Derecho a la vivienda
La contracumbre de vivienda ‘El Barrio’ acuerda construir una coalición internacional contra el rentismo
Esta semana, días antes del desahucio de Maricarmen en Retiro, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) inauguraba el día 22 uno de las mayores y más concurridas ferias inmobiliarias del mundo. The District, celebrado en IFEMA, reunió durante varios días a grandes fondos inversores, empresas y rentistas como Blackstone, Brookfield o Néstar —20.000 asistentes, más de 360 empresas y 540 ponentes en total— llamados a “buscar nuevas oportunidades de inversión”. Mientras, la ciudadanía implora una mayor acción institucional para intervenir con urgencia el mercado residencial, cada día más inaccesible para las mayorías sociales, el gobierno regional parecía tener otras prioridades en su agenda.
El descontento latente entre las inquilinas organizadas por esta dejación de la Comunidad de Madrid mientras los precios de los alquileres siguen disparándose se ha materializado en varias acciones de protesta. La primera de ellas, un escrache pacífico a las puertas de la Feria donde un centenar de personas de decenas de colectivos irrumpieron para lanzar proclamas antiespeculación. A este boicot le siguió una manifestación multitudinaria a favor de un nuevo modelo de vivienda que ponga en el centro a las vecinas trabajadoras en lugar de beneficiar a fondos y grandes tenedores.
El culmen de esta macro protesta, que congregó a más de 200.000 personas en el centro de la capital y fue replicada en hasta 40 ciudades de todo el país, llegó con la puesta en marcha de una acampada por la vivienda que prevé mantenerse hasta el martes. Todas estas acciones comparten un objetivo político: poner contra las cuerdas a las administraciones públicas para conseguir una legislación favorable al inquilinato precarizado.
La contracumbre de vivienda ‘El Barrio’, un encuentro internacional que aglutinó a 70 organizaciones por el derecho a la vivienda de 24 países, en su mayoría con base fuera del Estado español
En medio de todo este tsunami social tuvo lugar del 24 al 27 de septiembre la contracumbre de vivienda ‘El Barrio’, un encuentro internacional que aglutinó a 70 organizaciones por el derecho a la vivienda de 24 países, en su mayoría con base fuera del Estado español. Decenas de inquilinas se han dado cita en la capital bajo el lema “Inquilinos del Mundo, uníos”, una consigna obedece a la idea de que, si el capital inmobiliario puede cruzar fronteras para hacer negocio con las casas, “las inquilinas también pueden cruzarlas para organizarse”.
Es la primera vez que se da en Madrid una convocatoria de estas dimensiones, donde los principales agentes sociales contra el rentismo se juntaron para abordar la cuestión de la crisis habitacional. La contracumbre estuvo capitaneada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad (EAC). Esta última, que aglutina a más de 48 organizaciones, conforma un movimiento de coordinación entre distintas organizaciones inquilinas y climáticas. En los últimos años se han convertido en un referente a escala europea en la lucha contra la especulación y la crisis medioambiental.
El antecedente del que bebe la contracumbre se sitúa en el Congreso Internacional de Sindicatos de Inquilinas, celebrado en Barcelona el pasado abril de 2024, cuando colectivos de hasta 20 países distintos comenzaron a organizarse para dinamizar las alianzas entre sindicatos de todo el mundo. Aquel fue un primer acercamiento que permitió forjar alianzas entre colectivos hermanos de distintas partes de la Unión Europea.
En esta ocasión, además de colectivos de inquilinos también participaron representantes de otras luchas sociales, ecologistas, sindicalismo laboral, educación, antirracismo o defensa del territorio procedentes de Europa, América Latina, Estados Unidos y Australia: Agrupaciones como PLAT Bologna, RUA Ciudad de México, Ultima Generazione, de Catalunya, CATU Living rent Escocia, RAHU Australia, Los Ángeles Tennant Union (EEUU), Wohnungslosen Stiftung (Alemania), London Renters Union, Locataires Ensemble. MTST de Brasil o el Movimiento de Participación Estudiantil Argentina.
