Derecho a la vivienda
Junts rechaza validar un decreto rebajado que protege a más a 60.000 familias del desahucio

Nadie puede decir que no se veía venir. El Gobierno decidió separar el decreto ómnibus en dos: aseguró la revalorización de las pensiones en un decreto y reunió en otro las medidas sociales del decreto ómnibus, entre ellas la moratoria de desahucios que ha protegido hasta ahora a 60.000 familias. El Gobierno rebajó la protección que daba el texto a los hogares vulnerables para contentar al PNV y ablandar la posición de rechazo de Junts. Pero el rechazo de la derecha nacionalista a validar en el Congreso esta segunda medida sigue siendo inflexible: “No compramos nada, vamos a decir que no al decreto”, declaró la Míriam Nogueras, portavoz de Junts. 

La versión descafeinada de la moratoria de desahucios, que ahora excluye a los propietarios que tengan menos de tres viviendas “en atención a la posible situación de vulnerabilidad a crear en los arrendadores”, según la ley, no ha servido para cambiar la opinión de Junts. Tampoco la ayuda anunciada de 300 millones de euros para caseros que alquilen a familias vulnerables ni el apoyo que el PSOE ha prometido a la reforma de la ley de multirreincidencia para endurecer las penas de prisión para las personas que cometan delitos y hurtos menores, incluso cuando no superan los 400 euros. 

Otras medidas sociales incluidas en este segundo decreto que podrían decaer cuando se voten en el Congreso en un máximo de 30 días son la prórroga del bono social eléctrico, de la prohibición de cortes de suministros para familias vulnerables, las deducciones en el IRPF para obras de eficiencia energética y compra de coches eléctricos, ayudas fiscales a los afectados por la dana y los incendios.

Según Civio en su análisis del texto publicado en el BOE, en los casos en los que quede demostrada la vulnerabilidad de las personas que habitan una vivienda y se cumplan todos los requisitos, la protección de la ley no se aplicará en los casos en los que la vivienda en alquiler sea propiedad de un casero que tenga menos de tres viviendas.

El Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinas) de Catalunya denuncia que la medida haya sido “rebajada” y señala que “no da solución real” a las 60.000 familias vulnerables en riesgo de desahucio. La moratoria aprobada en el Consejo de Ministros prorroga la suspensión de desahucios, pero lo hace “con un alcance limitado y más restrictivo”. A las modificaciones introducidas para contentar a PNV y Junts se suman los problemas que ya presentaba el decreto que solo ha protegido uno de cada cuatro desahucios que tendría que haber evitado. 

“Es incomprensible que en un momento de máxima emergencia, de máxima preocupación por la vivienda, se retroceda precisamente en la protección de las personas más vulnerables”, apuntan desde el Sindicat de Llogateres

El procedimiento burocrático “prácticamente imposible” recae en las familias vulnerables, señalan desde el sindicato, y la aplicación depende en última instancia de la interpretación de un juez, lo que “acaba dejando fuera a muchos hogares vulnerables”. En medio de una crisis de vivienda que ha desbordado a las instituciones, “el Gobierno en vez de centrarse en proteger a las familias en riesgo de desahucio mejora la ley para los arrendadores hacia quienes ya se prevén compensaciones”, apuntan desde esta organización. 

Prueba de ello, añaden, es que en Catalunya el 80% de las compensaciones por desahucios que no se han producido vienen de empresas, algo que demuestra que “quien está detrás de la mayoría de los desahucios son los grandes propietarios y no los particulares”. Para el sindicato de inquilinos, esta decisión supone “un retroceso en materia de vivienda y una cesión clara a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario”. 

“Es incomprensible que en un momento de máxima emergencia, de máxima preocupación por la vivienda, se retroceda precisamente en la protección de las personas más vulnerables y se decida dejar tiradas a miles de familias diciéndoles que sí podrán ser desahuciadas”, señala el portavoz del Sindicat Enric Aragonés.