Derecho a la vivienda
Avances, retos y problemas de la política botànica en materia de vivienda

La última legislatura en la Comunitat Valenciana se ha caracterizado, según Alejandro Aguilar, Secretario Autonómico de Vivienda de la Generalitat y cabeza de lista en la provincia de Alicante por Unides Podem-EU, por haber “generado una brecha para romper un gran muro”. Se refiere al muro que se ha ido construyendo durante los últimos 40 años, donde se ha desarrollado la vivienda como bien de mercado y no como derecho. Aguilar afirma que “el muro sigue siendo grande y hay que profundizar en la brecha para terminar de romperlo”.

Cada capital de provincia —Castelló (Podem), València (Compromís) y Alicante (PP)— ha gestionado las políticas de vivienda mediante diferentes fórmulas. Las respectivas concejalías de Vivienda han tratado de hacer frente a la emergencia habitacional que arrastra el país tras décadas de abandono institucional. El parque público de vivienda se ha deteriorado y vendido hasta dejarnos a la cola de Europa con menos del 2.5 % de vivienda pública (0,9% en el País Valencià) muy lejos de la media europea del 9 %.

“El problema de si gobierna la derecha o las derechas unificadas como PP y Vox, es que ellos ya han manifestado en varias ocasiones su voluntad de eliminar la Conselleria de Vivienda”,afirma Alejandro Aguilar

Aguilar opina que la siguiente legislatura es clave para la Consellería de Vivienda dado el contexto político. “El problema de si gobierna la derecha o las derechas unificadas como PP y Vox, es que ellos ya han manifestado en varias ocasiones su voluntad de eliminar la Conselleria de Vivienda.” Cuando se le plantea cómo podría ser la situación si estas políticas de vivienda no se estuvieran llevando a cabo, afirma que “podríamos retroceder a la situación que había hace 10 años, pero mucho más compleja ya que han aparecido nuevos actores, como son los fondos buitre”.

A pesar de las amenazas de la derecha, la Consellería lleva a sus espaldas medidas pioneras que han tenido una gran efectividad. “Había mucha incredulidad y banalización de lo que planteábamos, burla incluso”, recuerda Aguilar. “Una vez intentamos avanzar, nos hemos encontrado resistencias por parte de ciertos sectores privados que veían que algunas políticas eran contrarias a lo que ellos entendían como sus intereses. Dicho esto, con estas figuras afortunadamente luego hemos mantenido una gran relación y han entendido que todo lo que nosotros planteábamos no era contrario a sus intereses. Sino más bien lo que hacían era poder generar una diversidad de tejido empresarial que a ellos les favorecía. Entonces eso se aplacó”, comenta satisfecho.

“El 28M es un referéndum entre dos modelos de vivienda antagónicos”

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Héctor Illueca “El 28M es un referéndum entre dos modelos de vivienda antagónicos”

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Para el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, candidato de Unides Podem y responsable de Vivienda, lo que está en juego en estas elecciones es la pugna entre dos modelos de políticas de vivienda: el de Isabel Díaz Ayuso y el del País Valencià.

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Aguilar comenta que se han encontrado resistencias, pero “afortunadamente” se ha visto que las medidas eran “positivas y necesarias.” En este sentido explica que “en todas las medidas que hemos intentado sacar, sobre todo el PSOE siempre ha intentado meter un poco la cuchara para descafeinar la medida. Incluso en el tanteo y retracto, que afortunadamente lo conseguimos aprobar sin ningún tipo de modificación del texto original”. Sin embargo, esas diferencias parecen armonizadas: “No hay nada que no reivindique el PSOE actualmente, e incluso Compromís, que no se haya hecho ya por parte de la Consellería de Vivienda. Es decir, hemos asentado un modelo que todo el mundo es consciente que es el que se ha de desarrollar”.

Parque público de vivienda y su compra

La Generalitat ha adquirido más de 1300 viviendas que se han incorporado al parque público de vivienda en esta última legislatura. Lo que el Secretario Autonómico califica como “uno de los grandes hitos. Ampliar el parque público por diferentes mecanismos novedosos como la compra directa, el tanteo y retracto, la promoción de viviendas, rehabilitación de viviendas abandonadas y similares, es muy importante porque generas una dinámica de ampliación del parque público que nunca antes se había realizado por parte de la Generalitat.”

Con los derechos de tanteo y retracto se han podido adquirir alrededor de 810 viviendas. Este mecanismo es la capacidad que tiene la Administración para realizar adquisiciones preferentes de inmuebles, el cual se ha consolidado en esta legislatura gracias a la presión de la Conselleria de Vivienda. Además, los inmuebles añadidos al parque público, están destinados únicamente a alquiler o a cesión de uso, nunca venta.

