Derecho a la vivienda
La campaña Bloques en Lucha denuncia la amenaza de desahucio sobre cien personas en Vallecas

La PAH Vallecas y el Sindicato de Inquilinas denuncian el riesgo de desahucio para diez edificios del barrio madrileño en los próximos meses.

bloques en lucha vallecas
Presentación de la campaña, este martes en Vallecas. Christian Martínez
22 may 2019 10:35

Una decena de edificios del barrio madrileño de Vallecas serán desahuciados en los próximos meses. Son 105 personas en riesgo de quedarse en la calle en cuestión de semanas. Entre ellas, menores de edad y personas en diversas condiciones de vulnerabilidad especial, que se enfrentan a diferentes procesos de desalojo. A algunos no les quieren renovar el alquiler, a otros se los suben de forma desproporcionada y también hay casos de impago por insolvencia sobrevenida o por ocupación. En todos los casos los propietarios son grandes tenedores de vivienda que, hasta el momento, se han negado a cualquier tipo de negociación.

Así lo ha denunciado este martes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas (PAH Vallecas), junto al Sindicato de Inquilinas, a las puertas de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, acompañados de varios residentes de los bloques afectados, en la presentación de la campaña Bloque en Lucha.

La primera orden de desahucio está prevista para este domingo 26 de mayo. “Un desalojo irregular y en festivo”, denuncian desde PAH Vallecas. “Solo pedimos seguir pagando el mismo alquiler que con la anterior propietaria. Nosotros no tenemos la culpa de que esa empresa haya quebrado”, señala Raquel Cortés, vecina del edificio de diez pisos de la calle Talamanca del Jarama. Aseguran que el Banco Santander no reconoce el contrato de alquiler de sus viviendas con el anterior propietario.

Los diez edificios en riesgo inminente de desahucio se encuentran en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Todos los bloques son propiedad de grandes tenedores de vivienda: bancos como el Santander, socimis como Fidere y sociedades de fondos de inversión menos conocidas como Afflux o Coral Homes. Desde PAH Vallecas y el Sindicato de Inquilinas exigen que se respalde su petición de negociación desde las administraciones públicas, “cuya tarea debe ser la de garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna”, recuerdan desde las organizaciones.

Zona cero

“La foto fija de la vivienda en Vallecas es aterradora. Son dos de los distritos de Madrid donde más ha subido el alquiler y se está desahuciando entre 15 y 20 familias a la semana”, asegura Lotta Tenhunen, portavoz de PAH Vallecas. En 2013 entraron en el mercado los fondos de inversión Blackstone y Goldman Sachs, a quienes los bancos vendieron a precio de saldo su stock de vivienda procedente de la ola de desahucios hipotecarios. Eso abrió las puertas a muchas otras empresas que, según denuncian desde la PAH, especulan con la vivienda buscando su margen de beneficio, han provocado una subida del alquiler y una nueva ola de desahucios. “Mientras no se cambien las leyes para proteger a los inquilinos y se obligue a los grandes tenedores de vivienda a congelar las rentas y dar alquileres sociales en sus pisos vacíos, solo nos quedará la unión y la denuncia”, concluye Tenhunen.

Sus propuestas han sido posibles y han tenido éxito en otros lugares, como en el barrio barcelonés del Raval. “Se han conseguido la renovación por tres años, con congelación del alquiler, frente a la socimi Optimum”, señala Patricia Tamarit, vecina de uno de los diez bloques afectados. Pero sin salir de Vallecas también se encuentran casos en que la negociación ha funcionado. Seis portales de la vallecana calle Granja de San Ildefonso ha conseguido que la socimi Vivenio no subiera los alquileres. “Solo tuvimos que poner dos pancartas y dar una rueda de prensa. Si no nos hubiéramos movido, ahora pagaríamos un 30% más de alquiler o habríamos tenido que abandonar nuestras casas”, asegura Patricia.

Señalan a la administración autonómica como principal responsable de esta situación de emergencia en el acceso a la vivienda en Madrid. “En la Comunidad de Madrid no tenemos una ley de vivienda, mientras que se permite que haya 263.00 viviendas vacías y estamos en una situación simular a la de los peores momentos de la crisis”, denunciaba en rueda de prensa Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH.

C's y PP dicen no

La Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Sindicato de Inquilinas y la Federaciòn Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, han tratado de conseguir —antes de las elecciones— un compromiso de los partidos políticos para que la ley que se presentó mediante Iniciativa Legislativa Popular en 2016 sea tenida en cuenta en esta legislatura. “Tanto el PP como a Ciudadanos se les da mejor hacer demagogia criminalizando a la población empobrecida y en riesgo de desahucio, que escucharnos cuando les pedimos que tengan en cuenta la ILP que presentamos con más de 70.000 firmas”, criticaba Jacinto.

PAH Vallecas y el Sindicato de Inquilinas han anunciado que también se pondrán en contacto con los grupos municipales que obtengan representación para tratar de solucionar la situación de estos diez bloques de viviendas. “No vale con escudarse en la falta de competencias, incluso sin una ley en la mano, se deben sentar con los afectados y los propietarios de los edificios para llegar a un acuerdo”, señalaban desde PAH Vallecas.

La campaña Bloques en Lucha, que se ha presentado este martes, ha querido denunciar que la vulnerabilidad al derecho a la vivienda digna es cuestión de voluntad política: “O se está del lado de las vecinas y vecinos de Madrid, o se está sirviendo a los intereses de los bancos y los grandes tenedores de vivienda”, concluían los colectivos en defensa de una vivienda digna.

Son 105 vecinas de Vallecas que por ahora tienen sus casas en el Bulevar de la Naturaleza, en Sierra de Meira, en calle Juan Navarro, en la calle Rodríguez Espinosa, Pico Cejo, Talamanca del Jarama, Sierra de Llerena, Pico de la Muela, Monte Perdido, o calle Callejo… hasta dentro de semanas o meses. A no ser que la administración medie y se alcance algún acuerdo, con los bancos y fondos de inversión propietarios de sus viviendas.

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