Derecho a la vivienda
Pablo Carmona: “Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

Algo faltaba en la explicación de lo que pasó en España desde 2013 en una crisis de vivienda que se arrastra desde hace más de una década. La reforma de la ley de alquileres para dar facilidades a los propietarios y todo un abanico de ventajas fiscales y legales para atraer capitales extranjeros dio alas a una nueva burbuja, la del alquiler. La entrada de los fondos de inversión, los pisos turísticos o el papel de Sareb explican en buena parte cómo el acceso a la vivienda se convirtió en una pesadilla para millones de hogares, en especial para jóvenes, mujeres, migrantes y familias empobrecidas. Pero ¿lo explican todo?

Para Pablo Carmona Pascual, autor de La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y lucha por la vivienda (Traficantes de Sueños, 2022), es necesario volver la vista a la clase media propietaria para terminar de entender qué es lo que ha pasado en la última década. Y no solo se trata de comprender cómo ha mutado la crisis de vivienda en España: un análisis afinado de la estructura de la propiedad y los responsables de la especulación inmobiliaria es imprescindible, defiende Carmona, para ajustar las demandas y estrategias del movimiento de vivienda y evitar callejones sin salida.

Pablo Carmona es uno de los fundadores del proyecto político-editorial Traficantes de Sueños y fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid (2015-2019). Durante su paso por la política institucional se integró en la minoría del equipo municipal que votó en contra de las operaciones especulativas promovidas por el consistorio, en especial la Operación Chamartín. Como parte de su particular puerta giratoria, al salir del Palacio de Cibeles, volvió a Traficantes de Sueños. Desde hace años es activista de PAH Vallekas.

Los propietarios particulares han sido determinantes en los años posteriores a la crisis de 2008: se hicieron con cinco millones de viviendas que salieron a precios bajos

¿Por qué era necesario escribir este libro?
Todo surge a partir de una pregunta que se formula el propio movimiento de vivienda: ¿por qué no se consigue una mayor dimensión pública, un mayor impacto de las reivindicaciones, también de la propia fuerza organizada en el ámbito de la vivienda? A partir de esa pregunta, lo que intento en este trabajo es hacer un relato alternativo al que se suele dar sobre cómo se constituye y se forma el mercado inmobiliario a partir de 2013, sobre qué sucede a partir de ese momento en el que los datos, al menos los macroeconómicos, empiezan a mejorar y se produce una estabilización de la economía y, a pesar de eso, el problema de la vivienda permanece.

¿Qué le faltaba al relato que se estaba dando desde el movimiento de vivienda?
Parecía que todo el problema de vivienda se reducía a una sola cuestión, la aparición de los fondos de inversión y del gran actor público en este ámbito, la Sareb, el banco malo. Curiosamente, desde el principio ya había un gran consenso social sobre los fondos buitre y el banco malo: los propios apelativos con los que se les conocía públicamente eran absolutamente negativos. Era un relato ganado para el movimiento, para las posiciones críticas, pero no parecía suficiente o no daba cuenta de lo que era el conjunto de ese mercado inmobiliario. Entonces, a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, que decía que un 14% de los hogares declaraba tener ingresos por alquileres, surgen algunas preguntas: ¿qué ha sido de la vieja sociedad de propietarios del franquismo?, ¿qué papel han tenido los propietarios particulares en los últimos años?

Se vuelve a pensar en términos similares a las viejas ideas del 15M, del 99% contra el 1% más rico. Ojalá. Ya nos gustaría. Nos encantaría vivir una gran revolución de una mayoría social contra esa minoría más poderosa

Este libro se centra precisamente en esto: los propietarios particulares han sido determinantes en los años posteriores a la crisis de 2008: se hicieron con muchísimas de las viviendas que salieron a precios bajos y muchas de ellas se han usado de segundas y terceras residencias. Y una parte importante de esos propietarios particulares han terminando participando de ese mercado del alquiler que disparaba sus precios a partir de 2013. El libro pretende investigar esa realidad y hacer un mapa de la propiedad y del peso de los propietarios particulares.

