Derecho a la vivienda
García-Page se escuda en los ayuntamientos del PP para no aplicar la Ley de Vivienda en Castilla-La Mancha

Las comunidades gobernadas por el PP se han negado a aplicar la regulación del precio de los alquileres que recoge la Ley de Vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023. Y eso que son los territorios, con la excepción de Catalunya y el País Vasco, donde más ha crecido el precio de la vivienda, también el esfuerzo de las familias para poder acceder a ella.

Las comunidades autónomas del PP no solo se han negado a declarar zonas tensionadas, sino que han responsabilizado del descontrol de los precios a una Ley de Vivienda que no han aplicado.

La estabilidad que caracterizó el mercado inmobiliario de la región en la última década se ha trastocado y desde 2023 los precios se han desbocado también en Castilla-La Mancha

Pero ¿qué pasa en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE? Por ahora, ni Castilla-La Mancha —donde Emiliano García-Page gobierna con mayoría absoluta—, ni Asturias, donde el PSOE lo hace gracias a los votos de Convocatoria por Asturias y Podemos—, ni Navarra, donde la socialista María Chivite gobierna con Geroa Bai y la coalición de izquierda Contigo-Navarra han iniciado los trámites para declarar zonas tensionadas más de un año de después de la entrada en vigor de la ley.

Con todo, las posiciones de Asturias y Navarra difieren mucho de la de Castilla-La Mancha. Mientras en las dos primeras, los Gobiernos del PSOE presionados por sus aliados de izquierda sostienen que aplicarán la regulación de los alquileres, el Gobierno en solitario de García Page se ha negado a hacerlo utilizando argumentos muy parecidos a los del Partido Popular y la patronal inmobiliaria.

Qué pasa en Castilla-La Mancha

El municipio más barato para alquilar en toda España es Puertollano (Ciudad Real), según un informe de Fotocasa de 2023, curiosamente la ciudad de la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de donde fue alcaldesa entre 2019 y 2021. Poco tiene que ver este récord con el breve paso de Rodríguez por el consistorio y sí mucho con la escasa presión turística y especulativa que ha sufrido Castilla-La Mancha en la última década. 

Según los datos del portal inmobiliario Idealista, es una de las comunidades autónomas más baratas para alquilar, con una media de 7€/m2, la mitad que en Catalunya. Y también una de las más económicas para comprar: cada metro cuadrado se paga a 941 euros, tres veces menos que en la Comunidad de Madrid, donde el metro cuadrado ha subido hasta los 3.440 euros. 

Pero la estabilidad que caracterizó el mercado inmobiliario de la región en la última década se ha trastocado y desde 2023 los precios se han desbocado también en Castilla-La Mancha. Desde junio del pasado año, el precio de la vivienda ha aumentado un 4,5% y el precio del alquiler ha crecido un 8,4%. 

A pesar de seguir en la cola del Estado español, nunca los alquileres habían estado tan altos en Castilla-La Mancha. En algunas provincias más tensionadas por la cercanía de Madrid, como Guadalajara, el precio del alquiler ha aumentado un 84% desde 2014. La burbuja especulativa, como una mancha que crece radiada desde los centros turísticos de las capitales, está llegando a las localidades castellano-manchegas fronterizas y mejor comunicadas con Madrid. La población de Madrid expulsada de la comunidad por los altos precios está haciendo subir, a su vez, los precios de las comunidades vecinas: ocurre en Segovia y Ávila, también en Toledo y Guadalajara.

“Los precios del alquiler están subiendo de una forma disparatada. Muchas personas de Madrid se están viniendo a zonas del norte de Toledo y principalmente a Guadalajara", dice Leticia Casero, de la PAH de Tomelloso

Para Leticia Casero, activista de la PAH en Tomelloso (Ciudad Real), los problemas de vivienda que hay en Castilla-La Mancha son los mismos que en el resto del Estado, solo que “tienen menos visibilidad”. Hasta hace poco, cuenta, alquilar en las capitales de provincia de esta comunidad autónoma era “asequible” e incluso “muy barato”. Pero todo esto está cambiando de forma precipitada. “Los precios del alquiler están subiendo de una forma disparatada. Muchas personas de Madrid se están viniendo a zonas del norte de Toledo y principalmente a Guadalajara. Ahora mismo encontramos precios en Guadalajara capital por una media de unos 900 o 1.000 euros y eso para los salarios que hay en Castilla-La Mancha es prácticamente inasumible”, dice Casero a El Salto. Ocurre lo mismo en la zona norte de Toledo, donde han terminando residiendo miles de exiliados madrileños por los altos precios de la vivienda en la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso. 

