Derecho a la vivienda
La ley de los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada, un poco más cerca

Después de más de un año de bloqueo, la ley propuesta por los sindicatos de inquilinos para regular los contratos de temporada y de habitaciones ha conseguido mayoría suficiente para superar el siguiente trámite parlamentario. La votación sobre esta proposición de ley se realizará en la próxima reunión de la Comisión de Vivienda del Congreso, previsiblemente la semana que viene. El acuerdo recoge las firmas del PSOE y el PNV, además de las de ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG, partidos que la habían respaldado desde el inicio.

La portavoz del Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya, Carme Arcarazo, ha celebrado el acuerdo para aprobar esta norma, pensada para “acabar urgentemente con los agujeros legales que permiten la estafa a los inquilinos”. 

Los partidos que respaldan esta propuesta pretenden que no tenga que pasar por el Pleno del Congreso, donde Junts podría tumbarla, y que se intente aprobar directamente en la Comisión de Vivienda, donde habría suficientes votos para ello. Una pretensión que permitiría el reglamento de la cámara en algunas circunstancias, pero choca con la intención del PP, que prefiere llevarla al pleno del Congreso, donde su futuro es más que incierto.  

“Los sindicatos de inquilinos hemos conseguido desbloquear nuestra ley para acabar con el fraude de los alquileres temporales y de habitaciones”, declaraba la portavoz del Sindicat de Llogaters

“Los sindicatos de inquilinos hemos conseguido desbloquear nuestra ley para acabar con el fraude de los alquileres temporales y de habitaciones”, declaraba Arcarazo. La norma propuesta, sostiene, permitiría ampliar los derechos de los inquilinos y protegerlos de cobros abusivos, como es el caso de los honorarios de la inmobiliaria y los seguros de impagos.

El viaje parlamentario

En septiembre de 2024, Junts impidió que el Congreso tomara en consideración la proposición de ley para regular los alquileres de temporada impulsada por los sindicatos de inquilinos y apoyada por los socios del PSOE a la izquierda. El 17 de diciembre pasado, Junts y PNV decidieron dar su voto para que la ley iniciara su trámite parlamentario y sea debatida, “nada más y nada menos”, según las declaraciones de la diputada de Junts, Marta Madrenas. Para conseguir esto, se introdujeron cambios que suavizaban algunos aspectos de la norma. 

Desde la aprobación de la ley de vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, los sindicatos de inquilinos y otras organizaciones sociales advirtieron que dejar fuera de la norma a los alquileres de temporada y de habitaciones haría que los propietarios derivaran sus pisos del mercado residencial hasta este tipo de contratos que no se rigen por la ley estatal de alquileres. Fue exactamente lo que ocurrió. En Barcelona, la ciudad más grande del Estado español donde rige el tope de precios de la ley de vivienda, el 49% de la oferta de pisos en Idealista corresponde al alquiler de temporada.

La propuesta lanzada por los sindicatos de inquilinos planea la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los límites de precios también se apliquen a los contratos de temporada y de habitaciones. Con esta reforma, este tipo de alquileres contarán con las mismas garantías que un contrato habitual, entre ellas, la prohibición de cobrar honorarios, los límites de fianza o la regulación de los alquileres. 

Esta ley serviría para “cerrar grietas de la ley de vivienda que los rentistas utilizan para subir los precios”, argumentan desde el sindicato de inquilinos

La reforma también prevé aumentar los controles para evitar el uso fraudulento de los contratos temporales. Según explican desde el Sindicat de Llogaters, si esta ley se termina aprobando, solo se podrán hacer alquileres temporales de 12 meses como máximo “si se justifica la causa”. Si esta no está justificada o si se encadenan contratos con las mismas inquilinas, el contrato pasará a ser automático de cinco años en el caso de caseros físicos y de siete años en el caso de personas jurídicas. En la redacción original de la ley propuesta por los sindicatos, la duración máxima de un contrato temporal era de seis meses. 

Esta ley también serviría para “cerrar otras grietas de la ley de vivienda que los rentistas utilizan para subir los precios”, argumentan desde el sindicato. Entre ellas, la prohibición del cobro del IBI y de los seguros de impago a las inquilinas, de los gastos de comunidad y el cobro de los gastos inmobiliarios, más facilidades para la devolución de la fianza o el veto de las indemnizaciones al arrendador por rescindir el contrato.