Violencia policial
Iridia consigue reabrir judicialmente el caso de una muerte por pistola taser policial

Es uno de los 56 casos en los que ha litigado la entidad de derechos humanos en 2023 y en los que hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados.
Rueda prensa Iridia
Momento de la rueda de prensa de presentación del Informe sobre Violencia Institucional 2023 de Irídia
16 abr 2024 23:47

La Audiencia de Barcelona ha ordenado la reapertura de la investigación judicial, previamente archivada por el juzgado de instrucción de Badalona, sobre la intervención de los Mossos d’Esquadra que resultó en el fallecimiento de una persona tras recibir descargas eléctricas de los dispositivos Taser empleados por los agentes. El caso, que ha sido atendido por el Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) del centro Iridia, deberá volver a la fase de instrucción, ya que la jueza ha estimado que ésta “no ha sido completa” y “quedan varias cuestiones para resolver con el fin de esclarecer lo sucedido”.

Aquel 26 de noviembre de 2021, la madre de la víctima llamó al 112 cuando su hijo se encontraba en un grave estado de alteración dentro de su domicilio, encerrado en una habitación y en posesión de dos cuchillos. Desde emergencias activaron un dispositivo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y de Mossos d'Esquadra, y diferentes agentes se personaron. La madre no era la primera vez que recurría a emergencias, ya que su hijo padecía una problemática de salud mental diagnosticada y conocida por el sistema de salud y por los mismos agentes del dispositivo que se activó aquel día.

A pesar de esto, en el interior del domicilio no accedieron los profesionales médicos para dialogar y procurar hacer una contención psicológica y desescalar la situación, sino solo agentes de los Mossos d'Esquadra. En el curso de la intervención, se llevaron a cabo un total de seis descargas eléctricas con un Dispositivo Conductor de Energía (DCE) de la marca Taser. El audio del episodio fue grabado por un dispositivo que llevaba el mismo agente y ha sido desvelado por La Directa, en una exclusiva del periodista exiliado Jesús Rodríguez.

Los hechos se detallan en el informe de Iridia sobre la violencia institucional de 2023, presentado este 15 de abril en Barcelona. Según el relato recogido en el documento, se aplicaron dos descargas iniciales como método de reducción tras las que el detenido cayó al suelo. Después le aplicaron otras dos para retirarle los cuchillos y cuando ya estaba contenido físicamente por otros agentes, otras dos descargas. Tras esta intervención, la víctima entró en parada cardiorespiratoria y fue trasladado al hospital, donde murió el día siguiente.

Este caso “ es una muestra de cómo, incluso en una actuación policial con resultado de muerte, se da una falta de control por parte de los superiores jerárquicos y una investigación policial interna deficiente”, relata la abogada Salazar

Mireia Salazar Gabarró, abogada del caso, ha relatado los hechos en la rueda de prensa de presentación del citado informe y ha afirmado que este caso “es una muestra de cómo, incluso en una actuación policial con resultado de muerte, se da una falta de control por parte de los superiores jerárquicos y una investigación policial interna deficiente”. La abogada ha hecho hincapié en que la resolución de la Audiencia señala graves carencias en los mecanismos internos de control de la actuación policial, especialmente en cuanto al informe de auditoría elaborado por los Mossos d'Esquadra.

Un documento que la Audiencia provincial considera que no analiza las circunstancias concretas que dieron lugar a la aplicación del DCE ni la necesidad y oportunidad para hacerlo. Además, la autopsia definitiva concluye que la muerte produjo en un contexto en que la descarga con el DCE inició una serie de procesos físicos en una persona que se encontraba con un delirium agitado y habiendo consumido sustancias psicoactivas.

