Colombia
Megaproyectos en Colombia: el caso de la minería en Mocoa

El proyecto minero de Mocoa (ubicada en el departamento del Putumayo, a 10 km del casco urbano del municipio del mismo nombre) se ha posicionado como una iniciativa estratégica a escala nacional en materia de minerales críticos para la transición. Aspira a ser una de las principales minas a cielo abierto del mundo, estimándose en 2022 la existencia en el subsuelo de la zona afectada de en torno a 4.600 millones de libras de cobre (tercer yacimiento más grande de Latinoamérica) y 510,5 millones de libras de molibdeno.

El proyecto es operado por Libero Cobre, filial colombiana de la start-up transnacional minera canadiense Libero Cooper (cuyo accionista mayoritario en la actualidad es la británica Anglo Asian Mining, y que forma parte de las llamadas mineras junior, dedicadas a desarrollar yacimientos y venderlos posteriormente a corporaciones más grandes), que en 2018 adquirió 4 títulos mineros que afectan a un total de 7.846 hectáreas.

Esta adquisición se realizó a través de la compra por parte de la transnacional de la empresa Mocoa Ventures (subsidiaria de la también canadiense B2Gold Corp.), que a su vez había adquirido los títulos en 2009 de manos de su adquiriente original, la multinacional minera AngloGold Ashanti. Esta adquirió un total de 6 títulos en 2004, fruto de la expectativa existente ya desde que entre 1973 y 1983 Naciones Unidas e Ingeominas (actualmente servicio geológico colombiano) detectasen la previsible existencia de altas cantidades de cobre, oro y molibdeno.

El proyecto, además, no se limita al territorio actualmente prefijado, sino que Libero Cobre ha identificado otras 9 áreas de alto potencial minero asociadas al depósito de cobre de Mocoa, las cuales harían parte de una estrategia de expansión. Una estrategia que abarca todo un cinturón de yacimientos en el sur de Colombia, para cuyo despliegue la multinacional tramita ya 30 solicitudes mineras —a 2022, según la Agencia Nacional de Minería (ANM)— en los departamentos de Cauca y Putumayo.

La empresa comenzó a realizar trabajos de exploración sin contar con licencia, lo que fue denunciado por la corporación ambiental departamental (Corpoamazonía), consiguiendo el desmontaje de la infraestructura

Los títulos mineros adquiridos en 2018 otorgan a Libero Cooper una concesión por 30 años. Actualmente no se ha iniciado de manera formal la fase de exploración, dado que está en proceso el Estudio de Impacto Ambiental del que se derivaría la concesión de la correspondiente licencia ambiental. Aun así, se señala que la empresa comenzó a realizar trabajos de exploración sin contar con tal licencia, lo que fue denunciado por la corporación ambiental departamental (Corpoamazonía), consiguiendo el desmontaje de la infraestructura. Actualmente, dado que no pueden realizar aún exploración, están llevando a cabo prácticas de “geoconocimiento”, en base a un convenio firmado con la Universidad Nacional de Minas.

Corpoamazonía, por su parte, ha generado varias alertas desde 2018 por los dos principales factores de conflictividad socioambiental del megaproyecto: el solapamiento de los títulos mineros con territorios indígenas y afros, así como con áreas que constituyen zona nacional de reserva (el megaproyecto se ubica en el Macizo Colombiano, una región geográfica de alta riqueza biológica que contiene la “estrella fluvial de Colombia”, así como importantes espacios forestales y de biodiversidad amazónica). En este sentido, además de las alertas, la corporación ha llegado a declarar en abril de 2022 la suspensión temporal de los títulos mineros por estos motivos.

Patrones corporativos

La centralidad que pretende adquirir la mina en el panorama de la explotación y comercialización de cobre en Colombia ha llevado a que los patrones corporativos habituales se vean aquí especialmente reflejados.

En primer lugar, cabe señalar que nos encontramos ante un proyecto en el que la hidra corporativa está altamente transnacionalizada, siendo que los títulos mineros están, desde comienzos del siglo, en manos de diversas corporaciones multinacionales de primer orden en el sector. Todas ellas operando en Colombia mediante filiales locales. Tal es el rol, en la actualidad, de Libero Cobre. En cualquier caso, este carácter transnacional no se oculta.

En lo que respecta al desarrollo de la disputa política, las alianzas formales e informales con entidades públicas diversas son amplias y especialmente sistemáticas. Así, la multinacional financia campañas locales, promociona a determinados concejales, e incluso se presume que respaldó la candidatura del actual gobernador departamental, según nos señalan desde la oficina del congresista Jorge Andrés Cancimance. En este sentido, es público que la multinacional tiene suscritos convenios con la gobernación, entre otros objetos, para articular a los mineros artesanales. Ha contado asimismo con el apoyo de la ANM en determinados pleitos con la corporación municipal. Y es que, a diferencia de otros casos, nos encontramos aquí con un gobierno local que no se alinea con la empresa, y que se viene oponiendo a la expansión del megaproyecto, como veremos.

