Derecho a la vivienda
La proposición de ley que limita los alquileres temporales fracasa por los votos de Junts

La proposición de ley para la regulación de contratos de alquiler de vivienda temporal y por habitaciones no ha superado su primer trámite en el Congreso después de que Junts cambiara unos minutos antes su voto. La abstención que habían negociado con el Gobierno se convirtió a última hora de la tarde de este 17 de septiembre en un voto en contra. Y ahora la proposición de ley para regular los alquileres temporales en un cadáver. 

“Teníamos acuerdo con los grupos parlamentarios y los números para acabar con los abusos en el alquiler de temporada. Junts ha llamado tres minutos antes de la votación para anunciar que cambiaban el sentido de su voto, en contra de lo acordado. Con ello, Junts incumple su palabra y elige a los especuladores”, decía el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón en redes sociales.

A pesar de que el partido independentista había anunciado su intención de abstenerse para permitir la toma en consideración de la norma, terminó sumando sus votos a los de PP y Vox para tumbar una norma que hubiera servido para contener el desborde de contratos temporales y por habitaciones impulsados por propietarios que desean sortear las regulaciones que limitan el precio y dan derechos a los inquilinos. “Es incomprensible que cualquier partido se oponga a debatir acerca de un problema tan grave como es el de la vivienda en el Congreso”, se lamentaban los sindicatos de inquilinos en un comunicado emitido este martes por la noche.

La propuesta de ley había sido impulsada por los sindicatos de inquilinos y presentada el 27 de junio por Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG. El principal objetivo de esta regulación era limitar el uso de estos tipos de contratos, “utilizados por los propietarios para vulnerar los derechos” de los arrendatarios, según estos sindicatos, y dotar a los contratos temporales y por habitaciones de los mismos derechos reconocidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. 

La equiparación de derechos en los contratos temporales y por habitaciones permitiría a este sector de inquilinos gozar de los mismos derechos de los de residencia habitual, recogidos en la LAU. Además, los propietarios no podrían repercutir los costes de la inmobiliaria al inquilino y tendrían que respetar los topes al precio del alquiler en las zonas declaradas tensionadas, dos de las conquistas de la última Ley de vivienda. 

La equiparación de derechos entre el alquiler temporal y habitual es una de las principales novedades de esta proposición de ley, una forma de “quitar incentivos” para el alquiler temporal

Esta equiparación de derechos era una de las principales novedades de esta proposición de ley, una forma de “quitar incentivos” para el alquiler temporal, “acabar con el fraude de ley y promover que el parque de alquiler responda a las necesidades de la población”, según los sindicatos de inquilinos. 

La presunción de habitualidad era otra de las innovaciones presentadas: si el propietario no puede demostrar que el inquilino tiene otra vivienda principal se presumirá que el contrato es de vivienda habitual, extendiendo su duración a cinco o siete años según corresponda.  La “conversión automática” era otra de las mejoras propuestas: en el momento en que el propietario renueve el contrato de alquiler temporal al mismo inquilino, este pasará automáticamente a ser un contrato de arrendamiento habitual, con una duración de cinco o siete años. 

Pese a que PSOE se había mostrado su apoyo a la proposición de ley en el debate, dejó claro que no era su opción prioritaria, sino más bien la sostenida por el grupo de trabajo liderado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y su plan para crear un registro unificado de los contratos de alquiler de corta duración y restringir su utilización delimitando los motivos por los que los propietarios pueden recurrir a un contrato temporal. El Ministerio quiere hacer estas modificaciones a través de un decreto que desarrollaría el reglamento vigente, sin necesidad de pasar por el Congreso. Una posibilidad que los sindicatos y los socios de izquierda rechazan, ya que impediría el debate público y las aportaciones de los socios de investidura.

La experiencia del decreto de regulación de los alquileres temporales y por habitaciones del Gobierno saliente de ERC en la Generalitat —que incluía muchas de las medidas que contiene esta proposición de ley— anticipaban la posición del Partido Socialista y de Junts en este tema. Los votos de estos dos partidos —el PSC se abstuvo— sirvieron para negar la validación del decreto en mayo de 2024. 

Frente a esta situación y “la general inacción de la esfera política”, los sindicatos de inquilinos que seguirán trabajando “finca a finca y pueblo a pueblo” para defender a los inquilinos a quienes “los especuladores quieren expulsar de sus hogares”. Los derechos de los inquilinos, reclaman, “no son patrimonio de ningún partido”. Según afirman, seguirán trabajando por conquistarlos a través “de la lucha y la organización de los inquilinos”.