Unión Europea
La oficina anticorrupción documenta los posibles delitos del clan de Leggeri dentro de Frontex

La dimisión en abril de este año de Fabrice Leggeri, el director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) no ha terminado con los escándalos que esta agencia ha generado en sus 18 años de historia. Ayer, el medio alemán Der Spiegel publicaba en exclusiva el informe que la oficina anticorrupción europea, OLAF, ha emitido sobre las actuaciones de Frontex.

El dictamen confirma que Frontex ha cometido numerosas faltas graves  y otras irregularidades y adoptó medidas recurrentes y deliberadas para asegurarse de que las violaciones que efectivamente se producían no fueran “presenciadas, documentadas, investigadas o contabilizadas”, según Frag Den Staat, un proyecto de transparencia que ha participado en las pesquisas sobre el funcionamiento de la agencia europea de fronteras.

Se documenta todo un modus operandi consistente en ocultar información en el interior de la agencia por medio de diversas técnicas: rebajando el nivel de emergencia, clasificando información, trasladando e intimidando a agentes con historial de informar de vulneraciones de derechos o usando “canales alternativos” para no dejar huellas.

Para el eurodiputado de The Left en el Parlamento Europeo y militante de Anticapitalistas Miguel Urbán, el informe prueba que Frontex “es una organización criminal y fuera de control” que ha funcionado como una “maquinaria de vulneración de derechos humanos” saltándose incluso sus propias normas.

Las pruebas aportadas por OLAF son muy graves, considera Urbán, tanto como para que Leggeri sea juzgado por lo que en él se denuncia. “Es indudable que Leggeri es una manzana podrida, con conexiones con la extrema derecha”, dice Urbán respecto al diplomático alsaciano, “pero no se trata de una sola manzana, Frontex está podrido; la única solución es acabar con Frontex”, concluye este eurodiputado.

Son especialmente relevantes las denuncias relativas a las devoluciones en caliente (pushbacks, en inglés) y la violación de los derechos fundamentales que sustancian la pertenencia a la Unión Europea. Se trata de la confirmación de algo que ya se conocía en relación a las devoluciones en el mar Egeo y su extensión a otra investigación periodística que en 2020 demostró que el Gobierno de Malta, amparado por Frontex, había devuelto migrantes desde alta mar hasta una zona de conflicto en Libia.

Los hechos se remontan a abril de 2020. Las autoridades maltesas, cuyo primer ministro desde enero de ese año es Robert Abela (Partido Laborista), contrataron una flota de buques mercantes privados para la devolución de migrantes siguiendo las instrucciones de las Fuerzas Armadas de Malta.

La interceptación de las barcazas se produjo en aguas internacionales y, antes de que se produjera, se dejó a la intemperie las balsas durante cinco días, lo que tuvo como consecuencia la muerte de al menos siete personas. Una de las víctimas lo contó posteriormente en Buzzfeed News Alemania. Los barcos contratados por Malta finalmente recogieron a los migrantes y los llevaron a Libia. Y la división operativa de Frontex lo sabía todo en tiempo real gracias a un avión de esta fuerza fronteriza que sobrevoló los botes en los que trataba de sobrevivir este grupo de migrantes.

OLAF concluye que el anterior director de Frontex mintió hasta once veces en el Parlamento Europeo, lo que constituye una “falta de lealtad hacia la Unión”

Uno de los agentes operativos de Frontex advirtió el 13 de abril de 2020 a sus superiores en un mensaje de Whatsapp de que Malta se negaba a dar las coordenadas de aquellos botes, y un día después envió un email abundando en el caso. La respuesta rebajó el nivel de alerta para imposibilitar la actuación de la Oficina de Derechos Fundamentales del propio Frontex, que aconsejaba tomar un “perfil bajo” en las discusiones entre Italia y Malta sobre el destino de un bote que, cuando llegó al puerto de Trípoli, contabilizó 53 supervivientes y cinco muertos.