Se han implementado tácticas que buscan generar un núcleo duro en apoyo al megaproyecto, que eventualmente opere como fuerza de choque e incida en la división dentro de las comunidades

La generación de un relato legitimador en favor del megaproyecto cobra especial peso en el caso de Mocoa, toda vez que Ian Harriz, CEO de Libero Cobre, es una de las voces a la vanguardia a nivel nacional en la promoción de una política de explotación intensiva de los llamados minerales para la transición.

Un discurso que va de la mano de una estrategia sobre el terreno que busca convencer y cooptar voluntades en las comunidades. Regalos a niñas y niños, reparto de tecnología de uso doméstico, cuñas de radio, promesa de infraestructuras, etc.

También se han implementado tácticas que buscan generar un núcleo duro en apoyo al megaproyecto, que eventualmente opere incluso como fuerza de choque e incida en la división dentro de las comunidades. Es el caso del referido convenio firmado con la gobernación para la organización de los mineros artesanales: el objetivo es alinear a este sector estratégico con el interés de la empresa, extendiendo la idea de que los gobiernos nacional, departamental y municipal quieren acabar con su actividad. Así, una parte importante de este sector se ha posicionado con la empresa frente a quienes se organizan contra el megaproyecto. También en el seno de la población indígena, mediante la oferta de puestos de trabajo a cambio de manifestar una adhesión pública al megaproyecto. Así, tal y como la propia empresa se encarga de difundir, de 116 personas empleadas, 5 son indígenas que apoyan la extracción.

Impactos

Como en el resto de casos vinculados a la minería, la dimensión ambiental es clave, siendo el acaparamiento y la contaminación de acuíferos uno de los principales impactos. Estamos ante un territorio especialmente rico en materia acuífera, la estrella fluvial en la que nacen 4 de los 5 ríos más importantes del país, aportando el 70% del agua dulce de Colombia. Confluyen aquí los ríos Putumayo, Blanco, Pepino, Mocoa y Mulato, y se estima que el 42% de los acueductos de los municipios del Putumayo dependen de las fuentes hídricas que nacen en esta región.

También es una zona hídrica estratégica para toda la región amazónica, por lo que eventuales daños ambientales impactarían sobre toda la cuenca de la Amazonía, afectando a varios países. En este sentido, cuando se están planteando perforaciones que alcancen los 1.500 metros de profundidad, el daño ecosistémico a la enorme red hídrica subterránea existente puede resultar fatal. Desde el movimiento ambiental se está utilizando el caso de la mina del Roble (El Carmen de Atrato) como paradigma de lo que puede suceder en este sentido.

Además, nos encontramos ante un terreno altamente inestable, con una gran densidad de fallas geológicas y “amenaza alta y media por movimientos en masa y avenidas torrenciales y de muy alta y alta recarga de acuíferos” (Corpoamazonía, POMCA Río Mocoa, 2022). Esta circunstancia ha provocado ya una avalancha fluvio-torrencial, ocurrida el 31 de marzo de 2017, cuyo desencadenamiento se achaca a los movimientos de tierra generados por las perforaciones de la empresa. En aquella ocasión hubo 22.000 personas afectadas. Frente a la alta probabilidad de repetición de este tipo de fenómenos, el movimiento social y ambiental enarbola la aplicación del principio de prevención.

Más allá del agua, otros bienes naturales están también bajo amenaza. Corpoamazonía alertaba en 2022 sobre el traslape de los títulos mineros con múltiples áreas protegidas, zonas de alta recarga acuífera y de biodiversidad de fauna y flora con especies en vía de extinción, afectando los corredores ecológicos de los ecosistemas andino-amazónicos y del Macizo colombiano. En este sentido, se denuncia que desde la instalación de los primeros campamentos operativos de la mina se han llevado a cabo talas de árboles.

El megaproyecto está ya generando impactos: se viene denunciando la ausencia de procedimientos participativos que permitan a las comunidades dar su opinión

Todo ello son circunstancias con alto potencial de afectación sobre el tejido productivo local, tal y como hemos visto en los dos casos anteriores en los que el despliegue de la mina está más avanzado, permitiendo extraer conclusiones homologables. En este sentido, la hegemonización del conjunto del tejido económico del territorio bajo el manto de la multinacional y la instalación minera es probable. Esto, en cambio, se produciría en un territorio que ya venía siendo predominantemente minero (41,1% de la población del municipio en 2021 según el Ministerio de Hacienda), con gran peso de la pequeña minería artesanal, siendo la actividad agraria más marginal y centrada en el autoabastecimiento local. Este peso preexistente de la actividad minera redunda en un importante Índice de Pobreza Multidimensional, que alcanzaba en 2021 el 24,8%.

En términos políticos, el megaproyecto está ya a día de hoy generando impactos específicos. Así, se viene denunciando la ausencia de procedimientos participativos que permitan a las comunidades dar su opinión contrastada y fundamentada en información fidedigna. Y, en el caso de las comunidades étnicas e indígenas presentes en la zona (pueblos Siona, Kofán, Koreguaje, Inga y Kamëntsá), la ausencia de los procesos de consulta previa preceptivos por ley para cuya realización se están llevando a cabo litigios en la actualidad. Esta circunstancia redundará con toda seguridad en impactos de corte cultural respecto al vínculo comunitario ancestral de estas comunidades con el territorio.

