València
Amnistía Internacional documenta la violación sistemática de derechos humanos durante la dana

«Tengo pesadillas en las que suena esa alarma». La frase que da título al informe de Amnistía Internacional sobre la dana de octubre de 2024 sintetiza de forma escalofriante lo que ocurrió aquella tarde: cuando sonaron los móviles, el agua ya lo cubría todo. Esa alarma tardía refleja el desprecio implícito hacia la vida de quienes nunca estuvieron en el centro.

La investigación de Amnistía Internacional se desarrolló entre noviembre de 2024 y abril de 2025 y tipifica con rigor jurídico y técnico lo que los barrios afectados sabían desde el primer momento: que hubo una vulneración generalizada de derechos humanos.

A las 20:11, era tarde

Elena Krause

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València

dana A las 20:11, era tarde

Elena Krause

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Todavía conservamos el horror de cientos de coches amontonados y arrastrados por la riada. Es por esos millones de turismos y sus emisiones ─aunque no solo─ que vivimos en un planeta que se está calentando demasiado rápido.

Apoyo mutuo ¿Qué hacer si quieres ayudar a las víctimas de la dana desde València?

El texto, de más de 40 páginas, se apoya en la legislación estatal e internacional, en testimonios de víctimas y familiares, también de responsables institucionales y técnicos implicados en la gestión de la emergencia, y en datos oficiales.

Negligencia institucional y muertes evitables

La catástrofe era previsible. La Generalitat Valenciana “ni reaccionó con celeridad ni proporcionó información necesaria para la protección de la población”, a pesar de contar con datos relevantes desde primeras horas del día, tal como demuestra la cronología de alertas recogida por Amnistía Internacional a partir de registros oficiales. A las 7:42 del 29 de octubre, la AEMET activó la alerta roja por lluvias torrenciales. A las 9:43, lo comunicó directamente a Protección Civil. Durante toda la jornada se acumularon evidencias y advertencias, pero el sistema ES-Alert no se activó hasta las 20:11, cuando ya habían fallecido al menos 28 personas.

Las cifras de víctimas muestran que, en este caso no murieron quienes asumieron conductas de riesgo −como ocurre en otros contextos de inundaciones−, sino personas que estaban en sus casas. “Muchas más víctimas mortales, casi el doble, fueron encontradas en viviendas (casas, fincas, sótanos), locales comerciales o parcelas de polígonos industriales”, lo que indica que “la mayor parte de las personas fallecidas […] no necesariamente estaban llevando a cabo acciones de riesgo”. Murieron sin escapatoria. Sin ayuda.

Vecina de Benetússer: “Estamos en shock, pero sales a trabajar a la calle hasta que el cuerpo aguante”

Gessamí Forner

València

Dana Vecina de Benetússer: “Estamos en shock, pero sales a trabajar a la calle hasta que el cuerpo aguante”

Gessamí Forner

Los efectivos de Emergencias siguen sin entrar en el barrio Grupos, el más pobre de Benetússer. En Paiporta pasaron dos días “completamente aislados; así que nos dijimos que primero el agua y los cadáveres, luego ya veremos qué tal están las casas”.

Casi la mitad de las víctimas tenía más de 71 años. Muchas vivían solas, en viviendas bajas o sin acceso a pisos superiores. Personas mayores, con discapacidad, con movilidad reducida: las más frágiles y también las más olvidadas.

La fragmentación y el caos operativo “agravaron las consecuencias del desastre”, y colocan al Estado en el umbral de una violación de sus compromisos internacionales. Amnistía señala la contravención del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y recuerda que, según el Derecho Internacional “la estructura institucional del Estado no debería obstaculizar la protección de los derechos humanos”.

La vulnerabilidad social, física y urbanística se convirtieron en factores de letalidad. El informe documenta que casi la mitad de las personas fallecidas en la provincia de Valencia —107 en total— tenían más de 71 años

Durante la dana, la vulnerabilidad social, física y urbanística se convirtieron en factores de letalidad. El informe documenta que casi la mitad de las personas fallecidas en la provincia de Valencia —107 en total— tenían más de 71 años. Además, once de ellas murieron en residencias de mayores en Picanya y Paiporta, municipios especialmente golpeados por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Muchos de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional evidencian cómo la falta de accesibilidad en los sistemas de alerta y evacuación dejó sin opciones a las personas mayores, con discapacidad o con movilidad reducida.

