Opinión
Razones para pararlo todo: crónica de una asfixia económica que lleva al colapso de la UCM

Esta semana afrontamos una doble jornada de huelga en el sistema universitario público madrileño, una comunidad que agrupa a alrededor de 200.000 estudiantes y 35.000 trabajadoras. Las universidades públicas en la Comunidad de Madrid, y en particular la Universidad Complutense de Madrid (UCM), enfrentan un escenario de colapso financiero, una situación límite tras casi dos décadas de asfixia económica por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Popular al frente del ejecutivo de la región. El baile de cifras y la confrontación de relatos en torno a este conflicto puede resultar abrumador. 

La universidad es un servicio público, cuyos ingresos dependen en buena medida de la financiación de la Comunidad de Madrid a través de los presupuestos regionales. En los últimos 15 años, en torno a un 60% del presupuesto de ingresos de la UCM provienen de las transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid; en particular, de su asignación nominativa anual a la universidad. El resto de la financiación depende de otra serie de transferencias menores del Gobierno regional y, principalmente, de las tasas y precios públicos que se cobran al estudiantado: en 2024, esto supuso el 22% del total de ingresos de la UCM.

La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma en la que menos inversión pública se destina por estudiante, y la que mayores tasas cobra por el acceso a la educación superior

Si analizamos la evolución que ha seguido esa asignación nominativa de la Comunidad de Madrid a la UCM, el dato que revela la infrafinanciación crónica es claro: en el año 2025 la asignación nominativa refleja, en términos reales, un recorte del 18% con respecto a 2008. Dicho de otro modo, a pesar de que la cuantía de la asignación nominativa a la UCM es en 2024 (373,8 millones de euros) un 7,8% mayor que la asignada en 2008 (349,8 millones), la inflación en la región se ha elevado en ese mismo intervalo de tiempo en un 31,3%. Hablamos de un recorte salvaje de la financiación pública en la comunidad autónoma más rica del estado, que de 2008 a 2024 ha reflejado un crecimiento acumulado del 28,8% de su Producto Interior Bruto en términos reales.

Esta situación es anómala si la comparamos con otras comunidades autónomas. Así, la Comunidad de Madrid se sitúa en el último puesto en el volumen de transferencias corrientes y de capital por estudiante, y también a la cola si referenciamos esta financiación en torno al PIB per cápita regional. Ante esta caída de la financiación pública, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza en los precios públicos por estudiante. Es decir, se trata de la comunidad autónoma en la que menos inversión pública se destina por estudiante, y la que mayores tasas cobra por el acceso a la educación superior. Una asfixia económica que socava un servicio público que por otra parte resulta el más caro del estado.

Esta situación de infrafinanciación pública crónica se viene sosteniendo sobre un personal (personal docente e investigador; personal técnico, de gestión y de administración y servicios; y personal de todas aquellas funciones subcontratadas) que hace malabarismos para mantener a flote la universidad. Y es que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se apunta a que el problema de déficit y deuda en la UCM se debe a una suerte de irresponsabilidad en el gasto y, en concreto, a que en los últimos años se habría desbocado el gasto de personal. Bien, en el último lustro no se ha producido un aumento del gasto en términos reales, ni mucho menos de los gastos de personal. De hecho, a pesar del incremento de las plantillas, el gasto de personal se ha recortado un 0,5% desde 2019 a 2024. La consecuencia de esta brecha es clara: condiciones salariales y de trabajo más precarias para las trabajadoras de la universidad pública.

La caída de los ingresos reales en la UCM provocada por esta asfixia económica crónica se cifra en un 20,7% desde al año 2008 hasta el 2024

La asignación nominativa de la Comunidad de Madrid no es que esté lejos de financiar el conjunto de gastos de la UCM, ni siquiera llega a cubrir los propios gastos de personal. Esto implica que hay salarios y derechos laborales de trabajadoras de un servicio público que están en riesgo por propia voluntad de la administración regional que debe financiarlo. El problema no se sitúa en el nivel de gasto, si no en los ingresos, en especial en la infrafinanciación crónica. La caída de los ingresos reales en la UCM provocada por esta asfixia económica crónica se cifra en un 20,7% desde al año 2008 hasta el 2024.

¿Y qué ocurre con los nuevos presupuestos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está tramitando este mes de noviembre? Apuntan a una subida de la financiación a universidades que tachan de histórica, de 75,3 millones (un 6,47% más) con respecto al presupuesto anterior. En cambio, lo que tenemos es un claro estancamiento en la financiación que no resuelve ningún problema y que, por tanto, agrava la situación. El esfuerzo presupuestario, es decir, la financiación a universidades en porcentaje del presupuesto regional total, se estanca en un 4%, mientras que la financiación a universidades en porcentaje del PIB regional se mantiene también estancado, por debajo del 0,4% del PIB. Tan solo en los presupuestos del año pasado, la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) exigía un aumento de 200 millones de euros para “salvar los muebles”. El incremento de la financiación pública acumulada en los dos últimos años (en los presupuestos aprobados el año pasado y en los que actualmente se están negociando) se cifra en 122,56 millones de euros. El margen entre lo que se invierte y lo que se necesita es abismal.