Ayudas de alquiler y ayudas a los demandantes de vivienda

Durante esta legislatura se han promovido ayudas para el alquiler de vivienda. Pero, ¿y las personas que no puedan pedir ayudas de alquiler porque han sido desahuciadas y se encuentran en situación de sinhogarismo? “Vimos que había disparidad entre las personas solicitantes de las ayudas a alquiler, con las personas demandantes de vivienda. Los que están en registro de demandantes, no pueden solicitar una ayuda de alquiler porque no tienen vivienda directamente.”, explica Aguilar. “Por lo tanto, lo que hicimos es combinar ambas ofreciendo el pago de un alquiler ordinario a las personas que lleven seis meses sin vivienda y figuren en el registro de demandantes.”

Esta ayuda se pondrá en funcionamiento en el mes de junio, según el Secretario Autonómico. “Entendemos que eso es una medida que puede ayudar a solventar una situación temporal. De carácter coyuntural, pero no estructuralmente.”

La gestión municipal

En Castellón, María Jesús Garrido ha estado a cargo de la concejalía de vivienda por Podemos, pero como independiente. Antes de ser concejala, ha estado 8 años al frente de la de la PAH, lo que afirma haberle dado “toda la experiencia y tablas que necesitaba”. En la misma línea responde Javier, miembro del Sindicato de Inquilinos: “En el primer contacto con la concejalía de vivienda de Castellón, se mostró activa. Sin ellos no habría salido adelante la andadura del Sindicato de Inquilinos de Castellón.” Asegura que la concejalía de vivienda se ha comprometido, aunque con “ciertas lagunas.”

Garrido por su parte, lamenta que solo ha podido comprar 20 viviendas que se añaden al total de 280 del parque público del Ayuntamiento de Castellón. “La burocracia no me ha permitido comprar más en cuatro años”. La edil remarca la importancia de que el Ayuntamiento cuente con un parque amplio de viviendas ya que “lo necesita para competir con los fondos de inversión quienes, no compiten contra ningún otro ente en materia de vivienda y controlan, por tanto, los precios".

La edil remarca la importancia de contar con un parque amplio de viviendas públicas “para competir con los fondos de inversión quienes, no compiten contra ningún otro ente en materia de vivienda y controlan  los precios”

Además, asegura que, si en Castellón hubiera una empresa pública de vivienda, se podría ejercer la compra directa. “En la ciudad hay 9000 familias con una economía ajustada y destinan por encima del 30% de sus ingresos a la vivienda. Lo que acaba ocurriendo es que antes o más tarde incurren en el impago. Y para poder comprar vivienda como es debido hay que crear una empresa pública. Yo lo he intentado muchísimo, pero no lo he conseguido así como no he conseguido construir, porque no me lo ha permitido la Corporación”.

El parque público de Castellón provincia es el que menos vivienda tiene con solamente 1.385, en comparación a 7.303 en València y 4.668 en Alicante

Garrido califica el Plan Barrios y el registro de la situación de las personas que habitan viviendas sociales, como los dos grandes éxitos de esta legislatura. “Antes, no había ningún registro de quién habitaba las viviendas sociales. Verificar quién había en cada vivienda ha sido el trabajo más duro y más difícil que hemos llevado a cabo dentro de la concejalía.”

Por otro lado, Castellón es la ciudad de la Comunitat Valenciana que más fondos ha conseguido del Plan Barrios, una inyección europea que para el embellecimiento y la accesibilidad de los barrios. Garrido se muestra tremendamente orgullosa y lo define como una actuación muy ambiciosa: “Castellón es una ciudad muy envejecida y ha sido una lucha, sobre todo de los gestores y mía personalmente. Fuimos profundamente ambiciosos y conseguimos mejorar la situación de 96 comunidades de vecinos, 600 familias”. Este Plan Barrios, que ya está en marcha, finalizará en 2026.

Javier, del Sindicato de Inquilinos, opina que “falta valentía para cambiar normas. La Generalitat ha hecho algo, normativa sobre acoso, ley de tanteo y retracto, pero poco más”

Sin embargo, como balance de esta legislatura, Javier del Sindicato de Inquilinos, opina que tanto a nivel estatal como autonómico, lo relacionado con vivienda ha sido “escaso”. “Falta valentía de los políticos para cambiar normas y el sistema administrativo. La Generalitat ha hecho algo, normativa sobre acoso, ley de tanteo y retracto, pero poco más. Hay poca implicación de los partidos políticos y también poca implicación social para obligar a los políticos a trabajar en solucionar el problema de la vivienda”, sentencia.

