Derecho a la ciudad

La plataforma Airbnb ha retirado 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales de su web tras el requerimiento de Consumo. El departamento de Bustinduy promete denunciar otros 55.000 anuncios que no cumplen la normativa al no tener número de registro.

Una coalición de organizaciones lanza un manifiesto contra la proliferación de embarcaciones de recreo, cuyo alquiler es un negocio cada vez más lucrativo a pesar de sus impactos negativos: daño al ecosistema o contaminación acústica y química.

Los vecinos del Residencial Nicet logran que se abra expediente a 24 apartamentos inscritos como turísticos pese a no tener luz, agua ni permiso vecinal.

Tras quemarse tres autobuses municipales, el Ayuntamiento de la quinta ciudad más poblada de Andalucía recorta la frecuencia de las líneas de autobús y sumerge a la población en una precariedad del transporte público sin precedentes.

Otras normas tratan de limitar la proliferación de las viviendas de uso turístico por la ciudad. Un portavoz de Stop Desahucios predice que estos pisos se trasladarán a los barrios no afectados por la moratoria.

El vecindario de un bloque en Aiora se organiza contra la construcción en su patio de luces de catorce alojamientos turísticos en una zona ya saturada de este tipo de negocios.

Con ello, el ministerio dice querer “facilitar la labor de inspección y sanción” del Consistorio madrileño para “contribuir a recuperar la vivienda para el uso residencial”.