València
La turistificación masiva asfixia los distritos valencianos de Camins al Grau y Algirós

El vecindario se organiza en una plataforma para luchar por el derecho a la vivienda en dos de los distritos con mayor presión turística de la capital del Turia.
Construim Valencia - 1
Presentación de la plafatorma Construïm Camins al Grau i Algirós Carmen Iranzo

Los barrios de Camins al Grau y Algirós, históricamente ligados a la clase trabajadora, son hoy un campo de batalla, donde se libran las tensiones de un modelo urbanístico impulsado por la especulación y el turismo de masas frente al derecho a la vivienda de sus habitantes.

La nueva plataforma vecinal Construïm Camins al Grau i Algirós ha presentado un informe exhaustivo, que pone en cifras lo que el vecindario lleva tiempo denunciando: que la gentrificación y la turistificación están expulsando a los vecinos de sus barrios, transformando la vivienda en una mercancía y haciendo que la vida vecinal en el barrio se desfigure hasta desaparecer, ante los intereses de la especulación y el turismo masivo.

Con más de 8.000 plazas en hoteles y Airbnbs, Camins al Grau es el segundo distrito más turistificado de València, solo por detrás de Ciutat Vella, según recoge el informe de la plataforma vecinal Construïm Camins al Grau i Algirós

Con más de 8.000 plazas en hoteles y Airbnbs, Camins al Grau es el segundo distrito más turistificado de València, solo por detrás de Ciutat Vella, según recoge este informe. Un dato demoledor que evidencia hasta qué punto este distrito ha sido colonizado por el negocio inmobiliario-turístico.

Este fenómeno ha sido exacerbado por la nueva normativa urbanística municipal que, lejos de frenar este proceso, abre la puerta a la creación de 28.649 nuevas plazas turísticas, lo que supondrá un incremento del 57% respecto a las ya existentes.  Álex Calderona, portavoz de la plataforma destaca la gravedad de la situación: “El fenómeno de la turistificación masiva y la subida de los precios de alquiler y compra de vivienda está alcanzando incluso a los barrios más humildes de València”.

“El aumento de los precios es insostenible para la clase trabajadora. En Camins al Grau el alquiler ha subido un 74% desde 2016 y en Algirós, un 66%”, denuncia Calderona

El discurso oficial de la Administración defiende que el aumento de los precios del alquiler se debe a la falta de oferta. Sin embargo, el informe elaborado por esta plataforma, a partir de datos del propio Ayuntamiento de València, demuestra que esta hipótesis es falsa: en 12 años se han construido más viviendas de las que se han necesitado, y la tasa de ocupación por vivienda prácticamente no ha variado. Por lo que deducen que la crisis de la vivienda no es un problema de cantidad, sino de especulación.

“El aumento de los precios es insostenible para la clase trabajadora. En Camins al Grau el alquiler ha subido un 74% desde 2016 y en Algirós, un 66%”, denuncia Calderona. Actualmente y según reflejan los datos del informe, una persona joven debe destinar un 93.9% de su salario para pagar un alquiler, lo que condena a toda una generación a la precariedad o a la expulsión del barrio.

Comprar vivienda tampoco es una opción en un barrio turistificado

Pero si el alquiler es inasumible para gran parte de la población del barrio, la compra de vivienda tampoco es una opción. Según los datos del informe, València se ha convertido en la ciudad del Estado con más transacciones inmobiliarias por habitante, un fenómeno impulsado por los fondos de inversión y grandes propietarios, que acumulan inmuebles para revenderlos, especular o destinarlos a alquiler turístico. La consecuencia directa de esto es la creciente desaparición de viviendas destinadas al alquiler residencial y el encarecimiento generalizado del mercado.

Por otro lado, el crecimiento descontrolado de la actividad turística  —de 4,4 a 6 millones de pernoctaciones anuales entre 2016 y 2024— también ha tenido un impacto devastador en los barrios de Camins al Grau y Algirós, en este proceso de desposesión vecinal.

Miles de viviendas han sido reconvertidas en apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico (VUT), si bien no se pueden cuantificar con exactitud, ya que muchos de ellos carecen de licencia, y por tanto escapan a las estadísticas oficiales

Miles de viviendas han sido reconvertidas en apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico (VUT), si bien no se pueden cuantificar con exactitud, ya que muchos de ellos carecen de licencia, y por tanto escapan a las estadísticas oficiales. La Administración, según denuncian desde la plataforma, sigue sin establecer mecanismos de control efectivos para estas irregularidades. Mientras tanto, el comercio de proximidad desaparece para dar paso a estos apartamentos turísticos, la mayoría de ellos ilegales, y a franquicias de negocios orientadas exclusivamente a los turistas, eliminando las tiendas y servicios que daban respuesta a las necesidades del vecindario.

