Derecho a la vivienda
PP y Ciudadanos vuelven a rechazar el derecho a la vivienda

La defensa del derecho a la vivienda ha entrado con fuerza en la campaña electoral madrileña. Convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), los partidos políticos que aspiran a gobernar la Comunidad Autónoma han tenido ocasión de mostrar su posición en uno de los temas más importantes que deben llevar en sus carpetas: la vivienda, dado que las competencias en materia legislativa son autonómicas. Y lo han hecho, sin duda.

José Manuel Rodríguez Uribes, número tres por el PSOE y Delegado del Gobierno saliente; Isabel Serra, por Podemos; y Clara Serra, por Más Madrid, han recogido el guante tendido por el movimiento por la vivienda en Madrid estampando su firma y comprometiéndose a aprobar la ley de vivienda elaborada por estos colectivos en el primer pleno autonómico que se celebre tras el 26 de mayo. De Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos, e Isabel Díaz Ayuso, número uno del PP, no ha habido noticias en el acto, pese a que estaban igualmente citados.

“Después de lo vivido en los últimos años en la Comunidad de Madrid —subida de precios de alquileres, sangría de ventas de bloques enteros a fondos de inversión, desahucios que han vuelto a salir en la tele—, cabía la posibilidad de que PP y Ciudadanos se lo pensaran dos veces y apostaran por proteger el derecho a la vivienda digna”, cuenta a El Salto Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH. Sin embargo, ni Aguado ni Díaz Ayuso han acudido a la firma. “No nos sorprende —añade Jacinto—, porque ya en su momento votaron en contra, pero sí pensábamos que, dado el contexto, podrían cambiar de opinión. Pero no ha sido posible y se han retratado una vez más. Y así se lo haremos saber a los posibles votantes de estos partidos”.

La firma del compromiso de los partidos políticos con la aprobación de la ley autonómica de vivienda se produce tras una reunión a la que asistieron todos los partidos con representación, excepto Ciudadanos, y también Más Madrid.

El texto que maneja el movimiento por la vivienda en Madrid para esa futura ley es similar al de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que en 2017 fue rechazada por el parlamento autonómico con los votos de Ciudadanos y PP tras haber sumado más de 77.000 apoyos. Las novedades son siete artículos relativos a la situación del alquiler, que se discutirían con los partidos políticos.

Jacinto recuerda que entre lo más destacado de esa propuesta legislativa se encuentra la reforma integral de la Agencia de la Vivienda Social, “para que funcione de forma democrática y transparente, porque ni siquiera sabemos el número de viviendas que tiene”. También se refiere a la posibilidad de hacer del derecho a la vivienda un derecho justiciable, que se pueda exigir ante un juez. Otro apartado es el de las sanciones a los grandes tenedores de vivienda por los usos antisociales de la propiedad privada. Mantener viviendas vacías podrías acarrear “hasta 600.000 euros de multa o privación del uso de esas viviendas para que pasen a formar parte del parque público de vivienda social”.

Como medidas urgentes, la ley impulsaría la creación de una Agencia de Protección a los Consumidores —“no solo por los abusos bancarios sino para prevenir fraudes inmobiliarios en materia de alquileres”, detalla Jacinto— y también otras encaminadas a combatir la pobreza energética.

Entre las novedades a desarrollar con los partidos se encuentran las que afectan al alquiler, con la aplicación de índices máximos de referencia de la renta, de modo que la Comunidad de Madrid pueda establecer topes a lo que se paga por arrendar una vivienda.

Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ha asistido al acto. En su opinión, PP y Ciudadanos “son completamente contrarios al artículo 47 de la Constitución. Su única política de vivienda es penalizar la ocupación y construir, construir, construir, introducir suelo en el mercado, edificar... Es decir, volver al ciclo de burbuja previo a 2008”.

El problema de la vivienda en Madrid atraviesa a toda la población, desde jóvenes a mayores, y será uno de los elementos centrales de la campaña electoral que arranca el viernes 10 de mayo, pero Gil apunta a las maniobras de distracción que la derecha va a llevar a cabo. “Tenemos el problema de la desinformación y el ruido que intentan meter PP y Ciudadanos para no enfrentar el problema real: que en Madrid hay 263.000 viviendas vacías, que los bancos y fondos buitre atesoran viviendas vacías para especular con ellas, que Madrid es la cuarta ciudad del mundo con mayor rentabilidad para especular con la venta de vivienda, que hay un sistema legislativo que promueve esa burbuja. Y en lugar de enfrentarse a ello, lo que hacen es criminalizar a las personas que se ven más afectadas por la burbuja”.

Se refiere este activista a las medidas anunciadas por PP y Ciudadanos en la línea de endurecer legalmente la ocupación de vivienda vacía, apuntando en sus programas más a las víctimas del problema que a las causas que lo generan. Para Gil, “cuando garantizas el derecho a la vivienda —movilizas vivienda vacía, controlas los precios—, entonces no se ocupa. La gran mayoría de ocupaciones del movimiento de vivienda son por necesidad y de pisos que los bancos y los grandes especuladores tienen vacíos. Lo que queremos es que esas viviendas, o su uso, como sucede en otras comunidades autónomas, sean expropiadas por la administración para que se introduzcan en el mercado en forma de alquiler social, y así las familias desahuciadas no se vean en la situación de tener que ocupar”.

La irrupción del movimiento por la vivienda en la campaña no se va a limitar a este acto de visibilización del compromiso de los partidos políticos con su propuesta de ley. Tanto Jacinto como Gil anuncian que sus reclamaciones se escucharán en los actos de PP y Ciudadanos, señalando su responsabilidad como representantes políticos. Habrá escraches, habrá ruido.

“La visibilización de los actos que cometen nuestros representantes políticos —considera la portavoz de la PAH— es ejercitar de forma plena nuestros derechos democráticos: el de reunión, el de manifestación, el de protesta frente a las decisiones injustas. Siempre que se haga de manera pacífica no tiene por qué ser malinterpretado”. Para el miembro del Sindicato de Inquilinos, “los escraches son un medio pacífico para poner sobre la mesa que hay partidos que se niegan a aprobar una ley de vivienda en Madrid. No tendríamos que hacerlos, lo que tendrían que hacer ellos es explicar públicamente por qué se niegan a aprobar una ley autonómica de vivienda”.

En noviembre de 2017, con 56 votos a favor (de Podemos y PSOE, a falta de siete diputados que no acudieron a la votación) y 65 en contra (Ciudadanos y PP), la Asamblea de Madrid tumbó la ILP de Vivienda que conforma el grueso de esta nueva propuesta.