Un trabajo muy reciente de Emmanuel Rodríguez, con el que compartes colectivo, también centraba el análisis en el papel de la clase media (El efecto clase media, Traficantes de Sueños, 2022). ¿Por qué es tan importante volver la vista a lo que hace este sector de la población?
En primer lugar, porque, como dice Emmanuel, la clase media es el pueblo de la democracia, el pueblo del Estado, es decir, quien realmente soporta los mimbres de la economía política profunda, de la democracia española. Y lo segundo, para ir pensando en la siguiente crisis. Y esto es un problema, porque se vuelve a pensar en términos similares a las viejas ideas del 15M, del 99% contra el 1% más rico. Ojalá. Ya nos gustaría. Nos encantaría vivir una gran revolución de una mayoría social contra esa minoría más poderosa, pero la crisis siguiente se va a parecer más a quién se queda y a quién cae de esa clase media. Va a ser una crisis fundamentalmente centrada en las clases medias y por eso analizar, matizar e investigar, saber exactamente cuál es la composición, por dónde se va a romper esta clase se vuelve tan central. La clase media va a ser el epicentro de la siguiente crisis.

Cuando el movimiento de vivienda hace hincapié en los fondos de inversión, en la banca, en los grandes tenedores, también hay un afán movilizador, de fijar un enemigo común, un mensaje potente y fácil de entender. ¿En qué momento esto deja de funcionar? ¿Cuál es el límite de este relato?
Es sencillo, entre comillas, elaborar el discurso y la propuesta política con un enemigo muy grande, muy claro y muy malo, pero no es tan sencillo cuando la mayoría de quienes participan de ese mercado del alquiler, como estábamos señalando, son propietarios particulares con cinco, cuatro, tres o dos viviendas.

Un discurso que obvia el papel de la clase media propietaria, por ejemplo, no explica lo que está pasando ahora con la Ley de Vivienda.
Efectivamente. Hablamos de rentismo popular en una doble dimensión: una dimensión más activa de quien tiene una segunda o tercera vivienda y juega con ella en el mercado del alquiler, pero también existe un rentismo pasivo, que tiene la expectativa de tener ingresos en el futuro, de rentabilizar su propiedad con una venta o un posible alquiler de otras propiedades que posee la familia. Estos propietarios particulares de familias de clase media, de clase media alta, han engrosado el número de propiedades en los últimos años en más de cinco millones. Eso es cinco veces más que las entidades jurídicas, los fondos de inversión. Es decir, el gran actor en el mercado inmobiliario residencial son las familias. Dentro de los balances familiares, el método de inversión y ahorro más estandarizado es el de la inversión inmobiliaria. Por eso es tan importante que las leyes de vivienda no toquen los mecanismos de rentabilización y de aseguramiento que significa la propiedad inmobiliaria. Eso quiere decir, como pasó en la crisis anterior, que todo el armazón legislativo tiene que ir dirigido a un solo objetivo: garantizar la propiedad privada y, por otro lado, garantizar la estabilidad de los precios.

La explicación de que el problema son los fondos de inversión es insuficiente, pero eso no quiere decir que sea inválida. Los fondos de inversión tienen un peso como lobby, como poder efectivo en el país, como fuerza que condiciona leyes

Los fondos de inversión son una parte del problema, dices en el libro, pero no explican todo...
Cerca del 85% de la vivienda en alquiler está en manos de propietarios particulares. Otro 12% está en manos de entidades jurídicas, fondos de inversión. Decir esto no le quita peso al poder político que tienen los fondos de inversión, sobre todo porque no solo son dueños de viviendas, sino también de oficinas, de polígonos logísticos, de buena parte del accionariado de las empresas del Ibex35. La explicación de que el problema son los fondos de inversión es insuficiente, pero eso no quiere decir que sea inválida. Los fondos de inversión tienen un peso como lobby, como poder efectivo en el país, como fuerza que condiciona leyes para proteger sus propiedades e intereses. Unos intereses que, curiosamente, casan en los mismos términos con las necesidades materiales que tiene una parte importante de las clases media y alta, que están desarrollando sus propios sistemas de inversión inmobiliaria.

