Derecho a la vivienda
El Gobierno se niega a prorrogar 630.000 contratos de alquiler y ofrece más regalos fiscales a los caseros

Un real decreto con medidas “urgentes y contundentes” para “continuar interviniendo el mercado del alquiler”. Con estas palabras el presidente español, Pedro Sánchez, anunció este 12 de enero una nueva medida que transfiere recursos públicos a los propietarios y cuya eficacia ha sido rápidamente criticada por la izquierda parlamentaria. 

La normativa que prepara el Gobierno contempla que aquellos caseros que decidan no subir el precio en los contratos que vencen este año podrán acogerse a una bonificación del 100% en el IRPF de la renta. “Ganamos todos”, sentenció Sánchez. 

Los sindicatos de inquilinos llevan meses advirtiendo de “la gran renovación” y pidiendo una prórroga en los contratos para limitar la sangría. Más de 630.000 contratos firmados en 2021 finalizan en 2026. Las leyes vigentes, salvo en las zonas declaradas como tensionadas, dan total libertad a los propietarios para subir los precios, sin límites. 

En Madrid el alquiler ha aumentado un 57% en estos cinco años. En un piso de 80 m2, un propietario que quiera actualizar la renta a valores del mercado de 2026 podría subir el alquiler mensual más de 660 euros, según los datos de Idealista

Según un informe del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, el aumento medio de los alquileres sería de 300 euros mensuales. Pero en algunas localidades el aumento será previsiblemente mucho mayor. Es el caso de la ciudad de Madrid, donde en estos cinco años el precio del alquiler ha aumentado un 57%, según Idealista. En un piso de 80 metros cuadrados, un propietario que quiera actualizar la renta a valores del mercado de 2026 podría subir el alquiler mensual más de 660 euros, hasta superar los 1.800 euros, según los datos que maneja este portal inmobiliario, una diferencia de casi 8.000 euros anuales de transferencia del bolsillo de los inquilinos a los del casero.

Las críticas desde Podemos y Sumar no se han hecho esperar. “El objetivo de las políticas de vivienda debe ser garantizar los derechos de las inquilinas y acabar con la burbuja especulativa. Las ventajas fiscales a los caseros van en la dirección contraria”, decía la ministra de Infancia, Sira Rego. “La prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas”, declaraba el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en redes sociales. 

Desde Sumar, reclamaban a principios de diciembre una prórroga automática de tres años para los 632.369 contratos de alquiler que finalizarán en 2026. La “gran renovación” afectará a 1,6 millones de personas, según el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Si se contemplan los millones de contratos que finalizan en 2027, las subidas afectarán a 2,7 millones de personas.

La líder de Podemos y eurodiputada Irene Montero mostraba su indignación sobre esta nueva transferencia de dinero público a los propietarios: “Lo del Gobierno con la vivienda no tiene perdón. ¿Bajar el precio del alquiler? No, su preocupación es que los rentistas no pierdan dinero. Con estos regalos fiscales, ya sea pagando el alquiler o con sus impuestos, paga la gente y se enriquecen los mismos. Que ardan las calles”.

El decreto ley, según Sánchez, también incluiría una normativa todavía no definida contra el “fraude” de los alquileres temporales y un “régimen sancionador” para aquellos que incumplan la regulación. Además, prevé aplicar a los alquileres de temporada y por habitaciones en las zonas declaradas tensionadas los mismos topes de precio que los alquileres tradicionales, una normativa que ampararía la ley catalana aprobada en diciembre que regula estos dos tipos de contratos.

Para el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) de Catalunya, el Gobierno “mantiene a más de un millón de inquilinos en riesgo de expulsión mientras refuerza el paraíso fiscal del rentismo”. Las bonificaciones por no subir el precio son calificadas por esta organización como un “regalo para los caseros”, pero no servirán para proteger a los inquilinos, critican.  “Con los alquileres en máximos históricos, el Gobierno propone premiar fiscalmente a los caseros por mantener precios abusivos”, denuncian. Las otras medidas que afectan a la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones ya están recogidas en la ley impulsada por los propios sindicatos de inquilinos y que debe votarse en febrero en el Congreso. El PSOE, PNV y el bloque de izquierdas ya han expresado su apoyo a esta medida, aunque su aprobación depende de los diputados de  Junts.

La medida anunciada este 12 de enero por Sánchez, una vez aprobada en Consejo de Ministros, deberá ser convalidada en el Congreso, donde el Gobierno volverá a encontrarse con Junts, pero también con una posible oposición de sus aliados de la izquierda parlamentaria.