A esta problemática se suma la proliferación de las llamadas tipologías living, como los colivings, las residencias de estudiantes y los edificios build-to-rent, que también han empezado a aparecer en estos distritos. “En la calle de la Fusta van a abrir una residencia para estudiantes de lujo, de 620 plazas, y con esas, en total estaremos cerca de las 1200 plazas de esta nueva tipología en los distritos de Camins al Grau y Algirós”, comenta Calderona.

Derecho a la vivienda
Alquileres turísticos Bajos turísticos en Valencia: la gota que colmó el vaso de la turistificación
La Moratoria sobre apartamentos turísticos de Mª José Català no convence a las asociaciones vecinales por ser un parche temporal que no busca la solución al problema.

Frente a esta realidad, critican desde la plataforma, la Administración muestra una preocupante inacción, o directamente, la colaboración con el modelo especulativo. La política de vivienda pública ha sido prácticamente inexistente: en cuarenta años se han gastado más de 200.000 millones de euros en materia de vivienda, pero el 75% de este gasto ha ido a desgravaciones fiscales y no a la creación de un parque público de vivienda, según recoge el informe.

En cuanto a la nueva Ley de Vivienda, solo Catalunya ha aplicado la declaración de zonas tensionadas, mientras que el resto de administraciones han bloqueado la medida. Según valoran desde la plataforma, “las ayudas al alquiler, además, han demostrado ser una herramienta que beneficia más a los propietarios que a los inquilinos, ya que solo sirven para justificar nuevos incrementos en los precios”. Respecto a la regulación del alquiler turístico, consideran que el consistorio de València ha sido permisivo. La nueva normativa de usos hoteleros sigue permitiendo la construcción de nuevos alojamientos turísticos en muchas zonas de la ciudad, sin establecer límites claros. 

Organización vecinal como respuesta

La transformación del distrito está en el centro del relato de quienes han vivido en estos barrios toda la vida. Carlos, un vecino de la calle Marino Albesa explica que “este siempre ha sido un barrio de trabajadores, y ahora hay mucha cantidad de turistas durante todo el año, que vienen aquí de vacaciones y arrastran sus maletas a cualquier hora del día o de la noche”. Otra vecina apunta que “en estos bajos antes había una tienda de pinturas, y en aquellos de allí una guardería, allí una carnicería y así con todos”. Los bajos turísticos han hecho desaparecer el comercio local.

Ante esta situación de malestar cada vez más creciente entre los vecinos, la plataforma Construïm Camins al Grau i Algirós, recientemente integrada en la red Entrebarris, surge para exigir medidas concretas que frenen la turistificación y la especulación. En primer lugar, se demanda la declaración inmediata de Camins al Grau y Algirós como zonas de mercado tensionado, con la consiguiente limitación de precios de alquiler.

La plataforma vecinal considera fundamental también un control efectivo sobre los grandes propietarios, con sanciones por viviendas vacías y mecanismos de protección para los inquilinos

Además, se pide el fin del crecimiento turístico descontrolado, implementando una moratoria para nuevas plazas turísticas y recuperando las VUT para el mercado residencial. La plataforma considera fundamental también un control efectivo sobre los grandes propietarios, con sanciones por viviendas vacías y mecanismos de protección para los inquilinos. Para asegurar un acceso a la vivienda digno, se plantea el desarrollo de un parque público, mediante la expropiación de pisos vacíos en manos de fondos de inversión y grandes tenedores. Y también reclaman la regulación real del alquiler de temporada, que se ha convertido en una vía para la evasión de la normativa de protección a los inquilinos.

El pasado sábado 29 de marzo, la plataforma se ha dado a conocer en una presentación pública que se ha celebrado al aire libre, junto al jardín de Ayora, y ha contado con la participación de otras asociaciones vecinales, como Amics de la Malva, L’Illa perduda, Ciutat Jardí y Grau-Port.

Derecho a la vivienda
Manifestación estatal Mapa | Más de 40 ciudades se movilizan este 5 de abril por el derecho a la vivienda
Decenas de miles de personas en más de 40 localidades de todo el Estado español saldrán a la calle el próximo 5 de abril para reclamar medidas para hacer frente a la crisis de vivienda.