¿Cuál es el origen de esa democracia de propietarios en España?
El ministro franquista José Luis Arrese quería convertir la “España de proletarios” en una “España de propietarios”, entendiendo la propiedad, al menos en dos escalas. Una escala económica, soy propietario de una vivienda, eso tiene una dimensión económica en mi vida, en la contabilidad de mi familia tengo ya una cosa segura que puedo vender, que puedo alquilar, con la que puedo jugar económicamente. Pero además Arrese y el franquismo, y así sucedía con todo el neoliberalismo, le añadía una dimensión política. Aquel pueblo que sea propietario tendrá más miedo a perder cosas, necesitará más estabilidad política que garantice su derecho a la propiedad. En el caso de la revolución neoconservadora de finales de los años 70, toma esa realidad de manera clara y además le añade un tercer elemento, una dimensión moral y ética. El propietario es una persona a la que hay que respetar, es una persona que hay que proteger. Y precisamente esa dimensión moral de la democracia de propietarios es la que se está agitando ahora con las campañas anti-okupación. Son campañas de pánico moral que intentan construir un pueblo propietario. Un pueblo propietario significa que aquellas personas que tienen una propiedad y que a lo mejor jamás han caído en preguntarse si se la van a ocupar o si la van a perder o si se va a devaluar, de repente empiecen a ver la necesidad clara de protegerlas políticamente y policialmente. Y la campaña anti-okupas tiene que ver con esa con esa realidad. Es decir, proteger la propiedad inmobiliaria como bien económico, como bien político y también como bien moral.

Si fuese cosa solo de los grandes fondos de inversión, ese Goliat sería mucho más débil que el actual bloque propietario conformado por amplias capas de la clase media y las oligarquías financieras inmobiliarias

Comentabas en el libro que se ha hablado mucho de lo que pasó con los perdedores de la crisis de 2008, pero poco sobre cómo le fue a la clase media y alta.
Si miramos la encuesta financiera de las familias que publica el Banco de España cada cuatro años, la parte de la sociedad que gana más aumentó notablemente sus posiciones como propietarios inmobiliarios de segundas, terceras y cuartas residencias. Entre 2010 y 2014, los fondos de inversión se aprovecharon de los bajos precios para adquirir viviendas y luego, una vez recuperado el mercado, obtener altas rentabilidades, de hasta el 15%. Ese mismo tránsito hicieron decenas de miles de propietarios particulares que vieron exactamente la misma oportunidad de adquirir viviendas baratas porque el mercado se había hundido con la expectativa de poderlas poner en circulación.

El 80% de la población vive en viviendas de su propiedad y dices que esa propiedad da estabilidad y más ingresos a esas familias... Entonces, ¿dónde está el problema en tener una sociedad o una democracia de propietarios?
El problema de una sociedad de propietarios es que el valor de las viviendas no es un efecto de, por decirlo así, la bondad de tu esfuerzo en el trabajo. El precio de la vivienda tiene que ver, sobre todo, con las personas que no tienen acceso a una vivienda. Es decir, tú eres capaz de tener alquilada una vivienda de 65 metros cuadrados por 900 euros porque hay todo un marco legal que ha tomado decisiones concretas, que es lo que pasó en 2013. La primera decisión fue que no se iban a seguir dando hipotecas a personas con bajos ingresos. Eso lo que hace es que un 20% o un 30% de la población quede marginada del mercado hipotecario. En segundo lugar, haces una ley de arrendamientos urbanos que permite subidas ilimitadas de precios. No hay ningún tipo de control. Tú pones el precio que te dé la gana con contratos cortos para que puedas ir echando a los inquilinos cuando quieras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los precios de la vivienda cabalgan a lomos de la población con menos recursos, que es expulsada de sus casas.

En la crisis los fondos de inversión se aprovecharon de los bajos precios para adquirir viviendas y luego, una vez recuperado el mercado, obtener altas rentabilidades. Ese mismo tránsito hicieron decenas de miles de propietarios particulares

¿El problema de la vivienda es solo entonces de ese 20% que no tiene la vivienda en alquiler o la especulación es un arma de doble filo que de alguna forma se vuelve sobre esa misma clase media?
Es lo que no sabemos. En la siguiente crisis veremos cómo evoluciona. En la próxima quiebra de propiedad, quien sea capaz de mantener esas propiedades o ponerlas a disposición de su familia, ya sea vía cesión, vía herencia, vía alquiler barato, podrá sobrevivir. Y evidentemente, hay una parte de esas clases medias, ese 20% de hipotecados que ya están pasándolas canutas para pagar la letra de su vivienda, volverán a caer en un ciclo de impago y quedarán expulsados de esos estándares de las clases medias. La propiedad y la pérdida de la propiedad —porque la propiedad no es algo de por vida, va a haber gente que la va a perder— va a ser una de las líneas divisorias entre aquellos que les resultará beneficioso seguir especulando y otros que no van a llegar a ese límite y van a caer claramente, como sucedió en 2008.