Al aumento de los precios del alquiler se le suma la falta de vivienda pública: “Hay familias que están esperando una media de siete o diez años en una región que paradójicamente es una de las que más vivienda le ha tocado en el reparto de la Sareb”. Una problemática que se suma al desembarco “brutal” de Airbnb en las capitales de provincia y al aumento del Euribor que ha hecho que muchas familias, relata estas activista, vuelvan a las asambleas de la PAH como lo hicieron en los albores del estallido inmobiliario. 

La pinza con el PP

En febrero de este año, el Gobierno de García Page llegó a realizar un estudio sobre las áreas más afectadas por la crisis de vivienda y concluyó que las provincias de Guadalajara y Toledo son “las que presentan un mercado del alquiler con una situación más tensionada”. Un diagnóstico que afecta especialmente a las localidades del corredor del Henares y La Sagra Alta, contaminados por la cercanía y buena comunicación con Madrid.

Sin embargo, el Gobierno socialista de esta CCAA no tiene intenciones, según declaró de establecer la regulación de precios de la Ley de Vivienda, sino que apuesta por elevar la oferta de pisos en esas áreas tensionadas, tal como pide el lobby inmobiliario, pero a través de cooperativas de vivienda, dándole el toque PSOE, con facilidades y suelo para unos pisos que quedarán en manos privadas.  El mismo García Page llegó a afirmar entonces que no tiene intenciones de “hacer vivienda de las que nosotros [el Estado] seremos los dueños porque la Administración no sirve para ser casero de vivienda”, unas ideas cercanas al PP y a la patronal inmobiliaria que chocan con las intenciones declaradas del Gobierno central de aumentar el parque público. 

El Gobierno socialista de esta CCAA reconoce la existencia de zonas tensionadas pero no tiene intenciones de establecer la regulación de precios del alquiler, sino que apuesta por elevar la oferta de pisos cediendo suelo a promotores privados

“Aquí lo que hemos ido poniendo en marcha es una estrategia distinta, no arreglar los problemas con tope de alquiler, sino con una mayor oferta de vivienda”, declaró el pasado mayo el consejero de Fomento, Nacho Hernando, remarcando que ningún ayuntamiento había solicitado la declaración de zona tensionada hasta el momento, un trámite que no es necesario sino que depende del ejecutivo regional. 

Sobre esta cuestión Amnistía Internacional insistía el pasado 13 de mayo con una carta a Hernando. En el escrito, esta organización pedía al Gobierno regional que declare zonas tensionadas y regule el precio del alquiler en Castilla-La Mancha, algo que no es incompatible con aumentar la oferta. En la misiva, hecha pública tras el lanzamiento del índice de precios estatal que abría la puerta a declarar zonas tensionadas, esta ONG internacional lamentaba que el Gobierno autonómico “haya manifestado su negativa a regular el precio del alquiler”. Para Amnistía no es válido argumentar que deben ser los Ayuntamientos quienes lo soliciten y sostiene que los Gobiernos deben ser “proactivos” y promover el establecimiento de las zonas tensionadas allí donde se cumplan los criterios con independencia de lo que hagan unos ayuntamientos de signo conservador.

García Page utiliza el argumento que ningún ayuntamiento le ha solicitado regular los alquileres cuando las capitales que más están sufriendo el aumento de los precios están gobernadas por PP y Vox

El 21 de junio, Podemos CLM criticaba “la inacción social y la dirección errada” del Gobierno de García Page en materia de vivienda ante la “desorbitada subida de los alquileres”. El coordinador regional de Podemos, José Luis García Gascón, acusaba a García Page de escudarse en los ayuntamientos que no solicitan la declaración de áreas tensionadas, cuando esa solicitud no es imprescindible para activar la regulación de los alquileres y las ciudades castellano-manchegas que más están sufriendo el aumento de los precios están mayoritariamente gobernadas por PP y Vox.

Poco después de la aprobación de la Ley de Vivienda, el consejero de Fomento de CLM hacía pública su desconfianza con la regulación de precios: “No hay ningún estudio académico que al cien por cien avale que sea una medida efectiva, no ha funcionado ni en Berlín, ni en Londres, ni en Barcelona, donde consiguieron reducir los precios un 5% y se redujo un 10% la oferta”.