Violencia machista
Violencia institucional: “Si lo hubiera sabido antes, no hubiera denunciado nunca”

“Todas cuando nos quedamos a solas quiero pensar que tenemos un mantra en común: ¿me creerán? ¿Habrá justicia? ¿Terminará pronto? ¿Estaré segura? ¿Estaré mejor? ¿Hay alguien que piense igual que yo? ¿Hay alguien que se sienta igual que yo?

Se juntan la culpa, la rabia, la inseguridad. A ratos crees que tu pareja pedirá perdón, que reconocerá el dolor causado. Un perdón real no el que la justicia les da como oportunidad para limpiar sus pecados no reconocidos y les sirva para despachar un acto que creen que es de lo más normal. Te han robado la dignidad y nadie te la repara ni la devuelve”.

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Rocío (nombre ficticio) escribe una carta a El Salto. Lo anterior es su comienzo. Este reportaje es parte de su proceso de reparación como víctima de violencia machista y también como víctima de violencia institucional. Ha decidido hablar para poner en orden lo que le ha sucedido. Quiere describir cada una de las puertas que ha atravesado para que ninguna mujer se vuelva a encontrar con los mismos obstáculos. Porque este reportaje no es solo un proceso de reparación individual, es una puesta en común sobre algo que afecta a un amplio colectivo de mujeres que no encuentran reparación por los cauces institucionales.

Una puesta en común que pide se remonte al inicio de los tiempos, cuando de pequeña su padre amenazó con matar a su madre y a sus hermanas con una pistola. Rocío arrastra un histórico de violencia familiar que ha condicionado sus relaciones. “Nadie me había hablado de educación sexual y la educación sexual es necesaria para prevenir muchas cosas y es muy importante en los coles. Yo me quedé embarazada muy joven y me casé también muy joven”. Cuando se casó ya había recibido maltrato pero aún no lo había reconocido como tal. “La familia es costumbre y cuando la costumbre es la violencia, la pareja es violencia también”, explica Rocío.

El permiso de él para evaluar su propia violencia

“Porque no sabes las veces que hiciste por sobrevivir, aun estando muy al límite de no hacerlo. Da igual la causa, una familia que normaliza el maltrato. Un abuso por parte de un familiar, amigo, desconocido. Una agresión sexual. Un maltrato psicológico, físico.

Para consolarte, la mente te dice ‘sobreviviste’, pero ‘con taras’. Lo hiciste. Y cuando pienso en tantas mujeres de casos mediáticos famosos y anónimos creo que todas pensamos lo mismo ante la posibilidad de plantar cara. Sentimos miedo, miedo a no ser creídas, a ser más rechazadas. La desazón que te deja la justicia y la institución, ¿vale la pena?”.

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Rocío describe insultos, gritos y amenazas desde el minuto uno de su relación. Una situación de maltrato habitual físico, psíquico y sexual, un comportamiento violento de control llegando a agredirla físicamente y manteniendo relaciones sexuales en contra de su voluntad, ejerciendo un claro sometimiento sobre ella, anulándola y provocando aislamiento social. Así se lo relató al juez. En 2010 decide separarse. Tenía dos hijos pequeños. Antes de esto acude a un recurso de la Administración pública especializado en violencia contra la mujer para explicarle su situación y allí le dicen que tiene que pedir permiso a su marido para valorar a los menores, tal y como indica la ley. Este fue su primer encontronazo con la violencia institucional. “Yo quería anonimato y me dicen que tengo que pedir permiso a mi marido para que valoren a los niños. Yo ahora sé que esto es violencia institucional pero antes no lo sabía. Solo sentí miedo”.

Pero, antes de seguir, ¿qué entendemos por violencia institucional? Según el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), esta violencia ampara las formas de discriminación, abuso o trato desigual que sufren las mujeres por parte de instituciones públicas y que se manifiestan en prácticas, políticas o normativas que refuerzan la desigualdad de género, perpetúan estereotipos y obstaculizan el acceso a derechos fundamentales.

Según el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), la violencia institucional ampara las formas de discriminación, abuso o trato desigual que sufren las mujeres por parte de instituciones públicas

“Se puede ejercer tanto por acción como por omisión de quienes, estando al servicio público, discriminan, dilatan, obstaculizan o impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como su acceso al disfrute de derechos y a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las violencias machistas”, completa la definición de OVIM.