La idea base de la contracumbre ha sido poner en común estrategias de lucha, aprendizajes y saberes compartidos para tejer con el tiempo una articulación internacional de sindicatos
“Frente a la ciudad y la vivienda como negocio, con subidas de precio sin límites, contratos de alquiler de temporada o de habitaciones, ciudades diseñadas para el coliving y flexliving; defendemos la ciudad como hogar, con precios regulados, con contratos indefinidos, una ciudad como comunidad y como derecho”, han proclamado en su manifiesto inaugural. Mientras The District representa la ciudad desde arriba —activos, rentabilidad y finanzas—, El Barrio alude a la ciudad desde abajo: casas, vidas y comunidad, describen. “Ellos tienen el capital internacional. Nosotras tenemos la organización internacional”, sostienen con orgullo.
La idea base de la contracumbre ha sido poner en común estrategias de lucha, aprendizajes y saberes compartidos para tejer con el tiempo una articulación internacional de sindicatos. A fin de cuentas, explican los activistas que han acudido a los talleres y conferencias de estos días, las dinámicas que permiten la financiarización de la vivienda y sus consecuencias sociales no distan tanto de un país a otro. “Lo que nos conecta es que cada mes nuestro salario va directamente a los bolsillos de los propietarios de nuestras casas”, ha denunciado el primer día de encuentro Tobias Gralke, portavoz de DWE, la campaña por la expropiación de vivienda de los megatenedores de Berlín.
Problemas que se han demostrado estructurales e intercontinentales en tiempos de turbocapitalismo, como son el aumento de los desahucios, el sinhogarismo, la discriminación residencial y la segregación hacia las vecinas migrantes o la depredación de los buitres en los barrios del centro llevan años ahogando a inquilinas de todo el mundo. “Esta situación exige un cambio drástico de rumbo”, sentenciaban desde la EAC.
Esta emergencia generalizada internacionalmente, en un contexto más amplio de auge reaccionario donde ganan resonancia postulados propios de la extrema derecha, precisa de una respuesta colectiva a gran escala. Así lo defiende en conversación con este medio Gervasio, militante de Inquilinos Agrupados de Argentina, la principal agrupación antirentista del país latinoamericano. Ha viajado hasta España únicamente para asistir a la contracumbre porque cree en la necesidad de trabajar conjuntanemente para combatir el rentismo. “No hay duda de que hoy determinados sectores económicos han decidido quedarse con las viviendas como una forma de financiarizar y de extraer salarios de los trabajadores”, esgrime.
En Argentina, los alquileres aumentaron más del 500% en tres años, lo que ha traído consigo una crisis de desalojos masivos y una ruptura de la paz social que llevaba años cociéndose mientras la inflación hace imposible la vida
En el país gobernado por el ultra Javier Milei, asegura que los alquileres aumentaron más del 500% en tres años, lo que ha traído consigo una crisis de desalojos masivos y una ruptura de la paz social que llevaba años cociéndose mientras la inflación hace imposible la vida. Como en España, en Argentina la complicidad del gobierno con los grandes tenedores de vivienda ha acabado desprotegiendo a las inquilinas mas vulnerables sin acceso a la propiedad.
Desde Berlín, donde llevan tiempo movilizándose contra la compra de bloques por parte de bancos como el Deutsche Bank y fondos inmobiliarios, han hecho igualmente un llamamiento a la organización colectiva. Gralke ha recordado al inicio del encuentro que su colectivo ganó en 2021 un referendum para que el gobierno de la gobernación de la capital expropiara 200.000 casas de grandes compañías con al menos 3.000 activos para convertirlas en propiedad pública. “No queremos a estos inversores y no los necesitamos”, ha clamado frente a las asistentes durante la primera jornada de talleres.
Por eso, uno de los platos fuertes del encuentro ha sido la mesa redonda internacional sobre huelgas de alquileres, una medida que los sindicatos de inquilinas aspiran a implantar a futuro si el auge de los precios y la concentración de la propiedad no tocan techo. También se han celebrado debates y ponencias como un conversatorio sobre el capitalismo rentista, la financiarización de la vivienda y sus efectos sobre las inquilinas impartido por el sociólogo y autor del conocido ensayo Generación Inquilina, Javier Gil.