Falta de diligencia policial

El caso destacado es una muestra de cómo, incluso en una actuación policial con resultado de muerte, se da una carencia de control por parte de los superiores jerárquicos y una investigación policial interna deficiente. No es un hecho aislado, según ha denunciado Sònia Olivella Saludes, abogada  de Irídia y coordinadora de Litigios: “De 37 litigios, en ningún caso los superiores identificaron al agente que cometió los hechos, en 13 de los que se han hecho investigación interna, solo cuatro han sido investigaciones por iniciativa propia, pero es que en doce de los 13 no se identificaba al autor o se ha concluido que los hechos no eran delictivos”. Algo que pone en evidencia, según Olivella, que “los mecanismos de investigación interna de los Mossos son ineficaces”.

También muestra como estas carencias de los mecanismos internos tienen un impacto real en el derecho a la justicia y la reparación de las personas afectadas, llegando a implicar el cierre de una investigación penal sin haber realizado las diligencias mínimas de investigación. Estas carencias se traducen también en el hecho que los familiares no tengan respuestas, acompañamiento ni ninguna reparación por parte de los responsables o la administración, incluso después de más de 2 años desde los hechos.

“Nos hizo sufrir mucho la falta de información, tuvimos que llamar muchas veces por que no nos decían donde estaba mi hermano”, ha explicado Annoris, hermana de la víctima

“Nos hizo sufrir mucho la falta de información, tuvimos que llamar muchas veces, por qué no nos decían donde estaba mi hermano”, ha explicado Annoris, hermana de la víctima, en la rueda de prensa. “Nos cerraron todas las puertas del sistema, tanto tiempo sin justicia nos han hecho daño, cerraron el caso sin escucharnos”, ha relatado. Annoris asegura que su hermano “nunca se puso agresivo con mi madre, y a ella le dio un ictus de todo el sufrimiento que ha pasado”. Muestra su satisfacción con la reapertura del caso y agradece a Iridia su papel: “que cojan a los responsables, en plural, vamos a intentar hacer justicia, que reconozcan todo lo que paso, ya que queremos que esto no les vuelva a suceder a nadie”.

Natàlia Abrego Cantalejo, psicóloga del Área Psicosocial de Irídia, explica que “la impunidad añade dolor a las víctimas. La socialización de los casos acaba provocando más sufrimiento y una revictimización, a lo que se añade la lentitud de la justicia. Hay una falta de información brutal de cara a las familias, se genera un sufrimiento innecesario”. La experta ha explicado que esta intervención fatal de la policía pone de manifiesto que “hace falta un cambio en como se atiende a las familias tras estos casos y también un cambio en como se atiende a las personas con problemas de salud mental”.

Los datos del Informe sobre violencia institucional de 2023

En el documento presentado por Iridia, en el que se analizan las principales vulneraciones de derechos atendidas por su Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI); que ofrece asistencia psicojurídica gratuita a las personas afectadas. Durante 2023 la entidad recibió 146 solicitudes de actuación, de las cuales 57 pertenecían a este ámbito.

A lo largo de 2023, tal y como ha expuesto en rueda de prensa Sònia Olivella Saludes, abogada de Irídia y coordinadora de Litigio de Irídia, la organización ha actuado como acusación en 56 litigios: 49 siguen abiertos y 7 han finalizado. Por estos litigios, hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados en un procedimiento penal.

Iridia litigó 56 casos en 2023, por los que hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados. En un 40% de los casos abiertos hay un componente de racismo, un aumento de 7% respecto a 2022

Concretamente, hay 82 investigados, de los cuales 34 pertenecen al cuerpo de Mossos d'Esquadra, 12 al cuerpo de Policía Nacional, 19 son agentes de Policía Local, 10 son funcionarios de prisiones y 7 vigilantes de seguridad privada. Asimismo, 74 agentes se encuentran ya acusados y pendientes de juicio o en fase de presentar escritos de acusación en su contra. En 20 de los 49 casos abiertos, enfatizó Olivella, hay un componente de racismo, bien porque hay una verbalización explícita, bien porque la forma en que se ha llevado a cabo la actuación policial es racista o bien porque los hechos ocurren en un contexto de racismo institucional. Esto es en el 40,81% de los casos, indicando un incremento respecto al año anterior, en el que el componente de racismo se identificaba en un 33,33% de los casos.