¿Al final se trata de un cálculo electoral, de no perder votos de la clase media?
El PSOE participó en el diseño estructural de la economía política del ladrillo en España. Todo esto existe porque existe la sociedad franquista y porque existe la ley Boyer que vino a respaldarla. El PSOE ha participado en la construcción de una sociedad de propietarios de clase media, precisamente para que luego pueda hacer un cálculo electoral. Es decir, que no es la causa, sino es la consecuencia de un diseño de las políticas urbanas, de las políticas de vivienda de los últimos 30 o 40 años. Generas y amplificas esa sociedad de propietarios y a la vez te conviertes en el defensor político y parlamentario de esa posición política. Porque no es solo una suposición económica, es una posición económica y política.

Hablas también en el libro del concepto de capitalismo rentista, y no solamente aplicado a la vivienda. ¿En qué medida nos ayuda a entender el momento actual?
El capitalismo rentista describe cómo, en un momento de crisis permanente, el beneficio se da por poseer cosas y no por producirlas, es decir, por el señoreaje, el poder que tienes sobre la propiedad de algo que tú luego alquilas, vendes, prestas o le sacas una rentabilidad. Habría quien nos diría que simplemente eliminando esa economía rentista podríamos poner a funcionar una economía real o incluso nacional, que fuese más redistributiva, que funcionase mejor. Y hay quienes dirían, yo entre ellos, que esa economía rentista es inseparable del resto del sistema. El capitalismo rentista está vinculado con esa democracia de propietarios y es una forma de gobernar la economía y gobernar políticamente el país. Es la forma de gobernar el país que tienen no solo las clases altas sino también las clases medias, con alianzas entre unos y otros. Si fuese cosa solo de los grandes fondos de inversión, ese Goliat sería mucho más débil que el actual bloque propietario conformado por amplias capas de la clase media y las oligarquías financieras inmobiliarias, quienes comparten intereses en muchos de esos aspectos de los que estamos hablando.

España está en un punto de no retorno con respecto al problema de la vivienda. O se toca de manera radical, con un horizonte comunista el sistema de propiedad inmobiliaria en este país o no va a cambiar nada

En el último año, se han desbocado el Euribor y los problemas para acceder a una vivienda. ¿Estamos ante un cambio de ciclo?
Las espadas están en todo lo alto. Por ejemplo, en Madrid se están aprobando todos los desarrollos urbanos previos a la crisis de 2008. Ya han empezado las obras de la Operación Chamartín. Los desarrollos del Sureste ya están anunciando las primeras miles de viviendas. En esa zona se ha desatascado Los Berrocales, sigue El Cañaveral, Los Ahijones, Valdecarros, la Operación Campamento y las macro-operaciones urbanísticas en Alcobendas y ahora en Alcorcón Norte. La predisposición es reflotar el ciclo inmobiliario, lo que pasa es que cada vez es menos creíble que haya la inversión suficiente y, sobre todo, gente que se pueda ir a vivir a esas casas con los precios actuales. Todos estos desarrollos suman más de 350.000 viviendas. ¿De dónde saca Madrid 700.000 personas —a dos personas por hogar de media— para ir a vivir a esas viviendas? Nos encontramos en una crisis urbana de dimensiones mastodónticas. No sabemos si vendrá por el lado de la falta de materiales, porque estamos en una crisis de materiales; si por problemas de inflación energética; si por problemas de accesibilidad económica de quién debería vivir en esas casas, pero el caso es que el mercado inmobiliario se está enfrentando a una enorme contradicción. Y esa enorme contradicción se está intentando resolver, como siempre, vía Presupuestos Generales del Estado, y por eso todo el mundo participa con tanta alegría de la construcción de vivienda asequible: porque el sector inmobiliario prevé estratégicamente estos problemas y ve que la única manera de solventarlos es que el Estado subvencione la construcción de esas viviendas.