Se han denunciado asimismo colusiones político-empresariales que vincularían a la multinacional con poderes políticos fundamentales para dar cauce al megaproyecto. Concretamente, se ha señalado el conflicto de intereses que afectaría al exviceministro de minas, Giovanni Franco (nombrado en octubre de 2022), que fue anteriormente director en la facultad de minas de la Universidad Nacional, con la que Libero Cobre celebró el anteriormente referido convenio de cooperación. A nivel municipal, su ascendente respecto a determinados concejales es claro, recurso que es utilizado para tratar de influir sobre la voluntad política de la corporación. Es el caso del concejal Angel Pizo, que en 2022 invitó a la minera a una reunión del Concejo para que representantes corporativos vendieran en este foro las presuntas bondades del megaproyecto. Por último, pese a que hasta el momento no se ha constatado la connivencia entre multinacional y grupos armados, lo cierto es que estos últimos tienen una importante presencia en esta comarca (tanto por razón del conflicto político y social en el país como por su intervención en la extensa minería ilegal que caracteriza al territorio), por lo que el potencial de escalamiento en este sentido es evidente y altamente riesgoso. A partir de 2023, por su parte, se ha constatado una sistematización y agudización de las campañas de estigmatización promovidas por la empresa, mediante hostigamiento por redes sociales, amenazas de querellas por injurias, etc.

Resistencias populares

En este caso, nos encontramos ante un proceso de resistencia que aúna instancias muy diversas, donde las articulaciones populares y comunitarias de base se conjugan con la apuesta de distintos ámbitos institucionales por la confrontación con el megaproyecto.

Así, en lo que respecta a las articulaciones de base, se entrelazan sobre todo entidades enfocadas al conflicto socioambiental con organizaciones indígenas. Destacan los Guardianes de la Andinoamazonía, las estructuras emanadas de los cabildos indígenas, la Corporación Casa Amazonía, la Fundación Mingakiwe, la red Nacional de Agricultura Familiar RENAF, Censat Agua Viva o la Asociación de Mujeres Indígenas ASOMI. Se trata de una resistencia que cuenta con la participación de población muy joven que incluye personas altamente formadas (geólogos/as, etc.).

Las metodologías de lucha son múltiples. Son relevantes los esfuerzos por lograr la habilitación de consultas vinculantes (tanto en las comunidades indígenas, donde resulta preceptivo, como en el resto), siendo conscientes de que existe una importante masa crítica contra el megaproyecto. Así, tras llevar su caso a los tribunales, el resguardo Condagua del pueblo Inga logró proteger su derecho a ser consultado frente a las actividades exploratorias (ST- 1450/2022). Otras comunidades como el Consejo Comunitario de Puerto Limón también están en este proceso.

En una línea de trabajo más orientada a la socialización y la generación de tejido comunitario, es de señalar también la celebración en 2022 y 2023 de sendas ediciones del Festival del Agua, la Montaña y la Vida.

Un elemento determinante va a ser la toma de posición del gobierno nacional: si bien su base social está conformada por sectores antagonistas al megaproyecto, se ve sometido a tensiones derivadas de su programa de transición energética

Todas estas articulaciones populares cuentan a su vez con el apoyo y la complicidad de determinados actores institucionales de relevancia. En primer lugar, hay que destacar el posicionamiento desplegado por la corporación municipal. Esta, a través del Acuerdo 20 de 2018 prohibió la mediana y gran minería en el territorio. De hacerse valer, impediría legalmente la implantación del proyecto de Libero Cobre, dando lugar a la revocación de los títulos. Por desgracia, recientemente el Consejo de Estado ha anulado la validez de este acuerdo municipal, momento a partir del cual la empresa ha acelerado sus actividades de exploración, aunque no se presenten bajo esta denominación.

También resulta significativa la posición adoptada por Corpoamazonía, como hemos ido señalando a lo largo del texto. Su actitud, no obstante, es ambigua y contradictoria. El obispado de Mocoa es otra de las entidades que ha mostrado su apoyo a los reclamos ciudadanos en contra de la mina. En el ámbito nacional, personalidades como el representante en la Cámara Jorge Andrés Cancimance han venido enarbolando este caso como un objeto preferente de lucha institucional en el Congreso.

Un elemento determinante va a ser la toma de posición definitiva del gobierno nacional progresista. Este, si bien su base social en el territorio está conformada por los sectores antagonistas al megaproyecto, se ve sometido a importantes tensiones derivados de su propio programa en materia de transición energética. En este sentido, es cierto que la Amazonía es un espacio territorial de especial protección. Pero estamos al mismo tiempo ante una de las minas de cobre de mayores dimensiones de Latinoamérica, de confirmarse las previsiones y con lo que esto puede suponer en términos de exportación, volumen de negocio, regalías para las arcas públicas, etc.).