Este año el informe pone el foco en mostrar y analizar las carencias de los mecanismos de rendición de cuentas de los cuerpos policiales detectadas, centrándose en los mecanismos internos  (concretamente la identificación de los agentes, el superior jerárquico, y las investigaciones internas). También incluye, sin embargo, las carencias en el rol del Ministerio Fiscal y el rol de los Juzgados y Tribunales como mecanismos externos de control (incluidos los obstáculos en la asistencia jurídica, la lentitud de los procedimientos, las deportaciones y los Protocolos de Estambul). La inexistencia o carencias de éstos mecanismos son la raíz de la impunidad.

Entre septiembre y diciembre de 2023, al menos en 8 ocasiones se ha podido constatar que, durante el transcurso de un contexto de movilización social, una mayoría importante de Mossos d'Esquadra no iban correctamente identificados

Entre septiembre y diciembre de 2023, al menos en 8 ocasiones se ha podido constatar que, durante el transcurso de un contexto de movilización social, una mayoría importante de los agentes del Cuerpo de Mossos d'Esquadra (PG-ME) desplegados en la vía pública no iban correctamente identificados con el Número de Operativo Policial (NOP). Tratándose de unidades de seguridad ciudadana, tenían el número TIP oculto bajo el chaleco antibala.

“Una de las salvaguardias para prevenir y garantizar la rendición de cuentas en casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales es la correcta identificación”, explica el informe de Iridia. El hecho que los agentes policiales que realizan funciones de orden público o que actúan en estos contextos no lleven visible su NOP o el TIP, dependiendo de los casos, constituye un incumplimiento grave de la normativa vigente e imposibilita la identificación de los agentes, que es una de las principales causas de impunidad.

Mecanismo independiente

Anaïs Franquesa, directora de Iridia, ha enumerado una serie de recomendaciones dirigidas tanto a instituciones como a las diferentes administraciones, la principal de las cuales es la creación de un mecanismo independiente de supervisión de la policía. “Si queremos evitar casos como estos, hace falta más transparencia y más supervisión”, ha asegurado. Además, ha destacado que si Cataluña quiere ser líder en la protección y garantía de los derechos humanos hace falta el mecanismo independiente que los órganos internacionales hace años que exigen. “Hay que aprovechar la oportunidad que implica una nueva legislatura”.

Por eso, hace un llamamiento a los representantes políticos tanto del Parlamento de Cataluña como del Congreso de los Diputados que pueden materializarlo, pero también un llamamiento a la ciudadanía, para que ayude a hacer llegar este mensaje, apoyando la recogida de firmas que exige este mecanismo independiente. “Más transparencia y más supervisión quiere decir más derechos humanos”, ha concluido Franquesa.

Franquesa, directora de Iridia defiende que “la existencia de un mecanismo independiente de supervisión beneficiaría a la ciudadanía y también a los agentes. Más transparencia quiere decir más derechos humanos”

Franquesa defiende que “la existencia de este mecanismo beneficiaría a la ciudadanía y también a los agentes. Es una recomendación constante de los principales organismos de defensa de los derechos humanos, como el comité contra la tortura, el relator especial de naciones unidas, el comité de prevención de la tortura, o la comisaría de los derechos humanos de la Unión Europea”.

La directora de Iridia ha reflexionado sobre el caso reabierto de la víctima de los dispositivos Taser: “es evidente que hay que evaluar el impacto que las armas policiales tienen en la salud de las personas. Hay que evaluar y modificar los protocolos policiales”. Sobre el caso del hermano de Annoris, se pregunta : “¿Qué mecanismo ha evaluado si era necesario o no el uso de la tasser, o la propia actuación policial? hacía falta una actuación más sanitaria. ¿Porque no subieron sanitarios al domicilio sino que subieron directamente los agentes?”

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