Carlos Olmedo, de 79 años, con un 65% de discapacidad por insuficiencia cardíaca, sobrevivió tras pasar ocho horas sobre un tejado en Picanya. Once de sus vecinos y vecinas, también personas mayores, no corrieron la misma suerte. En Paiporta, Teresa Ibor relató que su madre pudo subir a un piso superior, pero su padre, con una fractura de cadera, quedó atrapado en el agua durante horas.

La protección del derecho a la vida y a la integridad física no puede desligarse del diseño urbanístico del territorio, de los sistemas de atención social y del deber político de poner la vida —toda la vida— en el centro.

Derecho a la información: el derecho a saber que tu vida está en peligro

Amnistía denuncia que “la falta de información a tiempo y precisa sobre la emergencia afectó de manera especialmente grave a las personas mayores, con discapacidad o con movilidad reducida”. Este grupo no solo fue más propenso a quedar atrapado en viviendas sin alternativas de evacuación, sino que además no recibió alertas comprensibles ni en formatos accesibles.

“Ante el acaecimiento de un desastre natural, el derecho de la población afectada a acceder a información completa, libre e imparcial se inserta en el derecho a la información […] garantizado por el marco internacional de los derechos humanos”. En situaciones de desastre, las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales: refugios inaccesibles, transporte no adaptado, información sobre rutas de evacuación ininteligible o la ausencia total de protocolos específicos para su protección. La mayoría de los estudios sobre inundaciones, señala el informe, ni siquiera recopilan datos desagregados sobre discapacidad, invisibilizando aún más la exposición de este colectivo.

“Aquí en Paiporta mucha gente mayor vive en plantas bajas, si hubieran sabido que pasaba algo grave habrían subido con un vecino o se habrían ido con la familia”, lamenta Teresa Ibor. “Desgraciadamente no llegó información sobre la emergencia, nos pilló en la calle, haciendo vida normal”.

“Los Estados tienen la obligación de proteger a la población frente a los riesgos derivados de desastres naturales”. Según los estándares internacionales, las autoridades tienen la obligación de establecer sistemas de alerta temprana y seguimiento adecuados y eficaces. “La Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia no proporcionó información necesaria para la protección de la población” pese a que tenía conocimiento previo del riesgo inminente.

Además, Amnistía recuerda que no basta con tener sistemas tecnológicos como el ES-Alert. La gestión de estos recursos requiere capacidad técnica, protocolos claros y liderazgo institucional. “Estos sistemas deben contar con profesionales competentes, capaces de tomar decisiones adecuadas sobre su uso en los momentos oportunos”.

La instrucción de la dana determina que Pradas y Argüeso cometieron una “grosera negligencia”

Tomás Muñoz

València

València La instrucción de la dana determina que Pradas y Argüeso cometieron una “grosera negligencia”

Tomás Muñoz

La magistrada Ruiz Tobarra resalta en un auto la inoperancia de la ex consellera y el ex secretario de emergencias, y califica como “absurdas” sus explicaciones sobre el retraso del sms.

La jueza de instrucción de Catarroja, en su auto del 10 de marzo de 2025, fue tajante: calificó el envío de la alerta como “erróneo y tardío” y subrayó que la convocatoria del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) debía haberse producido por la mañana, para “avisar a la población” de forma eficaz.

Hay una diferencia cualitativa entre una tragedia mal gestionada y una situación en la que el Estado no cumple con sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. Eso es lo que convierte la dana en un crimen.

El derecho a la vivienda: hogares destruidos

La dana arrasó municipios enteros. Según los datos recopilados por Amnistía, 491 viviendas fueron desalojadas, 1.656 declaradas no habitables y 130 señaladas para demolición. Más de 39.000 personas solicitaron ayudas por daños graves en sus viviendas. A día de hoy, miles siguen pendientes de tramitación o sin recibir los pagos.

Según el marco internacional, cuando una vivienda resulta inhabitable debido a desastres naturales, conflictos o cualquier otra razón, el Estado debe garantizar una alternativa segura, digna y accesible. A pesar de ello, Amnistía Internacional subraya que “el derecho a la vivienda pudo verse vulnerado”, ya fuera por la pérdida total de la vivienda o por la imposibilidad de acceder a ella. A este riesgo se suma la falta de acompañamiento institucional y el retraso en la respuesta administrativa, que ha dejado a muchas familias atrapadas en una situación de incertidumbre, con recursos materiales y emocionales agotados.