En otro de los episodios fundamentados en la denuncia de OLAF aparece una nota manuscrita en la que uno de los directivos de Frontex reconoce que se retiró un avión de vigilancia de Frontex del mar Egeo “hace tiempo, para no ser testigos...” de las vulneraciones de derechos cometidas por los guardias costeros griegos, que remolcaron un barco de solicitantes de asilo hacia aguas territoriales turcas.

Frontex “no solo ha funcionado por encima de la ley”, subraya Urbán, sino que ha funcionado “por encima de la propia Comisión Europea”. Este eurodiputado recuerda que Frontex sigue siendo una de las agencias que más dinero recibe de la Comisión Europea —en el presupuesto de 2022 son 758 millones de euros— y la próxima semana se votará la liberación de nuevos fondos para Frontex: “Queremos saber, con este informe encima de la mesa, qué van a hacer el restos de los grupos”.

El clan de Leggeri

El informe filtrado es la causa de la dimisión de Leggeri, según publicó ayer el consorcio de periodistas de investigación Lighthouse Report, quien divulgó el texto completo junto con Der Spiegel. OLAF concluye que el anterior director de Frontex mintió hasta once veces en el Parlamento Europeo, lo que constituye una “falta de lealtad hacia la Unión”.

Urbán denuncia que Leggeri mintió “para esconder graves violaciones de derechos humanos” violando el artículo 46 de la propia legislación de Frontex “que le obligaba a denunciar estas prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos”.

Según el informe divulgado ayer, los responsables de Frontex consideraban que la Comisión Europea “se centraba demasiado en cuestiones de derechos fundamentales y era demasiado burocrática, sin entender los retos operativos de la gestión de las fronteras exteriores”, lo que llevó a Leggeri y su equipo a saltarse la ley y las advertencias de agentes de fronteras que alertaron de las condiciones de violación de derechos de los solicitantes de asilo.

En concreto, se trató de escamotear información a la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex, encargada de velar por la legalidad de los procesos, a quienes no se consideraba “de los nuestros” por parte de la división operativa de Frontex, que consideraba dicha oficina plagada de “izquierdistas” —hasta el punto de que los comparó con el terror de los jemeres rojos— y simpatizantes de ONG.

Así, uno de los pasajes extractados en el informe de OLAF pone en boca de la dirección de Frontex esta advertencia: “[La Oficina de] Derechos Fundamentales tiene derecho a acceder a toda la información. Pero eso no significa que demos toda la información. Podríamos considerar que una violación de los derechos fundamentales no debe darse a todo el mundo fuera del FSC [Frontex Situation Center, unidad operativa de la agencia]. Derechos Fundamentales pide y tratamos de ser amables. Esa es la trampa”.

La puesta en práctica de esto supuso limitar el acceso de la Oficina de Derechos Fundamentales a la red Eurosur, algo que se efectuó desde 2018, clasificando cierta información para hacerla inaccesible para esta comisión. Posteriormente, el veto a la información se trasladó a los Informes de Incidentes Graves (SIR), documentos con información sensible que se escamotearon en lo que pudo ser una ilegalidad.

Como destaca el informe, subraya Urbán, Frontex “ha cambiado de destino de forma sistemática” a los propios funcionarios que han sido testigos de vulneraciones de derechos humanos.

La investigación, cuyo informe fue publicado ayer por primera vez de manera completa, comenzó el 8 de octubre de 2020 con la recepción por parte de OLAF de posibles irregularidades en la agencia, un mes después la oficina inició oficialmente las pesquisas. La investigación se extendió hasta febrero de 2022 y contó con más de 20 testigos. Hasta ayer, solo habían accedido a ella los miembros de la Comisión Europea y un reducido número de europarlamentarios.

Durante el proceso, OLAF ha constatado que la Comisión Europea hizo de Frontex un vehículo para el contrabando “legal” de persona, en contra del discurso oficial sobre fronteras de los Estados miembro, que insiste siempre en la erradicación del “tráfico de personas” como leit motiv de su acción en materia de migración. Ello no fue óbice para que la primera fuerza armada del conjunto de la UE considerara a la Comisión como un “obstáculo” y un enemigo, según constató OLAF en mensajes que denuncian la “obsesión con los derechos fundamentales” y el “cretinismo burocrático” de la máxima autoridad de la UE.