Derecho a la vivienda
Más de un millón de ciudadanos en Berlín votan a favor de expropiar a las grandes inmobiliarias

El resultado del referéndum llevado a cabo este domingo es claro; su aplicación, no tanto. El nuevo gobierno de la capital dominado por los socialdemócratas se echaría atrás, según las previsiones.
Berlín - 4
"Esta es nuestra casa" o "Fuera especuladores". Pintadas contra la especulación en la ciudad. Álvaro Minguito
27 sep 2021 08:29

El referéndum en la capital alemana sobre la expropiación de viviendas a grandes tenedores que posean mas de 3.000 viviendas ha obtenido el respaldo del 56% de los participantes en dicha consulta. A ésta estaban llamados todos los ciudadanos residentes en la capital con la nacionalidad alemana, unos 2,47 millones de personas. De ellos, debían votar al menos 600.000 en la consulta y la mayoría de ellos hacerlo a favor. Cerca de un millón de berlineses votó el domingo a favor de la propuesta, impulsada por organizaciones de activistas y respaldada por Die Linke.

Con la aprobación de la propuesta, la pelota pasa al tejado del nuevo Senado de Berlín, que debería que elaborar una ley para desarrollarlo, aunque no es vinculante. Los organizadores, la plataforma “Deutsche Wohnen & Co enteignen” (Expropiar a Deutsche Wohnen y cia., en español) explicaba el domingo por la noche en palabras de su portavoz Joanna Kusiak que “desatender la petición del referéndum sería un escándalo político”, al tiempo que constató que la organización de cientos de activistas para llevarlo a cabo podría ser más duradera: “Somos miles de personas activas. Nos hemos enfrentado a los poderosos y hemos ganado. No vamos a desaparecer tan pronto”.

La ley que debe desarrollar el nuevo Senado afectaría a unas 240.000 viviendas de la capital, es decir, las viviendas que posean grandes inmobiliarias que posean más de 3.000 pisos, afectando a una decena de empresas del sector. En las últimas elecciones de 2017, los berlineses votaron a favor de mantener el aeropuerto de Tegel, pero éste fue cerrado por el gobierno berlinés. Lo mismo podría ocurrir con la nueva consulta.

En el nuevo parlamento berlinés el partido socialdemócrata (SPD) sigue siendo la primera fuerza, con un 21% de los votos, seguido muy de cerca por el partido verde (Die Grüne) con casi 19%. La tercera fuerza es la conservadora CDU con el 18,1% de los votos y cuartos quedó La Izquierda (Die Linke) con un 14%. Los ultras de Alternativa por Alemania (AfD) consiguen un 8% y los ultracapitalistas del FDP obtuvieron el 7%. El gobierno será, de este modo, de nuevo un tripartido, que hasta ahora estaba formado por una coalición progresista de SPD, Grüne y Linke. Si este gobierno sigue y qué hará con el referéndum va a depender en buena medida de Franziska Giffey.

El segundo escollo sería el paso por la comprobación de la legalidad de una norma de estas características en el marco constitucional alemán

La hasta ahora Ministra de Familia en el gobierno de Merkel ha salvado el trasero al SPD en la capital con su popularidad, pero su conservadurismo es bien conocido. Ya durante la campaña electoral, Giffey ha asegurado que para mantener la coalición actual la cuestión de las expropiaciones podría ser decisiva. Giffey está en contra de reencaminar la propiedad de las viviendas al ayuntamiento, mientras que Die Grüne y Die Linke están a favor del contenido del referéndum. A nadie extrañaría que los socialdemócratas se aliasen con la derecha para frenar las medidas más a la izquierda de la actual coalición, que congeló los alquileres, además de establecer los comedores y las extraescolares, las guarderías y el transporte escolar gratuitos para todos los berlineses.

Ese será el primer escollo, que a día de hoy parece insalvable. El segundo sería el paso por la comprobación de la legalidad de una norma de estas características en el marco constitucional alemán. Aquí podría fallar la norma según un estudio encargado por una asociación cercana a la industria y publicado esta semana. Según éste, dejar fuera de la categoría de “grandes tenedores” a las cooperativas de arrendatarios, que en su mayoría poseen más de 3.000 viviendas, sería inconstitucional por no garantizar la igualdad ante la ley. También se asegura en dicho informe que Berlín no tendría competencias en la materia y que la medida entraría en colisión con el freno de la deuda constitucional.

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