Otras conferencias han abordado las posibles respuestas sindicales para enfrentar conflictos colectivos como subidas abusivas de alquiler, contratos temporales o expulsiones forzosas directas e indirectas. Otras cuestiones que han permeado en el conjunto de las actividades han sido la turistificación creciente en las grandes ciudades europeas, la gentrificación y el derecho al arraigo. El pasado mes de febrero, la European Action Coallition, coorganizadora de la contracumbre, mostraba su desencanto con el Plan de Vivienda Asequible de la Unión Europea, al que han calificado como una herramienta para abrir la vivienda social a los mercados financiarizados.
A través de un comunicado, la coalición expresaba la tibieza de las políticas de vivienda en la Unión Europea, que siguen sin ofrecer soluciones sistémicas ante la crisis actual. “La crisis de la vivienda no puede ser resuelta por los mismos mercados que la han creado. Cualquier respuesta seria requiere retirar una parte significativa de la vivienda —al menos el 40%— de la dinámica de mercado y restablecer su valor social y de uso mediante una oferta pública, social y no mercantilizada”, aseveraban. A su juicio, el plan lejos de posibilitar la extensión de la vivienda asequible y protegida, fomentará las actuales políticas neoliberales de los Estados miembros en lugar de regular a los promotores privados y a los inversores institucionales.
Carme Arcarazo, miembro del Sindicat de Llogateres de Catalunya, pedía en el encuentro que el nuevo decreto de vivienda del Gobierno estatal deberá contener normas como la a renovación automática de los contratos
Del mismo modo se ha pronunciado en relación a las políticas de vivienda de España la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, una agrupación de 18 sindicatos de inquilinas de todo el Estado español. Su portavoz, Carme Arcarazo, también miembro del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha reclamado que el nuevo decreto de vivienda del Gobierno estatal deberá contener normas como la a renovación automática de los contratos (en la gran mayoría de países de Europa, los contratos son indefinidos) y que éstos sean de carácter indefinido para evitar expulsiones forzosas como la de Maricarmen a sus 87 años.
En un marco más general, siguiendo la tónica de lo que llevan reivindicando estas últimas jornadas de movilizaciones, solicitan una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres por temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales del alquiler y la aprobación de prórrogas efectivas.
Por otro lado, la lucha antirracista ha estado muy presente en todos los actos organizados en las jornadas. Parte del programa ha incluido reflexiones sobre procesos victoriosos construidos desde el antirracismo como la campaña de Regularización Ya! en España, pero también charlas vinculadas a la segregación residencial, racismo y expulsión de las vecinas migrantes. En este sentido, las activistas de la Red Universitaria Anticapitalista CDMX (Ciudad de México) han apuntado a la colonialidad tan presente en el desarrollo de megaproyectos inmobiliarios en América Latina como causa de las desigualdades residenciales.
Derecho a la vivienda
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“Cuando se imponen desarrollo inmobiliario y proyectos extractivistas, que también son parte importante para repensar la vivienda, vemos a comunidades enteras desplazadas y enfrentadas a múltiples formas de violencia”, asegura a este medio Adriana Ruiz, miembro de esta red iberoamericana. Sobre racismo inmobiliario ha intervenido también Luiza de Melo, militante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) y del Colectivo Mãos Solidários de este país.
La activista infiere a El Salto que cuando hablamos de crisis de la vivienda los sujetos más afectados son las personas racializadas y migrantes, razón por la que “debemos plantear el antirracismo en la lucha por la vivienda, no por conseguir en nuestro campo político desarrollar una consciencia humanista y crítica de la realidad, sino porque la explotación de los sujetos racializados está alimentando la fuerza del capital inmobiliario”. Las vecinas migrantes sufren a menudo mayores tasas de infravivienda, subarriendo y abusos por parte de caseros.
En Brasil, alega, existe un déficit habitacional de cerca de 5,77 millones de personas sin casa y cerca del 68% de estas personas en esta situación son negras. La historia colonial, los sistemas de privilegio y segregación en términos raciales y las lógicas extractivistas se hallan en la base de estos procesos de desposesión masivos. Por eso, desde organizaciones como Renters Union han reiterado que una futura coalición internacional inquilina aspiraría a ser una unión multiracial que cuente con la voz omnipresente de las personas migrantes de los grandes bloques de vivienda.
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