En Valencia, Isabel Lozano encabeza la concejalía de Vivienda. El partido del que forma parte, Compromís, afirma que las políticas de vivienda son un eje central en su línea de actuación, pero según datos publicados por la misma concejalía de Vivienda, 4 de cada 10 viviendas del parque del Ayuntamiento siguen vacías. Lozano insta a “repasar los antecedentes”. “Cuando llegamos al gobierno el 2015, el PP tenía 228 viviendas municipales vacías. Como ejemplo de dejadez: ¡tenían 14 viviendas municipales nuevas y vacías, que llevaban desde el 2004 en esa situación!”, exclama la edil. La concejala asegura que se han rehabilitado las viviendas, hasta las 175 que quedan actualmente.

En Valencia ciudad, el Sindicat d’Habitatge de València (SHV) está formado por sindicatos de vivienda de diversos barrios de la ciudad. Se trata de un actor social muy activo en la lucha por el derecho a la vivienda, caracterizados por parar desahucios, negociar alquileres sociales para familias vulnerables con las instituciones y asistir a unidades de convivencia en situación de emergencia habitacional.

Cuando se les pregunta sobre la falta de vivienda se muestran muy críticos con la Administración: “Hace menos de una semana realizamos un escrache en la sede de la EVha exigiendo 5 alquileres sociales para 5 familias del sindicato que lo necesitan. Las listas de espera son interminables, la burocracia agotadora y nos encontramos unos servicios públicos sobrepasados, con políticas socialdemócratas que no son capaces de poner solución”, asegura el portavoz.

El Sindicat d'Habitatge de València consigue vivienda social para cinco familias

Joanna Giménez i Garcia

Derecho a la vivienda

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Joanna Giménez i Garcia

Han ocupado esta mañana la sede de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) para protestar por la situación de cinco familias en situación de calle

Además, se muestra muy contundente con que en Valencia siguen habiendo desahucios diariamente: “No hay alternativas para familias de clase trabajadora que se quedan en la calle y no son capaces de abarcar esta problemática, ya que no hay un parque de vivienda pública que pueda cubrir esta necesidad” afirma el portavoz del SHV.

La Unidad Anti Desahucios

Una de las medidas que ha implantado la Consellería ha sido la Unidad Anti Desahucios (UAD), que ha atendido alrededor de 2300 familias desde el 2021, cuando se puso en marcha. “Hemos podido paralizar la situación de emergencia habitacional de todas las familias o unidades de convivencia que han hecho uso del servicio de la unidad de ayuda ante los desahucios. O bien mediando para la renovación del contrato, o bien adjudicándoles una vivienda pública de emergencia a través de la EVha (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol).”

La Unidad Anti Desahucios (UAD) ha atendido alrededor de 2300 familias desde el 2021, cuando se puso en marcha.

Aguilar asegura que nunca antes se había puesto en marcha un servicio administrativo que ayudara, acompañara y asesorara en casos de emergencia habitacional. Sin embargo, admite las sombras de la situación: “Tampoco es un discurso triunfalista porque todavía se siguen produciendo desahucios en la Comunidad Valencia. Y para ello necesitamos, por un lado, seguir mejorando la UAD dotándole de personal, de recursos, de herramientas. Pero también necesitamos que aplicar hasta la última coma de la de Ley estatal de Vivienda.”

La Comunitat Valenciana ha sido la tercera de España con más desahucios en 2022 y se prevee que la situación empeore. Ante esto, Isabel Lozano afirma que se está haciendo frente a esta creciente realidad desde Oficina Municipal por el derecho a la vivienda (ODVI), abierta en octubre de 2021. “Desde el ODVI se ha atendido en un año a 1443 familias y se han conseguido 224 suspensiones de desahucio, 28 acuerdos de mediación con conservación de la vivienda y 62 reubicaciones”, confirma Lozano.

El País Valencià ha sido la tercera autonomía  con más desahucios en 2022 y se prevee que la situación empeore

Por su parte, la edil castellonense apunta que gracias a la actuación del protocolo anti desahucios, se paralizaron el 90 %, pero “eso no quiere decir que no se hayan ido a la calle”, lamenta. “Mientras no tengamos alternativa habitacional en una ciudad como Castellón no hay nada que hablar. Esto ha sido mi frustración más profunda, porque en cuatro años solo he podido comprar 20 viviendas”. El parque público de Castellón provincia es el que menos vivienda tiene con solamente 1.385, en comparación a 7.303 en València y 4.668 en Alicante.

Habiendo una lista de espera de más de 2000 solicitudes de demandantes de vivienda solo en València, el SHV se muestra firme en su postura: “toda política socialdemócrata es insuficiente para cubrir las necesidades de la clase trabajadora en materia de vivienda. La situación lo ejemplifica, siguen los desahucios, la juventud no se puede emancipar, los precios del alquiler no paran de subir y no hay una apuesta contundente por ampliar el parque público de vivienda”, sentencia el portavoz.