Carmen García Martín, psicóloga del programa de atención de violencias machistas del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio de Bilbao, lleva seis años asistiendo a víctimas de violencias machistas. Explica a El Salto que la violencia institucional es un tema que siempre está presente. “Ya sea por la falta de reconocimiento y la falta de escucha, ya sea porque directamente hay mujeres perseguidas por el sistema de justicia”, resume.

Volviendo al caso de Rocío, el artículo 156 del Código Civil establecía por ley la exigencia de permiso paterno y materno para intervenir a nivel psicológico con menores, exceptuando en los casos en los que existía denuncia, proceso judicial en trámite o condena. La Ley de 8/2021 que elaboró el anterior Ministerio de Igualdad para reformular este artículo, establece que no hará falta permiso del padre en casos de violencia machista que no se hayan denunciado vía penal añadiendo en la reforma que valdrá con la acreditación administrativa de estar siendo atendida por un servicio especializado público. Sin embargo, se mantiene el deber de informar al progenitor en todos los casos.

Ella denuncia, ella se va de casa

“¿Vale la pena que tus vivencias, hasta las más íntimas, las tengan que poner en valor o sentenciar? Unos desconocidos valoran tu dignidad y sufrimiento mientras tú tienes que asimilar aptitudes que no entiendes, lenguaje institucional y contar que no te reparan y mucho menos te acompañan”.

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La reforma de la ley no llegó a Rocío, quien salió de esas oficinas y decidió actuar por su cuenta. “Al final me separé de mutuo acuerdo con el abogado y ya está. Él tenía las llaves de casa, aparecía cuando le daba la gana, no cumplía con nada”, relata. Entre tanto, consigue convencerla para retomar la relación. “Después de poco tiempo divorciados, me volví a casar con él, pero principalmente por mis hijos”, relata. Pero la violencia no cesó, asegura. “La sensación de indefensión tras intentar separarse y no recibir ayuda adecuada la coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad ante un marido que también percibe que ahora ya es una relación de dominio absoluto. Este es el escenario en el que se puede llegar a la sumisión química y a la violencia sexual”, valora García Martín.

En 2019, y de manera fortuita, Rocío descubrió que había estado sufriendo violencia sexual bajo sumisión química de manera continuada. Ese mismo año interpone una denuncia. “Denuncié porque una compañera me dijo que si no denunciaba yo denunciaba ella, no pude elegir”, expresa Rocío.

Laura Elezkano Atienza es asesora socio jurídica en el servicio de atención a las violencias machistas en el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio de Bilbao. Ha acompañado a Rocío en la última etapa de su periplo. Insiste en que Rocío inicia la vía penal sin tiempo para reflexionar. “La denuncia parte condicionada por la presión de que una tercera persona haga la denuncia en su nombre. Se ve obligada a denunciar porque si no no iba a controlar nada, no pudo disponer de un tiempo para asesorarse y pensar cómo quería salir de esa situación, si quería ir a la vía penal o no. Esto nos pasa con muchas mujeres que han vivido realidades parecidas a la de ella pero que han denunciado sin estar seguras de ir a la vía penal”, explica.

Tras denunciar, Rocío no fue informada de sus derechos como víctima de violencia machista, tales como el acceso a una alternativa habitacional o a una renta, y tampoco fue contactada por servicios sociales para tramitar estos recursos

Una vez en comisaría, y acompañada por una abogada que ella buscó en un servicio público especializado en violencia, y sin ser asistida por el turno de oficio especializado en violencia de género, relató los hechos. “Yo, bajo mi desconocimiento pensaba que ponías una denuncia y acababa ahí todo. Pones una denuncia y se acaba todo el dolor. Inocente de mí, el calvario acababa de empezar. Esto es una pesadilla. Si lo hubiera sabido antes, no hubiera denunciado nunca”, valora. Sumado a esto, con la asistencia legal que recibió se sintió poco asesorada y percibió poca empatía, pese a ser un servicio público especializado en violencia.

Tras la denuncia, tuvo que irse a vivir a casa de su madre con sus dos hijos. En comisaría no le informaron de sus derechos como víctima de violencia machista, tales como el acceso a una alternativa habitacional o a una renta. Tampoco fue contactada por servicios sociales para tramitar estos recursos. “Rocío no ha podido acceder a otra vivienda debido a sus ingresos de media jornada. Esto nos parece fundamental a la hora de hablar de procesos de reparación y recuperación de las personas afectadas por las violencias, las cuales nombran la necesidad de cubrir lo residencial y lo material para poder abordar después sus defensas judiciales o sus procesos terapéuticos”, explica Elezkano.