En el caso de la UCM, este recrudecimiento de la asfixia económica a la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid la ha sometido, la empuja al borde del colapso económico-financiero. Así, el informe de auditoría de las últimas cuentas anuales de la universidad alertaba de una importante tensión de liquidez. En concreto, indicadores como el ratio de liquidez a corto plazo (refleja un valor de 0,91) y un cash flow negativo reflejan el horizonte de insolvencia al que se enfrenta la universidad. Estos indicadores lo que revelan es que la universidad no cuenta con activos líquidos suficientes con los que afrontar sus compromisos de pagos corrientes; también que en el ejercicio anterior se consumió más efectivo del que se pudo generar.

La Comunidad de Madrid sea la región que peor paga al personal docente e investigador laboral, que dispone de los salarios más bajos en relación al coste de la vida de todo el Estado

En lo que va de año 2025, con los datos de ejecución presupuestaria disponibles hasta el tercer trimestre de 2025 (incluido), lo que se observa es una brecha que se va acrecentando entre las obligaciones de pago reconocidas, principalmente en gastos corrientes y de capital, con respecto a los derechos de cobro reconocidos. Esto no solo implica un importante déficit en la ejecución presupuestaria, sino que añade mayor tensión al riesgo de liquidez de la UCM.

En este marco de insolvencia debe entenderse el reciente préstamo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha concedido a la UCM. Un crédito por valor de 34,46 millones a devolver en los próximos cinco años, con un tipo de interés del 2,8% (lo que supone 4,4 millones de euros en concepto de intereses). La contrapartida política en la negociación se ha concretado en la forma que toma el Plan Económico-Financiero que adopta la UCM para corregir su situación económica en los próximos años. Se trata de un severo programa de recortes, cifrado en alrededor de 33 millones de euros durante los próximos tres años. Unos recortes que ya se ha adelantado que se van a concentrar principalmente en los gastos de plantilla, en torno a 16 millones en recortes para el personal docente e investigador y otros 11 millones en el personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la UCM. Es el último clavo en el ataúd de un personal que se encuentra ya con el agua al cuello: se podrían aportar distintos datos, pero es reseñable que la Comunidad de Madrid sea la región que peor paga al personal docente e investigador laboral, que dispone de los salarios más bajos en relación al coste de la vida de todo el Estado.

Y el reverso de todo este proceso de deterioro del sistema público universitario es la evidente estrategia de privatización del servicio. La Comunidad de Madrid cuenta con seis universidades públicas, la última inaugurada hace casi 30 años. Durante los últimos 15 años, en cambio, se ha duplicado el número de universidades privadas en la Comunidad hasta alcanzar las 14 actuales. De 2016 al 2024 el estudiantado de las universidades públicas presenciales decreció en 9.082 estudiantes (un 5%), mientras que aumentó en 31.682 estudiantes (un 70% más) en las privadas presenciales. En los másteres universitarios, las matriculaciones en centros privados superan a las que se realizan en universidades públicas desde el año 2021. En cuanto al personal, por cada cien personas que entraron a trabajar en la universidad madrileña entre 2016 y 2024, 53 lo hicieron para las privadas y 47 para las públicas. En ese intervalo de tiempo, el aumento de la plantilla en las universidades privadas se ha elevado un 63%.

Se habla de una estrategia de privatización porque parece estar ya protocolizada, en tanto la secuencia siempre es la misma. Primero, infrafinanciación sostenida del servicio público que lo empuja a un deterioro paulatino, o al menos lo suficientemente paulatino para evitar una respuesta social inmediata y contundente. Mientras tanto, se van destinando crecientes recursos públicos para la expansión de una alternativa privada a ese servicio público (facilidades normativas, recursos económicos, etcétea). Ante la decadencia del servicio público y la emergencia de dicha alternativa privada, se va produciendo un transvase de usuarios y trabajadoras hacia lo privado. De facto, la privatización se acaba consumando, y el entramado de intereses e incentivos de la población para defender unos servicios públicos de calidad van menguando.

En estas movilizaciones frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid y frente a la connivencia de los equipos rectorales de las universidades públicas nos jugamos mucho. Decía recientemente Joaquín Goyache, el todavía rector de la UCM, que cuando hay huelga en la universidad, se llenan los bares. La situación a la que nos enfrentamos hunde sus raíces en la voluntad clara de quienes nos gobiernan de sepultar el carácter social, universal y de calidad que debe presidir la universidad pública. El conflicto, por tanto, no se va a dirimir en torno a quién tiene mejores análisis o más razones, ni se va a resolver en favor de nuestros intereses en conversatorios de despacho. La palabra queda a un lado cuando las posiciones son antagónicas, la interlocución es nula, y las relaciones de fuerza y el poder para exigir y negociar lo es todo. Si queremos ganar tenemos que ser muchas, estar bien organizadas, ser determinantes y escalar el conflicto directo. En esta doble jornada de huelga y en adelante.