“Es fundamental que nos unamos para luchar contra estos problemas, no sólo a nivel local, sino también de todo el Estado. Y por ello, el próximo 5 de abril nos sumaremos a la manifestación estatal que se ha convocado para luchar por el derecho a la vivienda” anuncia Calderona.

Además, el colectivo La MataObras, que trabaja para ofrecer asesoramiento legal a las comunidades de vecinos, también estuvo presente para impartir un taller sobre organización vecinal y herramientas legales contra las viviendas turísticas. María Alandes, su portavoz, explica que “las comunidades de vecinos pueden defenderse cambiando los estatutos de la comunidad para impedir los bajos turísticos” y lanza una petición clara: “pedimos al Ayuntamiento de València que exija un documento que acredite el consentimiento de la comunidad de vecinos antes de iniciar obras en zonas comunitarias. Actualmente no existe esta obligación y eso está permitiendo que los bajos turísticos realicen obras ilegales, obligando a los vecinos a recurrir a la vía judicial”.

Ante la falta de una exigencia municipal que garantice que existe este acuerdo previo, los vecinos se ven obligados a costear procedimientos judiciales para paralizar las obras, un proceso que en muchos casos les resulta económicamente inaccesible

Alandes advierte que en València se están dando casos en los que, se hacen obras en los bajos que modifican zonas comunitarias, sin el consentimiento de la comunidad. Abrir ventanas en la fachada exterior o en la del deslunado, o incluso al patio o en el techo del bajo que da a una terraza comunitaria en la primera planta. “Hemos visto auténticas barbaridades, con el objetivo de conseguir más luz natural”, afirma.

Estas modificaciones contravienen la Ley de Propiedad Horizontal, que exige la aprobación de la comunidad para cualquier intervención en elementos comunes. Sin embargo, ante la falta de una exigencia municipal que garantice que existe este acuerdo previo, los vecinos se ven obligados a costear procedimientos judiciales para paralizar las obras, un proceso que en muchos casos les resulta económicamente inaccesible. “Esta situación deja a las comunidades en una posición de vulnerabilidad frente a inversores que aprovechan estos vacíos administrativos”, recalca Alandes.

Otras problemáticas de los distritos

Estas asociaciones invitadas intervinieron activamente en el encuentro, compartiendo sus experiencias en la lucha por una vivienda digna. Además de señalar problemáticas comunes, como la subida descontrolada de los precios y la turistificación, cada asociación expuso las particularidades de su distrito y las dificultades que enfrentan.

La asociación de Ciutat Jardí explicó que sigue a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, tras años de reclamaciones para que el Ayuntamiento declare la zona acústicamente saturada (ZAS). Los vecinos denuncian el ruido insoportable generado por los pubs y bares de la zona del Cedro, que vulnera su derecho al descanso sin que el consistorio haya ofrecido una respuesta efectiva.

Desde la asociación vecinal de L´Illa perduda alertaron sobre la proliferación de VUT ilegales, con fincas enteras en la calle de la Industria destinadas a este negocio. Además, denunciaron la aparición de hoteles cápsula en el distrito, una tendencia que agrava la presión sobre el mercado del alquiler.

El caso de la Malvarrosa es aún más complejo, ya que a los efectos de la turistificación se suma el tráfico de drogas, y la falta de espacios deportivos y culturales. Desde Amics de la Malva criticaron que el Ayuntamiento haya decidido autorizar la construcción de un hotel en un solar donde estaba proyectada una biblioteca, relegando una vez más las necesidades vecinales en favor de intereses privados.

La Malvarrosa alberga además, el espacio natural más extenso de la ciudad de València, un enclave que está siendo sistemáticamente amenazado por proyectos urbanísticos. Y recuerdan el revelador comentario de Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, presidente de Mercadona: “La Malvarrosa en Miami sería todo hoteles de 5 estrellas. Miami para mí es mucho más feo, pero ellos le sacan mucho más partido”. Un comentario que sintetiza a la perfección la lógica capitalista más salvaje.

Desde el barrio marítimo Grau-Port, los problemas también van más allá de la expansión descontrolada de VUT ilegales, tanto en bajos como en pisos. Carmen, representante de la asociación, denunció la saturación del transporte público cada vez que llegan los cruceros, dejando a los residentes sin servicio. Además, advirtió sobre las carreras ilegales que se realizan de madrugada en la zona del antiguo circuito urbano de Fórmula 1, un problema de seguridad que sigue sin atenderse.

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