“La crisis de vivienda multiplicada por mil”: la dana evidencia el fracaso de las políticas del PP en València

Martín Cúneo

València

Dana y vivienda “La crisis de vivienda multiplicada por mil”: la dana evidencia el fracaso de las políticas del PP en València

Martín Cúneo

La dana ha dejado a miles de familias sin hogar. Ante la inacción de las instituciones, han sido las redes familiares las que han asumido el peso de la ayuda. La Generalitat, tras décadas de mala gestión, solo ha podido ofrecer 314 pisos públicos.

Esta vulnerabilidad, sin embargo, tiene raíces estructurales. El informe subraya que la magnitud de los daños está estrechamente relacionada con decisiones urbanísticas previas. Muchas de las viviendas afectadas se construyeron en zonas con riesgo de inundación reconocido oficialmente, según la clasificación establecida en el PATRICOVA, el plan autonómico que regula la ordenación del territorio en función del peligro de inundaciones.

La catástrofe dejó al descubierto un modelo territorial que prioriza el beneficio del ladrillo sobre la vivienda segura. Y lejos de corregirse, esta lógica persiste. Según denuncian diversas organizaciones y ha documentado la prensa, el gobierno de Carlos Mazón ha reactivado planes urbanísticos que prevén la construcción de miles de viviendas en el litoral valenciano, incluso en zonas inundables. Mientras, muchas familias damnificadas por la DANA continúan, ocho meses después, sin solución habitacional ni garantía de que su derecho a la vivienda sea reparado.

Emergencia climática sin justicia social: más catástrofes, más mortales, más injustas

El informe de Amnistía Internacional desmonta el relato de la excepcionalidad. La emergencia era previsible, los datos estaban disponibles, la tecnología existía y los protocolos eran conocidos. Falló la voluntad política. Fallaron las instituciones. La crítica más profunda del informe no está en lo que dice sobre la dana, sino en lo que dice sobre el modelo económico, político y social.

El consenso científico es claro. Según el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1.5ºC del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), las actividades humanas, en particular la quema de combustibles fósiles y la deforestación, son las principales responsables del calentamiento global. Este proceso está intrínsecamente ligado a un sistema económico basado en la explotación intensiva y descontrolada de los recursos naturales, que prioriza la acumulación de capital por encima de la sostenibilidad ambiental.

Amnistía Internacional: “los estudios de atribución revelaron que la dana de 2024 tuvo el doble de probabilidades de ocurrir y fue un 12% más intensa debido al calentamiento global de origen humano”

La dana fue una catástrofe anunciada, un fenómeno intensificado por el calentamiento global y agravado por políticas de riesgo urbano y ausencia de justicia social. Como recoge Amnistía “los estudios de atribución revelaron que la dana de 2024 tuvo el doble de probabilidades de ocurrir y fue un 12% más intensa debido al calentamiento global de origen humano”. La emergencia climática ya no es una amenaza futura: es presente y está cobrándose vidas.

El Mediterráneo se encuentra en el epicentro del cambio climático. La intensificación de las precipitaciones observada en las últimas décadas “es muy probable que continúe incrementándose”, con más eventos extremos como este. La propia Agencia Estatal de Meteorología lo advierte en su informe del 23 de diciembre de 2024.

La investigación de Amnistía denuncia que el impacto de estas catástrofes se ve amplificado por modelos de gestión ineficaces y por la exclusión sistemática de los más vulnerables. “Las autoridades deben adoptar medidas tanto en el corto como en el largo plazo para proteger a la población, especialmente a quienes residen en zonas de riesgo como las inundables.”

La justicia climática requiere transformar los sistemas de protección desde una perspectiva de derechos humanos, equidad y participación social. Aministía señala: “La rendición de cuentas y las garantías de no repetición son fundamentales en un contexto donde la crisis climática aumenta la probabilidad de desastres. [...] Además, para evitar la repetición de estas violaciones, es necesario realizar una evaluación independiente por parte de personas expertas” y recomienda “adoptar un enfoque participativo e incluyente, de forma activa, en los procesos de toma de decisión y planificación y seguimiento de los esfuerzos de recuperación [...] implicando a asambleas ciudadanas y los comités locales de emergencia y reconstrucción”.