La ley integral contra la violencia de género, la 1/2004, recoge que las víctimas tienen derecho a la información, la asistencia social integral, la asistencia jurídica, así como ayudas económicas y de acceso a la vivienda. Nada de esto recibió Rocío, asegura.

“En la comisaría le deberían haber informado de todos los derechos que le asisten. Y también en el resto de servicios a los que acude”, explica Bárbara Tardón, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género y experta en violencia sexual. “Por ejemplo —añade— , tú puedes acceder a una alternativa habitacional desde el minuto uno. Cuando acudes a comisaría y te hacen una valoración del riesgo te pueden derivar ya a una alternativa habitacional”, explica Tardón, quien denuncia que el problema es que, en función de la comisaría a la que acudas “te vas a encontrar con un buen trato o con un maltrato”. “Hay comisarías en donde la policía todavía está atravesada por prejuicios, por estereotipos de género, no van a cubrir las demandas de la mujer. Los derechos de las víctimas no pueden depender de la suerte del policía que te vaya a atender en ese momento. Es como una ruleta rusa”, se queja. La experta añade que la policía tiene que informar a las víctimas que deben ser asistida de una abogada especializada gratuita. “A veces la policía informa desaconsejando esperar a la abogada, cuando es superimportante que esté delante. Todo lo que tú le vayas a trasladar es clave después”, añade.

El foco puesto en ella y no en él

“El lema de ‘No estás sola’ a veces creo que no es un lema que sirva para mucho y que ha perdido el valor. Se lo han quedado las instituciones de eslogan, un buen marketing. Igual interiormente quieres pensar que ese ‘No estás sola’ es muy real, una forma de consuelo como cuando rezas a dios y eres ateo. Quieres pensar que en esta desgracia no estás sola. Nos sirve para sobrellevar las caídas emocionales que te pueden surgir”

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Tras la denuncia de Rocío, hubo un juicio rápido y se decretó una orden de alejamiento. Al poco tiempo la víctima denuncia el primer quebrantamiento de la medida. Después habría muchas más. Durante la tramitación del procedimiento penal, la Ertzaintza comunica al Juzgado que el riesgo de nuevas agresiones es alto por lo que se adopta de oficio la medida de escolta. “Me llamaron de la noche a la mañana del juzgado y me dijeron que me iban a poner un escolta. Yo no entendía nada”, se queja.

Desde ese momento, su vida cambia. Tiene que informar a una persona ajena de todos los movimientos que hará en el día. Cambiar su agenda. Sentirse siempre en el foco. Y en riesgo. Rocío solicita que la mirada cambie de bando: pide que se le implante una pulsera electrónica a él. Emprende una nueva lucha, esta contra la Administración.

Desde el Módulo, la asesora sociojurídica Laura Elezkano Atienza destaca que, ante la adversidad, Rocío siempre ha tenido estrategias de resistencia. “La medida de escolta la tuvo durante casi cuatro años, periodo en el que ella habla de una vida condicionada por esta figura, pérdida de libertad y de vida social y ninguna garantía de protección ya que se han producido quebrantamientos constantemente de la orden de protección durante todo este tiempo. El último juicio por cinco quebrantamientos fue celebrado hace unos meses, y no se obtuvo más que una condena por quedar probado para el Juzgado solo un quebrantamiento. Lo hemos recurrido por entender que se han valorado mal las pruebas y no se ha tenido en cuenta la declaración de ella, de su madre y de testigos varios y Policía”, explica Elezkano.

El juez no ve maltrato habitual

“A veces pasamos de un control de la expareja a un control institucional solo para las estadísticas y esa autoridad les da el derecho a valorar tu dolor, daños y situación personal sin tenerte en cuenta en nada. Somos un procedimiento mecánico de unas leyes que pasan por encima de la víctima en muchos casos. Te roban el derecho de sentir que es lo justo y deciden sobre tu dolor. No somos un número de expediente, un número en una estadística, un número de asesinadas, violadas. Somos mujeres. Mujeres”.

