los mismos.

Los Next Generation EU (NGEU) se anunciaron en 2020 como una “oportunidad única e histórica” para la reconstrucción de la economía europea tras la recesión ocasionada por la pandemia. El más importante de sus programas es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que concentra el 90% de los fondos que se conceden a través de “subvenciones” y créditos. Las transferencias, en todo caso, no son a fondo perdido: el NGEU se financia a través de deuda que tendrán que ir amortizando indirectamente los Estados.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

En términos cuantitativos, la principal medida de apoyo económico para la “recuperación” post-pandémica no han sido los NGEU, sino las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a través de las compras de bonos de deuda soberana y corporativa. La envergadura de estas ayudas, más de dos billones de euros, ha convertido al BCE en el mayor acreedor de deuda soberana de los Estados miembros de la Unión.

Los montos aprobados para rescatar a la economía y a las grandes empresas contrastan con el presupuesto previsto para reducir la brecha de la desigualdad y afrontar las necesidades sociales de una creciente población en situación de precariedad y vulnerabilidad. Esta asimetría no solo se refleja en la cantidad de recursos, también está presente en los requisitos y la burocracia exigida para acceder a estos fondos.

¿Cuándo llegan los fondos?

Desde el principio se dio por hecho que las transferencias asignadas al Estado español, 70.000 millones de euros, iban a llegar con rapidez. Pero la realidad es que la recepción de los fondos no está siendo tan fácil ni, sobre todo, automática. Se está realizando por fases, con la exigencia del cumplimiento de una serie de condiciones que son supervisadas por la Comisión Europea y también por el resto de los Estados miembros.

En el caso español, primero se elaboró y presentó en 2021 un plan nacional de recuperación y resiliencia, España Puede. Y hasta ahora se han realizado 3 pagos al Estado español que suman algo más de la mitad (el 53%) de lo que teóricamente le corresponde: 37.000 millones de euros. Los siguientes pasos para hacer efectivos los pagos, que se extienden hasta 2026, pasan por la justificación de los resultados y el cumplimiento de los objetivos en las áreas de inversión y reforma contempladas en el Plan España Puede.

¿De dónde salen los fondos?

El presupuesto de NGEU tiene su origen en los préstamos que otorgan los mercados financieros a la Unión Europea. El objetivo es conseguir 800.000 millones de euros antes de 2026, por ahora van por 171.000. El instrumento utilizado son los bonos de deuda europeos que se emiten por la UE en su conjunto. Pero los Estados miembros son corresponsables de esa deuda y la tienen que devolver a través de los presupuestos comunitarios de las próximas décadas. Los bancos centrales, las empresas de seguros y los fondos de pensiones de Alemania, Benelux, países nórdicos y Francia son los que más bonos de deuda europea han comprado.

Los intereses empresariales han estado presentes en todos y cada uno de los niveles de decisión.

No todos los países van a contribuir por igual a este reembolso. Alemania, Países Bajos y Suecia disponen de una rebaja considerable en el dinero que tienen que aportar a las cuentas europeas. Si unos países pagan menos, otros pagan más para compensarlo; el Estado español, sin ir más lejos, ya está aumentando su aportación a la UE.

¿Quién gestiona los fondos?

La Comisión Europea es la institución que controla los fondos NGEU. Propone, aplica y crea reglamentación sobre qué inversiones y reformas deben presentarse para recibir las transferencias y créditos que han solicitado los Estados. Además, supervisa y aprueba los pagos. En un segundo nivel está el Consejo Europeo, con cierta capacidad de decisión, por ejemplo, a la hora de frenar la suspensión de las transferencias a un país. Y en un tercer nivel está el Parlamento Europeo, al que únicamente se informa de las propuestas y decisiones. En el ámbito estatal, los gobiernos centrales son los responsables de la elaboración y aplicación de los planes de recuperación y resiliencia nacionales. Ni las comunidades autónomas ni los municipios tienen capacidad de decisión.

Los intereses empresariales han estado presentes en todos y cada uno de los niveles de decisión. La CEOE y las llamadas Big Four de la consultoría —Pricewaterhouse Coopers (PwC), KPMG, Deloitte y Ernst & Young (EY)— han sido quienes han liderado la adaptación de las políticas a los intereses empresariales. Mientras tanto, las mayorías sociales no tienen acceso a una información completa ni a espacios de consulta y participación.

¿Cómo se van a distribuir?

El programa de “modernización” asociado a los Next Generation se basa en una serie de inversiones, sobre todo públicas, en los mismos ejes de especialización económica que históricamente han marcado el capitalismo español. Fundamentalmente: automóvil eléctrico, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, energías renovables en formato industrial, turismo.

Para optar a la financiación hay dos vías: por un lado, la concurrencia competitiva en licitaciones de la administración central o autonómica; por otro, los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que deben ser seleccionados y aprobados por el consejo de ministros. Se han aprobado 12 PERTE que suman 40.000 millones de euros. Se trata del principal instrumento de inversión del Plan España Puede, y pasa por fomentar las alianzas público-privadas que refuerzan la lógica mercantil y el conflicto capital-vida. Más allá de la imagen que se quiere proyectar, las inversiones y reformas que se van a desarrollar apuntan sobre todo a la apertura y rentabilización de nuevos negocios que sostengan los beneficios empresariales.

¿Quiénes son los destinatarios?

