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Violencia machista
La ley del ‘solo sí es sí’ abordará también la violencia sexual contra la infancia
La ley de libertad sexual, que finaliza ahora un periodo de alegaciones, incorpora al texto la tercería locativa —que prohibiría que un tercero, el proxeneta o el dueño de un local, se lucre con la prostitución— y contempla crear un fondo para víctimas con los decomisos de la industria de la explotación sexual. Además, incorpora el concepto de “feminicidio sexual”.
El texto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que ultima el Gobierno incorpora a la infancia y adolescencia con el objetivo de garantizar la protección de menores frente a las distintas violencias sexuales, algo que viene a acompasar este texto con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como Ley Rhodes.
El texto justifica esta incorporación en que “si bien la protección genérica de la infancia y la adolescencia frente a los diferentes tipos de violencia viene establecida en otras normas, resulta imprescindible complementar mediante esta ley dicho suelo básico con medidas específicas para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a las violencias sexuales”.
Al igual que la Ley Rhodes —cuya seña principal es que aumenta el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra niños y niñas— la ley de libertad sexual prevé la creación de “casas de niños” donde atender de forma especializada a los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Las casas de niños o “barnahus” reúnen en un mismo lugar a todos los especialistas necesarios para detectar y denunciar abusos sexuales contra la infancia, un modelo que tiene arraigo en los países nórdicos y que ha creado interés en España, sin haberse plasmado en la práctica con la excepción de Catalunya, donde en mayo de 2020 se puso en marcha una experiencia piloto en Tarragona.
La ley de libertad sexual, que finaliza ahora un periodo de alegaciones que ha sido inusualmente largo debido a la crisis sanitaria y por el deseo del Ministerio de Igualdad de dar tiempo a las propuestas de las organizaciones, debe ser revisada por el Consejo Económico y Social y el Consejo General del Poder Judicial. Después, deberá pasar por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros.
La ley del solo sí es sí establecerá la nueva tipificación de distintas violencias sexuales, como la agresión sexual; los abusos, que pasarán a ser agresiones; el acoso o el proxenetismo, y abordará diferentes tipos de violencias sexuales, en concreto son consideradas violencias sexuales la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.
Fuentes del ministerio explican que otras violencias como los abortos forzados, la esterilización forzosa, la violencia ginecoobstétrica y la explotación reproductiva o vientres de alquiler se abordarán en la reforma de la Ley de derechos sexuales de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, al considerar que tienen un carácter más reproductivo que sexual.
Una ley abolicionista e interseccional
Otra de las incorporaciones al texto es la creación de un fondo de reparación para las víctimas de violencia sexual que se nutrirá de los bienes y ganancias decomisados a los proxenetas y a la industria de la explotación sexual. Fuentes de Igualdad explican que ese fondo tendrá como objetivo financiar las ayudas a las víctimas de violencia sexual, entre ellas la integración de mujeres víctimas de trata y explotación sexual.
Así, se destinarán a ese proyecto los decomisos efectuados por jueces y tribunales a los condenados por trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores y a abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años.
La ley incorpora otra novedad con respecto al texto anterior: la incorporación en el Código Penal del delito de tercería locativa, es decir, el castigo a terceros que alquilen lugares donde se produce explotación sexual ajena. De esta manera, el cierre de estos locales podrá ser una medida tanto cautelar como accesoria en las sentencias, así como las multas y la disolución de las personas jurídicas responsables de estos lugares. Con estas dos incorporaciones, Igualdad viene a plasmar la línea abolicionista de la prostitución que ha hecho pública en varias ocasiones en una iniciativa legal.
Otra de las novedades es la incorporación de la accesibilidad, la interseccionalidad y el enfoque de género como principios rectores de la norma. La ley contiene alusiones a la “identidad de género”, que se cita entre los motivos de discriminación. Fuentes del Ministerio de Igualdad explican que este enfoque sigue la línea de las recomendaciones internacionales y es coherente con las leyes que ya existen en España.
Otras novedades
El nuevo texto también refuerza el reconocimiento de delitos en el ámbito digital, en concreto considera violencia sexual aquella transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual digital y la pornografía no consentida.
Además, reconoce el “feminicidio sexual”, una categoría en la que entran casos como los de Nagore Laffage o Laura Luelmo, aunque fuentes de igualdad explican que el concepto se utiliza en términos de estadística y reparación, pero sin reflejo en el código penal. En lo relativo a los niños, niñas y adolescentes, la futura ley de libertad sexual también incluye que los hijos de víctimas de feminicidios sexuales puedan recibir una pensión de orfandad, así como la inclusión de la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas.
La ley del 'solo sí es sí' que surgió al calor del debate provocado por la sentencia del caso de La Manada, que movilizó a miles de mujeres con la consigna “no es abuso, es violación”. Por el camino, se ha convertido en una ley que da cobertura a las violencias sexuales en un sentido amplio.