Hipotecarse es cada vez más caro y difícil, y alquilar es imposible. Ante esta crisis de acceso a la vivienda el Gobierno ha lanzado tres grandes iniciativas: el escudo social, el plan para construir 100.000 viviendas asequibles y la Ley de Vivienda. ¿Sirven para resolver el problema o, al menos, para empezar a resolverlo?
Hay dos grandes titulares, el primero es que las políticas de vivienda progresistas han muerto. El segundo es que España está en un punto de no retorno con respecto al problema de la vivienda. O se toca de manera radical, con un horizonte comunista, el sistema de propiedad inmobiliaria en este país o no va a cambiar nada. Ni siquiera los planes más ambiciosos, que serían los de Barcelona, están apenas tocando un mínimo porcentaje del problema en esta ciudad. De alguna manera, el debate de la Ley de Vivienda y de las medidas de vivienda del Gobierno se han ido descafeinando paso a paso. El escudo social no ha evitado que haya un repunte de los desahucios, sobre todo de alquiler. Las medidas que se toman contra los desahucios, para fomentar la vivienda asequible son apenas testimoniales, no llegan siquiera a rozar la solución del problema. A poco que afloje el muelle del empleo, ya sea porque los salarios bajen o porque empiece a subir el paro, veremos hasta qué punto la crisis de vivienda se ha convertido en endémica en este país.

¿Tenemos que cambiar el paradigma? ¿Hay más gente que defiende el “derecho a especular” y es una minoría la que se ve afectada por la crisis de vivienda?
No sé si la definición completa sería que afecta solo a una minoría, pero desde luego sí se puede afirmar que la mayoría de la sociedad no está enfrentándose a este problema. Se ve en las estadísticas de alquiler, se ve en la estadística hipotecaria. Las familias que están con problemas para pagar su letra son el 20% del total de hogares hipotecados. Pasa lo mismo con el alquiler. Solo las rentas más bajas son las que están pagando por encima del 30% y el 50% de ingresos. Esa minoría compuesta por muchísimas familias es, además, la que menos poder político tiene. Quien realmente vota a los partidos del régimen tiene un perfil de clase media. Es decir, quien se está jugando la disputa política del país no se parece prácticamente en nada a quien está jugándose el no tener una vivienda y tener que alquilar a precios desorbitados, hablamos de jóvenes, de mujeres, familias de clase baja que perdieron su trabajo y sobre todo de familias migrantes, un sujeto muy parecido al afectado por la crisis de 2008.

Este análisis lleva hacia una posición sindical, de autonomía y de construir instituciones propias, a cambiar las reglas del juego desde la propia conflictividad y no desde las estrategias lobistas

¿Se trata de un juego de suma cero entre esta clase propietaria y las familias que viven del alquiler o hay una posibilidad de que haya una salida beneficiosa común?
Es difícil. De fondo, hay un enfrentamiento, una incompatibilidad de intereses. La parte más conflictiva está precisamente entre aquellos propietarios que tienen nivel de renta más baja y aquellos inquilinos de menor renta.

Decías al principio de la entrevista que la idea del libro surgía por los límites que tenía un discurso que no incluía el papel de la clase media propietaria. ¿A dónde lleva al movimiento de vivienda incluir este relato?
Este análisis lleva hacia una posición sindical, de autonomía y de construir instituciones propias, de construir una fuerza social que vaya en el camino de un movimiento de masas desobediente y que tumbe las reglas del juego. Cambiar las reglas del juego desde la propia conflictividad y no desde las estrategias lobistas, con políticas que se reducen a hacer propuestas al Parlamento, una vía lobista donde tu gran fuerza es que los partidos políticos dentro de los juegos y luchas que que hay ahí te tomen como interlocutor y no tu capacidad efectiva de producir conflicto. 

Resumiendo, con estas lides crees que es imposible convencer al régimen de que haga políticas de vivienda distintas a las que viene haciendo.
Sí. La Ley de Vivienda del movimiento fue rechazada por el PSOE y abandonada por Unidas Podemos y, a partir de ahí, solo se juega al teatro parlamentario. Evidentemente se puede conseguir alguna mejora, pero son políticas que no solo no garantizan el derecho a la vivienda en términos generales, sino que tampoco mejoran la vida de quienes están en peor situación en esta crisis de vivienda permanente. Al fin y al cabo, el teatro político está cada vez más alejado de la resolución del conflicto, de los problemas reales.