Las grandes empresas son las protagonistas de la “reconstrucción verde y digital” que financian los fondos europeos. El dinero público se dirige, una vez más, a las mismas compañías. Sin embargo, hay una fuerte opacidad que impide conocer en detalle las corporaciones que están beneficiándose de los fondos.

La Comisión Europea ha confirmado que activará el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a finales de este año

Hasta la fecha se han conocido por la prensa proyectos como el Future: Fast Forward de Volkswagen, Ford, PwC e Iberdrola, con decenas de empresas más, para ejecutar el PERTE automovilístico. También la agrupación Spanish Hydrogen Network encabezada por Repsol, Enagás y Alsa, entre otras compañías, que opta a las subvenciones relacionadas con el hidrógeno verde. La banca, por su parte, no es receptora de ayudas directas pero va a ser igualmente beneficiada por el negocio del asesoramiento, los adelantos en forma de créditos y la financiación complementaria.

¿Impulsarán el crecimiento económico?

Las altas expectativas de crecimiento económico que aseguraban un pago de la deuda sin ajuste estructural no se están cumpliendo. Ya era difícil que se materializaran en un marco de crisis sistémica, pero la aceleración de la inflación, la crisis energética y la desigualdad social a partir de la guerra en Ucrania no han hecho otra cosa que confirmar su inviabilidad. El relato de la UE, de hecho, ha cambiado: ya no se trata de impulsar una etapa de expansión económica sino, más bien, de dotar de mayor resistencia a las convulsas economías europeas.

La Comisión Europea ha confirmado que activará el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a finales de 2023.  De ahí que este mismo año los Estados miembros tengan que desarrollar políticas fiscales para la sostenibilidad de la deuda. Las indicaciones de la Comisión Europea para España son eliminar las medidas frente a la subida de los precios de la energía y limitar el gasto primario neto. Si se produce un déficit excesivo, en la primavera de 2024 la Comisión podrá establecer procedimientos para recortarlo. Además, cualquier Estado de la Unión puede poner en marcha los llamados vetos cruzados para ejercer un control sobre el uso de los fondos NGEU y el déficit.

¿Hay contrapartidas?

En los últimos años, se ha insistido muchas veces en que no va a haber contrapartidas en la concesión de los fondos europeos de reconstrucción. En realidad, sí las hay: puede variar la intensidad y la forma de la condicionalidad, pero esta sigue existiendo y se crearán más herramientas en el futuro para asegurar las reformas e inversiones que más interesan a las élites político-económicas europeas. Con la publicación del documento de acuerdos (operational arrangements) entre la Comisión Europea y el gobierno ya se adelantó información sobre cómo serán las reformas que materializarán el control de la inversión pública, especialmente a través de la reforma del sistema de pensiones y el mantenimiento de la flexibilidad en el empleo.

¿Cuáles son las señas de identidad?

La UE está en una posición rezagada frente a Estados Unidos y China para que sus grandes compañías puedan controlar una parte importante de los nuevos mercados del capitalismo verde y digital. Facilitar su rentabilidad y proyección internacional a través de NGEU es, por tanto, una de sus señas de identidad. Todo ello acompañado de una política exterior que garantice el acceso a las energías y materiales que requiere el metabolismo económico europeo. Como se deriva del análisis de los principales ejes del NGEU, la proclamada “transformación” de la economía del viejo continente hacia modelos sostenibles y socialmente responsables no es real. Se trata más bien de una adaptación del business as usual a aquellos nichos de negocio que puedan asegurar otro ciclo corto de beneficios a los grandes propietarios.

La crisis ecológica se pretende solucionar con el desarrollo industrial de las energías renovables y no se cuestiona la lógica de crecimiento económico y acumulación

Tras la guerra en Ucrania, se puso en marcha el plan RePowerEU para conseguir la independencia europea de los combustibles fósiles rusos en 2030. Esto fue incorporado a los planes nacionales de recuperación y resiliencia para, además de incrementar la potencia que se ha de instalar en energías renovables, reforzar las importaciones de gas e hidrógeno de otras regiones y las infraestructuras de transporte asociadas. Ante el riesgo de desabastecimiento de hidrocarburos, la transición energética ha pasado a convertirse en seguridad energética.

¿Cuáles serán los impactos socioecológicos?

La digitalización de la economía está asociada a una renovada dinámica de centralización y concentración empresarial en un reducido grupo de gigantes tecnológicos. Se trata de sectores altamente masculinizados, reforzando así la división sexual del trabajo, y solo un reducido número de empleos tienen un alto valor añadido. Más allá de esos puestos, mayoritariamente son empleos temporales, precarios y de menor cualificación.

La llamada economía de los cuidados es presentada en el Plan España Puede como un ámbito de rentabilización en el marco de las cadenas de valor: no se aborda la desmercantilización, desfamiliarización y colectivización, ni tampoco la revalorización de los trabajos de cuidados para articular las prioridades socioeconómicas con el fin de iniciar las transformaciones necesarias para el sostenimiento de la vida.

La crisis ecológica se pretende solucionar con el desarrollo industrial de las energías renovables y no se cuestiona la lógica de crecimiento económico y acumulación, a pesar de que están en la raíz de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Garantizar la demanda de materiales y energía para la “transición verde y digital” supone la ampliación de la frontera extractiva y el control, la mercantilización y la destrucción del territorio, tanto en los centros como en las periferias del sistema.