Para la carencia de oferta, Compromís apuesta por la construcción, más que por la rehabilitación o compra de viviendas ya existentes

Respecto a la subida de los precios del alquiler y cómo se está atajando en València, la edil lo atribuye “a dos causas principales: la carencia de oferta de viviendas de alquiler y el incremento progresivo de apartamentos turísticos (legales e ilegales)”. Para la carencia de oferta, Compromís apuesta por la construcción, más que por la rehabilitación o compra de viviendas ya existentes. Lozano pretende ampliar la oferta de alquiler asequible, comprando y construyendo vivienda en la ciudad con colaboraciones públicas y público-privadas y público-cooperativas, contemplando un porcentaje para jóvenes, tal y como se hace actualmente.

En cuanto a la turistificación de algunas zonas de la ciudad, que está tensionando los precios de los alquileres, el Ayuntamiento de València, a partir de la aprobación de la ley autonómica de turismo, restringe la posibilidad de nuevos apartamentos turísticos si no cumplen con la compatibilidad urbanística de situarse por bajo de las viviendas residenciales (primera planta o bajos).

El modelo de la ciudad de Alicante

La provincia de Alicante fue la más afectada de la Comunitat Valenciana por la especulación y el boom inmobiliario. Gran parte de las viviendas están concentradas en manos de grandes tenedores, quienes están tensionan el precio de forma sistemática a través de portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa. El volumen de plazas de oferta turística en algunos municipios de la costa alicantina supera el 50% de la población de sus municipios, que son viviendas que no están en el mercado ordinario, contribuyendo a la falta de oferta y tensionando aún más el precio.

Su alta tasa de turistificación es un factor que dificulta enormemente el acceso a la vivienda. Es la provincia en la que más ha subido el precio del alquiler el último año, después de Málaga. Además de ser la provincia en la que más han aumentado los desahucios el año pasado.

El Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones a los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante por no expedir los correspondientes Informes de vulnerabilidad

Respecto a la gestión municipal, El Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones a los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante por no expedir los correspondientes Informes de vulnerabilidad, que son clave para pedir el aplazamiento de un lanzamiento o bien, una alternativa habitacional.

Francisco Llopis, es miembro del Sindicat de Barri de Carolines, un colectivo de personas afectadas por la vulneración del derecho a la vivienda. Afirma que el Ayuntamiento de Alicante dificulta el acceso a la vivienda pública destinada a familias vulnerables. “El bloqueo del Ayuntamiento se produce por varias vías, y afecta a vivienda y a prestaciones de servicios sociales. La Administración dificulta de manera tácita con requisitos excesivos (más de los que establece la normativa) para permitir que las personas se empadronen donde viven. Sin el certificado de empadronamiento no serán atendidas en ningún centro social. A eso se suman las reticencias de los Servicios Sociales municipales para emitir informes de vulnerabilidad, por lo que imposibilita a la EVha (Generalitat) actuar de urgencia y asignar una vivienda social a la familia afectada por un desahucio si previamente no ha recibido el informe de emergencia habitacional”, denuncia.

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Los hogares que poseen pisos en alquiler ganan tres veces más que los hogares que alquilan y han triplicado su número en los últimos 20 años. Estas son algunas de las conclusiones del último informe de Future Policy Lab.

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Cabe destacar que el actual concejal de Vivienda, José Ramón González (PP) ha declinado responder a las preguntas realizadas por este medio y que, recientemente, ha sido imputado por contratos menores de Alicante . Llopis, responde con ironía a su opinión respecto la gestión del Ayuntamiento ante los once desahucios diarios que se producen: “Te diría que la actuación del Ayuntamiento ha sido acorde con las cifras de desahucios en la ciudad de Alicante, es decir, que su dejación de responsabilidad en la atención a las necesidades de vivienda de la población ha estado a la altura del crecimiento del número de familias desahuciadas, en muchos casos sin ninguna alternativa habitacional”.

Alicante cuenta con el Patronato Municipal de Viviendas aunque según Llopis, su efectividad es “inexistente”. “Desde el año 2016 no admite solicitudes de vivienda. Desde hace más de 5 años debería de haber creado un departamento de ayuda a las familias con desahucios, ayudas de alquiler, coordinación con los Servicios Sociales, trámites de abogados de oficio, etc.“

Llopis critica la única política llevada acabo por el Patronato, "creó en esta legislatura un servicio de Alquiler Asequible, pero la gestión es igual que la de una inmobiliaria: pensionistas deben aportar dos avales, o familias que perciben la Renta Valenciana de Inclusión o el Ingreso Minimo Vital no pueden alquilar, porque al ser pensiones que no se les puede embargar, en el caso de impagos del alquiler. No sabemos a qué se refiere lo de Alquiler Asequible ya que las familias que más lo necesitan no pueden acceder.” Concluye que, a nivel autonómico, “no se actúa sobre los pisos vacacionales, ni sobre el aumento de los alquileres, ni sobre los pisos cerrados; tampoco se hacen inspecciones ni se sancionan los abusos.”