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Desde 2019, fecha en la que Rocío interpuso la denuncia, hasta 2023, fecha en la que la Audiencia Provincial sentenció el caso, pasaron cuatro años de desprotección, entre quebrantamiento y quebrantamiento. Cuatro años en los que Rocío acumuló nuevos conocimientos jurídicos e incertidumbre. “Durante el juicio, fui interrogada y cuestionada sobre mi aspecto y mi forma de vestir”, recuerda. Describe duros interrogatorios en los que se sintió totalmente cuestionada.

Había depositado ciertas expectativas en la sentencia. Más allá de la condena para su ex, esperaba un reconocimiento de lo sufrido. Esperaba que la creyeran. Pero no fue así. El juez condenó a su ex a siete años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, pero le absolvió del delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género. La propia Fiscalía había pedido que fuera condenado por ambos delitos. “No ha quedado acreditado que tuviera un comportamiento violento, de sumisión y control o que llegara a agredirla físicamente en varias ocasiones, ejerciendo control sobre la referida, anulándola y provocando aislamiento social”, se lee en la sentencia. “No nos consta que efectivamente existiera una atmósfera irrespirable para la víctima de miedo y dominación, por cuanto que habiéndose divorciado en el año 2009 y habiéndose vuelto a casar en el año 2010, el relato, a partir de ese momento, se centra en los abusos sexuales y no en la existencia en esa situación que se ha indicado anteriormente”, apunta el juez.

El auto añade también que “no ha quedado probado que las agresiones sexuales se llevaran a cabo con la finalidad de dominar a su mujer, dejando patente su sentimiento de superioridad frente a la misma, sino que lo que motivaba su actuación era satisfacer su deseo sexual con prácticas que probablemente la víctima no hubiera consentido”.

Carmen García Martín, psicóloga: “Tu marido te puede violar y a la vez estar absuelto de violencia de género. Y esto es violencia institucional”

Para la psicóloga Carmen García Martín, la sentencia es “irreal”. “Condenarle por abusos sexual y absolverle de maltrato continuado es irreal por ponerle algún calificativo. Es imposible que eso suceda. La agresión sexual es una parte de todo un proceso de control y dominación cronificado en el tiempo. No se entiende una violencia concreta sino se dan las condiciones necesarias estructurales para la misma y eso lo ofrece el ámbito del matrimonio y la dificultad para salir de ahí sin autonomía ni apoyo”, expresa.

En su opinión, una justicia que funciona con pruebas de delito “no va a escuchar a la persona afectada en el relato completo, en la complejidad de las relaciones, ni va a entender la complejidad de las violencias ni como impactan en la vida” y así pasa que “tu marido te puede violar y a la vez estar absuelto de violencia de género. Y esto es violencia institucional”.

“Desde la parte psicoterapeútica —prosigue— ella misma, que tiene una gran capacidad de análisis político de lo que ha sucedido, tenía miedo de que el tema de la violencia sexual se comiese el reconocimiento del daño integral y así ha pasado”. Porque la violencia sexual a la que se vio sometida “es una cosa monstruosa” y se puede desligar de lo estructural, explica la psicóloga. “De esta manera se puede escurrir el bulto de la responsabilidad social en las violencias machistas”, concluye.

Epílogo 1: 24 barreras

Pero el de Rocío no es el único caso. Bárbara Tardón apunta que, en este país, el Estado y las instituciones no han protegido ni han garantizado los derechos de las víctimas de violencias machistas “de manera reiterada y deliberada”. Obligaciones que tiene en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y de las políticas públicas de nuestro país, añade.

En su tesis doctoral, Tardón documentó el recorrido que atraviesan las víctimas de violencia sexual desde que revelan la situación hasta que consiguen su derecho a la reparación. “Para poder disfrutar del hipotético derecho a la reparación integral, previamente una víctima pasa por al menos 24 obstáculos distintos”, explica. “Hay mujeres que no pasan del primer obstáculo y otras llegan al último de todos con un daño que es incluso peor que la propia violencia que han ejercido sobre ella los agresores. La institución es el segundo agresor para muchas supervivientes y el deber de esta, que no es un ente son personas, es que esa revictimización se reduzca en el menor número de obstáculos”, denuncia.

Tardón añade que ha analizado un caso que ha vivido hasta cien obstáculos, enfrentada a una “maraña” y a un “laberinto institucional”. “Y esto tiene que ver con que las instituciones no aplican protocolos de coordinación y al final actúan desde sus parámetros sin entender los del resto. Por eso las víctimas terminan contando su relato a diferentes instituciones que vuelven a revictimizarlas”, explica.

Carmen García pone el acento en una tendencia preocupante: las contradenuncias. “Las parejas denunciadas por maltrato tienen los privilegios suficientes como para utilizar el sistema de justicia para interponer ellos denuncias contra las mujeres a las que han maltratado. Dependiendo del perfil de estas mujeres, y que no se ajuste a la víctima ideal, estas contradenuncias prosperan”. El caso extremo sería el de las madres protectoras, madres que denuncian violencia física o sexual contra sus hijos e hijas por parte de sus ex y que acaban perdiendo la custodia de los menores, cuando no con condenas de cárcel acusadas de sustracción de menores por sus estrategias para proteger a sus hijos.

La víctima ideal, apunta esta psicóloga, es parte del binomio de agresor monstruoso y víctima pasiva. Así, es una mujer que ha recibido violencia porque no se enteraba muy bien de lo que le estaba pasando, alguien ha tenido que abrirle los ojos y cumple con ideales de la feminidad como la pasividad, el estar sufriente y el ser una buena madre y poner por delante de todo el bienestar de sus hijos, por delante de ella misma incluso. “Cuanto más blanca y más prototípica, mejor”, añade, mientras señala que la violencia institucional es aún más acuciada con las mujeres racializadas.

Epílogo 2: Reparación

Las expertas consultadas para este reportaje piden que se haga hincapié en que la denuncia en comisaría no es el único camino para ser reconocida como víctima de violencias machistas. Invitan a asesorarse en asociaciones feministas y a acudir a servicios especializados, como los centros de atención a la mujer, para acceder a derechos materiales.

Coinciden, además, en que hace falta un cambio de paradigma para poner a las mujeres en el centro de sus procesos de reparación. El camino hacia una justicia feminista, antipunitivista y restaurativa pasa por volver a los recursos comunitarios, a las asociaciones feministas y a los recursos especializados. “Tras 20 años de la aprobación de la Ley integral de violencia de género, nos seguimos encontrando con que las personas que atendemos se ven expuestas a incomprensión, falta de escucha y falta de coordinación, cuanto menos. También vemos como los procesos de recuperación y reparación se ven ampliamente frenados y dificultados por la violencia institucional que en distintos grados de acción u omisión encontramos en casi todos los casos judicializados”, valora Laura Elezkano.

Carmen García pone como ejemplo el surgimiento de las casas de crisis en Reino Unido, sustentadas en la práctica feminista. Estos recursos han intentado ser introducidos en la nueva ley de solo sí es sí, pero se están poniendo en marcha a través de la externalización del servicio y desde criterios asistenciales, sin integrar los procesos de reparación en procesos más amplios de transformación, explica García.

El proyecto Psicosocial de Deusto-San Ignacio de Bilbao responde a un modelo de posicionamiento político en la atención y prevención de las violencias machistas, que tiene un origen y un carácter comunitario, y que nació en los años 80

En este contexto, ambas ponen en valor el trabajo realizado en el Módulo, un modelo de posicionamiento político en la atención y prevención de las violencias machistas, que tiene un origen y un carácter comunitario, y que nació en los años 80 de la iniciativa de las vecinas de los barrios del distrito 1 de Bilbao para dar acogida a las necesidades de las mujeres en materia de salud sexual y salud reproductiva. “Nuestro trabajo de incidencia política, igual de central que el trabajo de atención individual a las personas, parte precisamente de la experiencia acumulada en el trabajo de campo y del conocimiento que las personas aportan con sus vivencias y reflexiones. En este sentido, creemos en un abordaje y prevención de las violencias que parta de la persona concreta, sus necesidades y sus estrategias de autodefensa desde dónde nombrar la desigualdad estructural en las condiciones de vida y generar procesos de reparación comunitaria que vayan mas allá del sistema punitivo”, explican sobre un modelo que alertan, está en extinción, es poco conocido y lucha por sobrevivir frente a una infrafinanciación pública.

Por otro lado, estos procesos restaurativos deben de adaptarse a las demandas de cada superviviente de violencias machistas. Como ya se ha dicho, para Rocío, este reportaje es parte de este proceso. Y espera que sirva a otras. “Si una mujer en vez de llevarse 20 disgustos se puede llevar cinco en el transcurso del proceso, si puede tener espacio para decidir si denuncia o no denuncia o lo que ella se plantee, bienvenido será”, concluye.